Según datos del INDEC, en uno de cada cuatro casos de violencia de género denunciados durante 2016, la víctima llevaba diez años o más de padecimiento.
Por Nadia Fernandez Alfaro (@nanu_alfa)
Diversos factores hacen que las mujeres no puedan salir de relaciones donde sufren tantos años de violencia y maltrato. No obstante, el contexto social y económico en cual se desarrolla y vive la víctima son los más importantes e influyentes. A esto se suman las deficientes políticas existentes en temas de género. “Lo que hoy por hoy más preocupa al Estado es el modo de garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir una vida sin violencia y sin discriminaciones”, asegura Jorge Eduardo Buompadre, especialista en derecho penal y violencia de género.
La promulgación de la Ley 26.485 en 2009 establece la protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus ámbitos. Los principales objetivos son el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres, la asistencia integral a las víctimas y garantizar el acceso a la justicia. Sin embargo, estos objetivos no se cumplen o conllevan varias falencias en cuanto a su correcta reglamentación. “Que exista un marco normativo no quiere decir que, en todos los casos, los operadores judiciales y de seguridad lo apliquen en la forma y con el alcance que lo tienen que aplicar”, afirma Carlos Rolero Santurián, titular de la Fiscalía penal n° 31 de la Ciudad de Buenos Aires. En relación a ello, es importante tener en cuenta que la Policía es, en general, el primer contacto que tiene la mujer a la hora de hacer una denuncia. “Es grave la falta de capacitación tanto de las fuerzas de seguridad como de todos los operadores del derecho que no comprenden en lo sustancial lo que implica la violencia de género y todas sus aristas. Sin ese entendimiento no pueden brindar respuestas adecuadas a las víctimas”, explica Victoria Donda, diputada nacional por Libres del Sur y militante de MUMALA (Mujeres de la Matria Latinoamericana). Por este motivo, las víctimas no encuentran el respaldo y la ayuda necesaria para poder frenar de manera efectiva la situación violenta con la que conviven hace años, ocasionando indefectiblemente que esta se prolongue mucho más en el tiempo. A su vez, se las expone a una burocracia interminable que, en muchos de los casos, las hace deambular por un laberinto de trámites que sólo pone trabas.
Si bien el presidente Mauricio Macri ha presentado en julio de 2016 el Plan Nacional para la Prevención de la Violencia contra las Mujeres, “el presupuesto que se le asignó sigue siendo insuficiente para poder llevar adelante políticas públicas eficientes”, asegura la diputada Donda. Y agrega que “el Ejecutivo no reglamentó aun la Ley 27.210 que crea un Cuerpo de Abogados en el ámbito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Nación”. Este Cuerpo de Abogados debería tener la finalidad de brindar patrocinio jurídico gratuito y asesoramiento legal integral en todo el territorio nacional a víctimas de violencia de género.
Por su parte, el Fiscal Rolero Santurián observa que las falencias más grandes en relación a los operadores judiciales se dan en “la aplicación de determinadas cuestiones que son operativas inmediatas, como la protección de la víctima en cuanto a su resguardo, el alojamiento en algún centro o refugio especializado en caso de peligro extremo o eventualmente el disponer de una custodia”.
A estas dificultades se suma la problemática social de naturalización del sometimiento y el miedo a denunciar al violento. Según el fiscal: “La naturalización es uno de los mayores problemas con los que tenemos que luchar”. La violencia se naturaliza cuando la mujer es subestimada cotidianamente mediante insultos, manipulaciones y desacreditaciones por parte del agresor. Esta violencia psicológica está presente en un 98 % del total de los casos registrados por la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante diciembre de 2016. Este tipo de violencia no deja huellas visibles y pueden pasar años para que la víctima tome conciencia y lo reconozca. Además, es considerado el disparador hacia otros tipos de violencia de género, de hecho suelen darse más de uno o dos a la vez.
Según Victoria Donda “existe un condicionante grave para que las mujeres puedan dejar el hogar que muchas veces comparten con el violento y es la dependencia económica que sufren”. Esa dependencia también puede estar ligada al ámbito laboral, tal es el caso de Karina Abregú: “Yo era el único sostén de los dos hijos que tuve en mi matrimonio anterior y mi situación laboral dependía de mi agresor. No podía separarme, necesitaba trabajar”. A pesar de ello, Karina había denunciado 15 veces a su ex marido en 14 años, quien le quemó un 55 % de su cuerpo en enero de 2013.
Según estadísticas de la OVD, la dependencia económica de las víctimas se da en un 35 % de los casos, que sumado al miedo, hacen que romper el vínculo con el violento, denunciarlo y separarse de él se vuelve una decisión muy difícil o casi imposible para la mujer. En relación a ello, es importante destacar que para INDEC, la violencia es ejercida en un 50 % de los casos por la pareja o novio la víctima y según la OVD, en un 30% por cónyuges o convivientes. Es en estos casos donde las políticas de Estado deben garantizar el bienestar de las víctimas de violencia y ayudarlas a salir del ambiente hostil en el cual viven. El fiscal Rolero Santurián concluye en que “la exclusión de la mujer de la casa del agresor, a veces, no se da con la suficiente premura y estas son cuestiones que se tienen que dar de inmediato, junto a la protección de la víctima”.
Para Karina Abregú “tenemos un Estado ausente” y denuncia: “El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), dirigido en este momento por la señora Fabiana Tuñez, tiene la obligación de amparar y ayudar a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, no lo hace”. El CNM se había comprometido con Karina a darle la medicación que necesita para vivir y luego se la negó. También, unas tarjetas de alimento y se las entregaron deshabilitadas. Ante esta falta de apoyo, Karina llegó a “tomar” la institución junto a otras víctimas para exigir respuestas. “Si bien después de estar 29 horas en el edificio conseguí una pequeña ayuda económica, esta fue por única vez”, asegura y agrega: “No puede ser que en tres años y cinco meses el Estado no me haya brindado ningún tipo de ayuda social o pensión.” Hoy Karina pide dinero pasando una alcancía, es la única solución que encontró para poder vivir y comprar el medicamento que necesita.
Es importante que el contexto político siempre brinde herramientas a las mujeres que sufren violencia de género. Pero en los casos donde la dependencia económica se vuelve algo letal o donde la ineficacia de los operadores judiciales y de seguridad se convierte en una traba fundamental a la hora de terminar con esta problemática, es indispensable la presencia del Estado para que la violencia no se siga prolongando en el tiempo.
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