En una entrevista con ETERDigital, el periodista e investigador Carlos Del Frade se zambulle en la estafa perpetrada por la cerealera, con complicidad del Estado, y desmenuza cómo funcionan desde hace años los circuitos de lavado, vaciamiento y fuga de dinero en el país.
“Así como el escándalo de las carnes reflejó la década infame, el escándalo de Vicentin sintetiza al macrismo. Por la fuga de dinero y por la subordinación de lo productivo ante la financiarización de la economía”, sentenció Carlos Del Frade, periodista, escritor y político argentino, y diputado provincial de Santa Fe por el Frente Social y Popular (FSP).
En su último libro, Vicentin: Desaparecedores y fugadores, el investigador se sumergió en la historia de la compañía agroexportadora, caída en default en diciembre de 2019, y denunció la estafa perpetrada contra el pueblo argentino, con complicidad del Estado.
“Una de las cinco causas penales que se están desarrollando en torno al tema de Vicentin demuestra que entre agosto de 2019 y enero del 2020 la empresa fugó 791 millones de dólares, entre 1.418 transferencias bancarias que hacen ocho directivos de Vicentin con la complicidad de 19 funcionarios del Banco Central y del Banco Nación. Esa filosofía del casino se quiso instalar tres veces en Argentina: primero con el terrorismo de estado, después durante el menemato y luego durante el macrismo. Eso hay que desandar y Vicentin refleja esa síntesis”, aseguró Del Frade durante una entrevista con Eter Digital.
—En tu libro mencionás que el gran capital argentino necesita un “Estado bobo y cómplice” para pagar estas fiestas particulares. ¿Qué medidas habría que tomar para revertir esta costumbre de una vez y para siempre?
—Hay que democratizar la democracia, esta es una consigna filosófica básica. Esto implica hacer inteligente y transparente al Estado. Dejar de lado el achicamiento del Estado que beneficia a grupos empresariales y darle participación a la ciudadanía. En el caso de Vicentin, me parece fundamental generar, una vez más, la convocatoria inicial que había hecho el presidente Alberto Fernández. Que todas las fuerzas políticas discutan en el Congreso el futuro de Vicentin, que claramente es una empresa estratégica. Es una empresa que hace al bien público de los argentinos y por lo tanto está sujeta a expropiación. Vicentin le debe 300 millones de dólares al Banco Nación. Abrir el debate por la expropiación es lo más democrático que puede pasar, y constituir una empresa pública, con mayoría de las acciones en propiedad del Estado nacional. También sería fundamental recuperar esos 791 millones de dólares que fueron fugados y están en guaridas fiscales.
—¿Por qué Vicentin es una empresa estratégica para la economía Argentina?
—En primer lugar, porque Vicentin en 2018 se constituyó en la primera empresa exportadora de granos de la Argentina, porque la comercialización de granos sigue siendo la principal arteria que alimenta el corazón de la economía en nuestro país. La mayor cantidad de ingresos viene de la exportación de cereales, y la mayor exportadora de cereales, hasta 2018, era Vicentin. Por eso es absolutamente estratégico que responda a intereses nacionales, a la soberanía económica nacional.
—¿Y qué pasa hoy con eso que se exporta?
—Lo que está sucediendo es que la mayoría de la riqueza que sale de la exportación de cereales se va, queda extranjerizada. Ese es el problema de fondo que existe sobre la discusión de lo que pasa con el Paraná. Porque el dragado, balizamiento y peaje por el Paraná, en realidad, encubre la discusión sobre de quién es el río Paraná y de quiénes son las riquezas que salen por el Río Paraná. Aquí hablamos de Vicentin, pero también hay que dar la discusión acerca de que las exportaciones le queden mayoritariamente al pueblo argentino. Porque si no la ecuación es horrible, se fugan miles de millones de dólares y nos quedan 19 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza.
—¿Cómo se relaciona este proceso con el problema de los puertos en Argentina?
—La Ley de inversiones extranjeras permite que los cargamentos y los buques que circulan por los ríos argentinos no sean controlados por nadie. Por eso en febrero de 2021 salieron 16 toneladas de cocaína desde el Paraná hasta Europa. En Santa Fe tenemos 38 puertos y 5 aduanas. Nadie controla lo que entra, nadie controla lo que se va. Por eso se han detectado cargamentos no solamente de cocaína, sino también de armas que vienen de Estados Unidos y de Alemania, que se ensamblan en Rosario y después van a parar nada más y nada menos que a los carteles narcos de San Pablo, Río de Janeiro u otros lugares del mundo. Eso es impactante. A través de un decreto de (Mauricio) Macri, a partir de 2016, se liberaron los procesos de embarcación del control de Senasa, tanto para la importación como para la exportación. Lo controlan las propias empresas que además son inquilinas, porque el verdadero propietario del puerto y del río Paraná es el pueblo argentino. Por eso es tan importante dejar de lado el Estado bobo, que dice controlar pero que en realidad pone el sello a lo que dicen las declaraciones juradas de las multinacionales.
Las cinco causas penales que involucran a Vicentin actualmente siguen en curso. Cada uno de los procesos está enfocado en investigar al directorio que fugó el dinero. Paralelamente, continúa el concurso productivo de acreedores que si no termina en septiembre se corre el riesgo de que la empresa se declare en quiebra y nadie cobre un peso. “Esa sería la consagración de la estafa planificada”, aclara Del Frade.
—¿Cómo explicás el proceso de fuga de capitales en Argentina?
—La fuga de capitales en Argentina se relaciona con las 500 leyes que desde la dictadura siguen vigentes. Una de las que permite la fuga de capitales es la Ley de Sociedades y la Ley de Quiebras. Vienen de la dictadura de (Alejandro Agustín) Lanusse y fueron ratificadas por la dictadura de (Jorge Rafael) Videla y apenas modificadas en 38 años de democracia. Lo que generan es que nunca se corra el velo societario. De este modo, en el proceso preventivo de acreedores de Vicentin aparece solamente una empresa del grupo, Vicentin Saic, que fue la vaciada. Cuando en realidad son 36 empresas que componen el grupo, y ellas no son investigadas por la vigencia de esa Ley que permite el encubrimiento de la fuga de capitales. Porque todo el dinero que sale de Vicentin, no sale por Vicentin Saic, sale por la empresa que Vicentin armó en Uruguay que se llama Vicentin Family Group. Otro ejemplo es la Ley de entidades financieras que desde febrero de 1977 dice que el dinero que el pueblo pone en los bancos es de los bancos, y eso es calamitoso, tal como se manifestó en 2001. Las empresas inventan empresas que sólo existen como sellos, en la realidad virtual. Así empieza el lavado de dinero y la fuga de capitales. Hay que hacer que esas leyes se actualicen en relación a la democracia. Y la democracia supone el interés de las mayorías, no salvaguardar el interés de las minorías empresarias.
—¿Cómo explicás la relación entre tierras, puertos y bancos a partir del caso Vicentin?
—La dictadura de (Juan Carlos) Onganía le da a Vicentin la propiedad de las tierras donde se siembra y crece el algodón, en el norte profundo de Santa Fe. El primer gran negocio de Vicentin es la desmotadora de algodón. No ha sido discutido el problema de la tierra en Argentina desde (José Gervasio) Artigas hasta hoy. Es uno de los temas que le dio el poder a Vicentin. Más adelante, la empresa toma su primer puerto durante el terrorismo de estado, en 1979. Colaboró con el secuestro de 22 trabajadores, 14 de ellos delegados sindicales. La dictadura le permite quedarse con un puerto que era, hasta ese momento, de una empresa inglesa en la ciudad histórica de Santa Lucía. Así da un salto cualitativo, empieza a hacer de una desmotadora de algodón a exportadora, se mete en el exclusivo negocio de la comercialización de granos. En relación a los bancos, hay que preguntarse por qué el Banco Nación y el Central pueden ser cómplices de una empresa para lavar dinero y para fugar capitales, porque la Ley de entidades financieras vigente desde la dictadura sigue poniendo el interés de los bancos por encima del interés de la población.
—¿Cómo se da ese proceso de vaciamiento de la empresa?
—Vicentin lo que va construyendo, especialmente a partir de 2004 y se profundiza durante el 2008, es la creación de empresas en distintos lugares del mundo. Llega a crear empresas offshore en Panamá, en las Islas Vírgenes, en Europa, en Paraguay, en Uruguay, y va sacando de allí las acciones de las primeras empresas. Entonces, Vicentin Saic, la primera, empieza a ser chupada desde adentro y se lleva las acciones y los bienes a otros lugares. Por lo tanto, se vacía, entra en concurso y demuestra que no puede pagar absolutamente nada porque no le queda nada. Hoy 1700 productores están endeudados por Vicentin.
Carlos Del Frade hace una pausa y reflexiona, como si estuviera en una asamblea legislativa o en un barrio popular de Santa Fe conversando con sus vecinos: “El Gobierno nacional tiene que recuperar Vicentin. Tiene que formar parte de una estrategia de recuperación de las riquezas argentinas. De una estrategia de consolidación del interés argentino en el comercio exterior de granos, si no estamos regalando mucho. La Argentina hoy es una semi colonia. Tiene bandera, himno, elegimos gobernante, elegimos autoridades legislativas pero la riqueza es de cualquiera menos de los argentinos. Somos una semi colonia. Hay que recuperar el Paraná, la cuenca del Plata y el mar argentino para los argentinos”.
—Si tuvieras que plantear cinco propuestas para recuperar la soberanía nacional, ¿cuáles serían?
—En primer lugar, la decisión política de que la mayor parte de la riqueza argentina se quede en el pueblo argentino. No puede haber ningún contrato en Argentina que no le quede mínimamente el 51%. Hoy estamos en un 20%, a veces en un 12% y a veces en un 3% de los contratos que tienen que ver con la minería, por ejemplo, donde el Estado solamente recupera el 3% de lo que se llevan, cuando somos los dueños de la tierra y de los minerales. Eso es básico, recuperar la riqueza en primer lugar. Segundo, control de un Estado que deje de ser bobo y cómplice para ser inteligente y transparente. Tercero, administración de todo lo que tiene que ver con los bienes comunes. Cuarto, planificación de la economía. Hay que planificar qué exportamos, qué importamos. Cuándo lo hacemos y cuándo no lo hacemos. Y, por último, la decisión de recuperar y custodiar los bienes comunes. Porque así como el consenso de Washington ordenaba en el ‘89 privatizar todo, ahora existe un nuevo proyecto que se llama IRSA (Inversiones Regionales para Sur América), promocionado por el Banco Mundial, que viene directamente por el agua subterránea. Esos son cinco puntos que tienen que ver con recuperar soberanía económica. Que la mayor parte de la riqueza le quede al pueblo argentino, para después lograr soberanía política, igualdad social y soberanía ambiental.
—En tu libro mencionás a cinco familias argentinas que tienen una riqueza de 560 millones de dólares, Vicentin, Buyatti, Padoán, Nardelli, Boschi. ¿Cómo explicas este proceso de concentración de la riqueza?
—No se cortó nunca la concentración de riqueza en pocas manos y la apropiación, incluso, individual de esa riqueza que sale del producto del trabajo. En realidad la riqueza no es un contacto directo con un dios metafísico sino que es la apropiación del trabajo acumulado de distintas generaciones argentinas. El proceso de concentración de riquezas, de extranjerización de riquezas en Argentina no tuvo corte. No hay democracia económica, sigue siendo un mandato inconcluso desde la Revolución de Mayo. Cuando Moreno y Belgrano escriben el “Plan de Operaciones”, en la plataforma política de la Revolución de Mayo ellos dicen que ‘el objetivo de la revolución es la felicidad del pueblo’, una frase simple, chiquita, profunda. La política y la revolución tienen que hacer feliz a la gente. Y para hacer felíz a la gente, dicen Moreno y Belgrano, hay que descontentar a las minorías que concentran riquezas que funcionan como el agua estancada que pudren todos los demás sectores de la vida.
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