Las rejas de los tribunales estaban decoradas con fotografías tomadas por el joven en distintas movilizaciones. Allí podía verse el avance de las fuerzas de seguridad, manifestantes atados en el suelo y personas cubiertas con leche y limón para curarse del efecto del gas pimienta. Al otro lado, banderas del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). 

Una gigantografía de Pablo sacando fotos en una marcha tomó protagonismo en el centro del escenario: impactaba y emocionaba en partes iguales. Al comienzo del acto, la comunicadora y tía del fotoperiodista, Cora Gamarnik, tomó la palabra. “Un día de justicia”: Guerrero se presentaba para declarar ante un juez  gracias a la lucha de organizaciones y personas de a pie que también pujaron para que la causa no pierda visibilidad. Mientras hablaba, miraba la carátula de su sobrino con lágrimas en los ojos, comparando la lucha de Pablo por salir adelante con la lucha del pueblo argentino. Y una metáfora: Argentina cae, se para y levanta nuevamente para seguir peleando contra la adversidad.

Cuando Cora terminó de hablar, se fundió en un largo abrazo con Fabian, el padre del joven. Al unísono, compañeras y compañeros de trabajo del fotógrafo cantaban: “Che Pablito, recuperate pronto para volver al barrio, para seguir luchando”. 

Llegó el turno de Diego Pietrafesa, secretario de Derechos Humanos de SIPREBA, quien tomó con fuerza el micrófono para hablar en nombre del sindicato. “El periodismo es un servicio al pueblo”, remarcó y terminó su alocución expresando que el gobierno miente porque le teme a los comunicadores populares. Su discurso fue aplaudido especialmente por los trabajadores de la prensa, quienes lo ovacionaron y levantaron sus cámaras en señal de admiración. 

Fabian Grillo se acercó para hablar entre aplausos, elogios y gritos. El hombre, que vestía una remera roja con la cara de su hijo y un rezo de justicia, respiró hondo para expresar su agradecimiento a quienes acompañaron a su familia en un día tan importante para la causa. Fabián, con la voz entrecortada por la emoción, declaró su profunda esperanza y confianza en la recuperación del fotoperiodista, pero también en los amigos y compañeros de Pablo. Mientras hablaba, un chofer de colectivo de la línea 26 abrió la puerta y clamó: “¡Fuerza Pablo!”. El hombre le agradeció golpeándose el pecho y su discurso finalizó en un abrazo con Agustina Lloret, una de las abogadas de la familia. 

Al mismo tiempo, dentro de los tribunales, el gendarme Guerrero declaraba ante la Justicia: “Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona, y al lanzagas lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo al manual del uso. Soy inocente”. El juez Ariel Lijo se encargaba de tomarle indagatoria en reemplazo de la jueza Maria Servini, la responsable del Juzgado N° 1. Su declaratoria terminó y una corrida de reporteros avisaba que algo inédito estaba por ocurrir: ese mediodía fotografiaron su cara por primera vez desde el disparo que cambiaría por completo la vida de Pablo. 

La Cámara de Diputados rechazó dos vetos presidenciales clave. Fueron 181 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención para la Ley de Emergencia en Pediatría y 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones para la de Financiamiento Universitario. Dos tercios holgados; dos golpes seguidos al plan de ajuste del gobierno y el FMI. El próximo paso para reinstalar las leyes: el tratamiento en el Senado.  

La jornada nació en la calle. Fue continuidad de las clases públicas que vienen protagonizando docentes y estudiantes en la puerta de las altas casas de estudio; de las movilizaciones de las trabajadoras y trabajadores del Hospital Garrahan junto a las familias que llevan al hombro historias de vidas salvadas con vocación; de las movilizaciones incansables de las y los jubilados, que dieron el ejemplo. Cuando el rechazo a los vetos se confirmó, hubo lágrimas, cantos y un detalle inusual: vallado sobreactuado, pero sin presencia de las fuerzas de Seguridad que comanda la ministra Patricia Bullrich. Córdoba, Rosario, Bariloche, Bahía Blanca, Neuquén y Mendoza replicaron la postal: la tercera marcha federal universitaria coronó en tiempo real el resultado parlamentario. Mejor dicho: lo impuso.   

Entre guardapolvos blancos y pecheras de “Soy Garrahan”, enfermeras, pasantes, médicos y familias pusieron nombres propios al desfinanciamiento en salud y educación: fuga de profesionales, salarios por debajo de la línea de pobreza, obras frenadas, becas que no alcanzan ni para el viaje. Fue “un respiro para seguir en carrera”, como definía una terapista ocupacional desde el centro de la Plaza. “Se metieron con la gente equivocada”, reflexionaba orgullosa una de las jubiladas de los miércoles. El ejemplo de los adultos mayores y el del colectivo de la discapacidad, que viene de conquistar su rechazo al veto de la Ley de Emergencia, también fue partero de la enorme movilización. La comunión de causas se respiraba en el aire. Ese clima se trasladó al recinto: cada movimiento era seguido con atención desde la plaza.

Adentro: un tablero que cambia de color 

Sin ayuda del oficialismo, la sesión abrió con 132 presentes. Con las condiciones dadas para tratar un ambicioso temario, la diputada Cecilia Moreau asumió la presidencia provisoria hasta que un Martín Menem derrotado retomó su cargo. 

La oposición mostró músculo. Miguel Angel Pichetto tomó la palabra y propuso votar directamente, sin debate: “Los números están, no hagamos perder tiempo”. Luego de varios minutos de tensión, con intentos permanentes del oficialismo para frustrarla, surgió una fórmula salomónica: intervenciones reducidas y “al grano”. Gabriel Bornoroni hasta ofreció “adelantar partidas” del Presupuesto 2026 como salvavidas tardío, pero esta vez nadie compró.

Afuera trascendía que un vuelo de Aerolíneas no salió de Posadas y dejó a una diputada misionera abajo. Adentro se confirmaba que, aun con la baja, los cuatro renovadores de Innovación Federal votarían contra los vetos. En Salta, el gobernador Sáenz publicaba un video adelantando que sus diputados harían lo mismo. El debut de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior quedaba marcado por el fracaso.

El tablero empezaba a mostrar fisuras en el PRO. Fernando Iglesias increpó a Silvia Lospenato por anunciar su voto contra el gobierno: “golpista”, la acusan desde la propia bancada. Ella respondió: “A nadie pueden llamarle golpista por cumplir la Constitución”. Enseguida se sumaría María Eugenia Vidal, quien se abstuvo en Universidades tras apoyar la emergencia pediátrica. El bloque amarillo crujía a cielo abierto.

La votación de la Emergencia Pediátrica marcó 181 afirmativos, 60 negativos y 1 abstención. Un número demoledor. El recinto se sacudió en aplausos y el eco del festejo que llegaba de afuera fue inmediato. El Financiamiento Universitario también mostró holgura: 174 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones (Vidal y López Murphy). 

Con los vetos en el piso, la oposición aprovechó: empujó, además, una comisión investigadora por las muertes por fentanilo adulterado y emplazamientos para avanzar con límites a los DNU (para garantizar su rechazo con una sola Cámara). El telón bajó con el oficialismo retirándose entre mociones de privilegio y faltas de quórum. La foto de la correlación de fuerzas cambió: los mismos gobernadores que blindaron al Ejecutivo durante todo este año y medio, hoy lo condicionan. La calle, que no se movió un centímetro, marca el pulso. 

¿Y ahora?

En el recinto, con la presión de la calle, la oposición tejió los dos tercios necesarios para dar vuelta la decisión del Ejecutivo, que llegó a la sesión golpeado por la derrota electoral en la Provincia de Buenos Aires. 

A los votos de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, se sumaron bloques que hasta ayer eran aliados: parte de la UCR, exlibertarios y diputados que suelen responder a gobernadores que marcaron la cancha. La billetera del nuevo ministro Catalán, no alcanzó: aunque concedió fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Misiones, hizo gestiones en Salta y promesas en serie, espacios como el de Innovación Federal y “Provincias Unidas”, esta vez, se acomodaron del otro lado. A 45 días de las elecciones legislativas nacionales, el oficialismo se quedó con números de minoría y fracturas a cielo abierto en sus aliados del PRO. 

Para que los vetos caigan definitivamente, faltan los 2/3 en el Senado. La Cámara alta sesionará este jueves para tratar el veto a la Ley de reparto automático de los ATN y ya mueve la agenda para tratar el rechazo a los vetos de la Cámara baja. El debate podría llegar el próximo 2 de octubre. Mientras, el Gobierno insiste con el argumento del ajuste fiscal y deja trascender que, si pierde, buscará atajos reglamentarios, judicialización del rechazo a los vetos u otros artilugios. Pero la secuencia ya mostró su eficacia: movilización sostenida, confianza en la propia fuerza organizada y unidad de todas las luchas para cambiar las “voluntades” dentro del recinto. El presupuesto 2026 entrará a comisiones con esa foto sobre la mesa.  

Anoche, cuando la plaza empezó a desconcentrar por la Avenida Callao, un vendedor gritó: “¡Hay agua, hay coca, hay cerveza… sin el 3% de Karina!”. Humor de barricada para una jornada que soldó dos derrotas al Ejecutivo y dejó una premisa tan simple como profunda: la calle puede marcar la agenda y el destino del plan de ajuste del gobierno de La Libertad Avanza. Lo de ayer no cierra la historia -ni arregla salarios, ni reabre hospitales, ni reinstala a miles de despedidos, ni termina obras-, pero sí corre el límite.  

Recortes constantes, burocracia paralizante y demoras interminables colapsan un sistema que debería garantizar derechos básicos. Profesionales que trabajan sin cobrar, familias que se desgastan sosteniendo lo insostenible. 

A las cinco de la mañana, Romina, mamá de Kiara, ya está en la parada del colectivo. Con suerte, llegará a tiempo para hacer la fila. Sabe que solo se entregan 100 turnos y que más de 500 personas estarán esperando lo mismo: una oportunidad para acceder a la salud. No vive cerca del centro de salud, el viaje le demanda casi dos horas de ida y dos horas de vuelta. “Con Kiara venimos desde Merlo a Capital porque acá hay mejor atención médica”, comenta.

En la sala de espera, el reloj avanza lento. A su lado, su hija de siete años, con diagnóstico de TEA (Trastorno del Espectro Autista), no para de mover los pies. Está inquieta. Cuando llega su momento en la fila le avisan que no hay más turnos pero Romina sabe que, en realidad, lo que se está interrumpiendo no es solo una cita médica, sino un derecho.

No es la primera vez que vuelve a su casa sin respuesta. Entre la burocracia, los recortes y la falta de pagos se desata un efecto dominó que suspende tratamientos, aleja a los profesionales y deja a las familias al borde del agotamiento. 

Créditos: Asociación Amar, 2025 

Visibilizar derechos pendientes: CUD

Cada 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha promovida por la ONU para fomentar la inclusión, la accesibilidad y los derechos igualitarios. Sin embargo, para muchas familias argentinas, ese día pasa inadvertido entre reclamos, trámites interminables y recortes que contradicen cualquier discurso oficial. En lugar de celebrar avances, el 3 de diciembre se vive como una jornada de lucha y visibilización. 

La crisis en el sistema de discapacidad, aunque no es nueva, tomó este año una dimensión alarmante. Recortes presupuestarios del 40%, suspensión de casi 200.000 pensiones, incertidumbre sobre la validez del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y demoras de hasta dos meses en pagos a prestadores configuran un panorama cada vez más hostil.

El CUD es un documento oficial que acredita una discapacidad y permite acceder a derechos como cobertura del 100% en tratamientos, transporte, medicamentos, apoyos escolares y pensiones. Para obtenerlo hay que atravesar una evaluación médica y social que varía según cada jurisdicción. Aunque es gratuito, en la práctica se vuelve engorroso. Cuando su renovación se demora, toda la red de acompañamiento se paraliza.

Juana, usuaria de silla de ruedas, cuenta que acceder a los requisitos fue fácil, pero la espera para la junta médica fue de varios meses. “El trato fue desastroso. Me preguntaban si vivo sola o acompañada, desde cuándo tengo esta discapacidad, si puedo caminar o levantarme, aunque me vieron usando silla de ruedas y que en mis estudios y certificados, hechos por los médicos, aclaran que tengo mielomeningocele desde nacimiento”, relata.

En el caso de Verónica, mamá de Paz, no fue fácil conseguir el turno ya que teniendo discapacidad intelectual, tienen que sacar turno con un psicólogo y eso le demoró muchos meses el trámite. Luego, para la junta médica tardaron tres meses. No obstante, el trato fue amable. 

En el mismo sentido, la mamá de Milagros comentó que no fue un trámite engorroso conseguir el turno y los requerimientos; pero si fue un trabajo difícil llevar a Milagros a la junta médica de Barrancas ya que en su caso es un trámite innecesario por su discapacidad motriz e intelectual es permanente.

Nomenclador estancado, terapias comprometidas

El problema no termina ahí: continúa con el nomenclador. Una lista oficial que establece cuánto y cómo se paga cada prestación y se mantiene congelado desde diciembre del 2024 con un valor de $12.370,61 la hora. Las prestaciones son los apoyos terapéuticos, educativos y de traslado que las personas con discapacidad necesitan para desarrollarse con autonomía. Y, los profesionales como terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, psicopedagogos, acompañantes terapéuticos y transportistas trabajan en condiciones precarias.

Analuz, licenciada en Terapia Ocupacional, comenta que lleva meses sin cobrar por sus servicios a través de obras sociales o prepagas. Para ella, la precariedad es un golpe directo a su vocación y al derecho de sus pacientes. Trabajando de manera independiente y con coberturas médicas no le alcanza para llegar a fin de mes. “Las obras sociales tardan en pagar entre 90 y 120 días; y este año hubo atraso en las autorizaciones y las ruedas de pagos se retrasaron demasiado”, dice angustiada.

Sobre las actividades, dice que se encargan de brindar herramientas y estrategias para un óptimo desempeño en actividades de la vida diaria desde comer o vestirse hasta cocinar o manejar dinero, adaptándose a las limitaciones para generar mayor autonomía. Y asegura: “Nuestro objeto de estudio es la ocupación humana tanto en adultos como en niños”.

La licenciada describe que cuando por alguna limitación física, cognitiva, sensorial, emocional y/o social una persona no puede desempeñarse de manera óptima o autónoma, en alguna de las áreas antes mencionadas, es que intervienen los terapeutas, evaluando las demandas del ambiente, las fortalezas del individuo y diseñan un tratamiento para abordar esa limitación, generando mayor autonomía.

Por su parte, Verónica, licenciada en Fonoaudióloga, explica que están cobrando con tarifas del año pasado. “Hay compañeros que llevan cuatro meses sin ver un peso”, relató. Según datos del sector, más del 90% de los prestadores son trabajadores independientes, por lo que la falta de pagos pone en riesgo la continuidad del servicio. 

La licenciada cuenta que su trabajo abarca distintas áreas: lenguaje, audición, voz y funciones como la deglución y la respiración. Atiende tanto a niños como adultos. En su día a día, Verónica acompaña a chicos con dificultades del habla, personas con hipoacusia que usan implante coclear y adultos que perdieron el lenguaje tras un ACV. 

También trabaja con bebés que no pueden alimentarse por boca y con docentes o cantantes que necesitan cuidar su voz. “Todo lo que afecta el habla, el oído o la manera de alimentarse, también es parte de nuestra tarea”, comenta Verónica. 

Por otro lado, Catalina, licenciada en Psicopedagogía, explica que su rol es acompañar a quienes tienen dificultades en el aprendizaje, ya sea por una condición neurológica, emocional o social. Sobre su rol como terapeuta informa: “Trabajamos mucho con chicos que tienen diagnósticos como Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), dislexia o TEA, pero también con aquellos que simplemente no logran avanzar al ritmo esperado en la escuela”. 

Además, los psicopedagogos diseñan estrategias personalizadas para que cada uno aprenda desde sus posibilidades, y muchas veces actúan como nexo entre las familias, las escuelas y otros profesionales de la salud.

Histórico: después de 22 años, el Congreso Nacional vuelve a rechazar un veto presidencial y queda vigente la Ley de Emergencia en Discapacidad. pic.twitter.com/NjZS96R1wM

— Shok Argentina (@shokargentina) September 5, 2025

¿Qué pasa hoy en día con la discapacidad?

Durante los meses mayo y junio de este año distintas organizaciones y familias autoconvocadas salieron a la calle. Marcharon hacia el Congreso, en las plazas del interior y frente a las delegaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El reclamo logró que se aprobara en la Cámara de Diputados una Ley de Emergencia en Discapacidad con el objetivo de frenar los recortes y garantizar las prestaciones mínimas. 

Sin embargo, el Presidente, Javier Milei, anticipó su intención de vetar argumentando que no hay recursos para sostenerla, que su impacto sería solo de corto plazo y que interferiría con el proceso de auditorías en marcha.

La ANDIS es el organismo encargado de definir, regular y supervisar las políticas públicas en materia de discapacidad. Su extitular, Diego Spagnuolo, quedó en el centro de la polémica tras una reunión con Ian Moche, adolescente autista y activista, y su madre, Marlene Spesso. Durante ese encuentro, Ian y Marlene le expresaron su preocupación por la falta de perspectiva en discapacidad por parte del Gobierno. Según ellos, Spagnuolo respondió que “tener un hijo con discapacidad es un problema de la familia, no del Estado”, lo que generó un repudio inmediato en redes y medios.

Luego de la difusión del episodio, Marlene fue contactada por distintos medios para contar lo ocurrido y comentó que el funcionario les cuestionó porque ellos no pagaban peaje o estacionamiento y él sí. A lo que Marlene le respondió: “Es simple, ¿cuántas veces vas a hacer alguna terapia?”. Ian, por su parte, recalcó: “Cuando fuimos a la ANDIS nos enteramos que pasamos de ser sujetos de derecho a volver a ser sujetos de cuidado. Nos están quitando la posibilidad de lograr tener independencia”. 

Spagnuolo, por su parte, salió a desmentir los dichos y aseguró que la reunión se realizó en marzo del año anterior, organizada por la Fundación Noble. Agregó que, al finalizar, se tomaron una foto y compartieron un posteo en sus redes sociales destacando el encuentro como ameno. “No existe contexto para que yo pueda decir una cosa así”, declaró en ese entonces el funcionario.

Manifestantes en el Congreso, 2025. Créditos: Infobae 

La crisis que atraviesa el sistema de discapacidad en Argentina no es solo una cuestión administrativa o económica: es una emergencia que afecta directamente la dignidad y la calidad de vida de miles de personas y sus familias. 

Vivir con discapacidad no es una carga ni un problema privado: es un derecho colectivo que exige políticas públicas claras y efectivas. Y, mientras tanto, Romina vuelve a poner el despertador a las cinco de la mañana para intentar, una vez más, conseguir un turno. En la actualidad, miles de familias siguen esperando que el Estado deje de mirar para otro lado y, al fin, responda.

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*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.

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