La violencia institucional es el proceso mediante el cual el poder del Estado, en cualquiera de sus niveles, es utilizado para favorecer o encubrir la violación de la Ley. Es un fenómeno que se puede presentar en distintas instituciones del Estado, como por ejemplo, las fuerzas armadas y de seguridad, los organismos de salud y de educación, entre otros. Existe violencia institucional cuando estos agentes hacen uso indebido de esa fuerza o cuando la ejercen de manera abusiva, cuando encubren esas actuaciones o no las investigan adecuadamente.
Por María Belén Ancarola y María Sol Muller
Lautaro Morales, de 16 años, se encontraba cerca de la estación de trenes de Banfield junto a dos compañeros del colegio la mañana del 17 de mayo, cuando un grupo de policías de Lomas de Zamora comenzó a perseguirlos y a dispararles balas de gomas. El adolescente corrió hacia un quiosco en donde policías lo detuvieron sin pedirle identificación previamente. En el vehículo, y mientras intentaban rastrear a sus compañeros, le quitaron sus pertenencias y lo amenazaron diciéndole que por su apariencia “no iba a durar nada” e “iba a ser violado” en la cárcel.
Los dos amigos de Lautaro, también menores de edad, corrieron hasta llegar a su escuela perseguidos por cinco oficiales de la policía: llegaron al establecimiento con patrullas sin patentes y se negaron a identificarse excusándose por haber “perdido las placas”. En la búsqueda de los adolescentes golpearon a docentes y alumnos, pero no pudieron llevarse detenidos a los menores de edad gracias al constante repudio de los presentes.
“Estos hechos no son aislados. Acá hay un gobierno que está desarrollando una política de Estado que involucra la persecución y estigmatización de los estudiantes. Creen que la juventud es peligrosa y hay que controlarla”, explicó Marcos Muñoz, profesor de la Escuela.
En consecuencia de los acontecimientos, la fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 5 de Lomas de Zamora, abrió una causa caratulada como “resistencia a la autoridad”, que atenta contra los adolescentes y no contra el accionar de las fuerzas policiales.
Por otro lado, la escuela organizó al día siguiente de ocurridos los hechos, en los tres turnos, jornadas y charlas de concientización sobre violencia institucional. Allí, alumnos y profesores decidieron salir a las calles para denunciar la impunidad de las fuerzas policiales: “Llegamos a la conclusión de que la movilización es necesaria para obtener respuestas. Hay que combinar la lucha legal con la lucha popular. Lo poco o mucho que hemos avanzado, ha sido por esa lógica”, contó Muñoz.
El viernes 19 de mayo estudiantes, docentes, padres y militantes marcharon desde la escuela para exigir el cierre de la causa. A su vez, iniciaron una denuncia ante la Unidad Fiscal de Investigación nº 8, a cargo de Pablo Rossi, especializado en violencia institucional.
Por decisión del Ministerio de Seguridad, los efectivos que participaron del caso fueron desafectados de su cargo y ese móvil no podrá acercarse a la escuela. Sin embargo, la causa que abrió la fiscalía que responsabiliza a los estudiantes sigue abierta. “Tenemos pruebas de que los chicos no hicieron nada, por lo tanto no deben ser juzgados ellos sino las autoridades y, sin embargo, la fiscalía abrió una causa contra los chicos. Hemos sido citados los profesores, padres e inclusive algunos alumnos”, concluyó el docente.
En ningún momento se les indica a los menores por qué se los detiene. Además, en el caso de que sea legítima esa detención debería hacerse en presencia de dos testigos, los cuales parecieran ser inexistentes. Por otro lado, los efectivos policiales deberían haber ingresado al establecimiento con una orden judicial y tanto la detención como haberlos reprimido con balas de goma es abuso de autoridad (artsm 248-253 del código penal).
Según el Artículo 9 de la Ley 13.482 (Ley de Unificación de las normas de organización de las policías de la Provincia de Buenos Aires), el accionar de la policía debería adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral contra las personas.
Bajo las prácticas de violencia institucional subyace una enorme cantidad de conflictos sociales que suelen quedar encubiertos por el ejercicio de dicha violencia: la desigualdad de clase, la discriminación de sectores sociales vulnerabilizados, la desigualdad de género, entre otros. La violencia institucional no va a amainar si no existe decisión política.
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