En un bar de Hurlingham, Bazooka abre la noche. La banda mixta de post punk, compuesta por bajo, guitarra, teclado, batería y voz, enfrenta problemas técnicos: el sonidista le pide a la tecladista que baje la ganancia, ella cumple tras un breve, aunque incómodo, intercambio. 

La bajista advierte un problema con su línea, pero la respuesta del sonidista es cortante y el show continúa. Más tarde, sube Reybruja, una banda integrada por hombres que también enfrentan problemas de sonido. Esta vez, el sonidista sube al escenario y ajusta los equipos, marcando una clara diferencia en el tiempo dedicado a resolver el inconveniente. ¿Somos testigos de un trato desigual o de una situación circunstancial?

“El bajo tuvo problemas en todos los shows”, dijo alguien del público que estuvo esa noche y agregó: “Pero la piba lo hacía visible y el de Reybruja, no. Nunca me di cuenta que se desconectó el bajo hasta que ella le dijo por micrófono al sonidista”. 

Algo similar comentó un músico que estuvo en el bar, quien afirmó que los integrantes de Reybruja, a pesar de ser conscientes del problema con la técnica, siguieron sin darle indicaciones al sonidista porque “es algo con lo que tenés que convivir”. 

Quienes conocen la escena under de la música pueden observar que, en la actualidad, el debate sobre el trato desigual entre géneros no ocupa un lugar central en este ámbito. A diferencia de la última ola feminista del año 2018, donde las demandas por más igualdad ganaron visibilidad en diversas áreas de la cultura, esta temática ya no atraviesa la agenda de este colectivo contracultural. Esto podría interpretarse como un reflejo de los avances logrados gracias a movimientos como la campaña #XMásMujeresEnLosEscenarios que impulsaron una mayor presencia de mujeres en los espacios artísticos. 

La gestación de la igualdad de género en el ámbito musical

En el marco de la impulsión del proyecto de cupo femenino y acceso de artistas mujeres a eventos musicales (Ley 27.539), la etnomusicóloga e investigadora del CONICET, María Mercedes Liska, realizó una encuesta a 314 músicas argentinas. El 60% de ellas coincidían en que las actitudes discriminatorias en el rubro estaban relacionadas a la desigualdad en el trato. 

Por su parte, Giuliana Peveri, cantante y música en el circuito alternativo, indicó: “En 2016 me pasaba que solían tener prioridad los varones con el horario, a mí me tocaba en un horario y me iban cambiando porque llegaban varones que les tocaba después y se tenían que ir”. Al hilar más fino, se ve que el 31% de las artistas están de acuerdo con que las actitudes discriminatorias se manifiestan en las actuaciones en vivo. 

Estadísticas de la encuesta sobre situaciones de discriminación vividas por músicas mujeres. Análisis realizado en 2019 por María Mercedes Liska con la colaboración de Alejandro Liska, sociólogo y profesor de estadística de la Universidad de Buenos Aires.  

Giuliana afirma que su período más activo musicalmente fue entre 2018 y 2019 y se lo atribuye al contexto revolucionario en cuanto a materia de género. “Fue una etapa gloriosa para las mujeres en todos los panoramas, era como ‘vamos a romper todo, vamos a tomar todo’: habían mujeres en los escenarios, en las calles, en la política, en todos lados”, recuerda. 

En sus inicios, la cantante participó en varios castings porque “era la única forma de pegarla en la música” y contrasta que, a diferencia de aquella primavera feminista, “en todas las convocatorias para mujeres” en proyectos musicales era para “ser coristas” y agrega que “el lugar del instrumento siempre estuvo reservado para el varón”. Las aserciones de Giuliana permiten ver algunos indicios de cambio que comenzaron a gestarse en ese agitado período.  

Un nuevo paradigma con la participación de mujeres en eventos musicales

La Ley de cupo se sancionó en el año 2019 y estableció un mínimo del 30% de participación de mujeres en eventos musicales, triplicando el porcentaje relevado en los años 2017 y 2018 por Celsa Mel Gowland, exfuncionaria del Instituto Nacional de la Música (INAMU). 

El impulso de la ley no se trató sólo de una cuestión legal, también logró sacudir las estructuras de un ámbito en el que las mujeres fueron históricamente relegadas. Es decir, se instaló en el debate público la cantidad de bandas integradas por mujeres en las convocatorias, pero también se polemizaron las prácticas machistas que se manifestaban de una manera más implícita. 

Conversatorio realizado el 24 de noviembre de 2023 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires donde Mel Gowland expone otros cambios luego de la promulgación de la Ley de Cupo.

Para develar si efectivamente cambiaron algunos comportamientos en el ámbito musical, artistas de la escena actual conversaron sobre cómo ven el panorama en cuanto a igualdad. Florencia Manigot, cantante y guitarrista de Parkour en el Geriátrico manifestó: “Al menos ahora no veo una brecha de oportunidades entre mujeres y hombres”. Desde su experiencia, incluso existen más posibilidades actualmente, en ocasiones gracias al cupo las llaman “para que haya alguna banda de minas”. Sin embargo, advierte: “No sé si eso es bueno o malo”. 

Además, la artista resaltó el cupo como un punto de bifurcación, incluso en el comportamiento de las músicas. “Con el auge que hubo y con todo lo del cupo, surgió esa necesidad de demostrar que las mujeres también estamos acá”, comparte.  

Juana Chiesa, tecladista y vocalista de Nolamires, se propuso el desafío de “dar mucho más” después de enfrentarse a los estereotipos cuando ingresó a la banda. “Mucha gente me decía que soy una milipili”, indicó la artista que actualmente se encuentra trabajando en su proyecto solista, y agregó: “Estos chabones piensan esto de mí y yo sé que puedo cerrarles la boca”. 

Y así fue, a pesar de no sentirse “capaz” al principio, Juana fue perdiendo el miedo a medida que pasaban las fechas de Nolamires y logró su objetivo: “Terminaron viniéndome a ver y me confirmaron que me prejuzgaron”. Sin darse cuenta, estaba dando los mismos pasos que las artistas que la inspiraron. “De chica miraba Casi Ángeles y cuando Lali Espósito se lanzó como solista con su propio sello discográfico, me pareció muy admirable”, reflexionó.

Show de Lali en Vélez, 2025.

¿Batalla ganada?

Tanto Juana como Florencia coinciden en que la participación en roles como producción, técnica y management siguen siendo espacios masculinizados. Sin embargo, cada vez es más notoria la participación femenina en esos ámbitos. Juana comentó que hay un grupo de mujeres en la escena que incitan a otras músicas a tener iniciativa en ocupar esos espacios. Como es el caso de Lola Tabarovsky, fundadora del sello discográfico autogestivo “Imán”, y cantante y guitarrista de Homogénica, banda que pisa fuerte en la escena under porteña. 

La actitud de las integrantes mujeres de Bazooka puede estar vinculada al miedo implícito de no ser escuchadas, sería al menos extraño si así no fuera, luego de observar los números. “Son más los prejuicios que una misma se pone, hay una confianza que los hombres se tienen a sí mismos que a las mujeres nos cuesta más agarrar”, reflexionó Florencia. 

Quedará en cada una entonces despojarse de esos prejuicios –sean propios o ajenos–, como lo hizo Juana y tantas otras más, para establecer que existir en estos espacios, es una posibilidad que todas tenemos.

*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.

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En el 2020 nació el Colectivo Doble Cambio, integrado por jugadoras, entrenadoras y mujeres miembros de distintos clubes, quienes reclamaban por la profesionalización del vóley femenino. Esto incluía cobertura médica para los equipos, mejoría de salarios, incremento de la difusión del deporte en los medios de comunicación, y generar un ambiente deportivo más igualitario e inclusivo.

Un cambio de ambas partes. Los casos de violencia, acoso y abuso sexual en este deporte crecen día a día con unas cifras imponentes: de 21 jugadoras de vóley encuestadas, 19 sufrieron violencia física, verbal y psicológica por parte de sus entrenadores. Al momento del hecho, 11 de ellas eran menores de edad. Ya es tiempo, y es urgente.

Durante los últimos años salieron a la luz casos como el de Martín Castro, ex DT de Vélez Sarsfield y River Plate. De este último fue desplazado de su cargo una vez se conocieron las denuncias de dos víctimas, quienes tenían 16 y 18 años en el momento de la agresión, mientras jugaban en el club de Liniers con Castro a la cabeza del equipo. A fines del 2024, casi 10 años después del delito y 4 años luego de la denuncia penal, fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado.

En 2023, en el club Villa Elvira ubicado en el municipio de La Plata, denunciaron por violencia a otro entrenador cuyo nombre todavía se desconoce. El DT fue acusado por violencia, amenazas y humillaciones a sus jugadoras, además de tener chats insultando a las mismas, y hasta llegó a la violencia física. Nunca fue imputado y sigue trabajando en el ámbito del deporte, a pesar de haber sido expulsado de tres clubes posteriormente al hecho.

Otro caso que movió las gradas: también en 2023, durante un torneo de vóley en Villa Gesell organizado por el propio municipio, donde participaron categorías menores. Jorge Guardamagna, de 66 años, filmó a una nena de 10 años en el baño de un restaurante donde cenaba con su equipo después de jugar un partido. El acusado había sido organizador de estos eventos recreativos por más de 12 años. Fue imputado por producción y tenencia de contenido de explotación sexual infantil, encontrado en el momento de revisarle el celular.

Estos son sólo algunos ejemplos de casos que, se podría decir, tuvieron la suerte de haber sido elegidos por medios locales para difundirse, o de que alguna de las partes tuviera la posibilidad de expulsar la denuncia en las redes sociales. Frente al caso de Guardamagna en Villa Gesell, la Federación Metropolitana de Vóley (FMV, o “la Metro”) llevó a cabo un comunicado de repudio, que sirvió como medio para que el mundo que recorre este deporte se enterara de lo que había pasado: “Las pruebas son contundentes y las acciones realizadas prima facie por el principal organizador del torneo son totalmente inaceptables. Nuestra más profunda solidaridad con la menor que resultase víctima y su familia, y nos ponemos a su entera disposición, tanto con ellas como con el club afectado”.

La dificultad de contarlo

“Nuestra posición como institución es siempre defender a la víctima, pero al mismo tiempo no podemos avasallar los derechos de los trabajadores. Si hay denuncia penal, es indiscutido. Ahora, cuando las denuncias son mediáticas, por redes sociales o internas en los clubes, es muy difícil prolongar por mucho tiempo la suspensión provisoria”, explica Román López, presidente de la FMV desde 2022. Esto destila una problemática a modo de cadena: la Federación puede actuar más firmemente siempre y cuando haya una denuncia en la Justicia, eso está claro. Pero el 90% de las jugadoras que violentadas dentro de sus clubes son menores de edad, entonces la denuncia está a cargo de las familias, quienes en su mayoría nunca llegan a enterarse de lo que pasó, o ellos mismos deciden no llegar a una instancia condenatoria por la revictimización que supone, la exposición, y el miedo a que no trascienda. Entonces, la mayoría de los casos suele quedar en la autodeterminación de las instituciones deportivas con respecto a qué medidas tomar, como el desvinculamiento, que es la solución más frecuente al problema.

Una encuesta realizada por este medio a 21 jugadoras de vóley federadas, de entre 15 y 48 años en Buenos Aires, reveló que el 71% sufrió violencia verbal (comentarios sexuales o sobre su cuerpo), el 52% recibió violencia psicológica (insultos y amenazas), y el 42% fueron acosadas mediante redes sociales, fotos y mensajes. El 8% sufrió abuso sexual. Cabe aclarar, que algunas jugadoras han padecido más de un tipo de violencia, por lo que las categorías no serían mutuamente excluyentes. De la totalidad de estos casos, 11 de las jugadoras eran menores de edad, entre 12 y 17 años,y sólo 3 lo denunciaron en la Justicia. Ninguna de ellas tuvo algún avance en la causa.

La mayor cantidad de casos fue de entrenadores ejerciendo comentarios subidos de tono, ya sea sexuales o sobre el físico de las jugadoras.

“Nos enteramos que a varias compañeras les mandaba mensajes para juntarse después de entrenar, todo esto con las más chicas. Una vez se enteraron los familiares, se supone que se hizo una denuncia y se definió que no podía trabajar en polideportivos del municipio, pero sigue trabajando igual en otros clubes de la zona”, cuenta una jugadora de 17 años. Otras suman: “Me sacó la autoestima y la poca confianza que tenía en mí misma” y “le pidió a una nena del club que se haga pis en la bombacha. Eso a él le gustaba, según sus dichos”.

Actualmente hay un espacio de la FMV destinado a tratar estas cuestiones de violencia de género. “Es muy difícil exigir algo formal cuando hay una víctima, hay que tener mucho tacto con la situación. Creo que ahí el mejor avance de la Metro fue la Secretaría de Géneros para tratarlo. Al principio, los casos eran muchos. Últimamente ya no tanto”, cuenta el presidente López y señala además que “es difícil hacer un balance del por qué” y que “puede ser porque los entrenadores se cuidan más en los malos tratos”, motivo de la mayoría de la denuncias.

“El primer paso a dar por la nueva Secretaría de Género será la confección de un protocolo de acción y prevención para situaciones de discriminación y/o violencia por motivo de género, que buscará visibilizar, prevenir y erradicar todo tipo de conducta relacionada. En segundo orden, se implementarán capacitaciones para empleados/as y dirigentes/as de la FMV, que luego serán extendidas a entrenadores/as, jugadores/as, árbitros/as y demás actores/actrices de nuestro deporte”, detalla el Boletín Oficial de la Metro al momento de fundarse el espacio. Con objetivos muy claros, y un equipo conformado únicamente por mujeres que viven todos los días este deporte en distintas instituciones: “Está conformada por 2 representantes para las jugadoras, 2 para las entrenadoras, 2 para las árbitras y 1 para las referentas, todas ellas bajo la supervisión de una coordinadora general”, describe nuevamente el dirigente.

Laura Finelli, supervisora de esta secretaría, cuenta que los cursos de capacitación dentro de la Federación los lleva adelante Andrea Lescano, madre de Micaela García, víctima de femicidio en 2016 y por quien hoy tenemos una ley con su nombre. “Nosotras lo que hacemos es coordinar esos encuentros y después recibir mediante nuestro mail interno y privado las denuncias, dudas o necesidades con respecto al tema. Creo que son una buena instancia de reflexión, no solo de llevar conceptos, sino discusiones que no se plantean en otros ámbitos”, expone Finelli.

Además, a partir de la conformación del equipo, fue fundamental empezar por un protocolo de acción frente a los casos más vulnerables: “Lo ideal es siempre tener un cara a cara con la persona que denuncia y de esa manera concluir cómo accionamos de acuerdo al tipo de denuncia. Por eso no está tan detallado el protocolo en sí, porque sabemos que cada caso es distinto y afecta de diferentes formas a las víctimas”, concluye.

Por qué las mujeres no denuncian

El mayor dilema que se enfrenta en el movimiento feminista es pensar los motivos por los cuales las mujeres no se animan, no pueden o no quieren denunciar las violencias que sufren. La respuesta parece sencilla. En Argentina, sólo el 15,5% de las denuncias llega a sentencias condenatorias, según Amnistía Internacional. Y esto se ve reflejado en las respuestas de las mujeres: “No lo conté porque era otra época y no me iban a escuchar”, manifiesta una jugadora de 38 años. Otra suma: “No comenté nada, yo era ‘la nueva´, casi nunca iba a entrenar, solo a jugar partidos porque ese era el acuerdo”, y también, “sólo se lo dije a una amiga 10 años después”.

Marina Guibaudo es ex jugadora federada de vóley y trabaja en Deportes de la Municipalidad de Avellaneda hace 30 años, actualmente coordina MUNAV, uno de los clubes que afrontó una de estas situaciones con un exentrenador de categorías inferiores. En diálogo con Eter Digital, habla sobre cómo es contener a las jugadoras en ese momento: “Hoy desde mi rol estoy siempre pendiente de cómo se dirigen los entrenadores a las jugadoras. Tengo charlas con ellos, en principio cuando se los contrata, les advierto sobre no tener contacto fuera de lo que es el ámbito deportivo con ellas, por una cuestión de seguridad”. 

Y amplía: “Los adultos podemos estar atentos a lo que les pasa a las chicas, pero eso no significa atravesar la distancia entre el entrenador y la jugadora”.

Finalmente, se refirió a uno de los casos que trascendió en el club y que figuró dentro de la encuesta de este medio: “Obviamente se le hizo la denuncia correspondiente con la mamá de las alumnas a la Comisaría de la Mujer. Se habló con la familia, se habló con todas las chicas para que estuvieran al tanto y para que se acercaran a nosotros si lo necesitaban. La violencia psicológica es la que más cuesta darse cuenta, pero mi prioridad es siempre escuchar y creerles a ellas”.

Mientras el gobierno de Javier Milei evalúa eliminar la figura de femicidio del Código Penal y con ello la Ley Brisa, los datos siguen siendo alarmantes: solo en enero de este año se registraron 27 femicidios en todo el país, el 49 por ciento de los hijos que quedaron huérfanos son menores de edad y en el 60 de los casos el asesino era la pareja o ex pareja de la víctima.

La Ley Brisa fue creada para dar una respuesta a esas situaciones. Se sancionó en 2018 con el número 27.452 y reconoce el derecho a una reparación económica mensual a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su madre por femicidio cometido por su padre. El beneficio es retroactivo al momento del crimen y se extiende hasta los 21 años o de manera vitalicia si hay discapacidad. También contempla acceso a salud mental, asistencia legal y acompañamiento integral. Sin embargo, en la práctica, no funciona como se espera.  

Con 41 años, Pamela Lodola es una abogada que trabaja desde hace diez años en la Oficina de Asesoramiento y Acceso a la Justicia de la Villa 1-11-14 de Capital Federal. Según ella, “en el último tiempo las denuncias de abuso sexual aumentaron, no porque ahora haya más abusos sino porque nos animamos a denunciar”. Pero no obstante advierte sobre una consecuencia de la violencia y los niveles de odio de estos tiempos: “El temor más grande es que estos discursos de odio se repliquen en las mujeres”, contó a ETER Digital.

LOS OBSTÁCULOS DE LA LEY

Uno de los principales obstáculos que presenta la ley es su alcance limitado: en su versión original, el beneficio estaba destinado únicamente a hijas e hijos biológicos del autor del femicidio. Esta condición excluía automáticamente a niñas y niños cuya madre fuera asesinada por un padrastro, una pareja conviviente o en casos en los que el agresor se suicidaba luego del crimen. Si bien la interpretación de este punto se fue flexibilizando, la falta de información, los requisitos judiciales y los contextos de vulnerabilidad económica profundizan la desigualdad en la aplicación de la norma.

Después de su sanción, la ley comenzó un proceso lento de implementación que derivó en la Comisión Permanente de Seguimiento (CoPeSe). Integrada por equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tiene la tarea de coordinar todo lo relacionado con el Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (RENNyA).

LOS INTENTOS DE ELIMINAR EL “FEMICIDIO”

El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, contabilizó que hasta enero de 2025 hubo 1 femicidio cada 26 horas. En varios de ellos, la Ley Brisa hubiera sido aplicable.

Frente a este panorama, organizaciones que trabajan en la temática expresaron su repudio hacia los funcionarios que minimizan la violencia de género. “Con la autoridad que nos otorga el camino recorrido, repudiamos enérgicamente los conceptos vertidos tanto por el Presidente de la Nación (Javier Milei) como por el Ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona), para quienes el género es una ´joda que se usó como negocio y arma extorsiva´, y por lo tanto planean, entre otras cosas, eliminar la figura de femicidio -homicidio en contexto de violencia de género- del Código Penal”, advirtió La Casa del Encuentro.

Pamela Lodola combina su profesión con su militancia como abogada voluntaria de esa organización. Según ella, el intento por parte del Poder Ejecutivo de eliminar la figura del femicidio produce un efecto negativo en las mujeres. “Hay todo un discurso de deslegitimación porque según el Presidente no existen las violencias y los femicidios se redujeron,  por lo que ya no es una política pública necesaria. Eso desmotiva a las mujeres”, comentó.

LA RESPUESTA DE ALGUNOS SECTORES DE LA SOCIEDAD

Daiana de los Ángeles Barrionuevo tenía 24 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2014. Su cuerpo fue encontrado tres semanas después envuelto en una frazada de sus hijos dentro de una bolsa de consorcio, flotando en un arroyo de Moreno. La había asesinado Iván Rodríguez, su pareja, de quien ella quería separarse.

Tenía tres hijos: gemelos de 7 años y una nena de 2, Brisa. Después del crimen, los chicos fueron a parar a la casa del abuelo, Osvaldo, pero tiempo más tarde, Cintia, hermana de Daiana, los recibió en la suya. En un contexto marcado por la desinformación y la falta de recursos, la familia tuvo que organizarse como pudo.

Maximiliano Montenegro, periodista de Diario Popular e integrante de la Red de Periodistas con Perspectiva de Género, fue uno de los primeros en mostrar la relevancia del caso. “Empezamos a visibilizar esta situación periodísticamente desde lo individual en el Diario Popular, y desde lo colectivo con la red y con un montón de gente que se fue sumando”, explicó. Con un seguimiento periodístico, la figura del abuelo Osvaldo empezó a tener relevancia por su esfuerzo en el mantenimiento de los niños. “Era un hombre de 70 años con las necesidades básicas insatisfechas. Me acuerdo de una charla en la que me dijo: `Tengo que elegir entre el ibuprofeno o la comida de los nenes’”.

El interés y preocupación de Montenegro generó que organizaciones sociales defensoras de los derechos de las mujeres empiecen a involucrarse. La Casa del Encuentro, asociación civil que lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, se encargó de proponer el proyecto de la Ley Brisa ante el Senado. Luego de que durante dos años el proyecto de ley durmiera en el Congreso, fue aprobado gracias a la militancia en las calles y la intervención periodística.

“EL ESTADO NOS TIENE QUE AVALAR”

Pamela Lodola tuvo la posibilidad de observar la realidad en los barrios, al enfrentarse a mujeres que están atravesando situaciones de violencia: “Ahí empecé a escuchar que esto es sistemático. Todos los casos son más o menos cortados por la misma tijera y los varones violentos tienen las mismas frases y formas”.

“Me parece que lo que tenemos que plantear es que no tenemos que tener miedo y que tenemos que salir a denunciar. El Estado nos tiene que avalar y debe reconocer nuestros derechos como mujeres”, exigió no sin reconocer una de las raíces del problema: “Los obstáculos siempre son burocráticos y la Justicia suele ser un organismo expulsivo para la sociedad”, concluyó.