Los civiles que representan a instituciones, partidos políticos, estamentos de gobierno, medios de comunicación y todo tipo de representatividad que no repudian un golpe de Estado, no solamente son cómplices, sino que además son corresponsables de las atrocidades que las dictaduras puedan ejecutar contra los pueblos.
Por Marcelo Rodríguez
No es ninguna novedad que el imperio norteamericano está detrás de las derechas locales en los países de América del Sur y América Central. Lo que sí es novedosa, la metodología convencional que han utilizado en el golpe de Estado que se desarrolla en estos momentos en Bolivia. Si bien el concepto de novedoso parece una contradicción, debemos tener en cuenta que pasaron más de 40 años en la región, sin producirse derrocamientos a gobiernos constitucionales con los métodos de la década del 70’.
Los medios hegemónicos en la Argentina tampoco revelan novedades. Al igual que la tapa del diario Clarín del 24 de marzo de 1976 que mostraba como título la frase “NUEVO GOBIERNO”, como también en la volanta del día siguiente manifestando” “TOTAL NORMALIDAD”, hoy reiteran similares eufemismos. En estos días, a la vista de todos, redactaron y publicaron en tapa que “el MAS (partido de Evo Morales) lanzó una operación para intentar derribar a la presidenta interina Geanine Áñez a través de Adriana Salvatierra, la ex presidenta del Senado”, vale aclarar que Salvatierra es directa en la línea sucesoria y no pudo asumir debido a que se le prohibió el ingreso al recinto.
Las clases dominantes en los países de América Latina no son todas iguales. Tampoco utilizan las mismas metodologías de dominación, ni sostienen un mismo modo de ejercer el poder. Pero sí hay algo que tienen en común, la valoración positiva hacia las decisiones del imperio y la predisposición a ubicarse en el obediente lugar de ejecutores.
Las derechas pueden estar en el gobierno, o no. Este hecho de la realidad es importante a la hora de tratar comprender los comportamientos sociales y políticos en una Latinoamérica que atraviesa un proceso de plena convulsión.
El caso de Chile muestra la vitalidad de la pulseada. El pueblo busca mediante las protesta un cambio en su Constitución Nacional para obtener derechos de segunda generación que en algunos países de la región, ya habían sido consagrados hace más de 70 años. Exigen una más equitativa distribución de las riquezas. Sabido es que la Constitución de Chile nació bajo la dictadura militar de Pinochet y fue consolidada en un referéndum. En ella está Implícito el aval que las Fuerzas de Seguridad poseen para reprimir y detener sin dar explicaciones. Por estos días suceden masivas medidas de fuerzas y movilizaciones como no pasaba desde hace más de cuatro décadas.
El periodista argentino Franco Ciancaglini, desde las conmovedoras calles de Santiago, asegura que “en Chile la revuelta es contra todo el sistema político y el modelo económico y social. Hay mucha bronca contra los privilegios y la arrogancia de la clase política”. También hizo hincapié en “la enorme brecha de desigualdad” y agregó que “si bien quienes tienen trabajo pueden acceder a la salud, a la educación y la vivienda; los niveles de endeudamiento para poder resolver estas necesidades básicas, son altísimos. Otro reclamo relevante, se refiere a las bajísimas jubilaciones”. Además el periodista argentino sostiene que “quienes iniciaron los reclamos, al igual que las primeras protestas contra la dictadura, fueron los jóvenes organizados en el Movimiento Estudiantil. Comenzó siendo una protesta por el boleto de transporte y luego se extendió a todas las otras exigencias”.
El presidente de Chile se encuentra en una encrucijada mientras busca soluciones viciadas de artimañas. Piñera propone debatir la reforma constitucional, pero promueve que los Congresales Constituyentes sean los propios integrantes del actual Congreso de la Nación. En cambio los representantes de las organizaciones reformistas plantean que el pueblo mediante el voto elija a los constituyentes (como sucedió en la Argentina que dio nacimiento a la Constitución de 1949- posteriormente derogada por la dictadura de Lonardi y Aramburu). En las calles de Chile los números “oficiales” indignan. La Cruz Roja indica que la represión provocó 22 muertos y 2009 civiles “identificados” hospitalizados, y más de 2500 heridos. La cifra de detenidos accede a 5629 y existen denuncias de casos de torturas y otras vejaciones por parte de las Fuerzas Armadas y el “Orden”.
En cambio en Bolivia las cuestiones políticas son inversamente proporcionales a las del país trasandino. Ya en dos ocasiones anteriores la policía en conjunto con empresarios del gas habían intentado presionar hacia la renuncia al hoy derrocado presidente. Sin embargo, durante todo el proceso gubernamental conducido por Evo Morales los números de la economía siempre se dirigieron hacia el crecimiento. El pueblo formó parte del camino hacia la justicia social.
Desde el Alto en la ciudad de La Paz, y en pleno proceso de golpe de Estado, la referente Feminista boliviana Adriana Guzmán reflexiona sobre los verdaderos motivos del derrocamiento encubierto del presidente: “Nos indigna que hayan obligado a renunciar al compañero Evo, sabemos que el motivo tiene que ver con los 14 años de transformación. Si bien los empresarios no dejaron de tener sus privilegios, porque los ricos siguen siendo ricos, hubo distribución de riquezas con la nacionalización de los hidrocarburos”. Mas allá de las críticas que le pueda hacer al presidente Morales, Guzmán sostiene: “Hemos vivido una estabilidad económica. Los pobres y las pobres hemos tenido suficiente dinero y por ejemplo la posibilidad de enviar a nuestras guaguas a la Universidad. Ellos hablan de una refundación del país, pero lo quieren hacer desde la biblia, desde el racismo y hablan en nombre de la República. Por eso es un golpe civil, militar, racista y eclesiástico”.
En una de las primeras medidas tomadas al inicio de su gestión en 2005, Evo Morales decretó la nacionalización de las empresas y los recursos hidrocarburíferos del país. A lo largo de sus mandatos el Producto Interno Bruto creció un 327 porciento, desendeudó al país y elevó sólidamente las reservas federales; la indigencia disminuyó de 38 a 17 por ciento y actualmente la desocupación es del 4,2. Construyó 1206 escuelas, 1061 salas de primeros auxilios, 34 hospitales, expandió las redes de gas a los sectores más postergados y el salario mínimo creció cinco veces su valor inicial. El promedio de vida subió de 64 a 71 años.
La cuestión está puesta ahí. No es el lugar en el mundo que el capitalismo internacional le había asignado a Bolivia.
Puede ser redundante, pero vale insistir en el concepto de novedoso, respecto al antiguo método utilizado para derrocar al gobierno democráticamente elegido por el pueblo boliviano. Nos deberíamos remontar a un caso testigo sucedido en Honduras el 28 de junio de 2009. El presidente Zelaya fue sacado a la fuerza de su residencia por las milicias locales y lo obligaron al exiliado. Lo castigaron por el plebiscito y la cercanía a Hugo Chávez.
El 11 de abril de 2002 el presidente venezolano Hugo Chávez Frías también fue víctima de un intento de derrocamiento, aunque finalmente terminó con el éxito del sistema constitucional. Luego de varios días de paros generales- aquella vez fogueado por las corporaciones petroleras- los detractores del gobierno comenzaron a pedir la renuncia del presidente. Enfrentados estos grupos, se produjeron 18 muertos y 69 heridos. Los golpistas utilizaron los hechos de violencia como argumento para justificar el golpe. “La Constitución nos obliga a evitar más derramamiento de sangre y esa obligación pasa por la salida pacífica del presidente y la sustitución de alto mando”.
El pueblo permaneció en las calles. El no reconocimiento del nuevo gobierno por gran parte de los países latinoamericanos, así como la acción de los militares leales al estado de derecho, posibilitó que Chávez reasumiera en sus funciones dos días después.
En Paraguay se inauguró hace siete años la modalidad de golpes institucionales, o golpes blandos.
Se trata de apartar de sus cargos u obligar a renunciar a presidentes constitucionales con características de izquierdas nacionales o socialdemócratas mediante causas judiciales inventadas, o campañas mediáticas.
En junio de 2012 el entonces presidente de Paraguay Fernando Lugo terminó destituido por presunto “mal desempeño” de sus funciones. Lo destituyó Cámara de Diputados.
En Ecuador, Rafael Correa implementó políticas económicas y sociales, de mejoras hacia la población indígena de Ecuador y a las mayorías. La población obtuvo derechos inéditos en la historia. Quizás por este motivo, en 2010 la conspiración de los medios de comunicación masivos, que se encontraban en pleno proceso de regulación anti monopólica por parte del Estado, y la exigencia salarial que la Policía Nacional pretendía imponer, terminaron con el levantamiento que privó de su libertad a Correa. Finalmente con la ley en la mano el presidente mantuvo el lugar de mandatario.
Correa llevó adelante una revolución ciudadana. Entre otras cosas desautorizó la presencia de bases militares norteamericanas en el territorio ecuatoriano. Los medios hegemónicos no se lo perdonaron. En julio de este año la jueza Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex presidente y actual líder de la oposición.
Los ex presidentes de Brasil pertenecientes al Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula Da Silva y Dilma Rousseff fueron víctimas evidentes de la causa conocida como “lava jato“. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel a manos del juez Moro- que hoy es funcionario en la presidencia del ultraderechista Jair Bolsonaro- acusado de recibir dádivas. En el caso Rousseff, fue destituida en septiembre de 2016.
A las derechas locales y sus patrones mundiales no les interesan los beneficios sociales, ni la inversión en salud, en educación, en justicia, en generación de empleo ni los millones de brasileños que salieron de la pobreza.
En la Argentina el juez Bonadío persiguió y encarceló a ex funcionarios de la gestión Kirchnerista. Durante el mandato de Macri, en la Argentina, un sector del Poder Judicial abusó de las prisiones preventivas. La propia ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tiene tres procesamientos y dos pedidos de indagatorias. En la era macrista se hizo moneda corriente la categoría de preso político.
El departamento de Estado de los Estados Unidos sigue comandando las acciones de las derechas en occidente. La demostración de esta teoría se evidencia en que la Organización de Estados Americanos (OEA) actuó con flagrancia a la hora de tomar una decisión sobre la validez o no, de las elecciones en Bolivia. No emitió comunicado alguno sobre la quema de oficinas enteras que anidaban las actas de escrutinio, como así también sobre el secuestro de funcionarios y familiares de funcionarios pertenecientes al gobierno. Paradójicamente, en la página oficial de la OEA, al momento de explicar las finalidades del organismo, aclara que “La Organización fue fundada con el objetivo de lograr en sus Estados Miembros, como lo estipula el Artículo 1 de la Carta, propiciar el orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad, robustecer la colaboración y defender la soberanía, la integridad territorial y la independencia”. Además agregan que “para lograr sus más importantes propósitos, la OEA se basa en sus principales pilares que son la Democracia, los Derechos Humanos, la seguridad y el desarrollo”. A pesar de la proclama, ninguno de sus funcionarios habla del golpe de Estado en Bolivia y ni siquiera hace alusión a la renuncia forzada del presidente. Tampoco hay pronunciamiento sobre el accionar represivo de las fuerzas de seguridad y la actitud antidemocrática y golpista de las Fuerzas Armadas. Tampoco el organismo se ha pronunciado sobre los vejámenes y la ola represiva de chile que lleva 22 muertos.
El accionar de la OEA responde únicamente a los pedidos e intereses del gobierno de los Estados Unidos. Demostración de esto es la felicitación ejercida por parte de Donald Trump a las Fuerzas Armadas bolivianas por el accionar y el reconocimiento como presidenta a la autoproclamada Geanine Áñez.
A pesar de la caída del Muro de Berlín 30 años atrás, y el fin de la guerra fría, se evidencia a las claras que América Latina sigue siendo un territorio en disputa- prueba de esto es el posicionamiento político, la resistencia y el espíritu de construir una equitativa correlación de fuerzas, no solo por parte de los líderes progresistas de la región, sino de los pueblos que luchan por los derechos y la libertad.
Está cada vez más clara .la disputa ..el interés ..el motivo…América latina tiene q aprender a mirar..y por fin ponerse del lado correspondiente..consiente ..de su origen de su verdad .,..ponerse de pie.. de una vez con su grandeza …pueblo unido no puede ser vencido