La ley de alquileres que establece que la comisión la paguen los propietarios fue aprobada pero según Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, será difícil de implementar. Pese a esto, el gobierno prevé un techo del 15% de aumento para el salario de 2018 pero se estima que los alquileres aumentaran un 30%. Los inquilinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, son los más perjudicados.
Por Adriana Sandro, Romina Paula Almerich, Florencia Gattario, Marcelo Manzi,Gabriela Gauna y Brenda Radetzki.
Rosario pasó hace más de 5 años la odisea de cumplir con los requisitos de alquiler. Garantía familiar, demostración de ingresos en blanco, meses de ahorros gastados en concepto de depósito, comisión y gastos administrativos. Aun así, a días de firmar su tercera renovación de contrato se encontró con un nuevo panorama. Tras la aprobación de la Ley de Alquileres 2340, según la cual, son los propietarios los únicos que deben abonar la comisión inmobiliaria, que no debe superar el 4,15% del valor total del contrato, el precio del alquiler le aumentó en un porcentaje mayor al coordinado unos meses atrás.
De acuerdo a las cifras publicadas por el Centro de Economía Política (CEPA) De 22,1% de inquilinos que había en 2001, en Capital Federal, se pasó a más de 35% en 2016, lo que representa alrededor de 1 millón de personas alquilando unas 370 mil propiedades. La falta de estabilidad económica y la dificultad de acceder, o de mantener la cuota, de créditos hipotecarios abrieron cada vez más la brecha entre el sueño y la casa propia y empujaron a los inquilinos a una situación de vulnerabilidad que cada vez se hace más grave. Según un relevamiento del sitio especializado Reporte Inmobiliario, en el primer mes del 2017 se publicaron 7244 departamentos en alquiler con valores que oscilan entre los $4500 y los $26 mil para las unidades de dos ambientes en Capital Federal.
Al momento de elegir un hogar donde vivir la búsqueda es larga y pesada y las condiciones varían de acuerdo a la inmobiliaria y al propietario del inmueble. En este contexto surgió Inquilinos Agrupados, una Asociación Civil sin fines de lucro que busca emprender acciones con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda y cuyo primer logro es la aprobación de la Ley de Inquilinos. Gervasio Muñoz, referente de la agrupación, afirmó que este es un importante primer paso, sin embargo advirtió que sin los controles por parte del Gobierno porteño el cumplimiento de la Ley va a ser muy difícil. “Sobre todo por la ambigüedad en cuanto a la entrada en vigencia de la ley y la postura de las inmobiliarias”, expresó.
Por su parte, las inmobiliarias a través del Colegio Único manifestaron su repudio respecto de la reforma y el 25 de septiembre se concentraron frente a la Quinta de Olivos a fines de hacer visible su descontento y lograr que se escuchen sus propuestas. Héctor D´Odorico, presidente de la institución afirmó: “El principal problema es que se ha enfocado el tema desde una óptica incorrecta”, y agregó: “Esta reforma puede derivar en el cierre de muchas inmobiliarias que se dedican exclusivamente a los alquileres. En un momento en que resulta tan sensible todo lo relacionado al mantenimiento de puestos de trabajo”. “Hasta el momento, el inquilino abonaba el 4,15% y el propietario pagaba la mitad o el 4,15% también dependiendo del acuerdo. Como la ley fija que no se puede cobrar más del 4,15%, esto implicará una reducción del 50% de los ingresos de las inmobiliarias. Habrá un traslado al precio locativo, por ejemplo un alquiler de $ 7.000 va a pasar a $ 7.500 porque el propietario va a querer recuperar eso que pagó”, alertó. 
Respecto de lo que propone el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), Héctor D´Odorico repudió la reforma argumentando que: “Un esquema en el cual se tenga en cuenta que las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar los honorarios en función de lo que libremente pacten. Las locaciones dependen del valor de mercado de la propiedad. Cuando se analiza el precio del alquiler del m2 en dólares respecto al resto de la región, los valores de Buenos Aires se encuentran por debajo del promedio de las ciudades de Río de Janeiro, Santiago de Chile, Montevideo, Bogotá, Ciudad de México y Lima. No obstante, como el salario promedio de esas ciudades es sensiblemente inferior al de la Capital Federal, alquilar aquí significa comprometer una parte menor del salario”. De igual modo, Hector D´Odorico afirmó que el Colegio Profesional Inmobiliario se presentará en la Justicia para que se suspenda la aplicación de la ley aprobada el 24 de agosto. “Cada vez que el Estado intervino el mercado las consecuencias fueron nefastas. Todavía estamos a tiempo de frenar este error”, señalaron desde la entidad en una solicitada publicada hace días atrás y donde se pone especial énfasis en el aumento de precios que la aplicación de la ley ocasionará.
“Es evidente que el planteo de que las comisiones inmobiliarias no pueden ser reguladas por una ley local es desesperado y sin ningún tipo de sustento. Además, es contradictorio con el proyecto que los mismos corredores presentaron en la Legislatura hace unos meses para aumentar sus comisiones”, afirmó Gervasio Muñoz, y agregó: “Cuando el Tribunal falle en contra del Colegio en esa causa, sus chances de acudir a la Justicia con el mismo planteo serán mínimas”.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al momento de la presentación de este proyecto de ley había afirmado que se trataba de un paso que apunta a ayudar a la clase media porteña en el acceso al alquiler. “Hay mucha gente en la Ciudad que quisiera poder alquilar pero también hay muchos dueños que tienen sus unidades vacías y quisieran alquilarlas también”.
Si bien la Ley de Alquileres 2.340 establece que, a partir de ahora, serán los propietarios los únicos que abonarán la comisión inmobiliaria, esta no fue la única modificación. La restricción de cobrar al locatario los gastos de gestoría de informes previos a la firma del contrato también quedarán a cargo del propietario del inmueble. Las inmobiliarias están obligadas a incorporar los derechos de los inquilinos a sus páginas Web. Y el Instituto de la Vivienda brindará asistencia legal y gratuita tanto a inquilinos como a propietarios.
Desde Inquilinos Agrupados muestran su preocupación por la falta de regulación por parte del estado y la inexistencia de un parámetro para fijar precios y aseguran que otro factor que favorece el juego de las inmobiliarias es la alta demanda de alquiler y baja de operaciones de compra-venta. “El aumento de precios lo fija el mercado inmobiliario en función de su rentabilidad. Hace tiempo que lo vienen incrementando por encima de cualquier índice de inflación y de salarios”, asegura Muñoz, quien también afirma que luego del anuncio del gobierno nacional, que pretende fijar las subas salariales del 2018 en un 15%, cifra que queda muy por debajo del aumento en los contratos de alquiler que aumentan semestralmente un 15%, es decir, un 32% anual, el inquilino vuelve a quedar en una situación de vulnerabilidad.
Al respecto, el oficialismo mantiene que con la nueva ley, los ciudadanos que no tienen acceso a una vivienda propia podrá hacerlo, sin tanta trabas, como sucedía hasta el momento.
Pero esto no es todo, desde Inquilinos Agrupados aseguraron que el próximo paso es el de las garantías, donde se busca reemplazar el aval de un inmueble por otro sistema que tome a los recibos de sueldo o depósitos bancarios del locatario. Aunque en primera instancia sólo accederán a este sistema los empleados de la administración porteña y, será el organismo en el cual se desempeñe el trabajador el encargado de expedir un certificado, como también de retener el pago del alquiler, si así no lo hicieran.
El nuevo desafío de Inquilinos Agrupados se centra en el proyecto que resolvería la situación de la garantía para alquilar pero que se encuentra frenado en la Cámara de Diputados. Según denunciaron en reiteradas oportunidades, es el diputado Daniel Lipovetzky (PRO), quien lo tiene “cajoneado” tras seis meses de haber sido presentada y tener media sanción por unanimidad en la cámara de senadores. Esta iniciativa establece que el valor de los alquileres sea anual y no semestrales como hasta el momento, extiende la duración del contrato de dos a tres años y limita el depósito en garantía a un mes de alquiler. Además de esta forma seguiría el curso de la economía, mediante un índice promedio entre la inflación y el salario. De esta manera ninguna de las partes resultaría perjudicada.
Pese a que después de tantos años los inquilinos encuentran el amparo en distintas agrupaciones, la realidad muestra que los cambios hasta ahora propuestos solo complican más las cosas para acceder a la vivienda. Desde Inquilinos Agrupados sostienen que la única forma de limitar el abuso de inmobiliarias y propietarios es conociendo los derechos que tiene el locatario, para ello la página de La Defensoría del Pueblo presentó una guía para conocerlos y hacerlos valer.
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