Con la reforma del decreto 171/17 que modifica la ley Nacional 24449, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la obligatoriedad para motociclistas de llevar el número de patente en cascos y chalecos refractarios. Muchos se agruparon para reclamar que la medida viola derechos básicos.
Por Gabriela F. Gauna (@chocogabyta) | Fotos: Dario Saidman
La medida apunta a combatir a “los motochorros”. Según establece un estudio realizado el año pasado por la Procuración de la Corte Bonaerense, la cantidad de delitos cometidos bajo esta modalidad asciende al 26%. En oposición a esta normativa, cientos de motociclistas, en distintos puntos del país y bajo el lema “Las personas no se patentan”, se agruparon y cada miércoles se congregan (en la Ciudad) frente al Congreso Nacional. En una marcha pacífica y sin cortes de calle buscan hacer visibles sus reclamos y que la ciudadanía tome conciencia de que esto no cubre las expectativas de solucionar el problema de inseguridad, sino que también pone en riesgo a una parte de la sociedad y viola derechos fundamentales de la Constitución Nacional.
Laura Moyano, integrante y vocera de la agrupación afirma que las primeras víctimas son ese porcentaje de motociclistas que cumplen con las normas porque un “motochorro” o delincuente en moto, como prefiere llamarlos, necesita una moto para robar. Es decir que primero le roba a un motociclista.
De acuerdo a lo argumentado por la Ministra Bullrich, estas medidas fueron tomadas del ejemplo de Colombia, país donde en el año 2002 el Congreso sancionó la ley 769 con iguales medidas que pretende implementar Argentina. El objetivo era, a través de los cascos y chalecos patentados, facilitar tanto a las víctimas de robos, como a los testigos, a las fuerzas de seguridad y a los operadores de cámaras de vigilancia, poder identificar a los autores de delitos. Sin embargo el ex senador colombiano Manuel Virgüez resumió el resultado de la medida diciendo que la inseguridad sigue igual. Contrariamente a lo esperado, el control se convirtió en un caos. No hubo uniformidad en el uso del chaleco. Los motociclistas se consideraban estigmatizados y fue una fuente de corrupción en los municipios debido a los intereses de por medio respecto a quienes fabrican los chalecos. Por otro lado, el problema de fondo tampoco pudo ser resuelto, cuando se analizaron las fotos o videos, en muchos casos no coincidía el número de patente con el número de chaleco y con el número de casco. Virgüez concluye, los delincuentes usan motos robadas o hurtadas y esta vestimenta no hace otra cosa que despistar a las autoridades de control con elementos falsos.
Fernando Rivera, motociclista e integrante de Las Personas No se Patentan, afirma que esta medida pone a todos los usuarios de motos ante la mirada de la sociedad como un potencial delincuente. Y deja al ciudadano común mucho más expuesto a este tipo de delitos. “Pocas personas dudarán si ven aproximarse a un motociclista cumpliendo con las normas de vestimentas por lo cual la convierte en un ser más vulnerable al ataque de los delincuentes que pueden falsificar fácilmente patentes, calcos y/o chalecos”. Aún más preocupante resulta pensar que a quien va a buscar las fuerzas públicas ante un ilícito va a ser al titular de ese dominio, sin tener la certeza de si es o no el culpable y las consecuencias que va a tener esto en su vida diaria hasta que se demuestre su inocencia.
Si bien el decreto 171/17 firmado el 13 de marzo solo menciona cascos y chalecos patentados existen otros proyectos de ley a tratarse, complementarios, como el 5033/16, 921/17 y la ley 5526 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluyen medias más restrictivas contra el motociclista como por ejemplo la limitación de poder viajar con acompañante de sexo masculino o circular en determinados horarios del día por zonas de bancos y otros espacios. La iniciativa, de ser aprobada, dice que el incumplimiento constituirá una falta grave, pasible de la retención del vehículo y la sanción consistirá en el decomiso de la motocicleta, en el caso de reincidencia, con posterior compactamiento de la misma. Esta medida atenta directamente contra el derecho de propiedad de todo ciudadano y el de libre circulación.
Freddy Vera Consolani, Jefe de Departamento de Marketing de la Cámara Argentina de Concesionarios de motos afirma que desde la institución se oponen a la medida y para manifestarlo crearon una campaña para difundir su postura. Desde la Cámara solicitan terminar con la estigmatización de los usuarios de motovehículos, teniendo en cuenta que un gran porcentaje lo utiliza como opción de traslado y transporte al trabajo o como recreación.
Eduardo Bertotti, Director del Instituto de Seguridad Vial (ISEV), expone que la fabricación de los cascos deber recibir homologaciones de distintas certificadoras internacionales, en el caso de Argentina la certificación de IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación), estas homologaciones son controles que garantizan a quien usa ese elemento de seguridad que ante un siniestro tiene posibilidades de sobrevivir al impacto. Bertotti asegura que, si bien la aplicación de un sticker a simple vista parece inofensiva, altera las propiedades del material con que se fabrican los cascos y por tanto pone en grave riesgo la vida de quien lo usa además de perder la garantía del fabricante.
Vale mencionar que según un relevamiento del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (SESVI), el uso correcto del casco previene un 67% las lesiones cerebrales y reduce en un 36% las posibilidades de muerte en un siniestro vial. Por esta razón, el uso del casco homologado por las autoridades competentes resulta fundamental para evitar lesiones graves o mortales en motocicletas.
Cae la tarde bajo el cielo porteño y cientos de motociclistas expresan su descontento, tocan bocinas y levantan sus cascos como símbolo de lucha, Laura y Fernando concluyen, “desde Las Personas No Se Patentan creemos la única forma de reducir este tipo de delitos es con controles eficaces y eficientes, con las leyes actuales y endureciendo las penas para los delincuentes en moto. El estado debería abrir un canal de diálogo con la Comunidad Motociclista y entendería que somos pacíficos y tan víctimas de la delincuencia como cualquier ciudadano”.Y remarcan, “un primer paso para identificar a los motochorros sería poner especial atención a grupos de facebook como Motos Crudas, Talle M, entre otras, donde encontrarían a ese porcentaje de delincuentes en moto que roban, delinquen y venden partes de motovehículos en redes sociales con total impunidad.
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