Policías de la Ciudad coinciden en su preocupación por la imagen que tiene la sociedad de ellos pero difieren en responsabilizar o no a sus colegas.
“No toda la policía es de gatillo fácil. Ellos actuaron mal, no se identificaron, los pararon sin balizas ni nada”, dice S, cabo de la Policía de la Ciudad, quien ya hablaba del caso de Lucas González con un vecino cuando ETERDigital fue a entrevistarlo en la puerta de una escuela.
El crimen del futbolista de 17 años, baleado en Barracas por José Nievas, Fabián López y Gabriel Alejandro Isassi, los tres policías acusados de disparar, puso nuevamente la mirada de la población en el accionar de esa fuerza. El cabo S. lo refleja así: “Los pibes se asustaron y los agentes le dispararon de una. Es una tristeza para todos, para la policía también porque ahora está señalada”.
J, también oficial de la Policía de la Ciudad, de recorrida por las calles de Villa Crespo, asegura que los policías “se mandaron una cagada. Estamos para prevenir, pero no así. No es la manera. Es una tristeza por el pibe, la verdad”, comenta. Al mismo tiempo, afirma que la policía no recibe el apoyo suficiente: “Siempre estuvimos desprotegidos en este tipo de casos”.
“Imagino y siento el dolor de la familia, porque nadie les va a devolver a su ser querido. Pero soy parte de una institución y pienso en ella. La sensación que tengo es que ahora la gente ve a un policía y siente un desprecio”, dice el G, un agente que también conversaba –con el encargado de un edificio– sobre el asesinato a Lucas González en el momento de la entrevista. “Creo que es un hecho confuso, no me imagino que se llegue al punto de disparar sin que antes haya ocurrido algún tipo de enfrentamiento o una voz de alto. Nosotros recibimos una capacitación de campo y no es lo mismo dispararle a una hoja marcada con puntos que tener a una persona y pegarle un tiro”, agrega. También considera, en defensa de sus colegas, que se trataba de “una zona más picante. No es lo mismo en Barrio Norte que la zona donde ocurrieron los hechos”.
Lucas viajaba el miércoles en una Volkswagen Suran junto a tres amigos que venían de probarse en Barracas Central, club en el que jugaba González. Cuando salieron de la práctica, cerca de las 10 de la mañana, fueron interceptados por un auto sin identificación del que bajaron tres policías de civil. Al pensar que se trataba de un robo, los jóvenes realizaron una maniobra evasiva y aceleraron, fue entonces que los policías dispararon e hirieron gravemente a Lucas, quien murió luego de agonizar durante 24 horas.
“Uno se siente sin ningún tipo de respaldo a la hora de actuar”, comenta P, un agente de la misma fuerza porteña, de consigna en la puerta de un banco. P señala que “en un enfrentamiento siempre salimos perdiendo” y pone como ejemplo el caso de unos días atrás, en Constitución, cuando un hombre agredió con un cuchillo a un policía que intentaba identificarlo y los agentes efectuaron 15 disparos –en veinte segundos– contra el atacante, que resultó herido de dos balazos (también un vecino que caminaba por la plaza resultó herido en un hombro). “No sabés cuál es el momento indicado para actuar”, sostiene P.
Es invierno y la ola polar que azota el país no da tregua. Frente al viento que cala profundo y parece tocar los huesos, siempre es una buena opción levantar la mano y gritar “¡Taxi!” para subirse a una unidad y llegar más rápido al destino.
Pero, la mano se cansa de estar en alto. Los pocos autos negros y amarillos que pasan tienen la luz roja de “ocupado” encendida. Lo que no hace mucho tiempo era algo así como un ritual urbano, casi instantáneo, bien porteño, hoy parece desvanecerse frente algo tan intangible como real: la tecnología.
Esta tecnología no llegó en silencio. Todo lo contrario, su desembarco inicial desató un conflicto cara a cara en las calles de la ciudad, caracterizado por protestas masivas que denunciaban una competencia ilegal y desleal. Hoy, en el 2025, esa hostilidad parece haber mutado en una aceptación resignada, una suerte de tregua donde la frase “las aplicaciones llegaron para quedarse” se repite en cada esquina y principalmente se disputa en la pantalla de los celulares de cada usuario.
Uber, una de las apps más elegidas por los usuarios
La voz de los choferes
Detrás de cada taxi que desaparece de las calles, hay una historia. Una de ellas es la de Jorge Leiva, un hombre de 58 años que lleva 25 al volante y que siente frustración al ver cómo cada día tiene menos pasajeros.
-¿Se puede vivir del taxi hoy en día?
-Antes, ser tachero te permitía mantener a tu familia, planificar unas vacaciones. Hoy en día trabajo 12 horas para juntar lo justo y necesario. A veces ni eso. La calle está repleta de autos de aplicaciones que no pagan los mismos impuestos, no tienen la misma verificación técnica ni el seguro profesional que nos exigen a nosotros. Es una competencia desleal y nadie nos defiende.
Se podría decir que la cuestión económica es el frente más duro de esta batalla. Miguel Cejas es otro chofer con más de 15 años de experiencia que alquila su auto, manifiesta que los costos de mantención se volvieron asfixiantes. Por un lado, el aumento del GNC, el precio de los repuestos que en su mayoría están dolarizados y el valor del alquiler de la unidad, conforman una “tormenta perfecta”. Asegura que esta situación lo obliga a trabajar más allá de los límites de la salud y la seguridad, solo para poder completar los gastos del día y que le quede algo de ganancia al terminar la jornada.
El fin de un modelo de negocios
Esta crisis no afecta solamente a los conductores que son independientes. Susana fue dueña por dos décadas de una flota de 15 taxis y es el fiel reflejo de un verdadero cambio de paradigma. Hoy por hoy, no le queda ni un solo auto con licencia.
-¿Por qué dejaste el negocio de los taxis? -Porque era insostenible. El negocio de alquilar taxi murió. Los choferes no llegaban a juntar para el alquiler y los gastos del auto. Lamentablemente, tuve que vender las licencias a pérdida y pensar en otra cosa.
-¿Qué hacés ahora? -Alquilo autos particulares a conductores de aplicaciones. Es otro mundo que está menos regulado y por eso es más flexible. Si te soy sincera no me gusta. Yo crecí con el taxi, pero el mercado manda.
La carga de la regulación
En el epicentro de este conflicto está el marco regulatorio. Mientras los taxis tienen que cumplir obligatoriamente con el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley 2.148), las aplicaciones como Uber, DiDi, In Driver operan en un limbo, una zona gris.
Esta irrupción generó un desequilibrio estructural. Según Marcelo Boeri, Presidente de Taxistas Unidos, de los 28 mil taxis que circulaban en Buenos Aires hasta 2016, solo 8 mil licencias se encuentran activas hasta el año 2024. Todo esto se traduce en una falta de vehículos que es notable y una recaudación que es baja para los conductores. Ante esta situación, el sector de peones de taxis reclama al Gobierno de la Ciudad que “se garanticen los derechos laborales y el marco legal existente”.
Pero, siempre hay dos caras de una moneda y del otro lado están los usuarios que parecen haberse olvidado del taxi, principalmente los más jóvenes que todo lo hacen desde su smartphone. Pedir un auto desde el celular es más cómodo, conocer el precio del viaje con anticipación, poder pagar con medios digitales y en muchos casos movilizarse en automóviles más modernos, son factores determinantes. Este cambio en los hábitos de consumo impulsado principalmente por la digitalización de la vida cotidiana, es un gran desafío para los taxistas que comenzaron a tomar iniciativas.
La creación de la aplicación BA Taxi intenta competir, pero lo cierto es que los usuarios continúan eligiendo el resto de las apps de movilidad. Así se refleja en la tienda Google Play, donde la aplicación porteña apenas supera las 100 mil descargas. Cabify tiene más de 10 millones, Uber más de 500 millones y DiDi alrededor de 100 mil.
El futuro de un símbolo icónico, como lo es el taxi, es incierto. Lo que el sector está atravesando no es solo una crisis, parece un callejón sin salida para un oficio que es parte del ADN de Buenos Aires. Su supervivencia no dependerá solamente de la resistencia de hombres como Jorge, Miguel o mujeres como Susana, sino de una potente reconversión que logre poner en equilibrio lo tradicional con la innovación y, fundamentalmente, le dé un marco regulatorio que permita dejar las reglas de juego bien claras y justas para todos los que se disputan, día tras día, los pasajeros de la ciudad.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
Una silla, un cuaderno, un lugar para existir. En un contexto de fuerte defensa de la educación pública y las universidades, el Ministerio de Seguridad intentó avanzar con una resolución que prohíbe los centros de estudiantes en las cárceles. La medida pone en jaque una de las pocas herramientas capaces de transformar realidades y construir ciudadanía.
Más del 70% de las personas privadas de su libertad no finalizaron sus estudios, según datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP); y los centros de estudiantes funcionan como aulas colectivas que sostienen trayectorias educativas y vínculos comunitarios. Son espacios autogestivos que nacen desde la organización de los propios estudiantes para poder ejercer su derecho y obligación a estudiar.
“El centro de estudiantes era el único espacio donde de verdad se podía estudiar. En el pabellón no tenés silencio, no tenés luz, no tenés ni mesa. Y si lo tenés, viene un servicio y te la saca. Ahí nos organizábamos, compartíamos apuntes, hablábamos con los profes; es donde te posicionás como estudiante”, dice Abel Díaz que terminó el secundario en la Unidad Penitenciaria para varones de Santiago del Estero.
Allí estudió sociología en el Centro Universitario San Martín (CUSAM) durante su último traslado a la Unidad 48 de San Martín y hoy es docente de comisión de FinEs (Programa de Finalidad de Estudios Secundarios para adultos) que funciona en el Patronato de Liberados de Vicente López.
El Patronato de Liberados, institución que acompaña a personas que atravesaron conflictos con la Ley Penal, estima que el 75% de la población asistida no tiene estudios completos, y que un 15% es analfabeto. En articulación con la Dirección de Educación Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores impulsan y estimulan la creación de espacios educativos con una convicción clara: la educación reduce la reincidencia.
En la comisión de FinEs funcionando en Patronato de Vicente López conviven estudiantes con arresto domiciliario, personas con problemas de salud mental, personas en situación de calle y adultos mayores. Varones y mujeres que vuelven a sentarse en un aula después de años.
“Muchos vienen más por la contención que por el título. Es el único lugar donde alguien les pregunta cómo están, si comieron, si entendieron el texto”, explica Abel. Los centros de estudiantes, en ese sentido, no son solo estructuras políticas: son aulas vivas donde se juega el derecho a imaginar otro futuro.
Muchos estudiantes del FinEs que cursan en el Patronato recuerdan que dentro del penal, anotarse para estudiar era, al principio, una excusa para salir del pabellón. “Pero no siempre te dejaban. Dependía de cómo se levantaba el cana”, cuenta uno de ellos, Juan, que pasó más de 11 años detenido entre traslado y traslado. Desde el programa de UBA XXII que funciona en la Unidad Penitenciaria de Devoto informan que, de 40 inscriptos, solamente bajan ocho. Las consecuencias concretas de estas decisiones son aulas vacías, talleres cerrados y menos alumnos.
Juan también recuerda que si la salida se otorgaba, estudiar en la celda era casi imposible. “No hay mesa, no hay silencio. Y en los lugares de todos, siempre había algún cobani haciendo bardo”, lamenta. En ese marco, los centros de estudiantes funcionan como trinchera y como aula: una mesa, un libro, una charla.
Son necesarios porque, además de la función social, son el único espacio donde quienes de verdad están interesados en estudiar pueden ejercer su derecho con calidad, al menos con la calidad que permite estudiar en un penal. Los centros de estudiantes dentro del penal funcionan mucho más que como un centro de articulación con las universidades. Son un espacio que acompaña a todas las trayectorias educativas, y donde quienes lo conforman se encargan de ayudar a sostener lo recorrido.
El barrio también puede educar
Fuera del penal, la educación popular sigue. En José León Suárez, territorio marcado por el camino del Buen Ayre, donde se elevan el predio del CEAMSE y el predio de Unidades Penitenciarias más grande del Partido de San Martín.
Yanina “Yeni” Benítez terminó el secundario en el FinEs de la Biblioteca Popular La Carcova. Ahí notó que muchas compañeras faltaban a clases por no tener con quién dejar a sus hijos, o que al ir a estudiar con ellos no terminaban de sentirse cómodas porque las tareas de cuidado seguían en el espacio donde debían estudiar.
Yeni entonces decidió tomar acción junto a otras compañeras de la Biblioteca. Improvisaron un espacio de infancias al lado de las aulas. Esa experiencia, que comenzó con juegos y meriendas, creció hasta convertirse en el Espacio de Primera Infancia (EPI) “Todo a su tiempo” que asegura el aprendizaje de 35 niños y niñas del barrio, conteniendo también a sus familias.
Las mujeres que sostuvieron ese espacio se fueron profesionalizando y hoy Yeni está recibida de Técnica en Socialización y Desarrollo en Primera Infancia por la UNSAM. Su mamá, Blasida “Doña Nena” Cubilla fue la que empezó el recorrido para finalizar el secundario en el FinEs. La convenció un profe de historia que la veía motivando pibes en la esquina.
Se animó, se entusiasmó y terminó el secundario a los 69 años, realizando maquetas con los mismos pibes a los que convencía para estudiar, a pesar de la diferencia de edad entre ellos. Es así que se forma una red educativa que trasciende los títulos, se teje una red que se sostiene por los agentes territoriales que están decididos a mejorar su contexto.
La educación popular se mete entonces en esos espacios donde la fuerza de voluntad está presente y el Estado no llega a dar respuesta. Hoy en día, estos espacios que nacen impulsados por experiencias en espacios de contexto de encierro motivan y son referentes para nuevas historias, mostrando otras oportunidades y realidades, nuevas formas de narrarse.
“Veo mi cambio y no lo puedo creer. Yo era una piba de la esquina, era ese mi lugar en ese momento”, comenta Yeni y sigue: “Veo que fui a la universidad, que tengo a cargo mío 30 pibes y no lo puedo creer todavía”.
Madres y vecinas destacan que el EPI no solo cuida: permite organizar el día, poder trabajar y estudiar. En ese tejido, donde se aprende a leer y a pensar, también se aprende a desear. Cerrar los centros de estudiantes es intentar romper ese entramado. Pero como muestran estas historias, los saberes que nacen del barro siempre encuentran forma de volver a brotar.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
Soñar con conocer el mar, caminar por calles antiguas o contemplar montañas lejanas es un deseo universal. Viajar es, para muchos, una forma de libertad. Sin embargo, para millones de personas con discapacidad ese derecho sigue estando limitado por barreras físicas, comunicacionales y sociales que, en pleno siglo XXI, aún no han sido superadas.
Hay una necesidad urgente de visibilizar cómo la falta de accesibilidad en el turismo excluye a una gran parte de la población mundial. Mientras el sector avanza con innovaciones tecnológicas, destinos de lujo y experiencias personalizadas, hay quienes siguen preguntándose si podrán subir al bus, acceder a una habitación de hotel o simplemente entrar a un baño público.
Hablar de turismo accesible no es solo hablar de rampas y ascensores. Es hablar de dignidad, de empatía y de un diseño que piense en todos. El lado menos visible del turismo es ese que deja afuera a quienes se movilizan en silla de ruedas, a quienes no pueden ver o escuchar, a quienes necesitan entornos comprensibles y amables.
Viajar no debería ser un privilegio, sino un derecho. Un derecho que se hace realidad cuando entendemos que la inclusión no es una opción: es una responsabilidad compartida.
Un ejemplo de esto es la Champa Bike. Es una innovadora silla adaptada diseñada por Alejandro Piccione junto a Alejandro López que permite a personas con movilidad reducida disfrutar de actividades al aire libre, como trekking y senderismo, en terrenos agrestes como montañas, ríos y playas.
Es una especie de carrito con un sillón reforzado, tapizado para exteriores, posabrazos plegables y posapies ajustables. Cuenta con una rueda central de llanta reforzada, suspensión hidráulica para adaptarse al terreno y manijas delanteras y traseras que permiten que dos o más personas la maniobren. Incluye hasta una barra antivuelco para mayor seguridad.
Su desarrollo comenzó con una silla anfibia para cruzar ríos en la provincia de Córdoba basándose en el modelo francés “Joelette”, pero mejorado para que se adapte al entorno local. Su nombre rinde homenaje al cerro Champaquí de 2.790 metros en esa provincia donde se realizó la primera prueba exitosa del prototipo.
“Nuestra silla Champa para realizar trekking adaptado tiene la altura necesaria para hacer la transferencia desde el lado derecho como también del lado izquierdo”, explicó López en una entrevista para el diario La Nación. Además, sostuvo que se necesita capacitación y empatía para brindar un servicio acorde a las necesidades y que los recursos humanos son fundamentales para brindar una experiencia satisfactoria.
Estas sillas tipo monociclo adaptadas para senderos se utilizan actualmente en numerosos Parques Nacionales de Argentina, como parte del programa de Turismo Accesible de la Administración de Parques Nacionales (APN) en lugares como Monte León y Los Glaciares (Santa Cruz), Nahuel Huapi (Rio Negro/Neuquén), Los Alerces y Lago Puelo (Chubut), Lenin (Neuquén), Tierra del Fuego (Tierra del Fuego), El Palmar y Pre Delta (Entre Ríos),Talampaya (La Rioja), Ciervo de los Pantanos (Buenos Aires), Iguazú (Misiones) y Sierra de las Quijadas (San Luis). Según declaraciones al diario La Nación en 2021, la APN adquirió 24 sillas de ruedas adaptadas para senderismo en zonas agrestes con una inversión de $7.200.000.
Guías de turismo de diferentes parques nacionales confirmaron que, por ejemplo, en Tierra del Fuego hay Champa pero al no haberse elaborado el manual de uso no se utilizan. “Están juntando mugre”, dice Camila. Gisela, por su parte, cuenta que “las vio” en Parque Nacional Iguazú aunque, por la foto, parece más una silla tradicional con las ruedas más grandes. Alejandra confirma que hay una en el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos; Soledad afirma lo mismo sobre el Parque Nacional Quebrada del Condorito. Y, Verónica de Chubut, también: “En Los Alerces hay una pero creo que la gente no sabe que está disponible”. Por su parte, Laura dice que en el PN Palmar hay y se deben solicitar 24 horas antes.
En este marco, los avances se concentran en las grandes ciudades o polos turísticos como Bariloche, Mar del Plata, Puerto Madryn. Sin embargo, aún hay muchas barreras físicas y comunicaciones en hoteles, senderos turísticos, playas, museos, restaurantes y transporte público y turístico.
Marco legal en Argentina sobre el turismo accesible
Argentina ha venido desarrollando un marco legal y algunas iniciativas destacadas en turismo accesible, pero aún quedan retos importantes en su aplicación real, cobertura nacional y concientización del sector privado. Faltaría transformar las directrices en políticas obligatorias, capacitar al personal turístico y fomentar la inversión en infraestructura inclusiva.
La legislación en este ámbito tiene como objetivo garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al ocio, la cultura y el turismo en igualdad de condiciones que los demás.
Nuestro país cuenta con leyes que respaldan el derecho a acceder al turismo en igualdad de condiciones:
Ley 24.314 (1994): establece normas de accesibilidad para personas con movilidad reducida en el espacio físico.
Ley 25.643 (2002): promueve el turismo accesible, especialmente en hoteles, alojamientos y servicios turísticos.
Ley 26.378 (2008): ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU, incluyendo el derecho a la accesibilidad y al ocio.
Ley 22.431: proporciona beneficios impositivos a empresas que promuevan la inclusión laboral y la accesibilidad.
A su vez, hay legislaciones en América Latina y Europa para personas con discapacidad y su accesibilidad:
España: es uno de los países más avanzados en legislación sobre accesibilidad. La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Real Decreto Legislativo 1/2013) incluye la accesibilidad universal como principio básico. Además, existen normativas técnicas como el Código Técnico de la Edificación que obligan a garantizar la accesibilidad en edificios públicos y establecimientos turísticos. Las comunidades autónomas también desarrollan leyes específicas y planes de turismo accesible.
México: la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece la obligación de garantizar la accesibilidad en espacios públicos incluyendo instalaciones turísticas. La Norma Oficial Mexicana NOM-005-TUR-1998 regula los requisitos que deben cumplir los prestadores de servicios turísticos, incluyendo aspectos de accesibilidad.
Colombia: la Ley 1346 de 2009, que ratifica la CDPD, y la Ley 361 de 1997, establecen la obligación del Estado de garantizar accesibilidad. También existen programas dentro del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para promover destinos accesibles.
A pesar de los avances legales, en muchos países el principal problema es la falta deimplementación y supervisión. Muchas leyes son declarativas y no se traducen en acciones prácticas. Asimismo, hay una carencia de formación en accesibilidad en el sector turístico y deficiencias en la armonización normativa entre distintos niveles de gobierno.
Carolina Mazzocchi es Guía Nacional y Técnica de Turismo, recibida en la Universidad de Morón y persona con discapacidad motriz. Además, es referente en el ámbito del turismo porque es una profesional del área y conoce la problemática en primera persona: “Las personas con discapacidad tenemos el derecho a la participación en equidad de condiciones a las actividades de ocio, cultura, turismo”.
Ella no coincide con la definición de “turismo accesible”, porque no es un tipo de turismo. De acuerdo a su punto de vista se debe hablar de “turismo y accesibilidad”, ya que ella no va a un destino solo porque es accesible, sino que su enfoque debe ser la motivación.
Mazzocchi sostiene que todas las personas que estudien y/o trabajen en turismo deberían capacitarse en este tema; y comparte algunas instituciones que facilitan capacitaciones sobre el tema tales como laUniversidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de Avellaneda, y en la Municipalidad de la Costa.
Ahora Calafate entrevistó a Daniela Aza, licenciada en Comunicación y referente en discapacidad e influencer, quien nació con Artrogriposis Múltiple Congénita, una enfermedad poco frecuente y que ella y su familia pudieron afrontarla con mucha fuerza y salir adelante. Desde su lugar como creadora de contenidos para visibilizar las problemáticas y necesidades de las personas con discapacidad compartió: “Las vacaciones suelen ser un momento de disfrute y descanso. Sin embargo, a la hora de pensar y planificarlas son muchas las barreras que enfrentamos las personas con discapacidad que impiden nuestra participación plena en estos ámbitos”.
Aza sostiene que en los últimos años se notaron avances al respecto como son las playas más accesibles con apoyos e infraestructuras adaptadas, pero que un turismo “verdaderamente inclusivo” todavía sigue siendo un desafío e ir de viaje implica una odisea para muchas personas con discapacidad.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
