El aislamiento social obligatorio por el coronavirus comenzó con una emergencia penitenciaria en las cárceles federales, que están superpobladas ¿Qué pasa con el hacinamiento en medio de la pandemia? Resoluciones que aíslan más a los presos.
Por Micaela Graziano
Desde que el 11 de marzo La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por el coronavirus dicho organismo recomienda, como una de las medidas de prevención más efectivas, el distanciamiento social. Sin embargo, cuando comenzó la cuarentena obligatoria en el país la sobrepoblación en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) era del 7,96%, de acuerdo con estadísticas oficiales. Algunas de las medidas que se tomaron para paliar las condiciones de hacinamiento y prevenir la propagación del COVID-19 dentro de los penales fueron: la suspensión de visitas, el control de la temperatura de toda persona que ingresara a los establecimientos carcelarios, la suspensión de salidas transitorias y la creación de un “Comité de Crisis”.
En la actualidad, el SPF tiene capacidad para alojar a 12694 personas. Si bien, desde el 2015 se sumaron más de 1800 plazas, el problema habitacional continúa. Al 27 de marzo de este año, una semana después de anunciado el distanciamiento social obligatorio, habitaban en él 13705 presos, 1011 por encima de la capacidad informada.
De las 32 unidades que conforman el Servicio Penitenciario Federal 14 están sobrepobladas.
El Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (CELIV) estima que entre el 2013 y el 2019 la población carcelaria del país aumentó un 55%. En marzo de 2019, para hacer frente al déficit habitacional dentro del sistema federal y mejorar las condiciones de privación de la libertad, El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la emergencia penitenciaria por un lapso de tres años.
Argentina tenía en 2018 una tasa de encarcelamiento de 213 personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes, una de las más bajas de la región. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) la población carcelaria muestra un crecimiento sostenido desde el año 2015 que se corresponde con un aumento del uso de la prisión preventiva. La PPN estimaba en el año 2019 que seis de cada diez presos no tenían condena firme, eran “legalmente inocentes”.
El 28 de enero ante la expansión del virus a nivel internacional se impartieron una serie de recomendaciones desde el Ministerio de Salud para impedir la dispersión de la enfermedad (COVID-19) dentro de las unidades del SPF. Entre ellas: extremar medidas de higiene, recomendar el lavado de manos y mantener una situación de alerta ante posibles casos.
El 12 de marzo, una semana después de que se confirmara el primer caso de coronavirus en el país, se determinó la creación de un “Comité de Crisis” con el fin de coordinar las medidas de prevención y evitar la propagación del virus en los establecimientos penitenciarios.
Días después de que la OMS declarara la pandemia por el coronavirus, se suspendieron las actividades educativas dentro del SPF en los niveles primarios, medios y superiores. Se estableció la firma de una declaración jurada y la realización de un control sanitario para las visitas y se prohibió el ingreso de personas pertenecientes al grupo de riesgo y de aquellas personas que hubiesen estado en países afectados.
Una vez declarada la cuarentena obligatoria, el 20 de marzo, se suspendieron las admisiones de nuevos internos en el Servicio Central de Alcaidías y las visitas ordinarias, extraordinarias y entre internos. A partir del 2 de abril, se implementó un sistema de videollamadas realizadas en salas de videoconferencia para que los detenidos puedan comunicarse con sus familiares.
Además, se puso en marcha “El Protocolo de diagnóstico y detección precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por COVID-19” y se comenzó a controlar la temperatura corporal de todas las personas que ingresaran en los penales a través de un termómetro infrarrojo. También se creó un Comité de Seguridad para prevenir hechos de violencia dentro de las cárceles, como los ocurridos en otros países de la región ante la suspensión de visitas.
De acuerdo con la especialista Laura Barcan, quien forma parte de la Sociedad Argentina de Infectología, las medidas tomadas son adecuadas. Pero advierte que “con la sobrepoblación que hay en las cárceles hay que ser extremadamente cuidadosos y en caso de no poder mantener el distanciamiento de dos metros, [los presos] deberían usar barbijo”.
Debido a la situación de riesgo que representa para las personas privadas de la libertad la propagación del coronavirus dentro de los penales y teniendo en cuenta las condiciones de hacinamiento existentes, cinco Magistrados a cargo de los Juzgados Nacionales de Ejecución Penal pidieron al SPF que elabore un informe donde se detalle el número de detenidos que pertenecen a la población de riesgo del COVID -19 y donde se informe si bajo el contexto actual, de emergencia sanitaria, es posible garantizar el derecho a la salud de los internos. La Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal que existe por debajo de la Corte Suprema, solicitó que se evalúe la posibilidad de otorgarles la prisión domiciliaria.
De acuerdo con datos del Departamento de Estadística, Censo e Investigación operativa del SPF, había al 27 de marzo, seis mujeres embarazadas y 117 personas mayores de 70 años, que pertenecen al grupo de riesgo por coronavirus. La doctora Barcan hizo referencia al riesgo que implica el contagio para las personas que integran dicho grupo y sostuvo: “Es importante que se aumente el personal de salud dentro de las cárceles para atender a estos pacientes y evaluarlos al mínimo síntoma”.
Tres semanas después de iniciada la cuarentena obligatoria, el porcentaje de sobrepoblación cayó del 7,96% al 3,44%.
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