A 30 AÑOS DE LA LEY DE OBEDIENCIA DEBIDA


Ante el aniversario del histórico paso atrás del gobierno radical ante la presión carapintada, Miguel Santucho compara la impunidad de entonces con la actual del 2×1.

Por Juan Parisi

“Se propiciará la anulación de la ley de amnistía dictada por el gobierno militar y se pondrá en manos de la justicia la importante tarea de evitar la impunidad de los culpables”, declaró Raúl Alfonsín en su discurso presidencial el 10 de diciembre de 1983. La historia demostrará, años más tarde, que los procesos de enjuiciamiento sólo se efectivizarán dos décadas después. Desde nuestro presente, la impunidad sigue vigente. Hace 30 años, la ley de obediencia debida; hoy, el 2×1.

“En mi casa, mi papá estaba en contacto con todo el mundo y en la mesa hablábamos mucho de política. Él estaba preocupado por la democracia y por los sucesos cometidos en las Pascuas de 1987. Entonces lo vivimos con mucha preocupación porque fue una demostración de debilidad del gobierno democrático que tuvo que ceder ante una amenaza de golpe de Estado.” Así recuerda Miguel Antonio Santucho, sobrino del asesinado Mario Roberto Santucho, exlíder del ejército revolucionario del pueblo, e hijo de Cristina Narvajas, desaparecida. Miguel nació en 1975 y un año más tarde su mamá fue secuestrada en julio cuando esperaba su tercer hijo. Su padre militaba en el exterior y se ocupó de criar a Miguel y a su hermano Camilo, en Italia. Es por eso que le dicen “El Tano”. En 1985 vino a la Argentina y conoció a las Abuelas. Aunque era chico, manejaba mucha información. Sabía que su madre estaba desaparecida y que había tenido a su hermano en cautiverio. Cuando se promulgó, el 4 de junio de 1987, la Ley de obediencia debida él tenía tan sólo 12 años y no entendía técnicamente lo que quería decir. “Eso lo aprendí mucho después, el hecho de que con esa figura se liberaba de cargo penal los rangos militares más bajos. Entonces, en lo técnico me generó un cierto estupor entender cuál es el estado en el que uno no puede dejar de matar a alguien porque te lo ordenan. Y cuando sentí eso de que ´ mataron es porque me lo pidieron´ me dio mucho asco por el tipo de persona que no puede establecer sus propias decisiones.”

El gobierno de Alfonsín asumió tras 7 años de un gobierno militar que había generado crímenes atroces de lesa humanidad. Fue muy importante para el país haber demostrado el valor y el coraje de llevar a juicio en 1985 a las tres Juntas Militares que dirigieron el país desde el inicio del Golpe hasta finalizada la Guerra de Malvinas. Sin continuar con la tendencia de otros países del Cono Sur que sufrieron dictaduras y que habían dejado impunes a los responsables de delitos de lesa humanidad, Argentina fue el primer país en llevar a juicio a las principales cabezas del terrorismo de estado a partir de un gobierno democrático. Las sentencias fueron desde reclusión perpetua para algunos, como Massera y Videla; penas de diecisiete años como Viola, cuatro para Agosti y ocho para Lambruschini; y hasta absoluciones como en el caso de Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo.

El dictamen del juicio a las Juntas en su punto 30 buscaba avanzar los procesos judiciales a los rangos oficiales medios y bajos que eran ni más ni menos aquellos militares que habían cometido las acciones de represión. Esto generó malestar en las Fuerzas Armadas, que cometieron actos de indisciplina y Alfonsín se vio obligado a un primer avance a favor de la impunidad, en detrimento de la memoria, la verdad y la justicia. Se sancionó en diciembre de 1986 la Ley de Punto Final, que contemplaba un plazo de 60 días para llevar a juicio a acusados de delitos de lesa humanidad. Pero esto no bastó. En las Pascuas de 1987, un grupo de militares liderados por el teniente Aldo Rico se sublevó ante Alfonsín para frenar los procesos de enjuiciamiento de los rangos intermedios y bajos. Miles de personas fueron a la Plaza de Mayo a defender al gobierno democrático pero ese levantamiento fue lo suficientemente eficiente para que se negociara con los carapintadas y se sancionara el 4 de junio, la Ley de obediencia debida.

“La ley fue una demostración de debilidad del sistema democrático y dio pie a lo que después vino a ser el proceso de reconciliación de los diez años menemistas”, comenta Miguel. Para él, aquella ley “trajo mucha tranquilidad a los que habían estado, los que sabían a dónde se habían llevado a los chicos y a los que en la práctica habían realizado el acto sucio. Si hablaba, esa gente era peligrosa. Esa ley vino a dejar tranquilo a quien decidiera mantener el pacto de silencio y para garantizar impunidad.”

El 3 de mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia avaló, por decisión de la mayoría, la aplicación de la ley del 2×1 en un caso de delitos de lesa humanidad. Esta ley fue creada en 1994 y derogada en 2001. La aplicación de la misma no se aplicaba en casos de crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, por el contrario, uno de sus objetivos principales era para descomprimir las cárceles que estaban llenos de gente solo por delitos comunes. Además, agravando la situación, la Corte aplica el 2×1 cuando en 1994 estaba vigente la Ley de obediencia debida y Punto final, por lo tanto el represor nunca podía haber sido beneficiado, porque había leyes de impunidad. Santucho asemeja este dictamen con las leyes de impunidad dictadas por Alfonsín y Menem porque para él existe desde siempre una voluntad de los centros de poder de dejar libre de cargo a los crímenes del pasado. “Muchos son cómplices, muchos participaron y el pacto de silencio que nunca se rompió es porque hay una parte de los civiles que fueron los que financiaron y los que están interesados en que esto no se rompa. Entonces parte de ese pacto es garantizarles las mejores condiciones a los que no hablaron. Siempre va haber una voluntad de su parte de poder sacar a los presos o al menos darles las mejores cárceles”.

A 30 años de la promulgación de la Ley de obediencia debida, Miguel cree que las derogaciones de las leyes de impunidad durante el gobierno de Néstor Kirchner sirvieron para generar una demostración de justicia y madurez para la sociedad civil. Sin sentirse en condiciones de criticar a Alfonsín y teniendo en cuenta que el partido militar era más fuerte en ese momento sabe que las leyes se pueden generar desde un reclamo multitudinario. “Hoy en día con la gente en la calle podés hacer cualquier cosa, incluso cambiar el 2×1. Quedó demostrado con las marcha de los pañuelos blancos que las leyes tienen que seguir la voluntad del pueblo y no al revés, el pueblo adaptarse a las leyes.”

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