ARGENTINA, SEXTO PAÍS CON MÁS MUERTES TRANS EN AMÉRICA LATINA


El último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT resalta además que el 78% de los crímenes reportados a nivel mundial suceden en nuestra región.

Por Juan Pablo Tardioli (@jotapeok)

El término crímenes de odio (hate crime) surgió en Estados Unidos, en 1985, cuando una oleada de crímenes basados en prejuicios raciales, étnicos y nacionalistas fueron investigados por el FBI. Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT explican: “Entendemos a este tipo de crímenes como un acto voluntario consciente, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita, a violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida”. Agregan además que la agresión tiene la intención de causar daños graves o muerte a la víctima, y “está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y/o discriminadas”.

El observatorio se propuso armar un informe anual para “concientizar y cuantificar” el flagelo que sufren, menciona Diego Watkins, miembro del observatorio. En cuanto a quienes son los autores de los crímenes de odio, afirman que el 79% es cometido por civiles y el 21% restante es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función pública, configurando estos, casos de violencia institucional. Romero alarma que el informe surge para exponer la situación que atraviesa el país: “Argentina es el sexto país latinoamericano con más muertes trans”.

Marcela Romero, presidenta de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de la Argentina (ATTA) y coordinadora de la Red Latinoamericana y del Caribe de personas Travestis, Transexuales y Transgéneros (RedLactrans), arroja un dato preocupante en cuanto a la esperanza de vida: “Los promedios de esperanza de vida para mujeres trans oscila entre 35,5 y un máximo de 41 años”, mientras tanto la esperanza de vida en Latinoamérica -de las personas no trans- ronda los 75 años, asegura. Estos datos recabados, demuestran que además que el 78% de los crímenes de odio reportados a nivel mundial suceden en nuestra región. “Podría ser incluso más baja la esperanza de vida, pero hay naciones (o regiones) donde no se contabiliza este tipo de casos, porque se los trata de desviar hacia otro tipo de causa o se le resta importancia”, esgrime Romero. La RedLactrans fue creada en 2006 y en la actualidad está integrada por 23 países y 25 organizaciones, entre ellas la ATTA.

En 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó recolectar información estadística de manera sistemática sobre la violencia contra las personas LGBT en América Latina y el Caribe, ya que no se cuenta con datos epidemiológicos y socioeconómicos que faciliten la comparación entre países y los pocos datos existentes no brindan información suficiente. El Centro de Documentación de la situación Trans de América Latina y Caribe (CeDoSTALC) surge como respuesta a esto y ha sido una articulación importante del observatorio, ya que se ha constituido como una nueva fuente de recolección de datos. Además, el propio observatorio ha comenzado a contribuir activamente con el CeDoSTALC a través de la transmisión de datos de relevamiento propio, para la creación de un panorama regional más completo y abarcativo de la situación de las personas LGBT.

Vida Morant es actriz y coordinadora del Bachillerato Popular Mocha Celis, un centro educativo en el barrio porteño de Chacarita en el que “muchas personas trans han encontrado refugio para volver a los estudios”, indica orgullosa. Morant explica: “En el ámbito de la educación, la situación de discriminación tienen dos caras”. En muchos casos las personas trans son desplazadas de las instituciones educativas. Los distintos niveles y sectores de la comunidad educativa (tanto docentes, como directivos, familiares, estudiantes) se encargan de “negar su autopercibimiento” o directamente, expulsarlas de la escuela. A su vez, en la mayoría de los casos cuando la educación intenta contemplar los diversos géneros y sexualidades, las personas trans no participan de las discusiones sobre qué contenidos son acordes.

Morant recuerda: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2016 calificó en un comunicado a las personas transgéneros como enfermas mentales, incluyéndolas en la misma categoría que pedófilos y cleptómanos”. Aparte añade: “La OMS indicó que los trastornos mentales están asociados a un malestar mental y problemas que impiden un funcionamiento adecuado del razonamiento”. “Así estamos”, sugiere resignada.

En Argentina, la Ley 26.791 aprobada en 2012 introduce modificaciones a distintos incisos del código penal. Entre estas, incorpora como agravante de los homicidios el odio a la orientación sexual de las personas, la identidad de género y/o su expresión. En el resto de América Latina, solamente Uruguay tipifica en su código penal conductas que incitan al odio por orientación sexual e identidad de género. En los demás países de la región no existe la figura de crímenes de odio. La mayoría de crímenes que se podrían catalogar como “de odio” son considerados únicamente como delitos comunes o “crímenes pasionales”.

La presidenta de la ATTA añade: “La violencia, el estigma, la exclusión social y la discriminación disuaden a las personas trans de buscar servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH. El prejuicio o la falta de información de los profesionales de la salud exacerban las dificultades para acceder a los servicios de salud”. Romero además esgrime que hay pocos programas en la región que estén dirigidos a mujeres y a hombres trans y sus necesidades específicas. “Es raro que las personas trans tengan acceso regular a servicios competentes en relación a su salud sexual y reproductiva”, esboza.

Según la agencia de noticias “Presentes”, que tiene presencia y corresponsales en todo Latinoamérica, la gran mayoría de las personas trans en América Latina no tienen la posibilidad de obtener documentos oficiales bajo el nombre y sexo elegidos para que coincidan con su identidad de género. “Si no cuentan con ellos, las personas trans ven negado el acceso a sus derechos básicos y son vulnerables a la discriminación y la violencia”, destacan desde el medio. Adicionalmente señalan: “Es urgente que los países adopten medidas para aprobar leyes y políticas de no-discriminación con respecto a la identidad de género y faciliten el reconocimiento legal del género preferido por las personas trans, para garantizar en el acceso a salud, a la educación, a la vivienda y a los servicios de salud”. Morant cierra con una frase sugerente: “Nadie puede imponer a ninguna persona la irrevocable soberanía de su propia identidad”.

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