Monjas de clausura, el misterio detrás de las rejas
No salen de sus muros si no es estrictamente necesario y en general, solo lo hacen por motivos de salud. Pueden votar por correo, pueden recibir visitas con un permiso especial, conviven con una doble reja que separa a los visitantes de ellas. La vida en perpetuo encierro de las que renunciaron al mundo terrenal.
No salen de sus muros si no es estrictamente necesario y en general, solo lo hacen por motivos de salud. Pueden votar por correo, pueden recibir visitas con un permiso especial, conviven con una doble reja que separa a los visitantes de ellas. La vida en perpetuo encierro de las que renunciaron al mundo terrenal.
Para ingresar al convento -casa donde viven las religiosas como las aspirantes a monja-, deben tener entre 18 y 25 años. Esto es porque el objetivo es vivir la vida de forma monacal y poseer una edad en la que se pueda decidir libremente ingresar a la institución.
Es requisito también contar con un certificado de “buena salud “emitido por un médico de cualquier hospital público. Así también, es fundamental que la candidata a religiosa cuente con “una profunda fe y convicción religiosa”, “ser alguien que realmente desee vivir sus días dedicada a las reglas religiosas”, demostrar un “real y profundo” conocimiento del catecismo católico para que pueda comprender los principios y valores de la vida conventual y haber sido bautizada bajo la norma apostólica y romana.
Existen además otros requisitos, como la aprobación de la autoridad religiosa correspondiente. Esto significa que la postulante debe ser admitida por la superiora del convento para ingresar al claustro que sea. Asimismo, la aspirante debe cumplir con las obligaciones financieras, como pagar los gastos de alojamiento y alimentación, así como “aportar donaciones mensuales”. Como si fuera poco, debe estar dispuesta al ayuno, la oración, el trabajo, el estudio, la asistencia y obediencia.
Las monjas de clausura tienen una larga historia en la iglesia católica, y aún hoy siguen estando presentes en todo el mundo. En estos conventos cerrados, las religiosas tienen poco o “casi” ningún contacto con el mundo exterior y experimentan una rutina completamente autónoma de su comunidad.
A menudo, esta vida monástica incluye oraciones nocturnas, trabajo manual y contemplación. Se someten a un régimen de vida muy estricto que puede incluir el silencio total, duchas de agua fría, levantarse al alba, la abstinencia de ciertos alimentos, ser controladas cuando van al sanitario, realizar actividades que requieran fuerza física y mental, “el cuidado de las hermanas enfermas, dormir en camas de madera con colchón hecho de paja y arpillera”, y la separación de sus afectos y todo tipo de relaciones con el mundo exterior.
Llegar a ellas es casi imposible, su hermetismo responde a su adoctrinamiento dogmático. Sor Patricia, una religiosa del Monasterio de Santa Catalina de Siena de la provincia de Córdoba, en una charla para las nuevas novicias, habló sobre el enrejado que separa a las religiosas de las demás personas.
“A nosotras no nos encierra nadie, las rejas son algo simbólico, algo que le pertenece a la fe y a nuestro amor a Dios”.
No obstante, están encerradas en su realidad: no tienen televisión, no escuchan la radio, no tienen acceso a redes sociales, ni leen diarios o revistas, solo libros de espiritualidad. Lo que saben del mundo lo conocen por las cartas que envían sus familiares o por el sacerdote que las visita semanalmente para confesarlas y oficiar la misa.
Tomás Juan Francisco, sacerdote salesiano, profesor de Filosofía y Doctor en Teología en la Facultad de San Miguel y párroco del Club Racing, considera: “Dios no pide la libertad de los seres humanos, él hace al ser humano libre, él es la única libertad”. Y agrega: “La iglesia no justifica el encierro, pero lo acepta.”
El también integrante de la Sociedad Argentina de Teología dice que “todos debemos ser respetuosos de las distintas libertades” ya que, según él, hay hombres y mujeres que “entienden ese llamado a la vocación desde la consagración en un monasterio de clausura y lo asumen con total libertad”, “Nadie los obliga. Estas personas han encontrado el desafío de vivir esa vida y se han encontrado con una tremenda oportunidad de libertad”, amplía el padre Tomás.
Sin embargo, para la escritora Florencia Luce que pasó 12 años “al servicio de Dios” revela que el universo de las monjas de clausura es por lo menos más complejo que lo que plantea el sacerdote.
“El control y la manipulación psicológica que se ejercitaba puertas adentro de la institución religiosa, hicieron que me resultara imposible quedarme a vivir en aquel lugar”, cuenta cuando tenía 20 años había ingresado a un convento pero decidió liberarse en cuanto sintió “la brisa de la liberación”. “Tomé mis cosas, y como hacía cuando salía a hacer algún trámite, sin decirle nada a nadie, pedí que me abrieran la puerta”, relató.
Luce procesó toda su experiencia de más de una década en su libro “El canto de las horas”, una novela en la que realiza una minuciosa construcción política de la abadía, las negociaciones entre la Iglesia y el Estado, los pactos de silencio, la violencia física y mental ejercida por la madre superiora, la sexualidad que se vuelve un tema tabú entre las novicias y la jerarquías de mandos, donde cada una tiene un rol específico y lo cumplen con tenaz recelo.
En la actualidad, está casada, tiene una hija de 23 años, y después de estudiar Literatura en la Universidad de Rutgers, incursionó en la escritura creativa de la mano de Hugo Correa Luna, y actualmente trabaja en el ámbito de la poética, en traducción y enseñanza de idiomas en Nueva Jersey.
“Aprendí que la entrega religiosa, en particular la monástica, es para pocos. Puede ser una vida maravillosa para algunos, y un tormento para otros”, describe la autora sobre sus días de soledad y desamparo en ese universo distópico y alejado de la realidad. Y, en el mismo sentido, agrega sobre ese lugar en el que se sintió manipulada para nunca abandonarlo: “Me gustaría que no ingresen siendo tan jóvenes, que no se apresuren, que sus familiares les aconsejen trabajar, estudiar una carrera, enamorarse, madurar, antes de tomar la decisión final”.
Las palabras de una mujer que según ella sintió la brisa de la liberación cuando pudo salir del convento.
Cajas grandes, medianas, pequeñas. Cajas vacías y cajas con productos. Abiertas, cerradas, apiladas desde el suelo hasta el techo. Bolsas cerradas, bolsas abiertas. Bolsas vacías y bolsas llenas. En la cocina, comedor, pasillo. Papel film, tijeras, cutter.
–Esta ya es la tercera tanda que hacemos –dice Mirta mientras se sienta. Habla en plural porque la actividad la comparte con Héctor, su marido. Lo dice con una pequeña sonrisa en el rostro, ante el escenario caótico de esa casa de techos altos y ambientes varios y amplios, un hogar que sabe recibir seis hijos y ocho nietos. Un hogar en el cual las paredes blancas casi ni se pueden ver, porque desde hace unos meses se ha convertido en algo similar al depósito de una papelera.
Héctor y Mirta son jubilados. Tienen 70 años y hace 48 que están casados. Él es paciente oncológico, ella paciente cardíaca. Viven en la localidad de Ciudad Jardín Lomas del Palomar, partido de Tres de Febrero, en la zona oeste del conurbano bonaerense. Ella es jubilada con la mínima. Él es jubilado de EDENOR (Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima dedicada a la distribución y comercialización de energía eléctrica en la Ciudad de Buenos Aires y en los municipios del norte y noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires), en la que trabajó durante 35 años, y sus ingresos estaban bastante por encima de la media.
Pero, el cambio de Gobierno los desacomodó: hace unos meses debieron pedirle a uno de sus hijos que le consiguiera algún trabajito, “una changa”, porque por primera vez desde hacía años, por primera vez desde su etapa de jubilados, no llegaban a fin de mes. Hoy, su casa es un espacio de trabajo, tres ambientes de home office donde arman bolsas con productos de muestras gratis para eventos corporativos.
A Héctor le da vergüenza hablar. A Mirta, todo lo contrario:
-Mi vida laboral comienza a los 18. Entro al Banco Central como empleada administrativa y trabajé durante siete años. También estudiaba en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Lo conocí a mi marido en el 75, me casé en el 76 y empecé a tener hijos. Héctor trabajó en una tornería, vendió libros para el círculo de lectores, en una boletería en el ferrocarril. Ahí, el trabajo fuerte era el mío. Cuando nace mi tercer hijo, mi marido empieza a trabajar en lo que aquel entonces era SEGBA (actual EDENOR. “Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires” era una empresa pública nacional encargada de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica para la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires –actual CABA-, la Provincia de Buenos Aires y el Gran La Plata). Ya con 3 hijos no me queda otra que renunciar al trabajo y dejar la facultad.
Mirta no se queda quieta. Camina y camina por toda la cocina en torno al grabador. Pese a que no debería por las contraindicaciones respecto a su salud cardíaca, fuma un cigarrillo detrás de otro.
–Después pongo varios negocios. Yo trabajaba medio tiempo, cuando los chicos estaban en la escuela. En esos años nacen los mellizos y después una hija más. Nos agarra la hiperinflación de Raúl Alfonsín y tenemos que cerrar el negocio. Siempre algo para la casa aporté. Con un sueldo solo y seis hijos no se podía. Y siempre mis trabajos fueron casualidades. Yo no presenté un currículum en ningún lado, siempre empecé a trabajar de casualidad.
Mirta cuenta que en los años siguientes trabajó de secretaria para un contador y luego en la oficina de personal en el Hospital Privado Modelo de Florida. Estuvo allí siete años hasta que la echaron por una licencia médica tras una fractura de tobillo. Un día en ANSES, porque aún cobraba el seguro de desempleo del hospital, escuchó cómo una empleada le explicaba de mala manera a una abuela lo que era el “SICAM”:
-Me dio bronca porque la estaban tratando mal. Entonces voy y le digo: ´Disculpame, la señora no entiende y yo tampoco, ¿me podés explicar qué es el SICAM?´. Ahí me enteré que se trataba de un plan de pagos que tenías que hacer para poder jubilarte. Era justo en la época en que Cristina Fernández de Kirchner había sacado la mal llamada “jubilación para amas de casa”.
Como esas casualidades de las que habla Mirta, esa misma noche la llamó su cuñada abogada y le ofreció trabajar haciendo SICAM. Realizó un curso, se convirtió en gestora y se empezó a relacionar con los jubilados. Hizo montones de jubilaciones, alrededor de 400.
-Ahí veo el maltrato que había con los jubilados. Los hacían ir mil veces y se tiraban la pelota entre ANSES y AFIP.
Créditos: CNN en Español
El maltrato y desprecio hacia los jubilados y adultos mayores sigue siendo muy visible hoy en día. Y esto, no solo se limita al ámbito humano, sino también al económico. La decisión del Gobierno actual de recortar el subsidio a varios medicamentos es una forma de maltrato. Pacientes oncológicos en tratamiento como Héctor, cuya medicación alcanza valores descomunales, son prácticamente condenados a muerte de no tener una obra social que los respalde.
A esta situación hay que sumarle el aumento en las tarifas, algo que Hector y Mirta sufren enormemente mes a mes. Y, en este contexto de dificultades y necesidades visibles, declaraciones del Presidente como “la gente va a decidir de alguna manera para no morirse de hambre”, no hacen más que evidenciar la total falta de compromiso y desconexión con los sectores más vulnerables de la sociedad. Y también, es en este mismo contexto donde Mirta y Hector tuvieron que volver a trabajar. Pero, como resalta Mirta, uno puede volver a trabajar y solo “zafar”, porque ya no se tiene la capacidad física y mental como para poder tener un buen trabajo.
-En cada Gobierno que pasa la jubilación va perdiendo poder adquisitivo. Pero con Javier Milei nos fuimos al recontra carajo. Te achicás, recortás algunas cosas, después ya no podés más. Lo que más me duele es que antes les hacía regalos a todos mis nietos para el cumpleaños, para el Día del Niño. Ahora ya no regalo a nadie. Pienso en cortar el cable, vender el auto, pero a su vez pensás: “¿Es justo a esta altura del partido, cuando trabajaste toda la vida?”. Pero bueno… tirás para adelante, no te queda otra.
El grabador se apaga junto con el cigarrillo de Mirta, quien se va de la cocina al comedor y lo llama a Héctor: ya es hora de seguir armando bolsas. Los Héctor y Mirta se replican por todos lados. Cada vez hay más jubilados que deben seguir trabajando porque no llegan a fin de mes. La voz de estas personas se hizo resonar el último 11 de septiembre, donde miles se congregaron frente al Congreso argentino mientras se desarrollaba la sesión parlamentaria en la que se debatía el posible aumento a los jubilados, que finalmente se vetó. Diversos medios replicaron declaraciones como “no me acuerdo lo que es comer carne”, medicarse “cuando se puede”, o “como una vez al día”.
Argentina tiene una larga tradición de manifestaciones callejeras, y las personas de mayor edad no quedaron exceptuadas de tener que salir a la calle durante los 90, cuando sus pensiones se mantuvieron congeladas durante años. Una de las caras más conocidas de aquellas marchas, Norma Plá, aparece hoy homenajeada en pancartas en las que se exige una jubilación digna y se destaca la leyenda: “Todos somos jubilados, es una cuestión de tiempo”.
Créditos: Infobae
“Estoy re podrido de laburar, pero no tengo alternativa”, dice Víctor Amarilla en medio de la multitud durante la marcha del 11 de septiembre, a un corresponsal del Dario El País de España. Porque si, esta congregación de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad trasciende fronteras. Jubilado como conductor de trenes a sus 72 años se ve en la necesidad de trabajar medio día como portero de un edificio.
“A nosotros nos sacan cada vez más plata en vez de sacársela a los que más tienen. A los ricos les perdonan impuestos y a los evasores les llaman héroes”, critica Victor sobre el blanqueo de capitales aprobado por el Congreso. Agrega que si bien los $18.000 extra que contemplaba la ley vetada por Milei no solucionaba la mala situación económica de muchos jubilados argentinos, suponía un alivio para los más vulnerables.
“He dejado de comprar uno de los medicamentos que tomaba porque su precio se multiplicó por cinco en sólo un año. Milei se llena la boca con la palabra libertad y lo que quiere es un país libre de viejos”, dice Teresa Olmos de 84 años manteniendo distancia del cordón policial por miedo a que los antidisturbios comiencen a reprimir, como en las manifestaciones pasadas.
Una vez más, los jubilados debieron salir a la calle a pedir por sus derechos. Repasando la historia, ¿con quienes ganaron y con quiénes perdieron los jubilados? Gracias a la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) es posible conocer cuánto es la jubilación mínima. También se dispone del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), quien mensualmente publica y actualiza las estadísticas sociales, poblacionales y económicas en su página oficial. A partir de esos datos, y teniendo en cuenta el precio de los bienes y servicios se pueden hacer las comparaciones adecuadas para saber si el valor de la jubilación aumenta o disminuye.
Las jubilaciones en Argentina en números
Durante la convertibilidad, las jubilaciones estuvieron congeladas. La inflación que trajo la caída del 1 a 1 y su devaluación hizo que perdieran un 20% de su poder adquisitivo en el primer semestre de 2002.
Desde 2002 hasta 2009 hubo 14 aumentos por decreto de las jubilaciones, en conjunto con la apertura de una masiva moratoria en 2004 para incorporar a aquellos que no tenían todos los aportes hechos. El resultado: la jubilación mínima tuvo un incremento del 69% respecto al que tenía durante la convertibilidad, y casi tres millones de adultos mayores, en su enorme mayoría mujeres, fueron incorporados al sistema.
Durante el Gobierno de Cristina Kirchner, la jubilación mínima aumentó un 31,4% su poder adquisitivo entre 2009 y 2015. La fórmula aplicada en 2009 era una ecuación que contemplaba la variación de los recursos del sistema previsional y la evolución de los salarios. Se trataba de una fórmula muy dependiente de que la economía estuviese en un ciclo de crecimiento y expansión del trabajo registrado y de su remuneración.
Durante la gestión de Mauricio Macri, la jubilación mínima nunca ganó poder adquisitivo, sino que sufrió una pérdida próxima al 25% respecto del inicio del mandato. A fines de 2017, el macrismo modificó la movilidad jubilatoria. La nueva fórmula preveía actualizaciones trimestrales, no semestrales, producto de una ecuación que combinaba el IPC y la evolución salarial. En un contexto de plancha de salarios y aumento de inflación, esto no sirvió.
La gestión de Alberto Fernández se caracterizó por los espasmódicos saltos del poder adquisitivo de la jubilación mínima gracias a la aplicación de bonos, que se pagaron 24 veces. Eso equivale a la mitad de los meses de un Gobierno. Fernández también cambió la fórmula jubilatoria y volvió a la ecuación utilizada durante el ciclo de Cristina, pero esta vez con actualizaciones trimestrales en lugar de semestrales. La diferencia con el ciclo anterior fue la disparada de la inflación. Fernández terminó su ciclo con una caída de 6,6% en el poder adquisitivo en noviembre de 2023, en comparación con noviembre de 2019.
Milei hizo su propia reforma de la movilidad jubilatoria, pero por decreto. Desde julio, las jubilaciones se actualizan todos los meses de acuerdo con el IPC que elabora el INDEC. Es decir que se ajustan por inflación. Este índice se publica 15 días después del mes analizado, por lo que la inflación de julio, por ejemplo, se conoce a mediados de agosto. De esta forma, el porcentaje de incremento en las prestaciones impacta en la liquidación de haberes del mes siguiente. Por lo tanto, hay un rezago entre la fecha de cobro y el porcentaje de referencia del Indec.
En octubre de 2024, los jubilados y pensionados en Argentina recibieron un incremento del 4,17% en sus ingresos en concordancia con el aumento de precios registrado en agosto, que fue del 4,2%. Con este ajuste, la jubilación mínima fue de $244.390,92 en octubre, y en caso de otorgarse el bono podían percibir un total de $314.390,92.
Según el INDEC, la medición de la pobreza con el método de Línea de Pobreza (LP) consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si éstos tienen capacidad de satisfacer por medio de la compra de bienes y servicios un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales.
El procedimiento parte de utilizar una Canasta Básica de Alimentos (CBA) y ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etcétera) con el fin de obtener la Canasta Básica Total (CBT).
Para determinar la incidencia de la pobreza, se analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no supera el valor de la CBT; para la indigencia, se calcula la proporción de los que no superan la CBA. En septiembre de 2024, los valores de la CBA y de la CBT para un adulto equivalente fueron de $138.744,31 y $312.174,7 respectivamente. En septiembre de 2024, la CBA tuvo una variación mensual de 1,7% y la CBT de 2,6%. En el año, la CBA y la CBT acumularon incrementos del 78,1% y 94,6%, respectivamente
De este modo, teniendo en cuenta las proyecciones de inflación publicadas por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central, el poder adquisitivo de una jubilación mínima cayó en septiembre un 5,8% real con relación a diciembre de 2023.
La ley vetada establecía una mejora en los haberes jubilatorios con la recomposición del 8,1% por la inflación de enero que no fue reconocida por el Gobierno. Asimismo, ratificaba la fórmula de movilidad que impuso el Gobierno por decreto, por la cual se actualizan los ingresos de los jubilados por inflación.
Además, proponía un aumento anual adicional en marzo según la diferencia entre el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el IPC. No importa la cuenta que se saque. Los jubilados pierden.
Volver a trabajar para subsistir: la realidad de los jubilados en Argentina
Es sábado por la mañana. El flete arranca y se va, cargado con las 2.000 bolsas con muestras gratis que se repartirán entre los asistentes al evento empresarial. Mirta cierra la puerta de la casa mientras Héctor termina de recoger del piso las pocas cajas vacías que quedaron diseminadas por la cocina y el comedor. Los ambientes vuelven a respirar. Entra luz y se pueden ver las paredes blancas pero solo por unas horas: el lunes volverá a llegar un nuevo flete con cajas y cajas de muestras gratis, cajas y cajas de bolsas vacías para ser llenadas. Y el trabajo se reiniciará nuevamente.
Mirta extrae de la heladera un tupper con comida que sobró de la cena la noche anterior, y la pone a calentar en el microondas. Héctor le dice que no tiene hambre, y se va a dormir la siesta. Cuando el microondas hace sonar un pitido anunciando que el tiempo ha finalizado, Mirta saca el plato y se sienta a comer.
Mirta, jubilada de la mínima, paciente cardiaca, comerá durante los siguientes 30 minutos la comida recalentada de la noche anterior mientras observa su cocina y comedor y piensa de qué manera acomodará esta vez las decenas de cajas que le llegarán el lunes. Mientras tanto, en Olivos, el Presidente Millei festejaba con un asado junto a los “héroes” que vetaron el aumento de $18.000 a los jubilados.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
En febrero de este año, el Presidente de la Nación, Javier Milei, modificó por decreto la Ley 26.743 de Identidad de Género que, entre varias cuestiones, era la primera legislación en el mundo que permite el cambio de nombre e identidad de género bajo estándares de autoidentificación y el derecho a la salud integral.
Este hecho fue un ataque directo a la comunidad LGBTQ+, pero sobre todo a las personas trans que, según el Censo 2022, representan un 0,4% de población: un total de 196.956 personas en el país que no se identifican con el género asignado al nacer.
Martin de 17 años es uno de ellos. Vive en Mar del Plata y asiste a un colegio secundario técnico. Su transición empezó hace ya casi cinco años: realiza un tratamiento hormonal desde mediados de 2022 y llevó a cabo una cirugía de mastectomía en abril de 2023.
-¿Cuál es tu opinión sobre esta modificación?
-La capacidad de ser auténticos y expresar libremente la propia identidad es esencial para sentirse libre. No hay mayor derecho que la libertad que ser lo que realmente sentís porque, ¿cómo puede uno ser libre si no es quien es?
-¿Te parece que afecta esta modificación en la salud mental de los adolescentes trans?
-Las hormonas son importantes para nosotros, hay un montón de estereotipos arraigados a la sociedad y eso afecta a la autoestima. Es muy difícil para un adolescente trans leer esa noticia.
-¿Sentís que la sociedad en general se vio afectada con este cambio?
-La sociedad es un poco egoísta y esto es un retroceso. Las opiniones se dividen en dos: los adolescentes trans enojados y, por otro lado, la gran mayoría que apoya el decreto. Estos últimos están y estuvieron en contra de la Ley. Ocultan su transfobia y atacan pero sin que parezca algo directo.
-¿Cómo es un tratamiento de hormonas?
-Comencé con la testosterona antes de cumplir 16 años usando medio sobre de hormonas en gel por aproximadamente seis meses. Después, se puede optar por seguir con el gel o iniciar inyecciones. Las inyecciones se pueden hacer cada mes, pero es más común cada tres o cuatro meses. Hoy en día uso inyecciones.
-¿De qué forma puede afectar al tratamiento no recibir más hormonas?
-Depende de la cantidad de tiempo. En mi caso tengo un balance hormonal bueno, pero la hormonización tiene cambios reversibles e irreversibles. Por ejemplo, mi voz no volverá a ser femenina. Pero es diferente para los chicos que usan gel.
-Este tipo de terapias, ¿son exclusivas de la medicina privada o también podés realizarlas en un centro de salud pública?
-Tanto obras sociales como hospitales públicos y privados están obligados a cubrir el 100% del tratamiento, sea hormonal o quirúrgico. Tal vez pagues la consulta con algún médico si decidís ir con tu doctor o endocrinólogo de cabecera, pero todo el resto no.
-¿Cómo es una primera consulta médica a la hora de averiguar por un tratamiento de hormonas o una cirugía?
-En la mayoría de los casos se empieza con las hormonas. El especialista debe explicarte el tratamiento, los cambios reversibles e irreversibles, y cómo aplicar las hormonas. También te informan sobre trámites con la obra social y opciones gratuitas.
Para las cirugías, debes sacar un turno con un cirujano quien te detalla el proceso, el pre y post quirúrgico, los medicamentos y estudios necesarios.
-¿Cómo es el procedimiento con la obra social y médicos para realizarse la mastectomía?
-Una vez que elegís el cirujano para la mastectomía, comenzás con los trámites. El médico te entrega los requisitos para la obra social, que son muchos, costosos y tardan en aprobarlos. Cuando los aprueban empezás con los prequirúrgicos: mamografía, análisis de sangre y analgésicos.
-A partir del momento en que trancisionaste y le contaste a tus vínculos cercanos, ¿hubo un cambio en la manera cómo te trataba la gente? ¿Alguna vez sufriste discriminación o maltrato?
-Mi mamá lo aceptó pero tardó en cambiar mi nombre o pronombres; lo mismo le pasó a toda mi familia. Yo asisto a una escuela técnica y transicionar en este ambiente, donde hay actitudes machistas, fue difícil. Muchos profesores no me trataban con pronombres masculinos y justificaban su comportamiento con comentarios sobre mi apariencia. Incluso los directivos me seguían tratando en femenino. De por si, la adolescencia ya es complicada y para alguien trans, la discriminación la hace aún más difícil. Está todo el mundo negándote.
Créditos: La Izquierda diario
-Cuando tramitaste el cambio de género en el DNI, ¿de qué manera manejaron esto en los espacios a los que concurrías?
-Al principio, cuando empecé a transicionar, no tenía el DNI y las respuestas de mis profesores al pedir que no me llamaran más por mi nombre anterior eran todas que no. Ahí consulté a una abogada que me dijo que no había ninguna ley que lo prohibiera. Cuando obtuve mi DNI, fui a la escuela para que actualizaran mis datos; pero no fue algo rápido.
-Llama la atención ver cómo la violencia está cada vez más presente, el retorno de las ideas de la derecha y la libertad que se dan las personas a la hora de discriminar. ¿Cómo vivís esto?
–Nunca vi tantos comentarios de odio hacia las personas trans como los hay ahora. Antes existían, pero la gente tenía miedo de opinar por el temor a ser juzgada. Ahora, con la cantidad de violencia pública injustificada que hay en el día a día, se sienten con más derecho a discriminar.
-Se menciona en la actualidad que hay una “falta de conocimiento cabal” respecto de los efectos a largo plazo de las terapias de hormonización, ¿esto es real? ¿Creés que no se conoce la suficiente información sobre las terapias de hormonas?
-Es completamente falso y es una manera de excusar el decreto. Buscan justificaciones para ocultar su discriminación y transfobia. Cuando uno llega a un centro médico y habla con un endocrinólogo está obligado a informar sobre los efectos a largo y corto plazo del tratamiento, ya sea de hormonización o cirugía.
-En la modificación de la ley se limitan absolutamente todas las terapias, las arrancadas y las que no, ¿crees que esto lo podrían haber abordado de otra manera?
-Partimos de la base de que el decreto, en general, me parece una estupidez. De por si, ser adolescente es difícil, ser una persona trans lo es aún más. Durante la adolescencia se descubre la identidad, lo que se quiere ser y hacer, y lo que se siente. Deberían haber modificado el decreto para algo que realmente ayude a los menores en su salud física, psicológica y emocional.
-¿Creés que esta política puede cambiar en un futuro o los adolescentes van a tener que esperar a cumplir la mayoría de edad para poder realizarse tratamientos?
-Espero que la política cambie… pero que se modifique una ley no quita que las personas trans y los tratamientos clandestinos no existan. La necesidad de transicionar y ser quien realmente deseas te pueden llevar a situaciones riesgosas, enfermedades, una mala praxis, uso de sustancias sin conocimiento médico e incluso la muerte.
*Estudiante de la carrera de Periodismo y Producción de contenidos a distancia.
Mientras el gobierno de Javier Milei evalúa eliminar la figura de femicidio del Código Penal y con ello la Ley Brisa, los datos siguen siendo alarmantes: solo en enero de este año se registraron 27 femicidios en todo el país, el 49 por ciento de los hijos que quedaron huérfanos son menores de edad y en el 60 de los casos el asesino era la pareja o ex pareja de la víctima.
La Ley Brisa fue creada para dar una respuesta a esas situaciones. Se sancionó en 2018 con el número 27.452 y reconoce el derecho a una reparación económica mensual a niñas, niños y adolescentes que hayan perdido a su madre por femicidio cometido por su padre. El beneficio es retroactivo al momento del crimen y se extiende hasta los 21 años o de manera vitalicia si hay discapacidad. También contempla acceso a salud mental, asistencia legal y acompañamiento integral. Sin embargo, en la práctica, no funciona como se espera.
Con 41 años, Pamela Lodola es una abogada que trabaja desde hace diez años en la Oficina de Asesoramiento y Acceso a la Justicia de la Villa 1-11-14 de Capital Federal. Según ella, “en el último tiempo las denuncias de abuso sexual aumentaron, no porque ahora haya más abusos sino porque nos animamos a denunciar”. Pero no obstante advierte sobre una consecuencia de la violencia y los niveles de odio de estos tiempos: “El temor más grande es que estos discursos de odio se repliquen en las mujeres”, contó a ETER Digital.
LOS OBSTÁCULOS DE LA LEY
Uno de los principales obstáculos que presenta la ley es su alcance limitado: en su versión original, el beneficio estaba destinado únicamente a hijas e hijos biológicos del autor del femicidio. Esta condición excluía automáticamente a niñas y niños cuya madre fuera asesinada por un padrastro, una pareja conviviente o en casos en los que el agresor se suicidaba luego del crimen. Si bien la interpretación de este punto se fue flexibilizando, la falta de información, los requisitos judiciales y los contextos de vulnerabilidad económica profundizan la desigualdad en la aplicación de la norma.
Después de su sanción, la ley comenzó un proceso lento de implementación que derivó en la Comisión Permanente de Seguimiento (CoPeSe). Integrada por equipos técnicos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tiene la tarea de coordinar todo lo relacionado con el Régimen de Reparación Económica para Niñas, Niños y Adolescentes (RENNyA).
LOS INTENTOS DE ELIMINAR EL “FEMICIDIO”
El Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, contabilizó que hasta enero de 2025 hubo 1 femicidio cada 26 horas. En varios de ellos, la Ley Brisa hubiera sido aplicable.
Frente a este panorama, organizaciones que trabajan en la temática expresaron su repudio hacia los funcionarios que minimizan la violencia de género. “Con la autoridad que nos otorga el camino recorrido, repudiamos enérgicamente los conceptos vertidos tanto por el Presidente de la Nación (Javier Milei) como por el Ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona), para quienes el género es una ´joda que se usó como negocio y arma extorsiva´, y por lo tanto planean, entre otras cosas, eliminar la figura de femicidio -homicidio en contexto de violencia de género- del Código Penal”, advirtió La Casa del Encuentro.
Pamela Lodola combina su profesión con su militancia como abogada voluntaria de esa organización. Según ella, el intento por parte del Poder Ejecutivo de eliminar la figura del femicidio produce un efecto negativo en las mujeres. “Hay todo un discurso de deslegitimación porque según el Presidente no existen las violencias y los femicidios se redujeron, por lo que ya no es una política pública necesaria. Eso desmotiva a las mujeres”, comentó.
LA RESPUESTA DE ALGUNOS SECTORES DE LA SOCIEDAD
Daiana de los Ángeles Barrionuevo tenía 24 años cuando desapareció el 20 de diciembre de 2014. Su cuerpo fue encontrado tres semanas después envuelto en una frazada de sus hijos dentro de una bolsa de consorcio, flotando en un arroyo de Moreno. La había asesinado Iván Rodríguez, su pareja, de quien ella quería separarse.
Tenía tres hijos: gemelos de 7 años y una nena de 2, Brisa. Después del crimen, los chicos fueron a parar a la casa del abuelo, Osvaldo, pero tiempo más tarde, Cintia, hermana de Daiana, los recibió en la suya. En un contexto marcado por la desinformación y la falta de recursos, la familia tuvo que organizarse como pudo.
Maximiliano Montenegro, periodista de Diario Popular e integrante de la Red de Periodistas con Perspectiva de Género, fue uno de los primeros en mostrar la relevancia del caso. “Empezamos a visibilizar esta situación periodísticamente desde lo individual en el Diario Popular, y desde lo colectivo con la red y con un montón de gente que se fue sumando”, explicó. Con un seguimiento periodístico, la figura del abuelo Osvaldo empezó a tener relevancia por su esfuerzo en el mantenimiento de los niños. “Era un hombre de 70 años con las necesidades básicas insatisfechas. Me acuerdo de una charla en la que me dijo: `Tengo que elegir entre el ibuprofeno o la comida de los nenes’”.
El interés y preocupación de Montenegro generó que organizaciones sociales defensoras de los derechos de las mujeres empiecen a involucrarse. La Casa del Encuentro, asociación civil que lucha contra toda forma de violencia hacia las mujeres, niñas y niños, se encargó de proponer el proyecto de la Ley Brisa ante el Senado. Luego de que durante dos años el proyecto de ley durmiera en el Congreso, fue aprobado gracias a la militancia en las calles y la intervención periodística.
“EL ESTADO NOS TIENE QUE AVALAR”
Pamela Lodola tuvo la posibilidad de observar la realidad en los barrios, al enfrentarse a mujeres que están atravesando situaciones de violencia: “Ahí empecé a escuchar que esto es sistemático. Todos los casos son más o menos cortados por la misma tijera y los varones violentos tienen las mismas frases y formas”.
“Me parece que lo que tenemos que plantear es que no tenemos que tener miedo y que tenemos que salir a denunciar. El Estado nos tiene que avalar y debe reconocer nuestros derechos como mujeres”, exigió no sin reconocer una de las raíces del problema: “Los obstáculos siempre son burocráticos y la Justicia suele ser un organismo expulsivo para la sociedad”, concluyó.
