EL CAMINO DE ISLANDIA HACIA EL FEMINISMO


Islandia ocupa el primer lugar en el Indice de Igualdad de Género del Foro Económico Mundial. Pionera en varios cambios, fue construyendo un camino propio hacia una sociedad más igualitaria entre varones y mujeres. Sin embargo, la práctica del aborto está permitida sólo en algunos casos.

Por Andrea Castellanos, Tobías Druetta y Nicole Mónaco

Era Islandia en 1975, pero muchas de las razones que llevaron a las islandesas a reivindicar igualdad entonces y allí son todavía válidas ahora y aquí. El 24 de octubre de 1975 las mujeres de esta isla en medio del Atlántico norte hicieron historia y paralizaron todo un país en una huelga que es el espejo en el que se mira hoy el 8 de marzo. Unidas bajo el lema “Igualdad, Desarrollo, Paz”, se estima que el 90 por ciento de la población femenina de Islandia secundó la movilización y demostró con su ausencia que el verdadero espacio que ocupaban en la sociedad no les era reconocido.

Los teléfonos dejaron de sonar, los diarios del día siguiente tuvieron la mitad de las páginas, los locales y fábricas funcionaban a medio gas o tuvieron directamente que cerrar, al igual que muchos centros educativos.

El Archivo Histórico de la Mujer de Islandia contiene una exhaustiva memoria de cómo se organizó esta histórica huelga que oficialmente se denominó Kvennafrí o Día Libre de la Mujer, para evitar represalias laborales. El grupo feminista Redstockings (Medias Rojas) la discutió ya entonces como única forma de hacer ver al mundo la gran brecha salarial entre hombres y mujeres.

Con el Año Internacional de la Mujer proclamado por la ONU en 1975 como excusa, en la primavera de ese año las principales asociaciones de mujeres de Islandia se reunieron en un congreso que proporcionó el relato y dio forma a esa movilización. Ocho mujeres de distintas clases, edades y alineaciones políticas e ideológicas fueron seleccionadas en ese cónclave para definir la huelga y redactar un manifiesto lo más inclusivo y transversal posible. En las semanas previas al 24 de octubre se realizaron hasta encuestas para sondear el calado de la propuesta en varios centros de trabajo: de media, el 80 por ciento estaba dispuesta a pasar a la acción.

La igualdad de género no se produce por sí sola. Requiere la acción colectiva y la solidaridad de las defensoras de los derechos humanos, la voluntad política y herramientas como la legislación, el presupuesto de género y las cuotas.

“Lo que ocurrió aquel día fue el primer paso para la emancipación de la mujer en Islandia”, afirmaba Vigdis Finnbogadottir hace unos años a la BBC. En 1975 era una madre soltera y estaba divorciada y recuerda que fue “genial” escuchar a niños jugando de fondo en la radio mientras los presentadores leían las noticias de aquel 24 de octubre: “Por primera vez ellos tenían que hacerse cargo de todo”.

Cinco años después Finnbogadottir hizo historia convirtiéndose en la primera mujer presidenta de Islandia. Su elección fue uno de los hitos que logró la sociedad islandesa en su camino a la igualdad, irremediablemente empujado por aquel histórico Día Libre de la Mujer. Muchos niños islandeses seguramente crecieron dando por hecho que presidir un país es cosa de mujeres. Vigdis ocupó el cargo durante 16 años -que sembraron el camino para que Islandia llegará a ser conocido como “el país más feminista del mundo”.

Las mujeres en Islandia obtuvieron el derecho a voto hace 103 años, en 1915. En los 60 años que siguieron, sólo nueve mujeres ocuparon asientos en el Parlamento. En 1975 había solamente tres mujeres diputadas, el 5 por ciento del Parlamento.

En 1976 se creó el Gender Equality Council y el parlamento aprobó la Gender Equality Act, con lo que la discriminación de género en el trabajo y la escuela pasaba a ser ilegal. En la parlamentaria de 1983 aparecieron las primeras listas compuestas sólo por mujeres y un nuevo partido, el Women’s Alliance (Alianza de Mujeres).

En el 2010 una mujer, Johanna Sigurdardottir, asumió por primera vez el cargo de primera ministra de Islandia y fue la primera líder gubernamental en el mundo abiertamente homosexual.

Margret Pala Ólafsdóttir es una educadora islandesa que en 1980 empezó a desarrollar un nuevo sistema educativo que pasaría a llamarse el método Hjalli, y que se asentaba en pilares como la separación de los alumnos por sexos (niños y niñas en diferentes partes de la escuela), la obligación de llevar uniforme y la prohibición del uso de libros de texto y juguetes convencionales. Pala pretendía acabar con los diferentes estereotipos de género, presentes también en la educación, solo que ella eligió eliminar el género con el género.

Hay un material de enseñanza obligatorio en todas las escuelas sobre la igualdad de género. Tienen guías que mandan desde el Ministerio al sistema educativo, algunas sobre cómo seguir enfrentando el tema o sobre cómo construir un proyecto de enseñanza igualitaria. Esto tiene que ver con el desarrollo de ciertas actividades y la elección de una profesión, sobre las que siguen habiendo prejuicios muy grandes. Por eso, tratan de ofrecer Igualdad de posibilidades en el acceso a la educación y, también, en mejorar la forma de atraer a más mujeres a la fuerza laboral.

El feminismo incluso comenzó a infiltrarse en la teología, ya que la primera mujer que se convirtió en sacerdotisa en Islandia en 1974, o 974 años después de que Islandia se convirtiera al cristianismo y 60 años después de que se legalizara que las mujeres sirvieran como sacerdotisas, se refirió a Dios como Ella. Treinta y ocho años después, en 2012, se invistió a la primera mujer obispo de Islandia.

¿Fin de la brecha salarial de género?

Islandia tiene una de las tasas de fertilidad más altas de Europa: 2,1 niños por cuerpo gestante. Además, el 82,6 por ciento de las mujeres islandesas en edad laboral representan el 45 por ciento de la fuerza laboral de ese país.. ¿Cómo es posible eso? Por dos razones, en primer lugar, el acceso a servicios de guardería a bajo costo. En segundo lugar, las licencias de paternidad obligatorias, cada pareja tiene nueve meses de licencia luego del nacimiento del bebé. Tres meses son exclusivos para la madre, tres meses para el padre (tomamos como ejemplo el caso de una pareja heterosexual) y los otros tres meses pueden dividirse como la pareja prefiera. De esta manera las empresas dejan de ver sólo a las mujeres (y/o cuerpos gestantes) como factores de riesgo, ya que de esta manera los hombres también lo son.

En enero de 2018 se dictaminó la ley de paridad salarial en donde el estado obliga a las empresas de más de 25 asalariados, ya sean públicas o privadas, a pagar un sueldo idéntico por las mismas tareas a hombres y mujeres y además deben probarlo, sin pena de multa. Desde 2013, hay una cuota de género que exige la presencia de mujeres en las juntas directivas de las empresas. La regla consiste en que esas altas instancias de las organizaciones deben estar conformadas con una representación de al menos con un 40 % de cada género.

Según el Índice Global de Brecha de Género, el porcentaje de mujeres que trabaja 83 por ciento es casi igual al de los hombres 87 por ciento. El porcentaje de mujeres que asisten a la educación secundaria 89 por ciento, incluso superior a la de los hombres con e 86 por ciento. De esta manera, Islandia cerró en casi el 88 por ciento su brecha en la igualdad de género y ha sido el país más igualitario del mundo durante nueve años.

Aborto sí, pero no por cualquier circunstancia

En Islandia la interrupción voluntaria del embarazo está legalizada desde 1975. La ley del aborto está regulada en un contexto médico y social. No se permite realizarlo en cualquier circunstancia, este solo se podrá efectuar si hablando médicamente la madre corre algún peligro de salud, si el feto tiene malformaciones congénitas o si la madre es considerada incapaz de hacerse cargo de un hijo, ya sea por su edad o incapacidad mental.

Por otra parte en un contexto social los motivos para realizar un aborto son si el feto en formación es producto de una violación o incesto. También si la mujer tiene ya varios hijos con cortos periodos entre embarazos. A su vez si la mujer se encuentra en una situación económica o social complicada o por último si la madre o el padre están mal de la salud y esto impide que puedan hacerse cargo y poder criar al hijo.
Todas las mujeres que vayan a someterse a un aborto son asesoradas antes y después del procedimiento, contando hasta con la explicación de la utilización de métodos anticonceptivos. El aborto es legal solamente si es realizado dentro de las primeras 16 semanas de embarazo, a no se que el embarazo ponga en riesgo la salud de la mujer o el feto tenga una deformidad grave. La ejecución de un aborto de manera ilegal puede llevar al encarcelamiento de la mujer, con una sentencia de entre cinco y siete años de cárcel.
En 2003 se publicó un estudio que mostraba que desde 1976 a 1999 el índice de abortos en el país había aumentado un 133 por ciento, pasando de 9,4 abortos cada 1000 mujeres a 21,9 siendo el índice más alto en la ciudad capital. Esto demostró que la tasa de abortos era mayor que en cualquier país nórdico, una tendencia que atribuyó a su limitada educación sexual, su temprano comienzo de actividad sexual y su uso menos eficaz de métodos anticonceptivos. A partir del 2010 el índice bajó a 14,5 abortos cada 1000 mujeres o cuerpos gestantes entre los 15 y 44 años.


VIENTOS DE CAMBIO EN IRLANDA

Último país del mundo en decidir despenalizar el aborto, una mayoría de irlandeses exigieron por amplia mayoría derogar la octava enmineda constitucional para evitar la penalización de las mujeres.

Por Jorge Camargo, Matías Castiglioni y Rut Guzzi

Los tiempos cambian y las sociedades también, incluso los países más conservadores, como es el caso de Irlanda. El 25 de mayo pasado se produjo un hecho inaudito en aquella nación: los irlandeses aprobaron con una mayoría absoluta la despenalización del aborto en el referéndum histórico, en un país con una fuerte impronta católica.
El referéndum para aprobar la derogación de la Octava Enmienda sancionada en 1983 – la cual garantiza de igual manera el derecho a la vida del “no nacido” y de la madre-, contó con la participación del 64,1 por ciento de los habitantes del país, tuvo un resultado contundente: el 66,4 por ciento votó a favor y el 33,6 por ciento en contra. Algo remarcable y que vale la pena señalar, son las diferencias que se dieron entre los rangos etarios de los extremos: mientras que el 87,6 por ciento de los votantes de 18 a 24 años optaron por el “sí”, el 58,7 por ciento de las personas de más de 65 –es decir, la mayoría de ellas- lo hicieron por el “no”. Esto último se debe, según se han pronunciado los expertos, a que la Iglesia Católica todavía mantiene una gran influencia sobre ese sector de la población. Entre las zonas urbanas y rurales la diferencia fue ínfima y el “sí” se impuso en ambas, con el 72 por ciento y 63 por ciento, respectivamente.
Este nuevo escenario social puede encontrar explicación con lo sucedido a lo largo de las últimas cuatro décadas. En los ’80, Irlanda pasaba por una difícil situación económica y esto provocó la migración de gran parte de la población joven: quedaron los habitantes de mayor edad y de ideología conservadora. Asimismo, se aprobó la conocida Octava Enmienda; en los ’90, la Iglesia Católica comenzó a ver su imagen debilitada por los sucesivos casos que salieron a la luz de pedofilia y malos tratos en albergues religiosos. En 1993 se descriminalizó la homosexualidad y cuatro años más tarde se permitió el divorcio; a principios del siglo actual, la economía irlandesa comenzó a crecer y hubo más empleo, lo que permitió a más mujeres formar parte de la fuerza de trabajo.
Sin embargo, el principal detonante se dio a principios de esta década, cuando ,en 2012, Savita Halappanavar, una irlandesa de 31 años y de origen indio, muere de septicemia después de que se le negara la interrupción de un embarazo que- más tarde se comprobó- acabaría causándole la muerte. Abortar en Irlanda estaba prohibido bajo cualquier circunstancia.
A raíz de este hecho, al año siguiente, una ley promulgada por el Ejecutivo del Fine Gael -partido político conservador y demócratacristiano- permitía la interrupción del embarazo sólo en el caso de riesgo de muerte para la madre y preveía, además, penas de cárcel de hasta 14 años para las mujeres y los profesionales de la salud que lo realizaran al margen de las normas. Por lo tanto, seguía estando prohibido el aborto en los casos de violación, incesto o malformación del feto; quienes quisieran obrar de forma legal, debían recurrir a algún otro país de Europa. En este sentido, Irlanda estaba retrasada con respecto a las otras naciones y eso tenía que cambiar.
Después de conocerse los resultados del referéndum, se escucharon las dos voces en disputa. En declaraciones a CNN, Ailbhe Smyth, una activista promotora del aborto, dijo sobre el resultado del referéndum: “Ha sido un largo y duro camino, pero nunca lo perdimos de vista porque es esencial para nuestra existencia, para el ser de las mujeres que tengamos el control de nuestros propios cuerpos”. Mientras que Marjorie Dannenfelser, presidenta del grupo provida Susan B. Anthony List, dijo: “el resultado del referéndum es una profunda tragedia para el pueblo irlandés y todo el mundo. El aborto estaba mal ayer y sigue estando mal hoy. La Constitución puede haber cambiado, pero los hechos no”.
Esta amplia victoria obtenida por amplio margen, le da al Gobierno del partido democristiano Fine Gael vía libre para cambiar la ley y permitir el aborto en todas las circunstancias durante las primeras 12 semanas de embarazo y, en casos excepcionales, hasta las 24. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, luego del resultado, opinó que lo ocurrido fue producto de una “revolución silenciosa” y anunció que la nueva legislación podría entrar en vigor a finales de este mismo año. Esto último no debería ser difícil, ya que los líderes de los principales partidos de la oposición, Sinn Fein y Fianna Fail, apoyan la reforma.
El “sí” de Irlanda al derecho al aborto supone un duro golpe para la Iglesia católica, pero además, puede servir de ejemplo para la vecina Irlanda del Norte, donde crece la presión para reformar la legislación al respecto.

Edición periodística: Ayelén Oliva

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