Hace seis meses, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial quedó con 258 empleados menos, despedidos sin causa. Los “ajustes” en el organismo que certifica la mayoría de los productos industriales y tecnológicos afectan directamente al desarrollo del país. Por qué desarmar este instituto es un retroceso inconmensurable para la industria nacional.
Por Nerea Velázquez
El 26 de enero de este año, 258 empleados del INTI se enteraron, mediante una lista informal y sin notificación legal de por medio, que habían sido despedidos. Desde ese entonces, y hasta hoy, acampan en la entrada del Instituto y realizan movilizaciones en el Congreso de la Nación y en el Ministerio de Hacienda, exigiendo la restitución a sus puestos de trabajo.
El INTI es un organismo de ciencia y tecnología que depende del Ministerio de Producción. En él se realizan piezas de satélites, sensores para detectar toxinas o alérgenos en comidas, pegamentos a base de proteínas de la leche o envases más seguros para alimentos, entre otros miles de procedimientos. Pero esta institución, sobre todo, se encarga de las certificaciones de la mayoría de los productos industriales y tecnológicos del país.
Micaela Rivero es una de las despedidas. Su función fue, durante once años, la certificación de pilas y baterías. “Todas las pilas y baterías que ingresaban al país obligatoriamente tenían que pasar por el INTI, las certificaba yo y recién después de ese proceso podían ingresar”, cuenta. Ella obtuvo su puesto a base de esfuerzo y de cursos y capacitaciones que tomó en el predio, herramientas para los empleados que se dejaron de brindar los últimos años.
Javier Ibáñez fue funcionario del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires durante la gestión anterior de Horacio Rodríguez Larreta y asumió la presidencia del INTI en diciembre de 2015, luego del triunfo de Cambiemos en las elecciones presidenciales del país. “Previo a esto, en la última etapa del gobierno kirchnerista, empezamos a sentir un abandono por parte del Estado. Hubo falta de infraestructura, de capacitación, de dinero para insumos. Nosotros, con la Agrupación Naranja, de la cual formo parte, veníamos denunciando este vaciamiento. Cuando Ibáñez tomó la presidencia, las maniobras de reestructuración se vieron desde un principio, y culminaron con la estocada final de estos 258 despidos sin causa”, advierte Rivero.
Los motivos que las autoridades adujeron en la lista que le llegó al gerente de Recursos Humanos con los nombres de los despedidos, fueron: ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales e implementar un nuevo orden en la institución. Además, dijeron que durante los últimos años del gobierno anterior, este y otros organismos estatales se llenaron de personal innecesario. Sin embargo, la bandera que colgaron los despedidos en enero, y que allí se mantiene, en las puertas de entrada ubicada en la colectora de la General Paz en el partido de Gral. San Martín, dice: “En el INTI no sobra nadie”. La mayoría de los ex empleados contaba con un promedio de entre 15 y 20 años de antigüedad. Por otro parte, un relevamiento que hicieron arrojó que un 99% no reprobó nunca un informe anual, y el 68% cobró el adicional por presentismo.
La cantidad de empleados del INTI rodeaba los 3100 y casi el 10% de su planta fue despedida sin causa ese viernes. Después de conocerse el listado, los directores técnicos y científicos firmaron una carta en la que rechazaron fuertemente las bajas. Un jefe y gerente de uno de los sectores más importantes fue destituido de sus cargos luego de que las autoridades le solicitaran -cuando estaban preparando la lista a fines del 2017- los nombres de los empleados de su sector a los que había que despedir. “Yo me negué, y me sacaron el puesto de jefe y gerente del área. Pero para mí fue más importante poder volver a mi casa tranquilo, mirar a mis dos hijas a los ojos y sentir que había hecho las cosas bien”, dice el ingeniero, que trabaja allí desde hace 25 años y que ahora ocupa un cargo de menor rango. Además, asegura que: “Una institución de tal envergadura difícilmente pueda seguir desarrollando sus actividades con normalidad sin esa cantidad de empleados. Los procedimientos que aquí se realizan representan al brazo tecnológico que hace que la industria pueda desarrollarse. Desde las pymes hasta las grandes empresas. Desarmar y ajustar un instituto como es el INTI es un retroceso inconmensurable para la industria del país”.
La gran mayoría de las 258 personas eran activistas gremiales, como Josefina García, una maestra y delegada de la Agrupación Naranja que trabajó durante quince años en el jardín maternal, que funciona desde hace 40 dentro del predio sólo para los hijos de los empleados. “Del jardín nos despidieron a tres personas, pero lo más doloroso de todo, fueron los 29 nenes que se quedaron sin la posibilidad de acceder a la escolaridad este año producto de las bajas de sus padres”, dice. “Si bien todos los despidos duelen, eso fue el ataque más cruel, más atroz”, agrega.
Pasados los 47 días que duró el acampe, decidieron levantarlo para tener un gesto con las autoridades que habían intentado resolver la situación en una mesa de negociación, pero los resultados no fueron los esperados. Desde entonces, siguen realizando acampes en la entrada una vez por semana durante 72 o 96 horas, y movilizándose a donde haya que ir “para seguir visibilizando nuestra lucha”, aclara García, cuya situación actual es diferente. Ella, junto a otros 32 delegados del INTI, presentaron una medida cautelar por la que la Justicia falló a su favor y consiguieron ser reincorporados a sus puestos de trabajo. Sin embargo, siguen buscando la solución para todos los despedidos mediante asambleas y más pedidos de mesas de negociación. A pesar de que la restituyeron provisoriamente, la maestra sigue presente en el reclamo: “Lo que más deseo es poder conseguir las reincorporaciones, pero también que los 29 nenes vuelvan al jardín, sobre todo. Es lo más importante para mí. Después veré, llegado el momento, cómo sigue mi situación. Si esto lleva a que me tenga que ir de nuevo de INTI, me iré, pero peleando por mis compañeros”.
Guillermo Díaz trabajó durante 22 años en el sector de Compras y también fue despedido. Pertenecía al gremio de ATE. Durante los días que duró la toma pacífica, era el encargado de conseguir agua y provisiones para sus compañeros. Para eso, se escapaba por los alambrados de la parte de atrás del predio. “Willy”, como lo conocen todos, tiene cuatro hijos. Tres de ellos fueron al jardín desde los dos hasta los cinco años, y Josefina García fue su maestra. Pero su hija menor tenía sólo dos meses de vida el día que la toma empezó. Su esposa y su mamá iban a visitarlo cuando podían, aunque sólo lograban saludarse y tomar algún mate a través del enrejado. “Yo me escapa por la parte de atrás porque si salías por la entrada principal, después era imposible volver a entrar”, dice Díaz. “Mi mujer, la bebé y mi vieja de 77 años venían a verme cuando podían. Tenían que tomarse un remís porque esos días hacía 40 grados de calor, y eso también era un gasto. Cuando te quedás sin laburo a los 50 años y no tenés nada, hay que pensar cómo gastás cada peso que te queda, y ya no estábamos ni para tomar remises”, cuenta.
Willy es uno de los pocos que abandonó la toma. Aceptó su indemnización -que fue menos de lo que le hubiera correspondido-, viajó a un pueblo de Córdoba -donde tiene familia- y con parte de ese dinero señó un pequeño terreno para empezar una nueva vida allá. “De qué voy a vivir, todavía no lo se, pero, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? Le dediqué al INTI 22 años de mi vida, mi rutina estaba hecha en torno a mi trabajo, me gustaba. Ahora que me arrebataron todo eso, prefiero irme y empezar de nuevo”, concluye.
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