El Ministerio de Educación porteño no aprobó la continuidad de un postítulo en ESI. Desde la comunidad educativa denuncian que usaron la pandemia como excusa.
Por Daniela Levy Hara
A fines de febrero de este año, 2000 docentes hacían fila en la entrada del Joaquín V. González: esperaban, desde la madrugada, inscribirse para una de las 300 vacantes que hay en el postítulo de Educación Sexual Integral, el más demandado de los posgrados de formación docente especializada. Sin embargo, a fines de abril, quienes pudieron obtenerla se enteraron de que las clases no iban a seguir: el Ministerio de Educación porteño había rechazado la firma de la resolución que establece su continuación, y que debe ser renovada cada dos años por decisión del Consejo Federal de Educación de la Nación.
A diferencia del resto de las instituciones educativas, en el postítulo de ESI, que es gratuito, la cuarentena no fue la razón de la pérdida de clases. Sin embargo, Mariana Rossetti, rectora del Joaquín V. González, denuncia que el Ministerio la usó como excusa: “El Ministerio argumentó que este es un momento propicio para repensar la formación docente, porque hay ofertas que se superponen y temáticas, como la de género, que predominan –detalla Rossetti-. Pero una pandemia no es un momento favorable para pensar ningún tipo de formación, es un contexto para dar tranquilidad y no generar mayor confusión y angustia por la pérdida de clases o de un trabajo para quienes forman los equipos docentes”.
El zig zag de la ESI: los cambios de gobierno y la inversión estatal En 2006, en paralelo a la creación de la ley de ESI, el Congreso de la Nación diseñó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que decreta el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes escolarizados del país a recibir una educación sexual integral.
Desde ese año hasta el 2015, el financiamiento estatal para la implementación real de estas medidas creció exponencialmente y la inversión del Ministerio de Educación en materia de ESI alcanzó, hacia el fin del mandato kirchnerista, la cifra de $ 55.755.738, según datos publicados por el Ministerio, ya gestionado por Cambiemos, ante un pedido de información pública realizado por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH).
Sin embargo, con el cambio de gobierno en 2015, también se modificó el apoyo estatal en relación al financiamiento del Programa: durante su primer año de gestión, el entonces ministro de Educación, Esteban Bullrich redujo la inversión un 50,38%, destinando $27.662.623 a Educación Sexual Integral para el período 2016. Al año siguiente, con la asunción de Alejandro Finocchiaro como ministro, el gobierno nacional aportó un 22,5% menos que el último año de gobierno de Cristina Fernández. En definitiva, durante los dos primeros años, la gestión macrista redujo a 12 millones de pesos la cifra de inversión para la aplicación de la ley.
Un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), destinado a anal izar el presupuesto gubernamental propuesto para el 2018 denuncia que, con un estimado de 22 millones, el presupuesto del 2018, estuvo destinado “únicamente a la capacitación de dos mil docentes en diez provincias, no a prevención ni a producción de material”. Dos mil, como las personas que esperaban en la puerta del Joaquín V. González por un lugar en las capacitaciones de ESI.
A pesar de estas restricciones, hacia mediados de 2018, ya habían sido capacitados 2.664 docentes y 20 provincias habían sido asistidas. ¿Por qué? El gobierno explicó, meses más tarde, que el avance inesperado en términos de capacitación docente pudo explicarse por la participación espontánea de una gran suma de maestros y maestras en los cursos y talleres. Lo que luego se computó como un logro gubernamental, en realidad fue resultado de la voluntad de la comunidad docente. Dos años después, una de esas instancias formadoras está siendo desarticulada.
Peligra la formación docente en ESI: la reacción de las aulas En Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral (Ley Nacional 26.206), publicado por el Ministerio de Educación Nacional en 2008, se establece que es la responsabilidad de quien gobierna “garantizar procesos permanentes de capacitación y formación sistemática para otorgar a los docentes las condiciones adecuadas para la enseñanza de contenidos de Educación Sexual Integral” y refiere al rol de los docentes como “protagónico”. El último punto del documento habla específicamente a los postítulos:
“Se trata de propuestas formativas a término de duración mayor que los ciclos formativos, destinadas a docentes en ejercicio que permiten focalizar en las distintas dimensiones de la ESI desde un enfoque integrador, y contribuyen a fortalecer prácticas y actualizar saberes docentes”.
Daiana Correa, estudiante del postítulo, problematiza la implementación de la ley: “El postítulo y la Escuela de Maestros son los únicos dos espacios gratuitos con los que cuentan los docentes para formarse en ESI. Entonces, si el Ministerio porteño desarticula alguno, la ley está cada día más lejos de cumplirse”. Para ejemplificar, señala que entre las vacantes del Joaquín V. González y de la Escuela de Maestros, solo 600 de todos los docentes de la ciudad de Buenos Aires tienen acceso al proceso de formación completo y especializado.
Apenas se hizo oficial la decisión del gobierno porteño de no firmar la continuidad del postítulo, la comunidad educativa organizó reclamos virtuales y denunció en comunicados oficiales. Los directivos del Joaquín V González se comunicaron con los sindicatos y se tejió una red solidaria de lucha que se tradujo en un petitorio virtual: en cinco días, obtuvo 4600 firmas. “Las redes sociales difunden y multiplican. El rechazo es unánime. La ausencia de contacto físico nos obliga a organizar el reclamo de manera diferente, aunque muy efectiva”, asegura Viviana Mazur, a cargo del Consejo Académico del postítulo de ESI.
En medio de las medidas de aislamiento social, la comunidad educativa debate cómo organizarse para seguir el reclamo. Gabriela Maissonave, estudiante del postítulo, identifica uno de los mayores obstáculos: “El desafío de cómo continuar la lucha por los postítulos, hoy, es algo complejo. Los espacios a utilizar en un contexto de aislamiento social son, en su mayoría, virtuales. La denuncia a través de las redes sociales está siempre presente pero no sé si es suficiente”. En este sentido, apunta a un problema específico: “El espacio público ha sido desde hace muchos años el escenario en donde tiene lugar la lucha docente. Y por espacio público me refiero a las calles, pero también a las aulas. El contacto con las familias, poder compartir con ellas las situaciones que atravesamos, el contacto con pares y las manifestaciones han sido claves. Me cuesta pensar formas efectivas de llevar adelante nuestros reclamos”.
Daiana considera los mayores frenos del reclamo virtual: “En esta época, es muy difícil sostener lo colectivo, por eso, para el gobierno porteño era el momento ideal para sacar este tipo de determinaciones. Es decir, no hay mejor instancia para cerrar un postítulo que cuando los estudiantes no podemos salir a reclamar. Ayer fue la UNICABA, hoy son los postítulos, mañana es el salario docente. Se meten por los hilos más finitos, donde saben que solamente aquellos que estamos interesados en formarnos en ESI vamos a reclamar: hay todo un sector que le da lo mismo. Van cerrando espacios y van logrando implementar algunas medidas que, si no estuviese el aislamiento, serían diferentes”.
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