En el 2020 nació el Colectivo Doble Cambio, integrado por jugadoras, entrenadoras y mujeres miembros de distintos clubes, quienes reclamaban por la profesionalización del vóley femenino. Esto incluía cobertura médica para los equipos, mejoría de salarios, incremento de la difusión del deporte en los medios de comunicación, y generar un ambiente deportivo más igualitario e inclusivo.

Un cambio de ambas partes. Los casos de violencia, acoso y abuso sexual en este deporte crecen día a día con unas cifras imponentes: de 21 jugadoras de vóley encuestadas, 19 sufrieron violencia física, verbal y psicológica por parte de sus entrenadores. Al momento del hecho, 11 de ellas eran menores de edad. Ya es tiempo, y es urgente.

Durante los últimos años salieron a la luz casos como el de Martín Castro, ex DT de Vélez Sarsfield y River Plate. De este último fue desplazado de su cargo una vez se conocieron las denuncias de dos víctimas, quienes tenían 16 y 18 años en el momento de la agresión, mientras jugaban en el club de Liniers con Castro a la cabeza del equipo. A fines del 2024, casi 10 años después del delito y 4 años luego de la denuncia penal, fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado.

En 2023, en el club Villa Elvira ubicado en el municipio de La Plata, denunciaron por violencia a otro entrenador cuyo nombre todavía se desconoce. El DT fue acusado por violencia, amenazas y humillaciones a sus jugadoras, además de tener chats insultando a las mismas, y hasta llegó a la violencia física. Nunca fue imputado y sigue trabajando en el ámbito del deporte, a pesar de haber sido expulsado de tres clubes posteriormente al hecho.

Otro caso que movió las gradas: también en 2023, durante un torneo de vóley en Villa Gesell organizado por el propio municipio, donde participaron categorías menores. Jorge Guardamagna, de 66 años, filmó a una nena de 10 años en el baño de un restaurante donde cenaba con su equipo después de jugar un partido. El acusado había sido organizador de estos eventos recreativos por más de 12 años. Fue imputado por producción y tenencia de contenido de explotación sexual infantil, encontrado en el momento de revisarle el celular.

Estos son sólo algunos ejemplos de casos que, se podría decir, tuvieron la suerte de haber sido elegidos por medios locales para difundirse, o de que alguna de las partes tuviera la posibilidad de expulsar la denuncia en las redes sociales. Frente al caso de Guardamagna en Villa Gesell, la Federación Metropolitana de Vóley (FMV, o “la Metro”) llevó a cabo un comunicado de repudio, que sirvió como medio para que el mundo que recorre este deporte se enterara de lo que había pasado: “Las pruebas son contundentes y las acciones realizadas prima facie por el principal organizador del torneo son totalmente inaceptables. Nuestra más profunda solidaridad con la menor que resultase víctima y su familia, y nos ponemos a su entera disposición, tanto con ellas como con el club afectado”.

La dificultad de contarlo

“Nuestra posición como institución es siempre defender a la víctima, pero al mismo tiempo no podemos avasallar los derechos de los trabajadores. Si hay denuncia penal, es indiscutido. Ahora, cuando las denuncias son mediáticas, por redes sociales o internas en los clubes, es muy difícil prolongar por mucho tiempo la suspensión provisoria”, explica Román López, presidente de la FMV desde 2022. Esto destila una problemática a modo de cadena: la Federación puede actuar más firmemente siempre y cuando haya una denuncia en la Justicia, eso está claro. Pero el 90% de las jugadoras que violentadas dentro de sus clubes son menores de edad, entonces la denuncia está a cargo de las familias, quienes en su mayoría nunca llegan a enterarse de lo que pasó, o ellos mismos deciden no llegar a una instancia condenatoria por la revictimización que supone, la exposición, y el miedo a que no trascienda. Entonces, la mayoría de los casos suele quedar en la autodeterminación de las instituciones deportivas con respecto a qué medidas tomar, como el desvinculamiento, que es la solución más frecuente al problema.

Una encuesta realizada por este medio a 21 jugadoras de vóley federadas, de entre 15 y 48 años en Buenos Aires, reveló que el 71% sufrió violencia verbal (comentarios sexuales o sobre su cuerpo), el 52% recibió violencia psicológica (insultos y amenazas), y el 42% fueron acosadas mediante redes sociales, fotos y mensajes. El 8% sufrió abuso sexual. Cabe aclarar, que algunas jugadoras han padecido más de un tipo de violencia, por lo que las categorías no serían mutuamente excluyentes. De la totalidad de estos casos, 11 de las jugadoras eran menores de edad, entre 12 y 17 años,y sólo 3 lo denunciaron en la Justicia. Ninguna de ellas tuvo algún avance en la causa.

La mayor cantidad de casos fue de entrenadores ejerciendo comentarios subidos de tono, ya sea sexuales o sobre el físico de las jugadoras.

“Nos enteramos que a varias compañeras les mandaba mensajes para juntarse después de entrenar, todo esto con las más chicas. Una vez se enteraron los familiares, se supone que se hizo una denuncia y se definió que no podía trabajar en polideportivos del municipio, pero sigue trabajando igual en otros clubes de la zona”, cuenta una jugadora de 17 años. Otras suman: “Me sacó la autoestima y la poca confianza que tenía en mí misma” y “le pidió a una nena del club que se haga pis en la bombacha. Eso a él le gustaba, según sus dichos”.

Actualmente hay un espacio de la FMV destinado a tratar estas cuestiones de violencia de género. “Es muy difícil exigir algo formal cuando hay una víctima, hay que tener mucho tacto con la situación. Creo que ahí el mejor avance de la Metro fue la Secretaría de Géneros para tratarlo. Al principio, los casos eran muchos. Últimamente ya no tanto”, cuenta el presidente López y señala además que “es difícil hacer un balance del por qué” y que “puede ser porque los entrenadores se cuidan más en los malos tratos”, motivo de la mayoría de la denuncias.

“El primer paso a dar por la nueva Secretaría de Género será la confección de un protocolo de acción y prevención para situaciones de discriminación y/o violencia por motivo de género, que buscará visibilizar, prevenir y erradicar todo tipo de conducta relacionada. En segundo orden, se implementarán capacitaciones para empleados/as y dirigentes/as de la FMV, que luego serán extendidas a entrenadores/as, jugadores/as, árbitros/as y demás actores/actrices de nuestro deporte”, detalla el Boletín Oficial de la Metro al momento de fundarse el espacio. Con objetivos muy claros, y un equipo conformado únicamente por mujeres que viven todos los días este deporte en distintas instituciones: “Está conformada por 2 representantes para las jugadoras, 2 para las entrenadoras, 2 para las árbitras y 1 para las referentas, todas ellas bajo la supervisión de una coordinadora general”, describe nuevamente el dirigente.

Laura Finelli, supervisora de esta secretaría, cuenta que los cursos de capacitación dentro de la Federación los lleva adelante Andrea Lescano, madre de Micaela García, víctima de femicidio en 2016 y por quien hoy tenemos una ley con su nombre. “Nosotras lo que hacemos es coordinar esos encuentros y después recibir mediante nuestro mail interno y privado las denuncias, dudas o necesidades con respecto al tema. Creo que son una buena instancia de reflexión, no solo de llevar conceptos, sino discusiones que no se plantean en otros ámbitos”, expone Finelli.

Además, a partir de la conformación del equipo, fue fundamental empezar por un protocolo de acción frente a los casos más vulnerables: “Lo ideal es siempre tener un cara a cara con la persona que denuncia y de esa manera concluir cómo accionamos de acuerdo al tipo de denuncia. Por eso no está tan detallado el protocolo en sí, porque sabemos que cada caso es distinto y afecta de diferentes formas a las víctimas”, concluye.

Por qué las mujeres no denuncian

El mayor dilema que se enfrenta en el movimiento feminista es pensar los motivos por los cuales las mujeres no se animan, no pueden o no quieren denunciar las violencias que sufren. La respuesta parece sencilla. En Argentina, sólo el 15,5% de las denuncias llega a sentencias condenatorias, según Amnistía Internacional. Y esto se ve reflejado en las respuestas de las mujeres: “No lo conté porque era otra época y no me iban a escuchar”, manifiesta una jugadora de 38 años. Otra suma: “No comenté nada, yo era ‘la nueva´, casi nunca iba a entrenar, solo a jugar partidos porque ese era el acuerdo”, y también, “sólo se lo dije a una amiga 10 años después”.

Marina Guibaudo es ex jugadora federada de vóley y trabaja en Deportes de la Municipalidad de Avellaneda hace 30 años, actualmente coordina MUNAV, uno de los clubes que afrontó una de estas situaciones con un exentrenador de categorías inferiores. En diálogo con Eter Digital, habla sobre cómo es contener a las jugadoras en ese momento: “Hoy desde mi rol estoy siempre pendiente de cómo se dirigen los entrenadores a las jugadoras. Tengo charlas con ellos, en principio cuando se los contrata, les advierto sobre no tener contacto fuera de lo que es el ámbito deportivo con ellas, por una cuestión de seguridad”. 

Y amplía: “Los adultos podemos estar atentos a lo que les pasa a las chicas, pero eso no significa atravesar la distancia entre el entrenador y la jugadora”.

Finalmente, se refirió a uno de los casos que trascendió en el club y que figuró dentro de la encuesta de este medio: “Obviamente se le hizo la denuncia correspondiente con la mamá de las alumnas a la Comisaría de la Mujer. Se habló con la familia, se habló con todas las chicas para que estuvieran al tanto y para que se acercaran a nosotros si lo necesitaban. La violencia psicológica es la que más cuesta darse cuenta, pero mi prioridad es siempre escuchar y creerles a ellas”.

En febrero de este año, el Presidente de la Nación, Javier Milei, modificó por decreto la Ley 26.743 de Identidad de Género que, entre varias cuestiones, era la primera legislación en el mundo que permite el cambio de nombre e identidad de género bajo estándares de autoidentificación y el derecho a la salud integral. 

Este hecho fue un ataque directo a la comunidad LGBTQ+, pero sobre todo a las personas trans que, según el Censo 2022, representan un 0,4% de población: un total de 196.956 personas en el país que no se identifican con el género asignado al nacer. 

Martin de 17 años es uno de ellos. Vive en Mar del Plata y asiste a un colegio secundario técnico. Su transición empezó hace ya casi cinco años: realiza un tratamiento hormonal desde mediados de 2022 y llevó a cabo una cirugía de mastectomía en abril de 2023. 

-¿Cuál es tu opinión sobre esta modificación? 

-La capacidad de ser auténticos y expresar libremente la propia identidad es esencial para sentirse libre. No hay mayor derecho que la libertad que ser lo que realmente sentís porque, ¿cómo puede uno ser libre si no es quien es?

-¿Te parece que afecta esta modificación en la salud mental de los adolescentes trans? 

-Las hormonas son importantes para nosotros, hay un montón de estereotipos arraigados a la sociedad y eso afecta a la autoestima. Es muy difícil para un adolescente trans leer esa noticia. 

-¿Sentís que la sociedad en general se vio afectada con este cambio? 

-La sociedad es un poco egoísta y esto es un retroceso. Las opiniones se dividen en dos: los adolescentes trans enojados y, por otro lado, la gran mayoría que apoya el decreto. Estos últimos están y estuvieron en contra de la Ley. Ocultan su transfobia y atacan pero sin que parezca algo directo.

-¿Cómo es un tratamiento de hormonas?

-Comencé con la testosterona antes de cumplir 16 años usando medio sobre de hormonas en gel por aproximadamente seis meses. Después, se puede optar por seguir con el gel o iniciar inyecciones. Las inyecciones se pueden hacer cada mes, pero es más común cada tres o cuatro meses. Hoy en día uso inyecciones.

-¿De qué forma puede afectar al tratamiento no recibir más hormonas?

-Depende de la cantidad de tiempo. En mi caso tengo un balance hormonal bueno, pero la hormonización tiene cambios reversibles e irreversibles. Por ejemplo, mi voz no volverá a ser femenina. Pero es diferente para los chicos que usan gel.

-Este tipo de terapias, ¿son exclusivas de la medicina privada o también podés realizarlas en un centro de salud pública?

-Tanto obras sociales como hospitales públicos y privados están obligados a cubrir el 100% del tratamiento, sea hormonal o quirúrgico. Tal vez pagues la consulta con algún médico si decidís ir con tu doctor o endocrinólogo de cabecera, pero todo el resto no.  

-¿Cómo es una primera consulta médica a la hora de averiguar por un tratamiento de hormonas o una cirugía?

-En la mayoría de los casos se empieza con las hormonas. El especialista debe explicarte el tratamiento, los cambios reversibles e irreversibles, y cómo aplicar las hormonas. También te informan sobre trámites con la obra social y opciones gratuitas. 

Para las cirugías, debes sacar un turno con un cirujano quien te detalla el proceso, el pre y post quirúrgico, los medicamentos y estudios necesarios. 

-¿Cómo es el procedimiento con la obra social y médicos para realizarse la mastectomía?

-Una vez que elegís el cirujano para la mastectomía, comenzás con los trámites. El médico te entrega los requisitos para la obra social, que son muchos, costosos y tardan en aprobarlos. Cuando los aprueban empezás con los prequirúrgicos: mamografía, análisis de sangre y analgésicos.

-A partir del momento en que trancisionaste y le contaste a tus vínculos cercanos, ¿hubo un cambio en la manera cómo te trataba la gente? ¿Alguna vez sufriste discriminación o maltrato?

-Mi mamá lo aceptó pero tardó en cambiar mi nombre o pronombres; lo mismo le pasó a toda mi familia. Yo asisto a una escuela técnica y transicionar en este ambiente, donde hay actitudes machistas, fue difícil. Muchos profesores no me trataban con pronombres masculinos y justificaban su comportamiento con comentarios sobre mi apariencia. Incluso los directivos me seguían tratando en femenino. De por si, la adolescencia ya es complicada y para alguien trans, la discriminación la hace aún más difícil. Está todo el mundo negándote.

Créditos: La Izquierda diario

-Cuando tramitaste el cambio de género en el DNI, ¿de qué manera manejaron esto en los espacios a los que concurrías?

-Al principio, cuando empecé a transicionar, no tenía el DNI y las respuestas de mis profesores al pedir que no me llamaran más por mi nombre anterior eran todas que no. Ahí consulté a una abogada que me dijo que no había ninguna ley que lo prohibiera. Cuando obtuve mi DNI, fui a la escuela para que actualizaran mis datos; pero no fue algo rápido. 

-Llama la atención ver cómo la violencia está cada vez más presente, el retorno de las ideas de la derecha y la libertad que se dan las personas a la hora de discriminar. ¿Cómo vivís esto?

–Nunca vi tantos comentarios de odio hacia las personas trans como los hay ahora. Antes existían, pero la gente tenía miedo de opinar por el temor a ser juzgada. Ahora, con la cantidad de violencia pública injustificada que hay en el día a día, se sienten con más derecho a discriminar. 

-Se menciona en la actualidad que hay una “falta de conocimiento cabal” respecto de los efectos a largo plazo de las terapias de hormonización, ¿esto es real? ¿Creés que no se conoce la suficiente información sobre las terapias de hormonas? 

-Es completamente falso y es una manera de excusar el decreto. Buscan justificaciones para ocultar su discriminación y transfobia. Cuando uno llega a un centro médico y habla con un endocrinólogo está obligado a informar sobre los efectos a largo y corto plazo del tratamiento, ya sea de hormonización o cirugía.

-En la modificación de la ley se limitan absolutamente todas las terapias, las arrancadas y las que no, ¿crees que esto lo podrían haber abordado de otra manera? 

-Partimos de la base de que el decreto, en general, me parece una estupidez. De por si, ser adolescente es difícil, ser una persona trans lo es aún más. Durante la adolescencia se descubre la identidad, lo que se quiere ser y hacer, y lo que se siente. Deberían haber modificado el decreto para algo que realmente ayude a los menores en su salud física, psicológica y emocional.

-¿Creés que esta política puede cambiar en un futuro o los adolescentes van a tener que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder realizarse tratamientos?

-Espero que la política cambie… pero que se modifique una ley no quita que las personas trans y los tratamientos clandestinos no existan. La necesidad de transicionar y ser quien realmente deseas te pueden llevar a situaciones riesgosas, enfermedades, una mala praxis, uso de sustancias sin conocimiento médico e incluso la muerte.

*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.

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Mientras el gobierno de Javier Milei evalúa eliminar la figura de femicidio del Código Penal y con ello la Ley Brisa, los datos siguen siendo alarmantes: solo en enero de este año se registraron 27 femicidios en todo el país, el 49 por ciento de los hijos que quedaron huérfanos son menores de edad y en el 60 de los casos el asesino era la pareja o ex pareja de la víctima.

La Ley Brisa fue creada para dar una respuesta a esas situaciones. Se sancionó en 2018 con el número 27.452 y reconoce el derecho a una reparación económica mensual a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su madre por femicidio cometido por su padre. El beneficio es retroactivo al momento del crimen y se extiende hasta los 21 años o de manera vitalicia si hay discapacidad. También contempla acceso a salud mental, asistencia legal y acompañamiento integral. Sin embargo, en la práctica, no funciona como se espera.  

Con 41 años, Pamela Lodola es una abogada que trabaja desde hace diez años en la Oficina de Asesoramiento y Acceso a la Justicia de la Villa 1-11-14 de Capital Federal. Según ella, “en el último tiempo las denuncias de abuso sexual aumentaron, no porque ahora haya más abusos sino porque nos animamos a denunciar”. Pero no obstante advierte sobre una consecuencia de la violencia y los niveles de odio de estos tiempos: “El temor más grande es que estos discursos de odio se repliquen en las mujeres”, contó a ETER Digital.

LOS OBSTÁCULOS DE LA LEY

Uno de los principales obstáculos que presenta la ley es su alcance limitado: en su versión original, el beneficio estaba destinado únicamente a hijas e hijos biológicos del autor del femicidio. Esta condición excluía automáticamente a niñas y niños cuya madre fuera asesinada por un padrastro, una pareja conviviente o en casos en los que el agresor se suicidaba luego del crimen. Si bien la interpretación de este punto se fue flexibilizando, la falta de información, los requisitos judiciales y los contextos de vulnerabilidad económica profundizan la desigualdad en la aplicación de la norma.

Después de su sanción, la ley comenzó un proceso lento de implementación que derivó en la Comisión Permanente de Seguimiento (CoPeSe). Integrada por equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tiene la tarea de coordinar todo lo relacionado con el Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (RENNyA).

LOS INTENTOS DE ELIMINAR EL “FEMICIDIO”

El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, contabilizó que hasta enero de 2025 hubo 1 femicidio cada 26 horas. En varios de ellos, la Ley Brisa hubiera sido aplicable.

Frente a este panorama, organizaciones que trabajan en la temática expresaron su repudio hacia los funcionarios que minimizan la violencia de género. “Con la autoridad que nos otorga el camino recorrido, repudiamos enérgicamente los conceptos vertidos tanto por el Presidente de la Nación (Javier Milei) como por el Ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona), para quienes el género es una ´joda que se usó como negocio y arma extorsiva´, y por lo tanto planean, entre otras cosas, eliminar la figura de femicidio -homicidio en contexto de violencia de género- del Código Penal”, advirtió La Casa del Encuentro.

Pamela Lodola combina su profesión con su militancia como abogada voluntaria de esa organización. Según ella, el intento por parte del Poder Ejecutivo de eliminar la figura del femicidio produce un efecto negativo en las mujeres. “Hay todo un discurso de deslegitimación porque según el Presidente no existen las violencias y los femicidios se redujeron,  por lo que ya no es una política pública necesaria. Eso desmotiva a las mujeres”, comentó.

LA RESPUESTA DE ALGUNOS SECTORES DE LA SOCIEDAD

Daiana de los Ángeles Barrionuevo tenía 24 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2014. Su cuerpo fue encontrado tres semanas después envuelto en una frazada de sus hijos dentro de una bolsa de consorcio, flotando en un arroyo de Moreno. La había asesinado Iván Rodríguez, su pareja, de quien ella quería separarse.

Tenía tres hijos: gemelos de 7 años y una nena de 2, Brisa. Después del crimen, los chicos fueron a parar a la casa del abuelo, Osvaldo, pero tiempo más tarde, Cintia, hermana de Daiana, los recibió en la suya. En un contexto marcado por la desinformación y la falta de recursos, la familia tuvo que organizarse como pudo.

Maximiliano Montenegro, periodista de Diario Popular e integrante de la Red de Periodistas con Perspectiva de Género, fue uno de los primeros en mostrar la relevancia del caso. “Empezamos a visibilizar esta situación periodísticamente desde lo individual en el Diario Popular, y desde lo colectivo con la red y con un montón de gente que se fue sumando”, explicó. Con un seguimiento periodístico, la figura del abuelo Osvaldo empezó a tener relevancia por su esfuerzo en el mantenimiento de los niños. “Era un hombre de 70 años con las necesidades básicas insatisfechas. Me acuerdo de una charla en la que me dijo: `Tengo que elegir entre el ibuprofeno o la comida de los nenes’”.

El interés y preocupación de Montenegro generó que organizaciones sociales defensoras de los derechos de las mujeres empiecen a involucrarse. La Casa del Encuentro, asociación civil que lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, se encargó de proponer el proyecto de la Ley Brisa ante el Senado. Luego de que durante dos años el proyecto de ley durmiera en el Congreso, fue aprobado gracias a la militancia en las calles y la intervención periodística.

“EL ESTADO NOS TIENE QUE AVALAR”

Pamela Lodola tuvo la posibilidad de observar la realidad en los barrios, al enfrentarse a mujeres que están atravesando situaciones de violencia: “Ahí empecé a escuchar que esto es sistemático. Todos los casos son más o menos cortados por la misma tijera y los varones violentos tienen las mismas frases y formas”.

“Me parece que lo que tenemos que plantear es que no tenemos que tener miedo y que tenemos que salir a denunciar. El Estado nos tiene que avalar y debe reconocer nuestros derechos como mujeres”, exigió no sin reconocer una de las raíces del problema: “Los obstáculos siempre son burocráticos y la Justicia suele ser un organismo expulsivo para la sociedad”, concluyó.