POR MÁS PROGRESISMO Y MENOS HIPOCRESÍA


Las trabajadoras sexuales reclaman, a través de su sindicato, el tratamiento y la aprobación de un proyecto de ley presentado en el Congreso para reconocer y regular la actividad que desarrollan.

Por Fernando Díaz | Twitter: @gonzadiaz76

Gentileza AMMAR

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Es un tema del que casi no se habla. Que está como invisibilizado. No figura en ninguna agenda de políticas públicas. La prostitución, se dice, es el oficio más viejo del mundo pero también el más marginal y sobre el cual no existe ningún marco de reconocimiento de derechos y obligaciones para quienes lo llevan a cabo.
Por estos motivos, la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) decidió emprender la lucha en busca de una Ley de Trabajo Sexual Autónomo. Una ley que les permita salir de esa marginalidad, gozar de todos los derechos y cumplir con todas las obligaciones que tiene cualquier trabajador en nuestro país.
El debate por la necesidad de una ley de este tipo creció en las últimas semanas luego del hecho ocurrido el 9 de octubre, donde asesinaron a una joven de 25 años que ejercía la prostitución en un “privado” de la calle Tucumán, en pleno microcentro porteño. Hecho que todavía no fue esclarecido.
¿Cómo nació esta idea? Tomando como referencia el proyecto de ley de comercio sexual de Uruguay y experiencias parecidas en Holanda y Nueva Zelanda, en la AMMAR comenzaron a armar su propio proyecto para el cual contaron con el asesoramiento legal de Osvaldo López (abogado y hasta diciembre pasado, senador nacional por Tierra del Fuego del bloque Nuevo Encuentro) quien fue el encargado de adaptar a la jurisprudencia nacional muchas de las consideraciones de los planes uruguayos y holandeses.
La elaboración de este trabajo fue el resultado de dos años de debate interno en la Asociación en donde cada una de sus integrantes, a partir de sus propias vivencias, fueron aportando su granito de arena. Una vez terminado, decidieron presentarlo en la mesa nacional de la CTA (el gremio al que pertenecen) primero, y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires después, para que fuera discutido y mejorado.
El siguiente paso consistió en ir conversando con distintos senadores y diputados, en forma individual, para interiorizarlos de este proyecto y lograr apoyo de cara a su presentación, que se concretó el 2 de julio del año pasado.
“Nos apuramos a cerrar nuestra propuesta y a presentarla porque nos encontramos con otro proyecto en avanzada, la penalización al cliente de prostitución que ya había entrado en Diputados y había otro más de Aníbal Fernández, para la penalización al cliente de trata, que estaba por ingresar en Senadores”, cuenta Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Meretrices.
Fue fundamental para la entrada al Congreso la ayuda que brindaron el senador López y la legisladora porteña por el Frente para la Victoria, María Rachid, que dio su respaldo a la iniciativa desde un primer momento “porque es una de las conquistas sociales que faltan y que vendría a sumarse a las que ya se consiguieron, como el matrimonio igualitario y la identidad de género”.

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¿Cuáles son los principales objetivos que persigue esta ley? “Buscamos y necesitamos, sobre todo, un marco regulatorio porque la prostitución en Argentina no está prohibida pero tampoco está permitida -argumenta Orellano-. Entonces estamos como en el aire, en la clandestinidad. Lo que está prohibido es el proxenetismo y la trata de personas, con este marco que pedimos se diferenciaría bien nuestra actividad de estos dos delitos”.
Este proyecto de ley que consta de 14 artículos promueve, entre las principales medidas, la creación de una Oficina Nacional de Protección al Trabajo Sexual que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Trabajo y estaría conformada por un integrante de ese ministerio y tres representantes de las organizaciones de las personas trabajadoras sexuales (mujeres, hombres y trans, uno de cada sector). Esta oficina, a su vez, tendría una delegación en cada provincia que interactuarían entre sí para cumplir mejor con sus funciones.
Este nuevo organismo llevaría adelante varias tareas: asesorar a los poderes Ejecutivos Nacional, Provincial y Municipal en materia de trabajo sexual, cuando estos poderes lo requieran. También brindar, con los profesionales adecuados, información, asesoramiento y control tanto médico como jurídico a las trabajadoras; dar acceso a una obra social, un seguro de vida y aportes jubilatorios como también una credencial individual, codificada e intransferible para cada uno de los miembros que se registren. Sin esta credencial no estarían habilitados para trabajar.
Quienes tengan este permiso lograrían, además, la posibilidad de cursar estudios primarios, secundarios, terciarios o universitarios, ya sea para completarlos o porque no los tienen. También se beneficiarían con becas para asistir a cursos de capacitación rentados para perfeccionarse en algún oficio.
Esta ley de Trabajo Sexual Autónomo, al ser sancionada, servirá de amparo a las trabajadoras sexuales que se desempeñen en la vía pública, por internet, en departamentos privados (individuales o compartidos) y en cabarets. En este último caso, la ley pide que se especifique quién se debe encargar de la habilitación de estos lugares, cuál es la tarea que realiza la trabajadora sexual y cuáles son las funciones y las obligaciones del dueño o dueña de ese cabaret.
En el caso de los departamentos privados compartidos, desde la AMMAR cuentan y denuncian los abusos actuales. Si un grupo de cuatro chicas va a alquilar, por medio de una inmobiliaria, una vivienda en un edificio, el contrato de ese alquiler lo firma sólo una de ellas. La ley pide que se permita que las cuatro puedan firmar el contrato.
¿Por qué? Resulta muy común, según relata Georgina Orellano, que apelando a la ley de trata los funcionarios policiales y judiciales “caigan” en el lugar y se lleven a la que figura como su dueña, para luego implicarla como proxeneta o tratante respecto de las otras chicas. Este procedimiento es presentado ante los medios como “un operativo exitoso que desbarata un delito”. La Oficina de Trabajo Sexual sería la que se ocupe de controlar estos departamentos y de denunciar (si las hay) irregularidades.

Gentileza AMMAR

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La eliminación del rubro 59 de los diarios las perjudicó y marginó todavía más a las mujeres que trabajan con su cuerpo. Muchas no pueden publicar y hacen volantes precarios que pegan (o hacen pegar) en la calle. Las que logran publicar aparecen en los rubros “engañosos”, como masajistas o solos y solas pagando bastante más plata.
Con el rubro 59, por ejemplo, cuatro líneas (con foto si querían) les costaba 70 pesos por día. Ahora, en estos rubros “disfrazados”, 1 ó 2 líneas como máximo les cobran 200 pesos, lo que también alteró el mercado que se abrió hace diez años con las páginas web. En un principio, estas páginas eran gratuitas pero con el aumento de la demanda de avisos que fueron recibiendo, instalaron una tarifa que era de 100 pesos por mes. Precio que desde 2012 subió y, de acuerdo a lo que se quiere publicar, va desde 500 a 800 pesos por mes y cada persona debe pagar ese monto aunque trabajen en el mismo departamento.
María Laura Herrera es una de las 5500 afiliadas que tiene la AMMAR a nivel nacional. Aparenta un poco más de los 29 años que acusa. No tiene ningún problema en dar su nombre ni en contar su historia, quizá no muy diferente a la de muchas de sus compañeras. Nació y vive en Adrogué con su hermana, dos años menor, en la casa familiar. Sus padres ya fallecieron y nunca supieron cómo se ganaba la vida. Es madre soltera de un nene que acaba de cumplir ocho años.
Empezó a ofrecer servicios sexuales a sus 19. Tuvo un trabajo previo de niñera, apenas cumplió 18, que le duró siete meses. Eligió este trabajo, cuenta, por dos razones: por la autonomía -“Yo soy mi propio patrón. Si no quiero, no tengo ganas o necesito cuidar a mi hijo, no voy. Manejo mis horarios como quiero”- y la parte económica -“Gano bastante más que en cualquier otro laburo, siento un poder, una independencia únicos. Me permite desarrollar plenamente mi rol maternal, cumplir con todas mis obligaciones y vivir bien”-.
Habla segura, mirando a los ojos y de manera sencilla. Está contenta porque pudo terminar el CBC y el año que viene va a empezar la carrera de Ciencias Políticas en la UBA. Piensa cursar por la noche y durante el día continuar con el trabajo sexual. “Este laburo me permitió costearme los estudios hasta ahora y me va a servir para la carrera. Somos muchas las que hacemos lo mismo. Trabajamos para mantener a nuestros hijos pero nos ocupamos también de nuestro futuro”.
Sus comienzos fueron en cabarets de la zona sur del conurbano. Luego de ser mamá (“el papá del nene fue un tarado que desapareció apenas se enteró del embarazo”) volvió a un cabaret pero del microcentro porteño. “Ahí me hice amiga de una piba un poco más grande y decidimos cortarnos y alquilar un departamento que compartimos dos años, hasta que ella dejó. Desde ese momento laburo sola”, relata.
Hoy publica en la web y trabaja mayormente por celular, pactando los encuentros en hoteles o en la casa del cliente. “Igual, el depto lo mantengo y también lo uso pero elijo bien a quien llevo, sobre todo a los clientes que más conozco, que ya les tengo confianza” y revela que está cobrando 700 pesos la hora. Cuando se le pregunta en promedio cuánto gana por mes, juega al misterio y sólo dice que no lleva un cálculo, que hay momentos muy buenos y otros, regulares.
Expresa su entusiasmo por este proyecto de ley. “Estamos todas con muchas ganas de que salga. Nos permitiría trabajar mejor, porque nosotras nos ganamos la plata trabajando. Eso es lo que la mayoría no entiende. Nadie nos obliga, lo hacemos por voluntad propia y damos un servicio por el que cobramos, no le robamos a nadie”, enfatiza María Laura.
El proyecto de ley está frenado y los motivos son múltiples. La falta de actividad que tuvo el Congreso en 2014, la salida en diciembre último de muchos legisladores que no renovaron mandato y estaban de acuerdo y la resistencia que hay de gran parte de los que ingresaron. Los legisladores en contra son en su mayoría mujeres que argumentan que la prostitución no puede ser un trabajo porque representa una forma de violencia física contra el cuerpo de la mujer y fomenta la discriminación.
“Hoy suma más votos una medida contra la trata que una ley que les otorgue derechos a las putas. Hay demasiada hipocresía porque las dos cosas debieran ir de la mano, lo que pasa es que la trata existe por la connivencia de los tres poderes”, expresa Georgina Orellano con un indisimulable fastidio.
María Rachid piensa parecido: “Se buscan mezclar los dos temas y se confunde todo. Por eso les digo a las chicas que no aflojen, que esta lucha se va a ganar como se ganó la del matrimonio igualitario que parecía imposible. Con esta ley aprobada se va a empezar a combatir en serio la trata”.
La AMMAR consiguió la personería jurídica a nivel nacional en 2006 por un decreto presidencial firmado por Néstor Kirchner, que tenía un aval en uno de sus artículos para el reconocimiento de la actividad. Aval que nunca se tuvo en cuenta y desde la Asociación afirman que con la presidenta Cristina Fernández hay como otra bajada de línea al respecto.
Orellano, su secretaria general, es contundente: “Néstor era un avanzado en cuestiones de derechos sociales y lo demostró. Cristina tiene otra visión sobre nosotras y también del aborto. Creo que está mal informada y asesorada. Estaría bueno que nos recibiera algún día y seguro va a tener otra posición”.

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