Belén fue acusada por la Cámara Penal de Tucumán a ocho años de prisión por “homicidio doblemente agravado por el vínculo”. Pero éste no es el único caso de aborto que se judicializó en la historia de la provincia: según una investigación publicada en el libro Jaque a la reina: salud, autonomía y libertad reproductiva en Tucumán, de las abogadas Mariana Álvarez, Alejandra Iriarte y Soledad Deza, entre 1992 y 2012 hubo 605 casos que llegaron a la justicia tucumana, la mayoría a partir de la violación del secreto profesional de los médicos.
Por Emiliano Biani y Sebastián Weber
Uno de los casos más significativos de la región fue el de María Magdalena, una mujer del departamento de Cruz Alta, que el 12 de enero de 2012 asistió a la guardia de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes con fuertes dolores intestinales. Acompañada por su pareja y su madre, se la acusó de haber llegado con un aborto en curso. La joven, de origen humilde, negó haber abortado y manifestó haberse realizado estudios ginecológicos un mes previo al episodio que no mostraron evidencias de que estaba embarazada. Las médicas Claudia Callejas y Alejandra Berenguer llamaron a la policía y durante la madrugada de ese mismo día dejaron entrar a dos uniformados al hospital para tomarle declaración mientras ella se encontraba internada y en estado de shock por lo sucedido.
María Magdalena (nombre ficticio para preservar su identidad) denunció a los médicos y a la policía por violación del secreto médico y violencia obstétrica, psicológica e institucional, con la defensa de la abogada Soledad Deza, autora de la publicación y quien hoy representa a Belén. Pero la Justicia Tucumana se negó a investigar estas causas.
Luego de tres años procesada, la joven tucumana fue sobreseída del delito de aborto, ya que el juez de Instrucción de la Tercera Nominación, Carlos Pissa, sentenció que “el secreto profesional derivado de la relación médico-paciente es una obligación que pesa sobre el primero, para proteger la intimidad de este último. Una resolución en contra de la imputada significaría alentar o fomentar la violencia institucional en contra de las mujeres, que diariamente se sitúan en la disyuntiva de optar entre su bienestar físico o psíquico y el temor que genera una posible represión del Estado”. La denuncia contra las médicas de la Maternidad ahora está en manos de la Corte Suprema de la Nación.
El 21 de mayo de este año hubo una noticia en el sur del país que puede resultar favorable para Belén y las organizaciones que pelean por el derecho al aborto no punible. El Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia absolvió a dos mujeres acusadas de haber consentido un aborto. Luego de seis años de proceso penal, la Justicia dictaminó en favor de ellas. Sin embargo, las abogadas de la defensa explicaron a los medios de comunicación que el daño moral ya estaba hecho. Como lo está en los casos de Belén y de tantas otras mujeres.
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