ABORTO LEGAL: AVANCES Y TRABAS DE LA LEY URUGUAYA


La interrupción voluntaria del embarazo rige en Uruguay desde el 2012 y contribuyó a que se realicen más abortos seguros. Sin embargo, aún son escasos y muchas de las mujeres siguen recurriendo a intervenciones clandestinas.

Por Carolina Palonsky

El debate sobre la despenalización del aborto está en pleno auge en la Cámara de Diputados. Las decisiones, o la falta de las mismas, que se tomen a partir de estos encuentros van a marcar un antes y un después en la Argentina.
Uno de los casos emblemáticos sobre aborto legal es el de Uruguay, un país vecino que muestra un escenario al que muchos de los que están a favor del aborto buscan alcanzar. ¿Pero es realmente un modelo a imitar?
La ley sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) rige en Uruguay desde Octubre del 2012. “La normativa no lo despenaliza efectivamente. Lo que genera es un caso de excepción en donde si la mujer cumple con todos los requisitos que se piden puede proceder a la práctica. Se esperaba que el proyecto fuese un poco más amplio”, considera Santiago Puyol, licenciado en Ciencia Política e integrante del equipo de investigación Mujer y Salud en Uruguay (MYSU).
Los “requisitos” no son una serie de atributos que se deben dar, sino que lo que dificulta el acceso al aborto son la cantidad de procedimientos y pasos que debe realizar la mujer que desea acudir a la práctica.
Los datos relevados en 2016 por el Ministerio de Salud de Uruguay, muestran que el número de interrupciones voluntarias del embarazo es creciente año tras año. Esto evidencia que la ley generó un avance, contribuyendo a que se realicen más abortos seguros. En 2013 la cantidad de abortos realizados fue de 7171; en 2014, de 8537; en 2015, de 9362; y en 2016, de 9719. “Nuestra hipótesis es que van aumentando porque por un lado los servicios se van difundiendo más y se van conociendo, las mujeres saben que pueden concurrir a ellos, y al mismo tiempo se van legitimando. Pasaron de un contexto en el cual era totalmente ilegal a uno en el que sólo por voluntad de la mujer, cumpliendo todos los requisitos necesarios, se puede acceder al servicio. Aunque, todavía, en el imaginario colectivo genera una cierta desconfianza y siguen existiendo los estigmas sobre la práctica”, explica Puyol.
En los hechos, esta ley se traduce en una mujer que tiene que ir en primera instancia a una consulta médica a explicitar su deseo de interrumpir el embarazo. Después de la misma se la deriva a otra en la que pasa por un tribunal conformado por un psicólogo, un ginecólogo y un asistente social, que además de informarle sobre la ley, tienen que explicarle sobre otras alternativas, como por ejemplo dar en adopción al bebé o la accesibilidad a planes de asistencia a la maternidad en caso de que quiera continuar con el embarazo. A partir de ese momento, la mujer tiene cinco días de reflexión. Si la decisión es seguir con el procedimiento, se empieza con el tratamiento propiamente dicho y se receta el Misoprostol, medicamento que logra la interrupción de embarazo.
El último paso es la programación de una cuarta visita en la que se desarrolla un control pos aborto. Todo esto es si el especialista al cual asiste no declara objeción de conciencia, que de ser así se debe derivar a la paciente a un nuevo experto. Y además, entre otras restricciones, tiene que estar dentro de las doce semanas de gestación.
“Al tener tantos procedimientos, dificultades, las mujeres terminan eligiendo, en la mayoría de los casos, tratamientos no legales”, observa Puyol.
“La ley todavía tiene varias inexactitudes en la implementación. El acceso al aborto, acá en Uruguay, es un tema que sigue en discusión”, explica Azul Cordo, periodista argentina, nacida en La Plata y que desde hace siete años vive en Montevideo. En una de sus notas, publicada en su blog personal, sobre esta problematización Corbo escribió: “El mercado clandestino sigue resolviendo en parte lo que el sistema de salud no asume. Una decisión que no debería ser cuestionada pasa por una carrera de postas. Entre búsquedas silenciosas se nos juega la vida.”
Si bien los abortos han aumentado ninguno llega al mínimo estimado previo a la ley, ya que las apreciaciones más conservadoras declararon un aproximado de 16 mil abortos por año.
Uno de los problemas que pudieron revelar desde los estudios realizados por MYSU, es el requerimiento de que la paciente deba reunirse con todos los especialistas que conforman el tribunal el mismo día al mismo horario. La evidencia demuestra que si bien eso puede llegar a ocurrir en ciudades grandes, con hospitales de magnitud, como Montevideo, en muchas localidades pequeñas, que cuentan con un psicólogo para todo el hospital, se ven imposibilitados de concretar la consulta al unísono.
La responsable de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Uruguay, Ana Visconti, en una entrevista con El Observador, medio uruguayo, reconoció las falencias en los recursos humanos en estos servicios. “A veces es dificultoso que el equipo integrado por tres especialistas pueda lograr la consulta, más en el interior del país porque no hay tantos técnicos y especialistas”, dijo Visconti.
Además, muchas de las mujeres mostraron su inconformidad con la devolución de los tres especialistas. Muchas veces se encuentran con que los mismos buscan persuadirlas para que no realicen el tratamiento. “En el proyecto anterior no estaba planeada la injerencia de un equipo. Incluso algunos prestadores creen que su función es la desestimular la interrupción del embarazo. Esto tiene que ver con la naturaleza de la ley, que no pone la autonomía de la mujer como valor último para despenalizar”, cuenta Puyol.
Otro aspecto importante que restringe a la ley es la objeción de ideario, que habilita tanto a las instituciones como a los médicos a no brindar el servicio si en sus cartas fundacionales o en algún otro documento de política interna explicitan el rechazo a la realización de abortos. Por ejemplo, en Salto, ciudad al noroeste de Uruguay, se encontró que en los primeros años de la ley, el 100% de los médicos se negaban a practicar este tratamiento y si una mujer deseaba hacerlo debía viajar hasta Montevideo (seis horas aproximadamente), con el gasto que eso conlleva, más la necesidad de quedarse varios días y sino meses para efectuar todas las etapas correspondientes al método.
Esto también lo muestran las cifras reveladas por el Ministerio de Salud: en Montevideo, en 2014, se elaboraron 1485 abortos mientras que en el departamento de Colonia el número fue de 85. Sin embargo, la ley establece que los que presentan este desacuerdo están obligados a tener convenios con otras instituciones que brinden el servicio.
La legislación cuenta con una visita obligatoria a los médicos post tratamiento. Es de una única vez, para evaluar cómo salió y que se verifique que el mismo se ha desarrollado con éxito. Además, les enseñan los métodos anticonceptivos. “Las experiencias demuestran que con una única consulta no alcanza, las mujeres se sienten abandonadas y desprotegidas”, explica Puyol. En 2014, en Montevideo sólo el 15,2% de las mujeres que se realizaron aborto concurrieron a la consulta post-IVE y asesoramiento anticonceptivo.
El aborto en Argentina es ilegal. Es la causa número uno de muerte materna: en 2016 murieron 245 mujeres embarazadas, el 17,6% de las mismas fueron por “embarazo terminado en aborto”, según el Ministerio de Salud de la Nación. En el país hay alrededor de 450 mil abortos clandestinos por año, según un informe realizado por la ONG Amnistía Internacional, a partir de un trabajo elaborado en 2005 por dos demógrafas, especialistas que estudian la evolución de la población, Edith Pantelides y Silvia Mario, a pedido del Ministerio de Salud de la Nación.
El martes 10 de abril comenzó en el Congreso de la Nación el debate sobre la legalización del aborto. Se espera que esta instancia dure tres meses y a mitad de año se esté votando en Cámara de Diputados. Se presentaron ocho proyectos distintos. Parte de estas iniciativas cuentan con la búsqueda de un freno a la utilización de la objeción de conciencia como artilugio para obstaculizar y restringir la interrupción voluntaria del embarazo.

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