AMÉRICA LATINA, DONDE ABORTAR TODAVÍA ES UN CRIMEN

América Latina continúa siendo una de las regiones más restrictivas en la legislación sobre el aborto en el mundo. De los cinco países que prohiben el aborto bajo cualquier circusntancia, tres de ellos son latinoamerianos. En esta región, la despenalización aparece como un reclamo pendiente.

Por Belén Rossi

Según la Organización Mundial de la Salud, 21.600 millones de mujeres se practican abortos no seguros cada año, de los cuales 18.500 millones de ellos ocurren en países en desarrollo. Se estima que 47.000 mujeres mueren por complicaciones en el embarazo y las muertes de mujeres gestantes al año por abortos inseguros llegan al 13 por ciento. A pesar de estas cifras alarmantes, en Latinoamérica el aborto continúa siendo un crimen por la legislación de la mayoría de sus países. Actualmente, son cinco los países en el mundo que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia: tres de ellos son latinoamericanos.
Fueron numerosos los intentos de movimientos feministas pertenecientes a dichos países para revertir la situación, pero hay varios factores que evitaron que esto suceda. Latinoamérica es la región con mayor porcentaje de católicos en el mundo, un 40% por ciento. Le siguen los evangélicos, quienes también están en contra de la legislación del aborto. La Iglesia genera gran influencia a la hora de revertir esta situación y es la principal protagonista en los movimientos autoproclamados “próvida”.
En ese contexto, Nicaragua, El Salvador y Honduras prohíben que cualquier mujer pueda realizarse un aborto, cualquiera sea la circunstancia. En el caso de Nicaragua, en 2006 el aborto terapéutico pasó a ser ilegal. Asimismo, en 1997 Honduras se aprobaron artículos que permitían que las mujeres gestantes se pudieran realizar un aborto por razones terapéuticas, eugenésicas y jurídicas, que posteriormente fueron derogadas por decreto. Además, en 2009 se prohibieron las píldoras anticonceptivas de emergencia porque, según la corte suprema de justicia, también son “abortivas”. Por otro lado, en El Salvador la oposición pidió que se incrementara la pena a 50 años de prisión a las mujeres que aborten y a las personas que colaboren en el proceso.
Son tres los países que prohíben el aborto exceptuando los casos de riesgo de salud de la gestante: Venezuela, Paraguay y Perú. En estos países, la mujer que sufrió una violación no puede acceder al derecho de abortar, aún con las cifras alarmantes sobre abuso sexual en niñas y adolescentes que hay en la región. En Perú, la policía nacional confirmó que en 2016 hubo 1844 abusos en menores de 14 y 1924 en menores de entre 14 y 17 años. En el caso de Paraguay, hay 2000 denuncias al año de violación a niñas y se estima (a falta de cifras oficiales) que 3000 adolescentes de entre 15 a 19 años abortaron. Asimismo, Paraguay es el país latinoamericano con mayor mortalidad materna: en 2016 murieron 96 mujeres, de las cuales 24 intentaron realizarse un aborto de manera clandestina.
En los países restantes, donde el aborto continúa siendo una práctica ilegal, se permite solo en tres causales: violación, malformación del feto o riesgo de salud de la gestante (como es el caso de Argentina). A pesar de que el aborto sea ilegal, en estos países se practican igual, de manera insegura o paga, a precios que las mujeres pobres o de clase media baja no pueden pagarlo. El último país en aprobar el aborto en estas tres causales fue Chile, que el año pasado avanzó nuevamente en la aprobación de este derecho, tras ser prohibido por Augusto Pinochet durante la dictadura en 1989. También República Dominicana pasó de prohibición a permitirla en las tres causales en 2014. Otro país que tiene aprobada la ley por estos tres motivos y que además, continuó avanzando en la expansión de esta ley, fue Bolivia. El año pasado, se aprobó el artículo 153, que aunque continúa considerando al aborto como delito, permite el exento de la pena en las mujeres estudiantes o que estén a cargo de niños, adultos mayores o discapacitados. Por otra parte, en este artículo se incluyó la objeción de conciencia explicitada con anterioridad (a excepción de casos de riesgo de vida de la madre) por los médicos. Esto fue utilizado por varias asociaciones médicas, acompañados por obispos, para bloquear la ley. En Bolivia sucede que, como en muchos países latinoamericanos, a pesar de que se considera “estado laico”, en la práctica continúa siendo católica por la fuerte influencia de la Iglesia en la población y en los distintos sectores políticos. El peso de la misma genera inercia a la hora de legislar o retroceso como en el caso de Chile en 1989.
El primer país latinoamericano en legalizar el aborto fue Cuba en 1965. Aunque, se despenalizó en 1936 cuando el aborto fue permitido en tres causales: salvar la vida de la madre, en caso de violación o posibilidad de transmitir al feto una enfermedad hereditaria grave. No obstante, clínicas privadas ofrecían desde antes de 1959 servicios de aborto voluntario a las cubanas que pudieran pagarlo. La práctica se realiza de manera gratuita y segura hasta las ocho semanas de gestación. En 2016 se realizaron 85.445 abortos a mujeres y niñas de entre 12 y 49 años (41,9 interrupciones por cada 100 embarazadas). Parecen cifras alarmantes, pero son la mitad de los que se hacían hace 12 años. Actualmente, los activistas y especialistas dudan que se revierta la legislación, pero sí temen que el avance de las posturas contrarias al derecho del aborto presionen a las mujeres al considerar la continuación del embarazo como una posibilidad. Asimismo, en Uruguay la interrupción voluntaria del embarazo se legalizó en 2012. Según un trabajo editado por el médico brasileño Aníbal Faúndes, del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Estadual de Campinas en San Pablo, titulado “Reducción de la mortalidad materna mediante la prevención del aborto inseguro: la experiencia del Uruguay”, se comprobó que en dicho país el aborto pasó de provocar el 37,5 por ciento de las muertes maternas del período 2001-2005 a solo el 8 por ciento del 2011-2015. Además, el informe del internacional Journal of Gynecology and Obstetrics dice que, de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), para 2015, Uruguay redujo la mortalidad materna en un 59,5 por ciento en los últimos 25 años.
En México, ocurren más de un millón de abortos por año, en su mayoría clandestinos en las zonas restringidas. El único estado que permite el aborto legal, seguro y gratuito hasta la semana 12 es DF, que aprobó el artículo 144 en 2007. Muy diferente es la realidad en otros estados, como en Michoacán, donde el gobernador Silvano Aureoles Conejo quiere reformar el código penal para que las mujeres que decidan interrumpir su embarazo de forma voluntaria asuman una pena de entre seis meses y cinco años. No obstante, en la mayoría de los estados el aborto se permite en caso de violación; en Guanajuato, Guerrero y Querétaro se permite también en caso de riesgo de vida de la mujer; y en Yucatán se incluyen los factores económicos de la gestante en caso de que ya sea madre de tres o más niños.
En las regiones donde el aborto no es legal, seguro y gratuito no hay cifras oficiales, ya que estos se realizan de manera clandestina. Sin embargo, los estimados son: 500 mil abortos por año en Argentina, no menos de un millón en Brasil, 400 mil en Colombia y 46 mil en Chile. Casos como Uruguay, Cuba y DF demuestran que con la legalización del aborto, no aumenta la cantidad de los mismos y se reduce la mortalidad materna. En Argentina, el Congreso define si aprobará o no el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. En caso de que el aborto se legalice, este país se convertirá en el cuarto país latinoamericano en despenalizarlo.

URUGUAY, A CINCO AÑOS DE ABORTO LEGAL

Después de ocho intentos de tratar el tema en el Congreso, en 2012 las uruguayas consiguieron despenalizar el aborto. Hoy, es el segundo país con menor mortalidad de mujeres embarazas de América.

Por Melanie Cajuez y Victoria Bertin

Luego de la aplicación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una lucha de conquista y desafíos, ginecólogos y obstetras presentaron un balance positivo: Uruguay es el segundo país con menor mortalidad materna de América, después de Canadá.

Esta ley sancionada en el año 2012 permite a las mujeres uruguayas y extranjeras con un año de residencia en el país abortar en centros médicos públicos y privados antes de las 12 semanas de gestación. Este plazo se extiende a 14 semanas en caso de violación y en caso de riesgo para la salud de la mujer o si existe una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina, no hay plazo.
Desde que se sancionó la ley, tras una transición democrática en la cual se presentaron ocho proyectos y una de las principales tareas fue instalar una nueva ley de salud sexual y reproductiva, según un estudio del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de Uruguay, el embarazo no planeado disminuyó en un 8%, sobre todo en mujeres entre los 20 y 34 años.
“Cada vez que tenemos una paciente que vuelve lo entendemos como un fracaso del equipo”, dijo el ginecólogo Víctor Recchi, pero aclaró que también influyen los factores de la vida de la mujer como la edad, el nivel educativo, el nivel socioeconómico en el que hay mayor vulnerabilidad. Al mismo tiempo juega que si la mujer está en pareja, si hay conflictos con la pareja o situaciones de violencia, la educación sexual y anticonceptiva recibida, etc.
Del total de mujeres que consultan en los servicios de salud para interrumpir legalmente un embarazo, el 94 por ciento persiste en su decisión, y solo un 6 por ciento, finalmente decide continuar con la gestación, de acuerdo con las estadísticas oficiales difundidas por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Esta proporción se mantiene constante, año a año. Además, se estima que desde entonces cerca de 40.000 mujeres pudieron dejar la clandestinidad e interrumpir su embarazo en condiciones seguras. Tras un leve crecimiento en los primeros años, se registra una tendencia estable con un promedio de 815 casos por mes.
Uno de los puntos que resalta la asociación feminista Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) es que “las mujeres no abortan porque haya servicios legales, sino que están usándolos progresivamente, a medida que se informan de que éstos están disponibles y adquieren confianza en que serán atendidas de forma respetuosa”.

No obstante, desde MYSU señalan que estos requisitos obligan a las mujeres a someterse a una verdadera “peregrinación” en localidades del interior del país, ya que no cuentan con todos los profesionales en un mismo lugar y deben recorrer largas distancias. Esto les genera problemas en sus trabajos o para el cuidado de sus familias, entre otras dificultades.

Asimismo, según otro relevamiento realizado sobre la aplicación de la ley de IVE, en 6 de los 10 departamentos (provincias) que monitorean, la objeción de conciencia supera el 60%, con picos de hasta 100% en algunas localidades. El problema es particularmente fuerte en el Litoral uruguayo y la zona noreste, lo que perjudica “en especial a las mujeres que residen en medio rural y a las más vulnerables”.

La diferencia entre las cifras oficiales de abortos legales y las estimaciones de abortos clandestinos puede ser un indicador de la continuación de la práctica ilegal por distintos motivos, desde el temor al estigma hasta la falta de profesionales en algunas zonas y la falta de información.

Si bien esta ley disminuyó las muertes por abortos clandestinos y ayudó a que las mujeres lograran sortear las barreras y dificultades, para terminar abortando en el marco de la legalidad. Si bien tiene su lado positivo, es una ley compleja de implementar, según Soledad Gonzalez, politóloga feminista, del área de Derechos Sexuales y Reproductivos de Cotidiano Mujer, una ONG que formó parte de la coalición de organizaciones que militaron históricamente por convertir en derecho la interrupción voluntaria de embarazo en Uruguay.

“Es complicado por el porcentaje de médicos que se declararon objetores de conciencia. Además, durante el debate en el Parlamento nunca se calculó la cantidad de personal de salud que iba a ser necesario para conformar los equipos interdisciplinarios que obligatoriamente las mujeres tienen que consultar, ya que la ley dice que a las 24 horas de la primera consulta la mujer tiene que tener esa entrevista con el equipo interdisciplinario. Mujeres que llegan cerca de las 12 semanas, muchas veces no pueden abortar en la legalidad. Y nadie se hace cargo de esa situación desde el Estado. Las mujeres quedan sin ningún amparo. En el hospital Pereira Rossell, el más grande del país, ubicado en Montevideo, si la mujer llega de 11 semanas, se le garantiza que ese día tenga la primera consulta y la entrevista con el equipo interdisciplinario, y a los cinco días puede acceder a una IVE. Pero esto no sucede en todos los centros de salud. En algunos el proceso demora no menos de 15 días y más, también. Estamos denunciando desde Cotidiano Mujer que en algunos lugares están dando turno para la segunda consulta, recién un mes después. De todas formas le ley ha sido muy importante. Fue la ley posible cuando se votó. Seguramente en un futuro cercano se puede reformar para mejorarla y sacar las exigencias innecesarias, entre otras barreras.” agregó González.

Según el análisis de los especialistas, la legalización del aborto “no sólo reduce las muertes evitables de las mujeres, sino que en lugar de provocar un aumento en el número de abortos provocados, tiende a reducirlos”, en especial si la legalización llega acompañada por políticas de educación sexual y universalización del acceso a anticonceptivos.

La ley de IVE estipula que para poder abortar, las mujeres deben pasar una serie de filtros. Primero deben consultar con un equipo interdisciplinario compuesto por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que les informan sobre programas de apoyo a la maternidad, la adopción y los riesgos de la práctica insegura del aborto. Luego, deben respetar un plazo de cinco días de “reflexión”. Según las cifras del Ministerio de Salud, en esta instancia entre el 6 y el 8 por ciento de las mujeres deciden continuar con su embarazo.

Aun así, esta ley antes de ser aprobada pasó por varios obstáculos en su camino. Entre 2013 y 2017 el Ministerio realizó un seguimiento de la implementación de los servicios de Salud Sexual y Reproductivos en 10 de los 19 departamentos del país. Según los datos relevados, se identificaron cinco motivos principales por los que las uruguayas podrían seguir recurriendo a circuitos clandestinos para abortar. En primer lugar, porque las mujeres desconocen el servicio o están mal informadas respecto a cuáles son los requisitos a cumplir y cómo funciona. Según MYSU los prestadores de salud ni el Ministerio de Salud (MS) difunden información sobre los servicios de aborto, lo que provoca que “todavía haya mucha gente que crea que el aborto es legal sin importar dónde y cómo se haga”. En segundo lugar, porque los médicos ginecólogos y el personal de salud abusan de la “objeción de conciencia”. De acuerdo con el estudio, más del 60% de los médicos en seis de los diez departamentos estudiados son objetores. Abracinskas opinó que los médicos “están usando la objeción de conciencia como un recurso colectivo cuando es una excepción a la ley que tiene que ser individual”. Por último, a causa de la escasez de profesionales, principalmente en el interior del país

En ese sentido, desde el organismo público explican que restringe la cantidad de especialistas que pueden ofrecer el servicio porque sólo habilita a los profesionales de la ginecología a realizarla. Porque la interrupción no se ofrece en todas las localidades; hay departamentos en los que el servicio sólo funciona en las capitales y ni siquiera todos los días. También porque las mujeres tienen temor a que se las sancione o que se sepa el motivo de la consulta.
En este escenario, siguen planteados otros desafíos: dar respuesta a las situaciones de embarazo no planificado y no buscados, cambiar los programas de estudios en las universidades para enseñar a realizar la práctica y debatir sobre sus consecuencias bioéticas.

Edición periodística: Ayelén Oliva