Casi la mitad de los chicos menores de 15 años vive en situación de pobreza. Diferentes organizaciones buscan salidas para que se garanticen sus derechos.
Por Delfina Tremouilleres (@delfitremou)
“La pobreza es un fenómeno multidimensional y lo que se mide -que es solo un porcentaje basado en la plata- en realidad se termina cristalizando en un montón de otras desventajas y de derechos vulnerados”. Malena Acuña es analista del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y tras el análisis de un informe del INDEC observaron que el 45,8% de los niños menores de 15 años vive en situación de pobreza.
Las estadísticas también indican que la pobreza en general es del 30,3% y, entre los 30 y los 64 años, del 25,8%: esto muestra que, respecto de los adultos, la cantidad porcentual de niños que sufren pobreza es casi el doble. Para explicar por qué se produce esta brecha, Acuña señala: “Por un lado uno tiene hijos y eso hace que disminuya la plata por persona que tiene la familia ganando lo mismo. Y por otro lado también lo que sucede es que los distintos patrones reproductivos de las familias determinan que los hogares con niños suelan ser los más pobres. Cuando uno ve los números se observa que en sectores de nivel socioeconómico más bajo las personas tienen hijos a edades más tempranas”.
El Estado usa principalmente tres vías de transferencia para amortiguar el costo de la crianza: las asignaciones familiares, las no contributivas -como la Asignación Universal por Hijo-, y la deducción que realizan los que pagan impuesto a las ganancias por sus hijos. Sin embargo, Acuña entiende que “es un sistema bastante fragmentado porque lo que un niño recibe o deja de recibir termina dependiendo de la condición laboral de sus padres, cuando en realidad el foco debería estar puesto en los derechos de los niños”.
Hay tres derechos que se vulneran aún más para los chicos que se encuentran en situación de pobreza: el derecho a una vida digna, el derecho a ser cuidado por los padres en los primeros meses de vida y el derecho a la educación. Pero Carmen Ryan, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), remarca que “en realidad la pobreza se relaciona con la totalidad de los derechos y ésta afecta el ejercicio de derechos en general”.
Si bien ya hay muchas políticas orientadas a estos temas, no están pensadas de manera transversal. Desde Infancia En Deuda, una campaña compuesta por 11 organizaciones –entre ellas CIPPEC y ACIJ- creen que se necesita un abordaje integral y, para ello, es clave la designación de un Defensor de un Niño, una figura que tendría la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de los derechos de los niños y también de promover la articulación necesaria entre políticas para garantizarlos.
La designación de un Defensor del Niño es una falta que se arrastra desde el 2005, cuando se promulgó la Ley de Protección Integral de la Infancia (26.061), que crea un sistema de protección de los derechos del niño).
“Recién este año, en marzo, en el marco del amparo que iniciaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otras organizaciones que pertenecen a Infancia En Deuda, se dictó una sentencia y la justicia contenciosa administrativa federal exhortó al Congreso para que cumpla con su obligación”, explica Ryan.
El miércoles 31 de mayo se constituyó oficialmente la comisión bicameral que designará al Defensor del Niño, y fueron elegidas como presidenta y vicepresidenta la diputada Carla Carrizo (UCR) y la senadora Norma Durango (Alianza Frente Para la Victoria -Peronismo Pampeano-). Ryan sostiene que desde ACIJ creen que quien sea elegido debe ser “una persona apartidaria y que tenga capacidad de trabajar en los derechos del niño probadamente”.
Además, desde Infancia en Deuda, insisten en la importancia de realizar algunas acciones para prevenir y reducir la pobreza infantil, como la realización de una encuesta nacional nutricional que informe sobre la situación actual de la niñez; la implementación de una política coordinada e integral para cumplir con los derechos de la primera infancia, y la asignación del presupuesto necesario para garantizar las necesidades de niñas, niños y adolescentes de la Argentina.
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