El mercado laboral es cada vez más estrecho. La gestión macrista transformó en un privilegio el poder acceder a un empleo formal. En el caso de las mujeres trans y travestis, esta situación empeoró. A pesar de que el cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires es una realidad, la misma redacción de la ley que lo permite impone restricciones. El último relevamiento oficial indicó que el 88 por ciento de las trans encuestadas nunca había tenido un empleo formal y que más del 70 por ciento tenía como su principal fuente de ingresos a la prostitución. El Centro de Estudiantes del Bachillerato Popular Trans Mocha Celis considera que, para ellxs, “la democracia empezó en 2012” con la aprobación de la Ley de Identidad de Género (26.743). Sin embargo, aseguran, todavía queda camino por recorrer: la campaña “Reconocer es reparar”, que busca aprobar una ley nacional para contemplar a las mujeres trans y travestis que fueron víctimas sistemáticas de violencia institucional, sería uno de los tantos pasos que se tienen que dar, a la par de una legislación que regule el trabajo.
Por Rodrigo Itokazu y Martín Smoje
En el primer artículo de la ley 14.783 de Cupo Laboral Trans se puede leer: “El Sector Público de la Provincia de Buenos Aires, debe ocupar, en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad de su personal, a personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo”. ¿Qué es ser idónex? La Defensoría del Público realizó un relevamiento estadístico de la situación laboral de las mujeres trans en 2015. En ese informe, se detalla que el 88 por ciento de las encuestadas nunca había tenido un empleo formal y, al momento de realizarse el censo, más del 70 por ciento tenía como su principal fuente de ingresos a la prostitución. Para contrarrestar esta situación, el Bachillerato Mocha Celis tiene dentro de su currícula la intención de emprender un proyecto formativo ocupacional, en el que se fomenta a preparar un Currículum Vitae sin que el sector de “experiencia laboral” sea un trauma: ellxs hacen foco en las habilidades y cualidades de cada unx, fortaleciendo las virtudes sin estancarse en el problema del “espacio vacío”.
La Ley de Cupo Laboral Trans bonaerense no especifica la necesidad que acarrea el colectivo a la hora de entenderlxs como personas “idóneas”: en ningún momento se habla de capacitar a lxs trans que quieran comenzar a trabajar para alguna institución del Estado. En el caso de la Ordenanza de Cupo Laboral Trans de la Municipalidad de Rosario (9543), la meritocracia sigue presente. Sin embargo, el artículo 6° inciso C establece que el Ejecutivo tiene la obligación de “efectuar las gestiones necesarias para reconocer y homologar los cursos de capacitación y formación”. La particularidad de este reglamento es que no reserva un porcentaje por sobre el total de lxs trabajadorxs: busca incorporar a cinco personas del colectivo para que trabajen en la Municipalidad.
Existen experiencias autogestivas que intentan sobreponerse a la ausencia de políticas públicas sobre inclusión de las mujeres trans y travestis. Marlene Wayar es una de las fundadoras de la Cooperativa Textil Nadia Echazú, el primer emprendimiento laboral gestionado y administrado por travestis y transexuales, además de ser la directora del periódico travesti El Teje. “Las pocas personas que están en situación laboral no solo demuestran estar a la altura de los varones y mujeres, sino que a veces están en un nivel superior”, explica Wayar.
Cuando se trata de trabajos que son impulsados desde el Estado, la activista trans es crítica al respecto: “En general son puestos mal remunerados y sin posibilidad de crecimiento. Sin formación ni capacitación”.
Para quienes pertenecen al colectivo trans y travesti, muchas veces la prostitución no es una alternativa sino la única opción para poder sobrevivir. Alma Fernández, integrante del equipo del Bachillerato Mocha Celis, habla de violencia institucional, comprendida mucho más allá de los abusos de poder que ejercen las fuerzas de seguridad sobre los cuerpos de las personas trans: “Hablamos de ‘travesticidio social’ cuando niñas de 13 años llegan a Capital Federal para prostituirse como su única alternativa”. Al respecto, el informe de la Defensoría reveló que el 75,7 por ciento de las mujeres trans y travestis se inició en la prostitución antes de cumplir los 19 años.
La edad es un eje fundamental a la hora de considerar los lineamientos para pensar en el cupo laboral trans: en la estadística ya mencionada, el 89,7 por ciento de las mujeres trans y travestis que tenían entre 18 y 29 años obtenían sus principales ingresos por la prostitución. A medida que la edad aumentaba, el porcentaje se reducía. “¡Bajó porque ya somos viejas, mi amor! ¡No nos vamos a comparar con las jovencitas!”, citó un testimonio del informe de la Defensoría.
La prostitución también empeora la situación de vulnerabilidad de este sector de la población, generando que sólo el 1 por ciento del colectivo consiga llegar a los 60 años. El informe ya citado publicó que el 62,5 de las mujeres trans y travestis concurren al médico para realizar un tratamiento por HIV. El Ministerio Público de la Defensa porteño realizó una investigación el año pasado que arrojó que la expectativa de vida en estos casos no llega a los 40 años. A través de esta misma publicación les consultó a las encuestadas que sobreviven por la prostitución si dejarían la actividad en caso de tener un empleo formal: el 87 respondió afirmativamente.
A nivel nacional hay muchos proyectos de ley pero están estancados en el Congreso de la Nación. Con diferentes porcentajes de cupo, capacitaciones y maneras de incentivar y fomentar el trabajo en el colectivo transexual, transgénero y travesti, todavía falta un compromiso con estas iniciativas. A pesar de las diferencias, es destacable que ninguna propuesta legislativa exija como condición excluyente que las personas que busquen un trabajo a través del cupo laboral hayan accedido a los beneficios de la Ley de Identidad de Género.
La ausencia que el Estado ha mantenido desde hace décadas se visibiliza cada vez que el colectivo trans y travesti se hace notar en las calles y en los medios de comunicación. “El Estado está en deuda con la comunidad. Nos han sometido a crímenes de lesa humanidad durante muchísimo tiempo. En democracia han seguido ejerciendo los mismos actos de persecución sistemática y tortura a las que nos tenían acostumbradas la policía federal y provincial”, resume Wayar
“Lo mínimo que pueden hacer -concluye- es equipararlxs con el resto de la sociedad. Darles herramientas de formación y capacitación profesional y tiempo para que se ajusten a los ordenamientos institucionales del trabajo. El cambio de costumbres es muy fuerte”.
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