PARIDAD


En Argentina, más del 50% de la población son mujeres. Sin embargo, la representación femenina en lugares de decisión no refleja ese porcentaje. A pesar de ser mayoría, las mujeres se encuentran subrepresentadas en ámbitos como las Cámaras de Senadores y Diputados nacionales, las secretarías generales de la CGT y los cargos ocupados en el poder judicial, entre otros ejemplos. Esta representación no hace más que reflejar la desigualdad existente en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, problemática que pretende atender en parte el proyecto de ley de Reforma Electoral.

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El proyecto presentado por el bloque de Cambiemos en la cámara baja propone una serie de cambios en torno a los comicios por venir, entre los cuales se destaca, además de la incorporación del voto electrónico en todo el país, una reforma de la Ley de Partidos Políticos, estableciendo un cupo del 50% de mujeres para cargos electivos en la conformación de las listas. Esto modificaría la ley 24012, aprobada en 1991, que establecía un cupo mínimo del 30% de candidatas femeninas en dichos cargos. A principios de la década del noventa, la representación femenina era mínima. Una vez aprobada la ley, los números se modificaron radicalmente: en 1995, la representación femenina en Diputados se ubicó cerca del 25%, mientras que la del Senado, con un 2,8% de representación en el mismo año, pasó a ser del 33,3% en menos de diez años. Si bien estos porcentajes han mejorado (actualmente existe un 36% y 42% de mujeres en la Cámara Baja y la Cámara Alta, respectivamente), lejos se encuentran todavía de representar un cupo de paridad
“De aprobarse esta ley en el Senado sería un avance para que nosotras podamos conquistar no solo nuestro lugar en aquellos cargos representativos sino en todos aquellos ámbitos en donde estamos insertas”, explica Raquel Vivanco, coordinadora nacional del movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa). Agrega, también, que la representación femenina no implica únicamente ser más de la mitad de la población en nuestro país y en el mundo, sino que su participación es una constante en aquellos ámbitos que implican compromiso y coherencia en llevar adelante iniciativas que tienen a equiparar los derechos de mujeres y hombres. “Que exista la paridad en el ámbito legislativo posibilitaría tener un piso desde donde reclamar esta representación de paridad en todos los ámbitos de decisión”, concluyó. Ese piso es más que necesario: actualmente, en la dirección ministerial solo el 14% son mujeres y en los tribunales y cortes del Poder Judicial, el 24%. En la Provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande del país, solo 4 de los 135 municipios existentes tienen mujeres al frente de la intendencia. La propia gobernadora, María Eugenia Vidal, solamente ha incluido a una mujer en su gabinete: Zulma Ortiz, a cargo del Ministerio de Salud provincial.
Los artículos de la reforma que implementan el cupo de paridad fueron acompañados por una inusitada cantidad de diputados: 215 se manifestaron a favor del mismo. Entre ellos, Victoria Donda, diputada del Movimiento Libres del Sur y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que ya previamente había dado su apoyo a esta medida. La diputada argumentó que esta reforma no hace otra cosa que cumplir con la Constitución Nacional, que insta al Congreso a legislar para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato. También agregó: “La gobernabilidad democrática es aquella que respeta los derechos humanos, vela por la igualdad, la no discriminación, la transparencia y la participación en la toma de decisiones. Al mismo tiempo, es equitativa y responde a las necesidades de la sociedad. Nuestras sociedades deberían colocar la igualdad entre varones y mujeres como un aspecto y un objetivo central de su proyecto político y social por una razón de justicia y equidad social, pero también por el bien de sus democracias”.
Uno de los puntos que viene a poner en cuestionamiento esta reforma es la representación que tienen hoy las mujeres en el ámbito sindical, demostrando que la discusión no queda enmarcada sólo en la conformación de las listas de cara al 2017. Acorde a datos oficiales de la CGT, de los más de 25 cargos en la principal central de trabajadores del país, solamente 2 están ocupados por mujeres: Noemí Ruiz en la secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género, y Sandra Maiorano en la secretaría de Salud, dos temas asociados en el imaginario colectivo exclusivamente a lo femenino. Esto deja con una representación femenina, casi inexistente, del 2% a la central obrera, cuando las mujeres son más del 60% de la fuerza del trabajo en Argentina.
Es por eso que la aprobación en Diputados de esta ley fue saludada por representantes sindicales. Tal es el caso de Carolina Brandariz, secretaria de Género de UTE-CTERA, que toma esto como una oportunidad de lograr no solamente una representación de paridad en los cargos políticos sino también en el ámbito sindical. “Sabemos que es un largo camino, nosotros somos uno de los pocos sindicatos que respeta el cupo del 30%, lo que claramente indica que la discusión para llegar a eso es muy larga. Avanzar en la discusión de paridad implica, en el ámbito sindical, discutir que las mujeres somos igualmente capaces de realizar tareas y tomar decisiones que los hombres, y también discutir cuidados compartidos de niños y ancianos: muchas veces las compañeras no pueden hacer el concurso de ascenso convencionalmente, como muchas veces lo hacen los varones, porque muchas veces tienen la responsabilidad principal del cuidado de sus hijos e hijas. La discusión del 50 y 50, del una y uno, también se trata de dar lugar a estos debates”, explicó la representante sindical.
Es innegable que las distintas problemáticas de género han cobrado mayor peso en la agenda política a lo largo de los últimos años, en parte por el crecimiento del movimiento de mujeres, en parte por la alarmante cantidad de femicidios que se registra en el país. La definitiva aprobación de la Ley de Paridad, que de no modificarse y una vez que obtenga su dictamen en las comisiones será tratada en el Senado, habilitaría a contar con un esqueleto legal que garantice la misma en los cargos electivos, sirviendo a su vez de trampolín para dar esta discusión en otros ámbitos.

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