La reforma del decreto que reglamenta la Ley de Salud Mental perjudica a niños y adolescentes con distintos trastornos, entre ellos autismo y síndrome de Down, anulando el pago de terapeutas y coberturas que los pacientes reciben hasta el momento.
Por Gabriela Gauna (@chocogabyta)
La iniciativa, que ya se encuentra firmada por el presidente Mauricio Macri, desató fuertes cuestionamientos por parte de diversas organizaciones sociales, gremios y psicólogos que la ven como un retroceso y con muchos puntos cuestionables. El primero de ellos es que se haya redactado a espaldas de las organizaciones que originalmente trabajaron para que en 2010 se aprobara la ley.
“El proyecto de reforma del decreto reglamentario de la ley 26.657, entre otras modificaciones, limita la injerencia en el trabajo del equipo interdisciplinario de disciplinas alternativas a la estrictamente médica. Esto se debe a un cambio en el enfoque del concepto de salud mental”, afirma el Dr. Jorge Prado, miembro de la ONG RALS (Red de Asistencia Legal y Social para personas con discapacidad y sus familias). “Abandona el concepto multideterminado por diversos factores que actúan sobre la persona para pasar al modelo biologicista, que responde a un modelo más amplio médico hegemónico”.
Este cambio se traduce en el desplazamiento del centro por donde pasa el eje de derechos de la persona con padecimiento mental hacia el médico tratante. Este aumento en la incidencia de la figura del médico se refleja también en el equipo multidisciplinario. El mismo, conforme la ley vigente, cualquier profesional que integra el equipo interdisciplinario, se encuentra en condiciones de dirigirlo, conforme capacidad e idoneidad. El proyecto de decreto con la remisión al art. 40 de la ley 17132 –ejercicio profesional de la medicina- en la determinación de la conducción de los equipos, determina que la misma sea ejercida por un profesional médico, contrariando la ley. Entonces el aporte de “los distintos saberes que atraviesan el campo de la salud mental”, como señala la ley, se reemplaza por las “reglas del arte médico” que señala el proyecto de reforma.
Este cambio limita el aporte de las diferentes disciplinas al obligar a pasar dichos aportes por el tamiz del criterio médico, que será también quien establezca las directivas del equipo. Por tanto las restantes disciplinas se convertirían en auxiliares de la ciencia médica y su aporte no estará en pie de igualdad con el emitido por un profesional médico psiquiatra.
Las consecuencias se reflejan en un abordaje biologicista, que no podrá abarcar la totalidad de la realidad de la persona con padecimiento mental.
Este cambio de paradigma resulta preocupante también en cuanto a niños y adolescentes con discapacidad con afección de salud mental. Maria Quiroga expresó su preocupación diciendo que: “Si se llegara a aplicar la reforma, se sacarían lo que es terapia ocupacional, psicólogo, musicoterapista, acompañantes terapéuticos y volverían los manicomios a cargo de psiquiatras, como era hace 30 años atrás”, y aseguró: “A las familias con hijos discapacitados nos preocupa que la reforma, entre otras cosas, elimina la atención y cobertura del 80% que las obras sociales tienen actualmente para atender casos como autismo, down y otros trastornos de conductas que, para su atención, necesitan de prestaciones de terapeutas, masajistas y musicoterapeutas, entre otros”.
Belén Figueroa es fisioterapeuta y explica que “la justificación biológica y genética de los padecimientos mentales le resta importancia a otras disciplinas que para chicos discapacitados son fundamentales en su vida cotidiana. Los únicos beneficiados con este cambio son los psiquiatras, las industrias farmacéuticas y los laboratorios porque el resto de los profesionales de la salud y los pacientes somos los mayores perjudicados”. Y agregó: “Lejos de trabajar por una inclusión social tomando en cuenta el entorno una crisis se solucionaría con alguna medicación como castigo, aislamiento en un hospital como el único lugar donde atender el padecimiento, y a la psiquiatría como la única disciplina para intervenir”.
Según el Anuario Estadístico realizado por Servicio Nacional de Rehabilitación, organismo dependiente del Ministerio de Salud Presidencial de la Nación, en Argentina hay 58.258 personas registradas con discapacidad Mental, lo que equivale a un 31,02% del total de discapacitados y 15.457 personas con discapacidad intelectual, un 8,23%. De estas cifras el 30,94 % corresponde 69,866 niños y adolescentes de entre 0 y 19 años que verán afectados sus tratamientos por la falta de cobertura o reducción de las mismas.
De estas estadísticas también se desprende que un 74,21% poseen algún tipo de cobertura médica, mientras que el 28,52% de la población no cuenta con ningún tipo de protección. Asegura Belén Figueroa que “un tratamiento cuesta hasta 30 mil pesos por mes, para una familia que le cambien las condiciones de cobertura sería imposible pagarlo. En muchos casos los padres pasaron por muchos reclamos para que las obras sociales se hagan cargo, ahora están en una etapa de incertidumbre que nadie puede responder. Lo que está pasando es muy grave y pone a muchos chicos en riesgo de perder el derecho a ser estimulado”.
Por su parte, Daniela Petite, licenciada en Psicología y mamá de una menor con síndrome de down, explica: “En cuanto a las terapias para chicos con discapacidad las prepagas sólo cubren las que estén nomencladas, o sea, están reguladas por el gobierno que indica cual es el valor de ese tratamiento. Es decir, la obra social o prepaga cubre el tratamiento y el gobierno nacional les reintegra el dinero mediante un programa de la caja de seguridad social”. Agrega, “a nivel privado un tratamiento de ocho sesiones de psicopedagogía, terapia ocupacional o psicología sale aproximadamente $ 3800, las tres cuentan con el mismo nomenclador que es de $ 475 por sesión”. Y afirma “a nivel público no existen programas específicamente para niños con discapacidad cubiertos íntegramente por el Gobierno, solo a niveles privados las coberturas de obras sociales y prepagas, que creo que no se van a quitar en su totalidad pero que ahora van a poder limitar mucho más las prestaciones”.
Al respecto especificó el Dr. Prado: “En cuanto a cómo afectará a la cobertura por parte de los agentes de salud de las prestaciones que conforman ese conjunto de disciplinas de aprobarse el proyecto no puede establecerse con mucha certeza, en razón que a favor de los beneficiarios de los agentes de salud, estas prestaciones, siempre que quien las recibe resulte beneficiario del Certificado de Discapacidad, se deben en forma integral, esto es al 100%. Pero resultaría muy inocente pensar que eso solo basta, porque en principio si no existe consenso para indicar estas prestaciones como parte de un tratamiento de un beneficiario del agente de salud, la auditoría médica del agente, puede no autorizar la práctica con fundamento.
Si a esto le sumamos que por vía de decretos el Poder Ejecutivo modificó los sistemas de reintegros a los agentes de salud de prestaciones de discapacidad, previendo sistemas de pagos diferidos y revisión por un órgano administrativo, de las sentencias judiciales que obligan a las obras sociales y prepagas a cubrir prestaciones que estas se niegan a hacerlo, el panorama para la cobertura de prestaciones asoma al menos sombrío”.
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