GÉNEROS
La Ley Micaela, una conquista bajo amenaza
A pesar de que es obligatoria, la capacitación de funcionarios, jueces, fiscales y legisladores en violencia machista se frenó durante el último año. La situación en las provincias es crítica.
Por más que haya sido sancionada en 2018, la Ley Micaela aún es una demanda vigente. No sólo por la violencia de género que persiste, sino también porque buena parte del Estado aún no ha cumplido con lo que la normativa establece como obligatorio: capacitarse. Según datos del Ministerio de Justicia y de organizaciones como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Mujeres por Mujeres, la implementación de la ley en el Poder Ejecutivo se redujo a cero, y en el Poder Judicial sólo se capacitó el 54 por ciento de jueces y juezas.
La Ley 27.499 establece la formación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en los tres poderes del Estado. Se llama así en memoria de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita y Ni Una Menos, asesinada por Sebastián Wagner, quien cuando cometió el femicidio estaba en libertad condicional a pesar de tener antecedentes por violencia sexual: un beneficio judicial concedido sin perspectiva de género.
El caso conmocionó al país. No sólo por el femicidio en sí, sino porque evidenció cómo la falta de formación de quienes toman decisiones puede costar vidas. En medio de las movilizaciones feministas que exigían “Ni una menos”, surgió la necesidad de una respuesta concreta: capacitar a quienes ejercen el poder.
Desde su implementación, más de 240 mil personas del sector público nacional se formaron bajo esta ley, según los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia. Pero lo más significativo es que la Ley Micaela trascendió los límites del Estado. Además de los tres poderes, la ley llegó a sindicatos, partidos políticos, clubes deportivos, medios de comunicación y organizaciones comunitarias. Más de cien instituciones se sumaron con propuestas como Micaela Medios, Micaela Sindical, Micaela Deportes o Micaela Ciudadanía.
CAPACITACIONES EN PICADA
Soledad Deza, abogada feminista, presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres y capacitadora en perspectiva de género, destaca que “la decisión política de que los agentes del Estado reciban capacitación era ineludible. El femicidio de Micaela puso en términos de obligación una necesidad”. Y agrega: “Cuando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad tenía la rectoría de la política pública, esas capacitaciones se implementaron seriamente”.
Sin embargo, el panorama actual preocupa. El Ministerio fue disuelto a fines de 2023 y sus funciones fueron absorbidas de manera parcial y sin prioridad presupuestaria por el Ministerio de Justicia. El titular de esa cartera, Mariano Cúneo Libarona, niega públicamente la existencia de la violencia de género: durante una exposición ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, afirmó que “la violencia no tiene género” y habló de “falsas denuncias”, en un giro discursivo que fue respaldado por el oficialismo y duramente cuestionado por la oposición.
Los datos del propio Ministerio de Justicia confirman la falta de interés institucional: entre enero y septiembre de 2024 no se registraron nuevas capacitaciones. A esto se sumó la aprobación de la Ley Bases, que recortó de forma sustancial el alcance de la Ley Micaela, limitando su aplicación y vaciando su sentido original (ver recuadro).
La falta de controles también se expresa en el Poder Judicial: un relevamiento realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que sólo el 54,6 por ciento de los jueces y juezas de la Nación se capacitaron. Entre fiscales y defensores públicos, el porcentaje empeora: sólo lo hicieron el 33,6 por ciento de los representantes del Ministerio Público y el 24,7 de los abogados del Estado. Paradójicamente, el poder que debe hacer cumplir la ley avanza más lento en su aplicación.
Deza advierte que “cerrar el Ministerio de Mujeres no fue simplemente una decisión financiera producto de una crisis presupuestaria: el gobierno libertario declaró abiertamente la guerra a las mujeres y diversidades”. En ese contexto, se desmantelaron también programas esenciales para la igualdad de género, y se perdió el control sobre la calidad y eficacia de las capacitaciones.
EMPEORA EN LAS PROVINCIAS
La situación se vuelve aún más crítica en las provincias. Viky Disatnik, directora de la Casa de las Mujeres Norma Nassif en Tucumán, remarca: “Una mujer violada no debe ser atendida un par de veces, es un tratamiento largo para recomponerse de un hecho tan violento, y económicamente la provincia no puede sostenerlo”. A la par del vaciamiento nacional, los recursos provinciales no alcanzan, y organizaciones comunitarias debieron cerrar o reducir su funcionamiento tras décadas de trabajo.
Sofía Sosa, dirigente de la Casa de las Mujeres en el barrio Padre Carlos Mugica, aporta una mirada descarnada. Cuenta sobre la destrucción de las políticas públicas destinadas a las mujeres: “Se desmanteló todo, desde lo más grande que fue el Ministerio de las Mujeres y Diversidades hasta el más pequeño lugarcito que habíamos construido. Ahora las promotoras de género no existen, es un arrasamiento económico y subjetivo en relación a los derechos y debates ganados”.
En la experiencia cotidiana, ya se observan retrocesos concretos: muchas mujeres vuelven a quedarse calladas ante situaciones de violencia. “Ya no se animan a denunciar porque, por ejemplo, no tienen los subsidios a los que accedían para irse a vivir a otro lugar. Nuevamente aparece el temor a ser juzgadas y caer al vacío sin un sostén económico”, advierte Sosa. Para ella, el mensaje del Gobierno es claro: “Se ridiculizó el ‘yo te creo’ frente a un gobierno que dice ‘yo no te creo’”.
Aún así, destaca que muchos espacios comunitarios siguen en pie, resistiendo de forma colectiva. Mientras desde el gobierno nacional se desmantelan políticas de género y se cuestiona la vigencia misma de la Ley Micaela, hay lugares donde su impacto es innegable.
La Policía Federal Argentina es uno de esos espacios. Allí la subcomisario Verónica Biaus es referente de esa transformación. Es jefa operativa y también capacita la fuerza en la Ley Micaela: “La igualdad no llegó por arte de magia”, dice y demuestra que a pesar de un Estado que se retira, en los cuarteles todavía hay quienes sostienen la ley con convicción, y demuestran que cambiar es posible incluso donde parecía imposible.
Por su parte, Deza sostiene que “la gramática libertaria de odio de género y el libreto de violencia diario desde la vocería estatal son incompatibles con cualquier esfuerzo real por cambiar prácticas estatales misóginas”. Sin embargo, advierte: “Lo que sí habrá, es un movimiento de mujeres y diversidades que no está dispuesto a arrodillarse a los pies de ningún león”.
Los golpes de la Ley Bases en la Ley Micaela
La capacitación en género prevista por la Ley Micaela enfrenta un escenario crítico. La Ley Bases introdujo una serie de modificaciones que alteraron profundamente su espíritu original.
Se restringió el alcance de la ley:
La ley establecía la capacitación obligatoria en perspectiva de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajaran en los tres poderes del Estado. Con la reforma promovida por el Poder Ejecutivo, ese mandato se reduce exclusivamente a quienes se desempeñen “en organismos competentes en la materia”, lo que deja fuera a un amplio universo de trabajadores y trabajadoras del Estado.
Este recorte tiene consecuencias directas sobre sectores clave como el Poder Judicial, que incluso bajo la normativa vigente mostraba resistencias a incorporar una perspectiva de género. La nueva redacción debilita aún más la posibilidad de transformación institucional en espacios históricamente atravesados por lógicas patriarcales.
Se redefinió su contenido:
En el artículo 1 de la Ley Micaela se reemplazó la expresión “temática de género y violencia contra las mujeres” por “temática violencia familiar y contra la mujer”. Este cambio no es menor: desplaza el foco hacia el ámbito doméstico, excluye a otras identidades y colectivos, e invisibiliza violencias ejercidas en otros contextos, como los laborales o digitales. Se diluye así el carácter estructural y transversal de la violencia de género.
También se redefine el universo de destinatarios: ya no se capacitará a toda la administración pública, sino sólo a quienes el Gobierno considere pertinentes. Esta decisión queda en manos del Ejecutivo, lo que introduce un criterio discrecional y reduce el alcance formativo de la norma.
Se modificó la autoridad de aplicación:
Otro cambio fue el reemplazo del Instituto Nacional de las Mujeres por el Ministerio de Capital Humano. No sólo se desplazó a un organismo con trayectoria en la materia, sino que se trasladó la definición de contenidos y lineamientos a una cartera sin especialización y en sintonía con una visión más familiarista y asistencialista.
Además, se reformuló el artículo 4, permitiendo que cada organismo desarrolle sus propios materiales de capacitación, siempre que sigan “recomendaciones internacionales”. Sin una autoridad que articule, supervise y garantice calidad y coherencia, la aplicación de la ley puede volverse fragmentada, arbitraria y desigual.
Degradación institucional:
El decreto 86/2023 degradó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a una Subsecretaría dentro del Ministerio de Capital Humano, con menos jerarquía, presupuesto y capacidad operativa. Hubo despidos de equipos técnicos, paralización de programas y pérdida de espacios de articulación alcanzados en los últimos años.
Organismos clave como el INADI también fueron desmantelados, mientras que desde el discurso oficial se relativiza o niega la existencia misma de la violencia de género. Por primera vez desde el retorno de la democracia, las políticas de género desaparecen del organigrama ministerial nacional.
Aunque algunas provincias anunciaron su intención de sostener la Ley Micaela en su versión original, la falta de financiamiento y coordinación a nivel nacional deja su implementación sujeta a la voluntad política local. En este contexto, crece el riesgo de una aplicación desigual y se pone en juego la continuidad de una herramienta que fue clave
“La igualdad no llegó por arte de magia”
La subcomisaria Verónica Biaus es referente del proceso de capacitación en la Policía Federal.
En un país donde se niega que existe la violencia de género, hay una mujer que se planta entre las llamas. No es una metáfora: es la única jefa operativa del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina. Ella también es quien se encarga de capacitar e implementar la Ley Micaela en la fuerza.
“Generó cambios reales, sí. Generó adaptación, compromiso en la institución”, dice la subcomisario Verónica Biaus, 44 años, 22 de servicio. Fue parte de la primera promoción de mujeres en ingresar en un mundo de varones y jerarquías. Ella llegó a uno de los lugares más altos Y lo dice sabiendo lo que pesa una palabra en un cuartel donde, hasta hace nada, las mujeres no podían ni ascender.
La Ley Micaela, esa misma que hoy desde el gobierno nacional miran con desdén y buscan recortar hasta hacer desaparecer, es en la vida de las mujeres que Biaus aquí representa una herramienta real, no una consigna. Con eso formó, viajó por el país, dio capacitaciones. Vio crecer el cupo de mujeres en las escuelas policiales:
“En la policía (las mujeres) llegaban hasta cierta jerarquía y después se tenían que retirar, ahora eso no sucede, uno puede ascender como un masculino, como decimos nosotros, se ha incorporado más mujeres en los cupos en cuanto a las escuelas suboficiales y la escuela de oficiales. Antes, el porcentaje era 15 por ciento de mujeres y 85 de varones y ahora es casi la mitad y mitad”.
Desde adentro de una de las instituciones más duras, cuenta lo que muchos niegan desde un atril, la capacitación sirve. Transformó el ambiente, creó compromiso, obligó a cambiar el chip. Incluso en los lugares más estructurados, se puede hablar de violencia, de protocolos, de derechos. Y que sí, hay resistencia, pero también hay avances. “Creo que todavía quedan algunos desafíos pendientes, limar un poquito más pero es cuestión de tiempo”, señala la subcomisario y remarca que la igualdad no llegó por arte de magia. Sino que fue empujada, discutida. Ganada.
También vio cómo el machismo institucional se empezaba a correr, aunque fuera de a poco. Y mientras el Gobierno insiste con que ya no hacen falta políticas de género, ella, que vive el día a día de las fuerzas, dice lo contrario, que la implementación y las políticas de integración sirven, los cambios están. Y si todavía queda alguna duda sobre por qué es necesaria la Ley Micaela, basta con mirarla a ella con su uniforme, su casco y su pelo rubio. La subcomisario Biaus.
