A SEIS MESES DEL ASESINATO DE RAFAEL NAHUEL


El 25 de noviembre del 2017 un centenar de personas despedía a Santiago Maldonado en la localidad 25 Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires. En ese momento una noticia empezó a sonar en los celulares: otro chico había muerto durante una represión en Villa Mascardi, Bariloche. A Rafael Nahuel le habían disparado por la espalda con una 9 mm, la misma munición que utilizaba el grupo táctico de la Prefectura Naval Argentina a cargo del cumplimiento de una orden judicial de desalojo.

Por Ezequiel María

Para el barrio popular de Nahue Hue era Rafa o Rafita, lo mismo que para sus compañeros de los talleres de capacitación del Colectivo al Margen. Los vecinos lo habían visto crecer y cumplir 22 años el 15 de agosto. Era hincha fanático de Boca y solía jugar al fútbol cuando no le salían las changas con las que ayudaba a su familia. Su tía, hermana de su papá, es una de las referentes mapuches de Bariloche. En los últimos tiempos Rafael se había acercado a la comunidad y participaba de un proceso de recuperación territorial en Villa Mascardi, a unos 40 kilómetros de las pistas de esquí del Cerro Catedral. Ahora todos lo conocen a través de la escena de su muerte. Como cantó la Murga Zurga de Bariloche: “hay una deuda por demás insoportable con la gente de detrás de la montaña, tanta muerte injusta se ha robado el carnaval, solo nos quedan las caretas de tristeza”.

Este viernes veinticinco de mayo, a seis meses del asesinato de Rafael Nahuel, familiares y amigos van a marchar a partir de las 17 desde Brown y Onelli hasta el Centro Cívico de Bariloche. Van a exigir justicia junto con organizaciones sociales, políticas y culturales de la ciudad. Hoy niños, mujeres y varones continúan en Mascardi luchando por el reconocimiento del territorio en una disputa desigual contra un Estado que responde con violencia y muerte.

114 disparos

El 22 de noviembre del año pasado, el grupo Albatros de Prefectura, con el apoyo de la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, comenzó a desplegarse en las inmediaciones del predio ocupado en Villa Mascardi, por orden del juez federal Gustavo Villanueva que había dispuesto el desalojo.  Luego de un primer intento el jueves 23, el grupo táctico de élite ingresó finalmente al terreno la tarde del sábado 25. Según asentaron en el expediente al menos seis efectivos comenzaron un rastrillaje por la ladera de la montaña cuando se cruzaron con un grupo de militantes que intentaban resistir el desalojo. Cinco de ellos efectuaron al menos 114 disparos y solo dos dispararon 70 balas 9mm con sus ametralladoras o pistolas reglamentarias.

La bala que dio en Rafael Nahuel ingresó por el glúteo izquierdo y subió por su cuerpo dañando sus órganos vitales. Las pericias realizadas en su cuerpo por el Centro Atómico de Bariloche determinaron que no tenía rastros de pólvora en sus manos. Murió desarmado, de espaldas a su tirador. Micaela Johana Colhuan también fue herida por una bala durante el ataque del grupo Albatros, pero pudo recuperarse de la lesión.  La comunidad aún se encuentra en el territorio recuperado.

La justicia adjetiva

La semana pasada se supo que la Sala 3 de la Cámara de Casación penal revocó la excarcelación de los únicos imputados en la causa, Fausto Jones Huala y Lautaro Gónzalez, militantes mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael para buscar asistencia médica. Se les imputan los delitos de usurpación y  resistencia a la autoridad. En un fallo cargado de adjetivos calificativos hacia esa comunidad mapuche y a la protesta social en general, el tribunal denegó la excarcelación de los dos activistas. Sobre Jones Huala los jueces afirmaron que “nos encontramos frente a un individuo que forma parte de una organización que ha demostrado una escasa predisposición a ajustar su proceder a las reglas sociales de conducta y convivencia”. El sábado pasado el mismo juez federal que ordenó el desalojo en el que murió Rafael, Gustavo Villanueva, ordenó la detención de los que quisieron salvarlo. La defensora de los jóvenes, Sonia Ivanoff, explicó que “hemos planteando la nulidad de la sentencia fundamentalmente porque vulnera el derecho a la defensa e incorpora hechos que no constan en la causa”. Para la abogada los jueces “son la palanca  de este plan sistemático de criminalización y judicialización del pueblo mapuche que lo único que hace es reivindicar los territorios que tradicionalmente ocuparon”.

Esa misma semana, la abogada Sofía Bordenave, quien representa a la familia de Rafael presentó el pedido de indagatoria a los cinco prefectos que dispararon sus armas durante la represión a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y solicitó también que esperen la investigación y el juicio en prisión preventiva. La causa está en plena etapa de prueba pericial y aún resta el resultado del cotejo entre la bala que mató al joven y los proyectiles de muestra extraídos de las armas de los cinco agentes sospechados. Esta tarea está a cargo del Ministerio Público Fiscal de Salta que deberá interpretar los resultados del Centro Atómico de Bariloche. Para Bordenave “es muy llamativo que no hayan indagado a los prefectos. Nunca negaron haber disparado” y agregó: “nosotros ya hicimos un primer análisis del expediente y del escenario del hecho que es más que suficiente para llamar a indagatoria a los cinco prefectos que subieron más de mil metros desde la ruta”.

El enemigo interno imaginario

Desde la asunción de Mauricio Macri como presidente de la Nación y la designación de la polirrubro Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad se empezó a definir un enemigo de la nación winka capitalista asentada en territorios ricos de la Patagonia, conquistados por chirolas y despojo. Durante los meses en los que Santiago Maldonado estuvo desaparecido, la funcionaria deslizó argumentos sin fuentes chequeables contra los integrantes de Red Ancestral Mapuche (RAM). Luego del asesinato de Rafael Nahuel y en una conferencia de prensa junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, sostuvo que “vamos a contextualizar lo que está sucediendo. En el sur han ocurrido más de 70 acciones violentas o atentados. Son grupos que no respetan la ley, no reconocen a la Argentina, no respetan al Estado”. En febrero los ministerios públicos de Chubut, Neuquén y Río Negro firmaron un convenio para fijar políticas de persecución penal conjuntas para abordar de manera regional “el fenómeno criminológico vinculado al accionar de la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y/o cualquier otro grupo radicalizado que utilice como metodología la violencia para lograr sus objetivos o imponer sus ideas”.

Manuel Tufró, coordinador del equipo Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS explicó que “los reclamos de las comunidades mapuches por el acceso a la tierra ya venían siendo manejados de manera violenta por el gobierno provincial.  Desde la llegada de la nueva gestión al Ministerio de Seguridad de la Nación en 2015 se busca instalar la idea de que se trata de grupos violentos que amenazan la soberanía del Estado. Para lograrlo, se difunden informaciones fragmentarias, inconexas o de dudoso origen como el “Informe RAM”, que se conoció en diciembre de 2017. Bajo esa línea de razonamiento, en marzo de este año el gobierno nacional anunció el envío de 800 gendarmes a Río Negro y Neuquén para, entre otras cosas, prevenir “nuevos hechos de violencia en la zona”. “Esta práctica de persecuciones violentas de personas que reclaman por su derecho a la tierra ya causó la muerte de Santiago Maldonado en Chubut y de Rafael Nahuel en Río Negro”, agregó Tufró.

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