En el 2020 nació el Colectivo Doble Cambio, integrado por jugadoras, entrenadoras y mujeres miembros de distintos clubes, quienes reclamaban por la profesionalización del vóley femenino. Esto incluía cobertura médica para los equipos, mejoría de salarios, incremento de la difusión del deporte en los medios de comunicación, y generar un ambiente deportivo más igualitario e inclusivo.

Un cambio de ambas partes. Los casos de violencia, acoso y abuso sexual en este deporte crecen día a día con unas cifras imponentes: de 21 jugadoras de vóley encuestadas, 19 sufrieron violencia física, verbal y psicológica por parte de sus entrenadores. Al momento del hecho, 11 de ellas eran menores de edad. Ya es tiempo, y es urgente.

Durante los últimos años salieron a la luz casos como el de Martín Castro, ex DT de Vélez Sarsfield y River Plate. De este último fue desplazado de su cargo una vez se conocieron las denuncias de dos víctimas, quienes tenían 16 y 18 años en el momento de la agresión, mientras jugaban en el club de Liniers con Castro a la cabeza del equipo. A fines del 2024, casi 10 años después del delito y 4 años luego de la denuncia penal, fue condenado a 12 años de prisión por abuso sexual agravado.

En 2023, en el club Villa Elvira ubicado en el municipio de La Plata, denunciaron por violencia a otro entrenador cuyo nombre todavía se desconoce. El DT fue acusado por violencia, amenazas y humillaciones a sus jugadoras, además de tener chats insultando a las mismas, y hasta llegó a la violencia física. Nunca fue imputado y sigue trabajando en el ámbito del deporte, a pesar de haber sido expulsado de tres clubes posteriormente al hecho.

Otro caso que movió las gradas: también en 2023, durante un torneo de vóley en Villa Gesell organizado por el propio municipio, donde participaron categorías menores. Jorge Guardamagna, de 66 años, filmó a una nena de 10 años en el baño de un restaurante donde cenaba con su equipo después de jugar un partido. El acusado había sido organizador de estos eventos recreativos por más de 12 años. Fue imputado por producción y tenencia de contenido de explotación sexual infantil, encontrado en el momento de revisarle el celular.

Estos son sólo algunos ejemplos de casos que, se podría decir, tuvieron la suerte de haber sido elegidos por medios locales para difundirse, o de que alguna de las partes tuviera la posibilidad de expulsar la denuncia en las redes sociales. Frente al caso de Guardamagna en Villa Gesell, la Federación Metropolitana de Vóley (FMV, o “la Metro”) llevó a cabo un comunicado de repudio, que sirvió como medio para que el mundo que recorre este deporte se enterara de lo que había pasado: “Las pruebas son contundentes y las acciones realizadas prima facie por el principal organizador del torneo son totalmente inaceptables. Nuestra más profunda solidaridad con la menor que resultase víctima y su familia, y nos ponemos a su entera disposición, tanto con ellas como con el club afectado”.

La dificultad de contarlo

“Nuestra posición como institución es siempre defender a la víctima, pero al mismo tiempo no podemos avasallar los derechos de los trabajadores. Si hay denuncia penal, es indiscutido. Ahora, cuando las denuncias son mediáticas, por redes sociales o internas en los clubes, es muy difícil prolongar por mucho tiempo la suspensión provisoria”, explica Román López, presidente de la FMV desde 2022. Esto destila una problemática a modo de cadena: la Federación puede actuar más firmemente siempre y cuando haya una denuncia en la Justicia, eso está claro. Pero el 90% de las jugadoras que violentadas dentro de sus clubes son menores de edad, entonces la denuncia está a cargo de las familias, quienes en su mayoría nunca llegan a enterarse de lo que pasó, o ellos mismos deciden no llegar a una instancia condenatoria por la revictimización que supone, la exposición, y el miedo a que no trascienda. Entonces, la mayoría de los casos suele quedar en la autodeterminación de las instituciones deportivas con respecto a qué medidas tomar, como el desvinculamiento, que es la solución más frecuente al problema.

Una encuesta realizada por este medio a 21 jugadoras de vóley federadas, de entre 15 y 48 años en Buenos Aires, reveló que el 71% sufrió violencia verbal (comentarios sexuales o sobre su cuerpo), el 52% recibió violencia psicológica (insultos y amenazas), y el 42% fueron acosadas mediante redes sociales, fotos y mensajes. El 8% sufrió abuso sexual. Cabe aclarar, que algunas jugadoras han padecido más de un tipo de violencia, por lo que las categorías no serían mutuamente excluyentes. De la totalidad de estos casos, 11 de las jugadoras eran menores de edad, entre 12 y 17 años,y sólo 3 lo denunciaron en la Justicia. Ninguna de ellas tuvo algún avance en la causa.

La mayor cantidad de casos fue de entrenadores ejerciendo comentarios subidos de tono, ya sea sexuales o sobre el físico de las jugadoras.

“Nos enteramos que a varias compañeras les mandaba mensajes para juntarse después de entrenar, todo esto con las más chicas. Una vez se enteraron los familiares, se supone que se hizo una denuncia y se definió que no podía trabajar en polideportivos del municipio, pero sigue trabajando igual en otros clubes de la zona”, cuenta una jugadora de 17 años. Otras suman: “Me sacó la autoestima y la poca confianza que tenía en mí misma” y “le pidió a una nena del club que se haga pis en la bombacha. Eso a él le gustaba, según sus dichos”.

Actualmente hay un espacio de la FMV destinado a tratar estas cuestiones de violencia de género. “Es muy difícil exigir algo formal cuando hay una víctima, hay que tener mucho tacto con la situación. Creo que ahí el mejor avance de la Metro fue la Secretaría de Géneros para tratarlo. Al principio, los casos eran muchos. Últimamente ya no tanto”, cuenta el presidente López y señala además que “es difícil hacer un balance del por qué” y que “puede ser porque los entrenadores se cuidan más en los malos tratos”, motivo de la mayoría de la denuncias.

“El primer paso a dar por la nueva Secretaría de Género será la confección de un protocolo de acción y prevención para situaciones de discriminación y/o violencia por motivo de género, que buscará visibilizar, prevenir y erradicar todo tipo de conducta relacionada. En segundo orden, se implementarán capacitaciones para empleados/as y dirigentes/as de la FMV, que luego serán extendidas a entrenadores/as, jugadores/as, árbitros/as y demás actores/actrices de nuestro deporte”, detalla el Boletín Oficial de la Metro al momento de fundarse el espacio. Con objetivos muy claros, y un equipo conformado únicamente por mujeres que viven todos los días este deporte en distintas instituciones: “Está conformada por 2 representantes para las jugadoras, 2 para las entrenadoras, 2 para las árbitras y 1 para las referentas, todas ellas bajo la supervisión de una coordinadora general”, describe nuevamente el dirigente.

Laura Finelli, supervisora de esta secretaría, cuenta que los cursos de capacitación dentro de la Federación los lleva adelante Andrea Lescano, madre de Micaela García, víctima de femicidio en 2016 y por quien hoy tenemos una ley con su nombre. “Nosotras lo que hacemos es coordinar esos encuentros y después recibir mediante nuestro mail interno y privado las denuncias, dudas o necesidades con respecto al tema. Creo que son una buena instancia de reflexión, no solo de llevar conceptos, sino discusiones que no se plantean en otros ámbitos”, expone Finelli.

Además, a partir de la conformación del equipo, fue fundamental empezar por un protocolo de acción frente a los casos más vulnerables: “Lo ideal es siempre tener un cara a cara con la persona que denuncia y de esa manera concluir cómo accionamos de acuerdo al tipo de denuncia. Por eso no está tan detallado el protocolo en sí, porque sabemos que cada caso es distinto y afecta de diferentes formas a las víctimas”, concluye.

Por qué las mujeres no denuncian

El mayor dilema que se enfrenta en el movimiento feminista es pensar los motivos por los cuales las mujeres no se animan, no pueden o no quieren denunciar las violencias que sufren. La respuesta parece sencilla. En Argentina, sólo el 15,5% de las denuncias llega a sentencias condenatorias, según Amnistía Internacional. Y esto se ve reflejado en las respuestas de las mujeres: “No lo conté porque era otra época y no me iban a escuchar”, manifiesta una jugadora de 38 años. Otra suma: “No comenté nada, yo era ‘la nueva´, casi nunca iba a entrenar, solo a jugar partidos porque ese era el acuerdo”, y también, “sólo se lo dije a una amiga 10 años después”.

Marina Guibaudo es ex jugadora federada de vóley y trabaja en Deportes de la Municipalidad de Avellaneda hace 30 años, actualmente coordina MUNAV, uno de los clubes que afrontó una de estas situaciones con un exentrenador de categorías inferiores. En diálogo con Eter Digital, habla sobre cómo es contener a las jugadoras en ese momento: “Hoy desde mi rol estoy siempre pendiente de cómo se dirigen los entrenadores a las jugadoras. Tengo charlas con ellos, en principio cuando se los contrata, les advierto sobre no tener contacto fuera de lo que es el ámbito deportivo con ellas, por una cuestión de seguridad”. 

Y amplía: “Los adultos podemos estar atentos a lo que les pasa a las chicas, pero eso no significa atravesar la distancia entre el entrenador y la jugadora”.

Finalmente, se refirió a uno de los casos que trascendió en el club y que figuró dentro de la encuesta de este medio: “Obviamente se le hizo la denuncia correspondiente con la mamá de las alumnas a la Comisaría de la Mujer. Se habló con la familia, se habló con todas las chicas para que estuvieran al tanto y para que se acercaran a nosotros si lo necesitaban. La violencia psicológica es la que más cuesta darse cuenta, pero mi prioridad es siempre escuchar y creerles a ellas”.

En febrero de este año, el Presidente de la Nación, Javier Milei, modificó por decreto la Ley 26.743 de Identidad de Género que, entre varias cuestiones, era la primera legislación en el mundo que permite el cambio de nombre e identidad de género bajo estándares de autoidentificación y el derecho a la salud integral. 

Este hecho fue un ataque directo a la comunidad LGBTQ+, pero sobre todo a las personas trans que, según el Censo 2022, representan un 0,4% de población: un total de 196.956 personas en el país que no se identifican con el género asignado al nacer. 

Martin de 17 años es uno de ellos. Vive en Mar del Plata y asiste a un colegio secundario técnico. Su transición empezó hace ya casi cinco años: realiza un tratamiento hormonal desde mediados de 2022 y llevó a cabo una cirugía de mastectomía en abril de 2023. 

-¿Cuál es tu opinión sobre esta modificación? 

-La capacidad de ser auténticos y expresar libremente la propia identidad es esencial para sentirse libre. No hay mayor derecho que la libertad que ser lo que realmente sentís porque, ¿cómo puede uno ser libre si no es quien es?

-¿Te parece que afecta esta modificación en la salud mental de los adolescentes trans? 

-Las hormonas son importantes para nosotros, hay un montón de estereotipos arraigados a la sociedad y eso afecta a la autoestima. Es muy difícil para un adolescente trans leer esa noticia. 

-¿Sentís que la sociedad en general se vio afectada con este cambio? 

-La sociedad es un poco egoísta y esto es un retroceso. Las opiniones se dividen en dos: los adolescentes trans enojados y, por otro lado, la gran mayoría que apoya el decreto. Estos últimos están y estuvieron en contra de la Ley. Ocultan su transfobia y atacan pero sin que parezca algo directo.

-¿Cómo es un tratamiento de hormonas?

-Comencé con la testosterona antes de cumplir 16 años usando medio sobre de hormonas en gel por aproximadamente seis meses. Después, se puede optar por seguir con el gel o iniciar inyecciones. Las inyecciones se pueden hacer cada mes, pero es más común cada tres o cuatro meses. Hoy en día uso inyecciones.

-¿De qué forma puede afectar al tratamiento no recibir más hormonas?

-Depende de la cantidad de tiempo. En mi caso tengo un balance hormonal bueno, pero la hormonización tiene cambios reversibles e irreversibles. Por ejemplo, mi voz no volverá a ser femenina. Pero es diferente para los chicos que usan gel.

-Este tipo de terapias, ¿son exclusivas de la medicina privada o también podés realizarlas en un centro de salud pública?

-Tanto obras sociales como hospitales públicos y privados están obligados a cubrir el 100% del tratamiento, sea hormonal o quirúrgico. Tal vez pagues la consulta con algún médico si decidís ir con tu doctor o endocrinólogo de cabecera, pero todo el resto no.  

-¿Cómo es una primera consulta médica a la hora de averiguar por un tratamiento de hormonas o una cirugía?

-En la mayoría de los casos se empieza con las hormonas. El especialista debe explicarte el tratamiento, los cambios reversibles e irreversibles, y cómo aplicar las hormonas. También te informan sobre trámites con la obra social y opciones gratuitas. 

Para las cirugías, debes sacar un turno con un cirujano quien te detalla el proceso, el pre y post quirúrgico, los medicamentos y estudios necesarios. 

-¿Cómo es el procedimiento con la obra social y médicos para realizarse la mastectomía?

-Una vez que elegís el cirujano para la mastectomía, comenzás con los trámites. El médico te entrega los requisitos para la obra social, que son muchos, costosos y tardan en aprobarlos. Cuando los aprueban empezás con los prequirúrgicos: mamografía, análisis de sangre y analgésicos.

-A partir del momento en que trancisionaste y le contaste a tus vínculos cercanos, ¿hubo un cambio en la manera cómo te trataba la gente? ¿Alguna vez sufriste discriminación o maltrato?

-Mi mamá lo aceptó pero tardó en cambiar mi nombre o pronombres; lo mismo le pasó a toda mi familia. Yo asisto a una escuela técnica y transicionar en este ambiente, donde hay actitudes machistas, fue difícil. Muchos profesores no me trataban con pronombres masculinos y justificaban su comportamiento con comentarios sobre mi apariencia. Incluso los directivos me seguían tratando en femenino. De por si, la adolescencia ya es complicada y para alguien trans, la discriminación la hace aún más difícil. Está todo el mundo negándote.

Créditos: La Izquierda diario

-Cuando tramitaste el cambio de género en el DNI, ¿de qué manera manejaron esto en los espacios a los que concurrías?

-Al principio, cuando empecé a transicionar, no tenía el DNI y las respuestas de mis profesores al pedir que no me llamaran más por mi nombre anterior eran todas que no. Ahí consulté a una abogada que me dijo que no había ninguna ley que lo prohibiera. Cuando obtuve mi DNI, fui a la escuela para que actualizaran mis datos; pero no fue algo rápido. 

-Llama la atención ver cómo la violencia está cada vez más presente, el retorno de las ideas de la derecha y la libertad que se dan las personas a la hora de discriminar. ¿Cómo vivís esto?

–Nunca vi tantos comentarios de odio hacia las personas trans como los hay ahora. Antes existían, pero la gente tenía miedo de opinar por el temor a ser juzgada. Ahora, con la cantidad de violencia pública injustificada que hay en el día a día, se sienten con más derecho a discriminar. 

-Se menciona en la actualidad que hay una “falta de conocimiento cabal” respecto de los efectos a largo plazo de las terapias de hormonización, ¿esto es real? ¿Creés que no se conoce la suficiente información sobre las terapias de hormonas? 

-Es completamente falso y es una manera de excusar el decreto. Buscan justificaciones para ocultar su discriminación y transfobia. Cuando uno llega a un centro médico y habla con un endocrinólogo está obligado a informar sobre los efectos a largo y corto plazo del tratamiento, ya sea de hormonización o cirugía.

-En la modificación de la ley se limitan absolutamente todas las terapias, las arrancadas y las que no, ¿crees que esto lo podrían haber abordado de otra manera? 

-Partimos de la base de que el decreto, en general, me parece una estupidez. De por si, ser adolescente es difícil, ser una persona trans lo es aún más. Durante la adolescencia se descubre la identidad, lo que se quiere ser y hacer, y lo que se siente. Deberían haber modificado el decreto para algo que realmente ayude a los menores en su salud física, psicológica y emocional.

-¿Creés que esta política puede cambiar en un futuro o los adolescentes van a tener que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder realizarse tratamientos?

-Espero que la política cambie… pero que se modifique una ley no quita que las personas trans y los tratamientos clandestinos no existan. La necesidad de transicionar y ser quien realmente deseas te pueden llevar a situaciones riesgosas, enfermedades, una mala praxis, uso de sustancias sin conocimiento médico e incluso la muerte.

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*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.

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Datos que desmienten las críticas al cupo travesti-trans  

Desde antes de asumir el poder, Javier Milei y su entorno político convirtieron a las políticas de género en blanco de su llamada “batalla cultural”. En los hechos, esto derivó en el desmantelamiento de áreas de diversidad y derechos humanos, pero además entre otro de sus objetivos está la Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins (27.636), que desde 2021 garantiza un cupo laboral travesti-trans en el Estado. El Gobierno afirma que se trata de una ley injusta, ideológica o anti-meritocrática. Sin embargo, los datos oficiales, los fallos judiciales y las experiencias de quienes accedieron a un empleo bajo esta norma, lo desmienten.

“Fue un paso muy importante en mi vida laboral y en mi vida personal”, define Ariana Linares, secretaria de OTRANS, una organización que promueve los derechos humanos del colectivo.

Sancionada por amplias mayorías parlamentarias, la ley establece que al menos el 1 por ciento de la planta de una dependencia estatal debe estar integrada por personas travestis, transexuales y transgénero que cumplan con los requisitos de idoneidad. Además, crea un registro voluntario de aspirantes y promueve medidas de inclusión educativa, administrativa y contractual.

La ley lleva el nombre de dos referentes de la lucha por la igualdad; Diana Sacayán, víctima de travesticidio en 2015, y de Lohana Berkins, histórica activista por el derecho al trabajo del colectivo travesti-trans.

El cupo no es una concesión, sino una reparación mínima frente a una exclusión sistemática. Datos públicos, la jurisprudencia vigente y la evidencia empírica contrastan con seis de los principales argumentos que esgrime el oficialismo contra esta ley. Entre la narrativa de los supuestos privilegios y la realidad de la exclusión, los datos hablan por sí solos.

1- “El cupo es injusto porque rompe con la igualdad ante la ley” (Javier Milei)

En declaraciones televisivas, el Presidente comparó el cupo trans con “el absolutismo, donde los familiares del monarca tienen un cargo”, y sostuvo que estas políticas “rompen el principio de igualdad ante la ley”. Sin embargo, el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional faculta al Congreso a promover medidas de acción positiva para poblaciones históricamente discriminadas.

Para Elizabeth Gómez Alcorta, ex ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, “si tratamos iguales a los diferentes, lejos estamos de llevar adelante una agenda o el principio de igualdad”  (ver recuadro). En diálogo con ETER Digital, consideró que negar las acciones afirmativas “implica desconocer que es el propio sistema el que reproduce desigualdades y violencias”. 

Lejos de ser una excepción, el cupo laboral travesti-trans se apoya también en tratados internacionales con rango constitucional, que reconocen la necesidad de reparar desigualdades estructurales.

2- “El cupo implica dar cargos sin mérito” (Victoria Villarruel)

La Ley Sacayán-Berkins exige idoneidad. Su artículo 3 establece que el ingreso debe realizarse “respetando las condiciones de idoneidad requeridas para cada puesto”.

Un relevamiento conjunto de ATE y OTRANS reveló que el 97 por ciento de las personas incorporadas por el cupo tienen título secundario o superior. La mayoría, además, completó capacitaciones específicas antes de ingresar. El mérito no se elimina: se respalda con formación.

3– “El Estado no puede sostener estos gastos, no hay plata” (Manuel Adorni)

El cumplimiento pleno del 1 por ciento que establece del cupo representaría menos del 0,03 por ciento de la planta estatal nacional. Según el informe de ATE, incluso si se alcanzara la totalidad del cupo en todos los organismos, el impacto presupuestario sería “ínfimo”.

Además, la mayoría de los puestos generados por esta ley corresponden a contratos de planta transitoria o programas de inclusión, con salarios equivalentes a los de cualquier estatal ingresante.

Muchas de las personas trans que ingresaron al Estado gracias a esta política venían de trayectorias marcadas por la exclusión estructural. “Fue la mejor experiencia laboral de mi vida”, resumió Natal Delfino, contador trans despedido de la ANSES en 2024. Su caso refleja cómo, para quienes pasaron años fuera del sistema, el “gasto” en un puesto de trabajo puede ser la primera oportunidad real de inclusión.

4- “El cupo distorsiona el funcionamiento del Estado y genera ineficiencia” (Agustín Laje)

Un estudio de 2022 del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad reveló que más del 80 por ciento de las personas incorporadas por el cupo trans seguían activas en su puesto luego de un año. Este dato desmiente la supuesta ineficiencia y comprueba virtudes de desempeño, adaptación y permanencia.

No hay informes oficiales ni evidencia empírica que indiquen que la aplicación del cupo haya afectado negativamente la productividad. Por el contrario, muchas áreas que implementaron la ley desarrollaron protocolos, capacitaciones y evaluaciones internas, incluso con participación de las direcciones de recursos humanos. El ingreso se produjo a través de vacantes disponibles o nuevas partidas, sin desplazar personal previamente contratado.

5- “Los cupos son parte de una clientela política o de una militancia rentada” (Daniel “Gordo Dan” Parisini)

La implementación de la Ley Sacayán-Berkins se apoyó en una red diversa de más de 40 organizaciones sociales, universidades y oficinas estatales descentralizadas, muchas de ellas sin filiación política común. No se exigió pertenencia partidaria ni militancia alguna.

El Registro Diana Sacayán-Lohana Berkins, además, es voluntario, federal y abierto a toda persona que cumpla con los requisitos legales. La inscripción no exige ninguna adhesión ideológica ni participación en agrupaciones. La ley busca reparar una desigualdad estructural, no responder a intereses partidarios.

6- “No existen las personas trans. Somos todos iguales” (Agustín Romo)

Según la Encuesta Nacional sobre el Colectivo Travesti-Trans de 2017, el 80 por ciento de las personas trans nunca accedió a un empleo formal. El 60 por ciento fue expulsada de su casa antes de los 18 años, y el 40 por ciento no terminó la escuela secundaria.

La desigualdad no es una percepción, es una realidad con estadística propia. Negar una identidad es el primer paso para negar sus derechos. La identidad de género no es una ideología, es una experiencia. Y las políticas públicas que la reconocen no son privilegios, sino son respuestas frente a una exclusión persistente.

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Entrevista a Elizabeth Gómez Alcorta

“El Gobierno busca reponer una agenda profundamente conservadora”

“Si tratamos iguales a los diferentes, lejos estamos de llevar adelante una agenda o el principio de igualdad”, consideró Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina en relación a las declaraciones del presidente Javier Milei con las que comparó al cupo travesti-trans con la monarquía. 

El gobierno de Milei ya dejó claras sus intenciones de derogar cualquier ley que implique -en palabras de ellos- una “discriminación positiva”, inclusive la Ley Diana Sacayan-Lohana Berkins, que garantiza que haya 1 por ciento de personas trans y travestis en el sector público.

Para Gómez Alcorta, hoy más que nunca es importante defender la ley, ya que su caída implicaría un retroceso en todos los ámbitos de derechos humanos. “Intentan reponer una agenda profundamente conservadora que ha modificado por decreto la Ley de Identidad de Género y que ha intentado llevar a un biologicismo, con el viejo argumento de que solamente hay dos sexos”, explicó a ETER Digital.

La exministra recordó la resistencia de algunos funcionarios y funcionarias del gobierno anterior para implementar la norma. De hecho, tras su renuncia en 2022, solo la cartera que ella tenía a su cargo cumplió con el 1 por ciento establecido.

En su opinión, la posible derogación de esa ley por parte de la administración de Javier Milei plantearía una acción de inconstitucionalidad. Explicó que el inciso 23 del artículo 75 de la Carta Magna “obliga al Congreso de la Nación a dictar leyes que impliquen acciones positivas sobre ciertos sectores que son vulnerables”, y sostuvo que las acciones positivas también están previstas en los pactos internacionales. Por ejemplo, en el artículo 4 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). “Si es el propio sistema el que reproduce desigualdades y violencias, es el propio sistema el que debe generar una acción que modifique esa inercia”, sostuvo.

Gómez Alcorta insistió en la urgencia de estos programas y su mantenimiento. “Vemos compañeras muertas por diferentes situaciones, y otras que no tienen ninguna chance de poder obtener recursos elementales que permitan la supervivencia”, denunció. 

—¿Cuáles considerás que son los desafíos de acción a futuro en relación a la discriminación del colectivo travesti-trans y a su inclusión laboral? 

—Creo que este colectivo lleva demasiado tiempo siendo objeto. Tenemos que ir hacia un modelo donde ellxs tomen un rol activo donde sean quienes piensen, diseñen y ejecuten políticas que lxs involucre, tanto en relación a los actos de discriminación, como también en particular a la inclusión laboral.

Historia de vida

Natal Delfino, un calvario por lo mínimo

Cuando en marzo de 2024 Osvaldo Giordano asumió el cargo de director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), la Coordinación de Género y Diversidad fue lo primero que se eliminó. Natal Delfino, de 42 años, al igual que varios de sus compañeros y compañeras, se enteró de que lo habían despedido no porque le informaron sino porque su computadora de trabajo había dejado de funcionar repentinamente. De hecho, no le llegó la carta de despido sino hasta un mes después, lo cual lo obligó a tener que ir -en sus palabras- a “no hacer nada”. Natal, siendo un chico trans, había logrado acceder a su puesto de trabajo gracias a la Ley Diana Sacayan-Lohana Berkins sancionada en 2021 y fue -en sus palabras- “la mejor experiencia laboral” de su vida.

En su infancia, la política era un tema común en su casa pero se trataba casi en tono de chiste: “Mi papá se autodenominaba peronista y mi mamá radical, pero solo para llevarle la contraria” a él. Natal, de hecho, no construyó su propia identidad política hasta su paso por la universidad. “En la etapa del gobierno de Néstor (Kirchner) ya entendí todo lo que me faltaba entender”, evoca.

Su identidad sexual comenzó a definirse desde muy temprano: “Me asumí lesbiana muy de niñe, y recién cuando crecí empecé a entender las diferencias entre una persona gay y una heterosexual”, recuerda. Ese descubrimiento también impulsó sus intereses políticos.

A los 37 años, Natal se asumió como persona trans y comenzó su terapia hormonal. A pesar de que tuvo una buena contención de parte de sus amigos, durante su proceso de transición tuvo que pedir licencia psiquiátrica en su trabajo. Sus compañeros “eran todos unos rancios” y la empresa no tuvo comprensión ni paciencia. Decidieron despedirlo sin razón aparente. Pero él inició una causa judicial que ganó luego de dos años.

A pesar de que nunca integró ningún partido, Natal tenía inquietudes y reflexiones políticas de sobra y militó la aprobación de la Ley Lohana Berkins-Diana Sacayan desde el principio. Tras la aprobación, su experiencia laboral como contador le abrió las puertas en la Coordinación de Género y Diversidad, de la ANSES. “Era un ambiente donde nadie se te iba a reír en la cara por tu orientación sexual o tu identidad de género”, contó.

Pero fuera de la coordinación, las personas trans y travestis en ANSES recibían todo tipo de agresiones por parte del personal masculino, que lxs acusaba de llegar allí “solo por un cupo”. En marzo del 2024, a Natal y varios de sus compañeros les dejó de andar la computadora y nadie les dio una respuesta. Su carta de despido no llegó hasta un mes después. La Justicia determinó su reincorporación, pero él decidió tomar otro camino.

Si bien hoy su realidad laboral es muy diferente a entonces, sostiene que “es un momento muy difícil” para la comunidad trans y travesti. “Por más que nos rompa las pelotas, por más que estemos cansados de seguir explicando lo mismo o de seguir esperando que le llegue el agua al tanque al otro, a la gente hay que seguir explicándole las cosas”.