La llega del nuevo coronavirus puso en evidencia la precarización de los trabajadores de plataformas, como Rappi y Glovo. ¿Cuáles son sus reclamos? ¿A qué se exponen cuando salen en sus bicis por la ciudad?

Por Victoria Vallejos

Los repartidores de delivery fueron declarados dentro del grupo esencial que brinda servicio durante la cuarentena. Sin embargo, las condiciones sanitarias de los y las trabajadoras de estas aplicaciones no tuvieron resguardo por parte de las empresas que los consideran “trabajadores independientes”.

Desde que comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), los empleados y empleadas de aplicaciones como Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats, salieron a trabajar a pesar de los contagios por coronavirus.

A través del decreto 297/2020 dictado por el gobierno nacional, se determinó que los repartidores a domicilio forman parte de los servicios esenciales y deben continuar su trabajo durante el confinamiento. Las mismas empresas de delivery, a raíz de este decreto, repartieron certificados a todos sus empleados activos de la plataforma para permitirles trabajar. Sumado a ello, hubo un protocolo de subsidio en caso de contraer la Covid-19 y un kit de higiene. Sin embargo, los trabajadores desmienten o asumen que esas acciones son mínimas al lado de lo que sucede en realidad. Néstor Rivero, es bombero voluntario y repartidor de la empresa Rappi y aseguró que los implementos de higiene, por parte de la empresa, fueron al principio de la cuarentena. “Rappi dio una sola vez y Pedidos Ya entregó las primeras dos semanas de aislamiento y hace poco hicieron una entrega mínima porque el gobierno los obligó”, agregó.

Por otra parte, con el protocolo en caso de contraer coronavirus, la empresa otorgó un subsidio de $6000 durante los 15 días de recuperación e inactividad del trabajador. Pero este monto, no equivale siquiera a la mitad del valor real que un repartidor genera en esas dos semanas. “En una quincena podes hacer $15.000, depende la cantidad de viajes y las condiciones del clima”, detalló Rivero.

Además de las precarias condiciones de higiene que repartieron estas empresas, los repartidores notaron que los locales gastronómicos no adoptaron un protocolo preventivo de aislamiento entre la espera de los pedidos. “La demora genera un amontonamiento de repartidores y a su vez nos pone en peligro de contagio”, apuntó Rivero.

Según el último informe realizado por el Centro de Implementaciones de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), el 30% de las personas que trabajan en estas plataformas lo hace para generar un ingreso extra de dinero a fin de mes. El 17% no consigue otro trabajo y, los porcentajes restantes, las eligen por la flexibilidad horaria o ampliar su cartera de clientes.

Otro disgusto que mencionó Rivero entre los trabajadores por parte de las políticas de estas empresas, fue la indiferencia que tuvieron con respecto a aquellos trabajadores y trabajadoras pertenecientes al grupo de riesgo como ser: mayores de 60 años, embarazadas y personas de cualquier edad que padezcan enfermedades crónicas o inmunodeprimidas. “Nunca pusieron la visión en quienes podían trabajar, si había personal de riesgo, con discapacidad o gente adulta, mandaron el certificado exponiendo a todo el mundo.”dijo Rivero.

Junto a estos reclamos de los trabajadores, se les sumaron denuncias en la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de los Consumidores. Algunos locales de comidas denunciaron el cobro de comisiones abusivas de hasta un 40% que resultó diferente al cobro en locales de cadenas internacionales. El mismo reclamo involucra a las empresas de Rappi, Glovo y Pedidos Ya con multas que pueden llegar hasta los $5 millones.

Tampoco es la primera vez que los repartidores de delivery piden mejoras laborales a estas aplicaciones internacionales. El pasado 29 de mayo, se llevó a cabo el tercer paro, desde que comenzó la cuarentena, para exigir mejoras salariales, seguro de vida y mejores condiciones de higiene para la protección de ellos mismos y los clientes al momento de entregar los pedidos. Entre ellos participaron organizaciones sociales como Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR), Ni un repartidor menos, Glovers Unidos y se movilizaron desde el obelisco hasta el Ministerio de Trabajo de la Nación, a la espera de una respuesta por parte de las empresas que nunca hubo.

El próximo 1 de julio, se organizó una nueva movilización mundial de todos los repartidores de aplicaciones, para exigir nuevamente las condiciones laborales dignas, elementos de protección e higiene y principalmente por los compañeros que perdieron la vida en accidentes de tránsito.

En una entrevista con Marcelo Bonelli, el CEO de Rappi en argentina, Matías Casoy, habló sobre las manifestaciones recientes y agregó: “Si hubo algún conflicto mediático es de un grupo minoritario que no representa en absoluto a la mayoría de los repartidores” y, al principio de la pregunta, aclaró: “El termómetro más importante es cómo se sienten los propios repartidores.”

A raíz de las demandas de los trabajadores, el gobierno de Alberto Fernández, prevé enviar al Congreso un proyecto de ley para regular el trabajo de estas plataformas. Juan Manuel Loimil, abogado laboralista de la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (A.SI.M.M), participó de algunas reuniones para conocer las ideas del proyecto. La idea principal es crear un estatuto por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), con mecanismos propios para definir la jornada laboral, cobertura de salud, seguro e indemnización. La misma abarca a 60 mil trabajadores de cuatro plataformas digitales entre ellos Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats. En base a las medidas planteadas en el proyecto, Loimil aseguró que lo mejor hubiera sido fiscalizar los trabajos no registrados en estas empresas y multarlas. “Creo que el estatuto no era la herramienta ideal para regular la actividad”, opinó Loimil.

A pesar de los reclamos y las manifestaciones, las empresas de delivery se rehusaron a regular el trabajo que ellos ofrecen, incluso a mejorar las condiciones laborales de los repartidores. Pedidos Ya, la empresa uruguaya, fue la única que tuvo, en sus inicios en el país, a sus trabajadores en blanco. Pero a raíz del surgimiento de las demás empresas y las modalidades de contratación, les generó un campo de competencia y a su vez despidos masivos de los trabajadores activos.

Rappi, es una empresa colombiana que llegó al país a principios del 2018 con un slogan sobre “ser tu propio jefe”, con la estrategia de que uno mismo podía manejar sus propios horarios y la amplia flexibilidad horaria. En la actualidad se renovó y lo enmarcan como una posibilidad de disfrutar tu tiempo libre y generes dinero extra de forma ilimitada. Los representantes y fundadores denominan a la empresa como una “economía colaborativa” a raíz de la innovación tecnológica y a los repartidores como “microempresarios independientes”. Muy diferente a la realidad que no quieren ver lo dueños, porque no hay jefes que se manifiestan en reclamo de mejoras laborales contra ellos mismos. 

Luego de decretar como servicio esencial al reparto a domicilio, lxs trabajadorxs de apps de delivery reclamaron falta de suministros de higiene por parte de las empresas: Rappi, Glovo, Pedidos Ya y Uber Eats.

También advirtieron que los locales de comida no tienen protocolos de aislamiento. La espera entre un pedido y otro, genera un amontonamiento entre los repartidores.

Con más de 100 días de aislamiento, lxs trabajadorxs sólo obtuvieron dos kits de higiene en diferentes ocasiones. Confirmaron que la última vez, fue a raíz de que el gobierno los obligó a entregar alcohol en gel y barbijo.

A raíz de los reclamos por mejores condiciones laborales, las empresas no dieron respuesta y el gobierno prevé debatir un proyecto que regule la precarización de estos empleos.

Cuando no hay ayuda, se busca 

Desde que comenzó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, hasta el cierre de esta edición, son cinco los trabajadores de plataformas de delivery que fallecieron a causa de accidentes de tránsito. El último caso fue el de Jorge Piriz Umpierrez de 40 años, atropellado por un camión en el barrio de Caballito.

En noviembre de 2018, a raíz de la muerte de José Manuel Matías de 22 años, un trabajador de delivery atropellado por un camión de basura, se creó Ni un repartidor menos. Repartidores de México, Chile y Argentina conforman este colectivo el cual funciona a través de su página web, pero con más incidencia en twitter @niunrepartidormenos. Con el objetivo de comunicar, difundir y visibilizar las condiciones de trabajo a las que se exponen los repartidores, incluso las noticias de accidentes de tránsito.

En Argentina brindan debates sobre la violencia institucional, violencia de género, abusos y accidentes que reciben los y las trabajadoras. Otro proyecto que tienen en marcha es la posibilidad de crear la Brigada de Repartidores Voluntarios, con la colaboración de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y Cruz Roja, junto a la Red Pae a cargo de la licenciada Alicia Galfaso, para generar capacitaciones sobre la ayuda de los primeros auxilios emocionales para empleados en actividad y familiares de los accidentados.

Además el proyecto avanzó con la idea de generar una sede en Estados Unidos para los empleados de delivery y amazon para brindar además capacitaciones a distancia. 

Migrar el sistema educativo a plataformas virtuales evidenció desigualdades sociales: no todas las personas poseen computadoras e Internet para seguir aprendiendo. Un repaso por distintos datos sobre esta desigualdad en la Argentina.

Por Micaela Graziano

Con la llegada del coronavirus al país y la posterior medida de aislamiento social, tomada por el gobierno para evitar el contagio masivo de la población y el colapso del sistema sanitario, la escuela debió mudarse a la virtualidad. Clases en línea, realizadas por medio de plataformas de videoconferencia como Zoom y Meet; videos; audios, foros; pdfs y mails, se volvieron cotidianos en la vida de los estudiantes de todo el mundo. Sin embargo, de acuerdo con un informe del investigador Alejandro Artopoulos, publicado por el observatorio Argentinos por la Educación, en el país dos de cada diez estudiantes de primaria no tienen acceso a internet.

Si bien, conforme a los datos elaborados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el porcentaje de hogares con acceso a internet fijo aumentó, pasando del 49.6% en el año 2014, al 62.8% en el 2019, aún hay mucho camino por recorrer. De acuerdo con un informe publicado en abril de 2020 por el observatorio deArgentinos por la Educación, el 19,5% de los estudiantes que finalizan la primaria y el 15,9% de los estudiantes que finalizan la secundaria no tiene internet en su hogar.

En este contexto de cuarentena, la brecha digital, entendida como la diferencia existente entre aquellos que acceden a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y aquellos que no, se profundizó, impactando también en la brecha educativa. Artopoulos, sociólogo y director de Investigación y Desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de la Universidad de San Andrés, distingue dos niveles de brecha. La primera, relacionada con el acceso a internet por medio de dispositivos, y la segunda ligada al uso que se hace de la misma, a la capacidad de aprovechar los recursos que la tecnología puede ofrecer.

“Con la pandemia las dos brechas sufrieron modificaciones. Descubrimos que con un teléfono inteligente no se resuelve la primera brecha digital”; sostiene Artopoulos y asegura que aquellas personas que utilizan las tecnologías digitales para el trabajo intelectual necesitan, además de un celular, por lo menos una computadora. “Ya no se trata del acceso al dispositivo, si no al ecosistema de dispositivos”.

De acuerdo con el especialista, en la actualidad, la brecha más importante es la segunda, ligada al uso que se hace de las TIC. “El sistema educativo cree que los jóvenes ya saben usar los dispositivos y en realidad solo saben usar un porcentaje de ese ecosistema de dispositivos. Ese es uno de los equívocos del sistema”, afirma.

Existe también, una tercera brecha relacionada con la velocidad de la banda ancha. Si esta es menor a los 20 Megabits por Segundo (Mbps), se dificultan las actividades de aprendizajes sincrónicos como las videoconferencias, quedando disponibles solo las actividades asincrónicas. Según datos del ENACOM, la velocidad de la conexión en el país mejoró entre 2014 y 2019: pasó de 3,6 Mbps en 2014 a 28,3 en 2019. Sin embargo, de acuerdo con la Cámara Argentina de Internet (CABASE), en el 2019 más del 59% de las conexiones del país no llegaban a los 20 Mbps.

Con respecto al acceso de los estudiantes a internet, el país se encuentra relegado en comparación con otros de la región. En la prueba PISA, un informe realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para medir el rendimiento académico de los estudiantes a nivel mundial, el 85% de los estudiantes argentinos respondió que cuenta con internet, quedando atrás de países como Brasil (91%), Chile (90%) y Uruguay (88%). Dentro de Argentina el panorama no es diferente. Se evidencia disparidad entre los estudiantes de distintas provincias. Las más relegadas son Santiago del Estero, Formosa, San Juan, Catamarca, Misiones y Chaco.

Para subsanar esta brecha, Artopoulos cree que se debe trabajar en tres problemas fundamentales. El primero es la capacitación de los equipos directivos y docentes en las TIC, ya que son los que están a cargo de la transformación digital de las escuelas. Por otro lado, considera que es necesaria una política nacional de conectividad. “Tiene que haber una iniciativa público/privada para avanzar en un plan nacional para conectar a todas las escuelas a una velocidad que permita dar clases”. El tercer punto es la creación de una estrategia para una escolaridad híbrida. Para Carina Lion, doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Tecnología Educativa, lo que se viene será una mezcla entre lo presencial y lo virtual.

Para la doctora, continuar con las clases en este contexto es esencial. Considera que lo principal es poder sostener vínculos en un momento difícil, de aislamiento, de ansiedad. “Seguir enseñando implica tener una escuela presente, un Estado presente y eso es fundamental porque se puede enseñar y aprender de muchas maneras y con múltiples formatos”, asegura. La especialista cree que uno de los principales problemas que planteó la virtualidad fue el desconocimiento de los docentes de las herramientas digitales. “Las tecnologías se les impusieron por el contexto. No es algo que eligieron”, agrega. 

Lion define la “activitis” y la “sincronitis”, como dos problemas que surgieron del pasaje súbito de las clases al modo virtual. “Para mostrar que estábamos enseñando, muchas propuestas fueron de actividad excesiva. Esto generó mucha ansiedad en los estudiantes, justo lo contrario de lo que se pretendía generar”, sostiene y agrega que, en este contexto de pandemia y aislamiento, más que nunca, los docentes necesitan a las familias como socias en la educación.

Para la especialista las clases no deben adaptarse a la virtualidad, si no transformarse por ella. “Adaptarse implica que puedo hacer lo mismo que hacía antes, pero con los entornos digitales. Para mí, la tecnología, nos invita a redefinir cuáles son los contenidos esenciales, profundos y únicos que tenemos que enseñar”, asegura y afirma que la virtualidad permite aprender nuevas habilidades como la autonomía, el respeto por las intervenciones sincrónicas, la responsabilidad en la entrega de trabajos y la creación de una rutina.

En cuanto a la brecha digital considera que afectó tanto a alumnos como a docentes. “Creo que la política de ir con cuadernillos, radio, televisión, que se organizó desde el Estado da cuenta de un reconocimiento de esas brechas. En los próximos años hay que hacer una gran inversión en infraestructura que garantice conectividad de calidad para todo el país”, afirma la doctora en educación, que también fue integrante del Consejo Asesor del Programa “Conectar Igualdad”.

Lion cree que existen muchas brechas digitales, y sostiene que la más visible es la de infraestructura, pero también están las brechas de uso y las brechas de género. Para ella el desafío es: “aprender a usar con un sentido la tecnología, apropiársela de un modo genuino con igualdad de oportunidades para varones y mujeres”.

El acceso a internet es considerado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como un derecho humano desde el año 2011. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la República Argentina (INDEC), en el año 2019 tres de cada diez argentinos no acceden a él.

¿Cómo reducir la brecha?

Desde el Observatorio Argentinos por la educación, se elaboró un informe donde se detalla una serie de políticas para disminuir las disparidades en el acceso a internet, que hoy impactan directamente en el acceso a la educación.  La propuesta de “Rating cero para contenidos educativos” se centra en generar acuerdos con operadores de internet móvil para que distintas páginas educativas sean gratuitas. El gobierno aplicó esta medida con el lanzamiento de “Seguimos Educando”, una sitio online que provee contenido educativo. Además, desde el ENACOM se liberó el uso de datos móviles, para el acceso de los alumnos de las 57 universidades nacionales del país a las plataformas educativas. Al necesitar más de internet para llevar adelante las clases virtuales, muchas personas debieron cambiar el plan de datos móviles, incrementando sus gastos. Es por eso, que otra de las medidas sugeridas se centra en el aumento de datos disponibles para el uso educativo de la red.

Otra propuesta, implica generar un acuerdo entre el Estado y los proveedores de internet para que exista un acceso preferencial a un cierto ancho de banda en páginas educativas. También, la creación de puntos de acceso público a internet, medida que ya funciona en varias provincias del país como San Luís y la distribución de dispositivos como el Plan de Conectividad Juana Manso, anunciado por el gobierno en el mes de mayo, que busca distribuir computadoras entre chicos en edad escolar, son opciones para reducir la brecha.  

La pandemia obligó a las universidades a reinventarse, pero la  virtualidad desnudó un problema, por ahora, sin solución: la falta de acompañamiento, los problemas de conexión y la brecha tecnológica empujan a muchxs alumnxs a abandonar sus estudios.

Por Francisco Policastro

Un estudiantado compuesto por casi 10 mil alumnos, de los cuales el 80% aproximadamente es el primero en su familia en comenzar sus estudios universitarios. Un plantel docente con 768 profesores dispuestos a dictar los contenidos de 10 carreras de grado y dos licenciaturas. Veintitrés hectáreas de parque en las que se encuentran cuatro edificios que albergan 73 aulas, 12 laboratorios, una biblioteca, un bar y oficinas administrativas. Todos en la Universidad Nacional de Moreno esperaban, con ansiedades disímiles, el comienzo de un nuevo cuatrimestre. Las circunstancias los obligaron a reinventarse.

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Roxana Carelli está en su casa, como casi todos. Luego de un inicio de cuatrimestre que jamás esperó, cuando aceptó el cargo de Secretaria Académica, empieza a lograr encontrar huecos para ver Netflix antes de que el sueño la derribe. Con orgullo invita a revisar UNMTube, la plataforma lanzada el 7 de mayo, de acceso abierto y en la cual se pueden ver tutoriales para docentes y alumnos, así como clases enteras o algunos fragmentos. Sin embargo, tras el primer click en la parte de instructivos de uso, aparece una escena de la película 300. “Hay que avisar urgente que lo cambien, lo pusieron en cualquier lado”, dice con resignación Roxana, como si su trabajo nunca alcanzara.

“Al principio el trabajo fue acompañar a los docentes, en especial para adaptar los contenidos y formarlos para la modalidad virtual”, recuerda. Fue con este fin que estuvo a cargo de la conformación de un equipo técnico-pedagógico para dar asistencia a los profesores en la educación a distancia. “Buscamos gente del plantel que tuviera experiencia en este tipo de clases y uso de la plataforma”, agregó.

Entre ellos, se encuentra Juliana Tomasello, docente de la materia de Economía. Cuando esperaba un cuatrimestre clásico, en el que pensaba que iba a tener que insistirle a los alumnos que dejen de usar el celular, se encontró detrás de una pantalla esperando que aparezcan “en línea”. Su experiencia previa en clases a distancia la ayudó: ya contaba con la cámara, el micrófono y, sobre todo, el entrenamiento. La diferencia radicaba en el contenido y la forma de exponerlo, además en su nuevo rol de ayudar a sus colegas.

“Formar a otros docentes fue lo más complicado. No todos habían utilizado el Campus hasta el momento y los que sí, lo hacían de modo muy rudimentario”, señala la profesora. Junto con su equipo, brindaron entre 2 o 4 conferencias vía web por semana (muchos asistentes tuvieron problemas para conectarse), en las cuales se dejó en claro un concepto: los contenidos a dar deben ser los mínimos e indispensables.
Juliana, si bien disfruta de la nueva forma de dictar las clases y la evalúa como una herramienta muy útil, considera que “el desafío es lograr que los contenidos puedan ser comprendidos por los alumnos y que la clase sea llevadera”. La mayor dificultad la encuentra en la interacción y el seguimiento: “Falta poder explicar cara a cara, utilizar un pizarrón, conocer a los alumnos. Al verlos te das cuenta si están entendiendo”, agrega.

La conectividad de los estudiantes es una de las prioridades y, a su vez, uno de los temas más complejos. “Al principio el portal no funcionaba bien y muchos profesores querían dar clases en Zoom o en Meet, que son pagos. Decidimos que las clases sincrónicas sean las mínimas posibles”, recordó Carelli. Esta decisión tiene otros fines. En primer lugar, que los alumnos que no puedan acceder en el horario de clase tengan de igual manera el contenido a disposición. Además de esto, en base a un acuerdo del Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas Universitarias con el Ente Nacional de Comunicaciones y las empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet, la utilización de sitios con dominio .edu.ar no genera consumo de datos móviles, por lo que el estudiantado no tiene un costo al acceder.

Las tasas de conectividad, pese a esto, muestran resultados poco alentadores. Según un relevamiento realizado por la Universidad, los alumnos conectados son cada vez menos. Desde el 22 de abril al 10 de mayo, los ingresos a las clases sincrónicas han caído en un 5% por semana. De esta manera, la conectividad al inicio del cuatrimestre rondaba el 95% y según el último dato conocido ahora no llega 75%.

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Hace 43 años, cuando su familia tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de Buenos Aires y abandonar la localidad de Banfield, Roxana tenía 12 y recién terminaba sexto grado. Tal era para ella la importancia del grupo que la había acompañado en la primaria en el Colegio Westminster que decidió viajar en colectivo una hora y media durante todo un ciclo lectivo con tal de compartir ese cierre con sus compañeros al lado.

Ante la falta del primer grupo de contención, los mismos compañeros, desde la institución se le pidió a los docentes que se contacten con los estudiantes que nunca se habían conectado. Sin embargo, Roxana aclara que, más allá de eso, no han tomado ninguna medida de acompañamiento porque “no nos da”.

Lucía Fernández tiene 24 años y comenzó a estudiar la licenciatura en administración en 2014. Como cuatro de cada cinco estudiantes de la Universidad, es la primera integrante de su familia que consigue alcanzar este nivel de estudios. Es así que la única manera de formarse fue recorriendo los pasillos, charlando con alumnos más avanzados y militando. En 2015 fue electa como integrante del centro de estudiantes, en ese caso como vocal, y ha ocupado diversos roles dentro de la representación estudiantil desde entonces.

“Hubo gente que abandonó porque no le resultó cómoda la modalidad y prefirió esperar a que vuelva la presencialidad. Otros, porque se frustraron cuando empezó la cursada y andaba mal el campus”, señala. Lucía hoy se desempeña como secretaria general del centro de estudiantes, el intermediario más importante entre alumnos y rectorado. Los reclamos que más recibieron este tiempo tuvieron que ver con los problemas de conexión, los cuales fueron trasladados a las autoridades.

Desde la UNM coinciden en que al comienzo fue un inconveniente, pero ven en la utilización de clases asincrónicas y la compra de servidores una solución eficiente.

Ante esto, la dificultad que se plantea es el acompañamiento. “Ahora tenemos que avanzar sobre actividades que le sirvan a los estudiantes para enfrentar la cuarentena”, indica Lucía, quien es una de las creadoras de lo que dieron en llamar como “el voluntariado”. Este proyecto consiste en estudiantes avanzados que se ofrecen para ser tutores de alumnos de primer año. “La idea es ayudarlos a realizar el proceso de aprender a ser estudiantes, es decir, ayudarlos en la interpretación o conceptos que son muy propios de la educación universitaria”, agrega la Secretaria General.

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Según las autoridades, el primer cuatrimestre de 2020 será el más largo que han atravesado: empezó en marzo y terminará en diciembre. Las horas de práctica que requieren el uso de instalaciones específicas intentarán recuperarse en los últimos meses, pero aún no hay certezas respecto a la posibilidad de conseguirlo. Un estudio del Centro de Estudios Atenea analiza las conexiones de cada región y sentencia: “La brecha tecnológica castiga doblemente a los estudiantes provenientes de hogares pobres”. Ante esto, una comunidad educativa completa busca que estos no sean, una vez más, quienes queden afuera del sistema.