“LOS DIEZ AÑOS LLEGAN EN EL PEOR CONTEXTO”


A 10 años de la segunda desaparición de Jorge Julio López, una de las abogadas de la causa, Guadalupe Godoy, reconoce que el aniversario se da “en el peor contexto posible”. Advierte una escalada del discurso negacionista desde el Estado, pero resalta la fuerza que tuvo la movilización popular ante el inminente otorgamiento de la prisión domiciliaria al genocida Miguel Etchecolatz. Consciente de que la causa estaría cerrada si no fuese por el peso simbólico de López, Godoy reconoce que a pesar de los tiempos de la justicia y del contexto político que atraviesa el país, estas situaciones reafirman en la sociedad “la necesidad de hacer algo”.

Para comenzar, ¿quién es Jorge Julio López?

Un sobreviviente, eso es. O por lo menos es desde donde yo lo conozco. Un sobreviviente atípico, además, porque en general quienes fueron víctimas tenían en promedio veinte años, veintipico, pero él tenía cuarenta y largos cuando se lo llevaron (en 1976). Además, en general, los casos más visibilizados o los actores que más han continuado después en el circuito de los juicios son, por lo menos en La Plata, de clase media, no de clase trabajadora. Entonces, López es atípico. Era grande y era un obrero. Por eso le decíamos ‘El Viejo’. La primera confusión con llamarlo ‘Julio López’ fue culpa nuestra, porque todo el mundo le decía ‘Jorge’ y en la casa le decían ‘Tito’ y nosotros no teníamos internalizado el nombre: para nosotros era ‘El viejo’. Entonces los primeros días después de la desaparición (en 2006), cuando había que hacer el volante, ¿era Jorge Julio, Julio Jorge?

¿Cuál fue tu recorrido en la causa? ¿Cómo llegaste a ser representante de López en el juicio a Etchecolatz?

Formamos parte de la querella, somos patrocinantes de esos querellantes que, en general, son organismos de derechos humanos además de las víctimas en particular. En este caso nosotros participábamos, yo era abogada pero además militaba en la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH). Lo que hubo en esa época fue una coordinación de organismos de derechos humanos querellantes que se llamaba Justicia Ya!, que sigue existiendo aunque no todos los organismos siguen participando. Y en función de eso representábamos a las asociaciones de detenidos, a Nilda Eloy (sobreviviente) y a López.

¿Qué significa hoy diez años sin López?

Es el peor contexto que uno se imaginara. La posibilidad de liberación de Etchecolatz -que a mí no me parece que ocurra, porque así como nosotros somos conscientes del impacto simbólico que tiene la cercanía del aniversario, el Poder Judicial tampoco es ingenuo en eso- y una situación donde tenemos epidemia de renuncias de jueces y sabemos que hay una dificultad muy grande para la continuidad. Es difícil, pero también a la vez hay cosas que tienen doble efecto. Uno puede pensar que esto es una tragedia y de golpe te das cuenta que es al revés, muchas veces reafirma la necesidad de hacer algo. Cuando nosotros empezamos el juicio contra Ethecolatz hubo testigos a los que llamábamos que decían que no querían declarar, esta cosa de ‘ya está, pasaron treinta años, declaramos ochenta veces’. Muchas de esas personas, al año siguiente cuando teníamos que hacer el juicio a Von Wernich (cura condenado a perpetua en 2007) y estábamos muy angustiados con lo que pudiese pasar cuando llamáramos a alguien a declarar después de lo de López, nos encontramos con que era al revés. Antes estaba esa cosa de ‘¿para qué?’, pero después se reafirmó la necesidad de hacer los juicios. El efecto fue exactamente el contrario y ahora, con el juicio CNU (a los civiles acusados de integrar una patota de la Concentración Nacional Universitaria) que no empezó, en parte pasó lo mismo. Muchos testigos que estaban con temores y sin muchas ganas de declarar, de golpe cuando surge esta posibilidad del otorgamiento de la domiciliara a Etchecolatz, aunque no tiene nada que ver con el juicio CNU, ahí aparece la necesidad de ir y dar pelea. Por eso, a veces genera el efecto contrario al que se piensa. De hecho, yendo más atrás, cuando estaba por empezar el juicio contra Etchecolatz había sectores del campo popular que decían ‘¿ahora en este momento, con las violaciones de derechos humanos de hoy? Una onda ‘¿y esto para qué?’. Y la desaparición de López mostró para qué.

¿Cómo transcurre un día como hoy en la causa por la desaparición de López?

Hace años que no pasa absolutamente nada. Durante el primer año íbamos a las ocho de la mañana y nos volvíamos a las dos de la tarde. Estábamos todo el tiempo ahí adentro, todo el tiempo entrevistas, yendo, viniendo, tratando de averiguar qué pasaba, porque en general no eran muy afectos a abrirnos todas las líneas de investigación. Hacíamos escritos, reuniones, hoy eso ya no. Es un paseo cada tanto para ver si hay alguna novedad y eso fundamentalmente tiene que ver con que todas las líneas de investigación que nosotros planteamos se fueron desalentando. Tenías que dar toda una pelea para que lograras que determinada línea se investigara y una vez que lograbas eso, después venia la implementación y era una pelea permanente con las fuerzas de seguridad que implementaban como querían, al ritmo que se les cantaba y después teníamos que pedir que apartaran una fuerza, poner a otra, etc.  En realidad, hace ya mucho tiempo que la causa está en una situación en la que solamente si rompés un pacto de silencio, si alguien viene y denuncia por algún motivo, puede haber alguna variación. Pero de hecho ahora con los diez años ya mucho del material que tiene que ver con las cuestiones telefónicas se pierde, lo que no se haya perdido hasta ahora.

En estos diez años en el marco de la investigación se hizo el operativo en Atalaya, existió la hipótesis del regreso a su pueblo tras un shock traumático y hasta del autosecuestro. ¿Alguna vez tuvieron peso concreto o fueron maniobras de distracción?

Hay que separar las etapas de la causa. En los primeros meses hubo una investigación sobre la víctima, sobre la familia y sobre los organismos de derechos humanos. Esas frases que fueron muy terribles de cuestionamiento sobre López, que además generaron muchísimas más fracturas dentro del movimiento de derechos humanos. Después, todas las operetas que tenían que ver con procedimientos que se armaban para decir que se había hecho algo, como el operativo en Atalaya. Los primeros tres meses la fuerza que investigaba era la policía de la Provincia de Buenos Aires, con el Poder Judicial provincial. Tardamos tres meses para que la Corte dijera que era un caso de jurisdicción federal. Lo que nosotros queríamos era que las líneas de investigación estuvieran conectadas con aquellos grupos que querían impedir la continuidad de los juicios. Una vez que pasó a la justicia federal, fue casi imposible avanzar porque seguía la Bonaerense a cargo. Recién al año y medio logramos apartar a la Bonaerense. En general, todas líneas se iban truncando. Un día, por ejemplo, habíamos pedido una investigación de todos los policías que López mencionaba en su declaración y nos llegan unas desgrabaciones totalmente ilógicas. A uno que se había muerto le estaban haciendo una escucha al homónimo, a ese nivel… Después, cuando logramos apartar a la Bonaerense y logramos que fuera la Federal y que el Secretario a cargo tuviera aunque sea una mínima idea de los juicios y por lo tanto pudiera hacer algún tipo de vinculación, ya entre el tiempo transcurrido y todo el empioje que se había hecho en la causa, fue muy dificultoso todo.

¿Cuáles son las expectativas hoy en la causa o las hipótesis de mayor sustento?

Es una causa que, si no fuera López, estaría archivada. Si miran qué es lo que pasa para el momento del aniversario en los últimos tres años, siempre hay un informe de la Fiscalía que si se leen a la vez van a ver que es una remisión al anterior. El aniversario lo que te permite es una reactivación: todo el mundo lo ve a López en todos lados y llama, ‘López esta acá’, ‘López está enterrado allá’. Entonces después tienen tiempo para divertirse en la Fiscalía descartando cada una de las líneas. Lo lógico, en realidad, es intentar generar las condiciones para que si hay un pacto de silencio se quiebre. El problema es cómo se generan esas condiciones, que también requieren algún tipo de garantías que evidentemente no están dadas. Sobre todo teniendo en cuenta -al menos nosotros estamos convencidos-, que seguramente y más allá de los sectores interesados en frenar los juicios, lo que hubo fue intervención de policías en actividad.  No nos olvidemos que el marco en el que se da la desaparición de López es el juicio a Etchecolatz y es también el intento de reforma que llevaba adelante (el entonces ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, León) Arslanian. El entonces gobernador (Felipe) Solá cuando nos entrevistamos por primera vez nos dijo que él también pensaba lo mismo: que había sido la Bonaerense. 

¿Por qué tuvo tanta repercusión el caso López?

Porque lo que hace es reactivar un imaginario que está totalmente presente en la sociedad: los desparecidos. Es un mecanismo que automáticamente generó una reacción que seguramente no hubiera sido tal si hubiera sido un homicidio. La idea de la desaparición como algo posible y con el mismo mecanismo, en una ciudad como La Plata que fue una de las más afectadas por la dictadura, una ciudad que tiene a Miguel Bru, desaparecido en democracia en los años ’90. Entonces acá fue muchísimo mayor esa cosa insoportable de que son mecanismos que pueden estar, que están ahí como latentes.

Después de doce años con una política estatal en derechos humanos, ¿cuál considerás que es hoy la política de Estado en esta materia?

Desde enero tuvimos el desmantelamiento de todo lo que son las estructuras estatales que estaban a disposición de los juicios que, en general, se habían creado después de la desaparición de López. Hubo despidos y disolución de esos espacios. Muchos de ellos tenían que ver con la contención de testigos, la evaluación de riesgos, como el programa Verdad y Justicia (del Ministerio de Justicia de la Nación) o el Centro Ulloa. Y la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, que para nosotros era una fuente inagotable de nuevas imputaciones, la desmantelaron. Después vinieron todos los discursos negacionistas y de deslegitimación, desde el ‘curro de los derechos humanos’ o la frase de (Darío) Lopérfido de que ‘es un arreglo que hacen los organismos para cobrar subsidios’, que es más grave que el cuestionamiento de cuántos son los desaparecidos. Y después vienen otras cuestiones que son claramente de provocación al movimiento de derechos humanos, como el intento de detención de Hebe (Bonafini), tratar de hacer una identificación de todo lo que implica el movimiento de derechos humanos con un espacio político. En este contexto está clara la permeabilidad que tiene el Poder Judicial. Los jueces saben que ahora no hay riesgo de sanciones como hubo al principio para aquellos que retardaban, retrasaban, se negaban a hacer los juicios de lesa humanidad o no acusaban como tenían que hacerlo según las pruebas. El retraso, que ya era enorme, ahora es mucho mayor y se agrega la cuestión de aceptar una de las estrategias de los genocidas, que son las prisiones domiciliarias. Obviamente después del 10 de diciembre se ve una aceleración de estos procesos de negacionismo, pero el año anterior dentro del Poder Judicial hubo un cambio drástico: para mí el punto del inflexión es cuando Cristina Kirchner pierde el intento de democratización del Poder Judicial, cuando se hace el intento y aparecen los fallos suspendiendo la modificación del Consejo de la Magistratura. Ahí es donde se ve con mucha más claridad el cambio dentro del Poder Judicial. 

¿Preocupa la seguidilla de otorgamientos de prisión domiciliaria a represores?

A nosotros nos costó mucho revertir las domiciliaras que se otorgaron desde el primer momento. Recién a partir de la desaparición de López se cambia el criterio de la Cámara Federal y empiezan a rechazar las prisiones domiciliarias. Pero hasta ahí, era lo normal. Etchecolatz en 2006 llega a juicio con una domiciliaria. No ayudó tampoco la reforma del kirchenrismo en 2009, con una interpretación mucho más dificultosa del límite de edad de los 70 años. Ahora tenemos dos situaciones completamente distintas: por un lado tiene que ver con que los genocidas han afinado sus estrategias -como saben que es muy difícil lograr una clausura de los juicios, entonces buscan que por lo menos sea con ellos en su casa-; por otro lado está el tema de la edad, que genera dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF) la incomodidad de que ellos terminan siendo un geriátrico, ese es el argumento. Una persona de ochenta años obviamente va a tener achaques, la cuestión es si son parte de un cuadro normal gerontológico que se puede solucionar dentro de un penal o no. Pero lo que empieza a haber ahora, y eso es lo preocupante y lo que hizo que saliéramos y que generó todo el repudio de estos días, es la concesión de prisiones domiciliarias cuando no hay motivo ni de salud ni de otro tipo, que no sean los principios humanitarios que es lo que ahora están empezando a invocar los jueces. Lo que hay son jueces que están cambiando su criterio muy claramente en esta cuestión, permeables a lo que se baja desde el Gobierno. No nos olvidemos que en los 15 días que estuvimos denunciando la posibilidad de la domiciliaria a Etchecolatz, el Gobierno salió fuertemente a operar sobre eso. Y si tuvieron que recular, en cierta forma fue porque hubo mucha movilización popular, en La Plata por lo menos.

What others say about : “LOS DIEZ AÑOS LLEGAN EN EL PEOR CONTEXTO”..


FALTA LÓPEZ – ETERDigital

[…] de su mensaje tras el cautiverio, que pudo completar su historia familiar gracias a López. Su abogada, la fotógrafa que tomó sus imágenes más emblemáticas, el periodista que investigó el caso. […]

Leave a Comment


Your email address will not be published.