En medio del tumulto y recambio en el Ministerio de Desarrollo Productivo, el gobierno impulsa al Congreso un proyecto de ley de compre nacional.
“Argentina creció un 10% el año pasado, un 3% este año, y estará creando más de un millón de empleos después de la salida de la pandemia. Esperamos que con esta nueva ley tengamos mayor desarrollo de la industria nacional, que es uno de los motores del crecimiento actual de la Argentina”, dice Marcelo Casaretto. Así, el diputado nacional defiende con entusiasmo un proyecto que busca reforzar su política de promoción de industria local mediante una ley de compre nacional.
A fines del año pasado, desde el Poder Ejecutivo se presentó el proyecto de ley “Compre argentino, Desarrollo de Proveedores y Compras para la Innovación.” Mediante esta iniciativa se espera aumentar la producción nacional y el empleo, particularmente en las empresas proveedoras del Estado. También se pretende cosechar un aumento de la inversión en Desarrollo e Innovación. El gobierno sostiene que su implementación le ahorraría al Estado 500 millones de dólares por año. Finalmente, se busca estimular el desarrollo de las empresas proveedoras en sectores estratégicos como hidrocarburos o minería, y de nuevos sectores productivos vinculados a la demanda del Estado.
La idea se basa en otorgar prioridad a las empresas nacionales en las compras que hace el Estado en licitaciones públicas a pesar de que sus precios excedan a los ofrecidos por las extranjeras.
Ya hay una ley vigente, la 27.437, sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri, actualmente en la oposición. El proyecto propone modificar los márgenes de preferencias del 15 al 20% para PYMES, y del 8 al 15% para grandes empresas, además de mejorar las condiciones financieras para favorecer el acceso de la industria local a las compras públicas para la innovación.
Casaretto diferencia el actual proyecto de la ley vigente: “El gobierno de Macri incorporó un aumento de las preferencias, pero en marco de una política totalmente contraria a la industrialización. Por eso cayeron 25 mil PYMES. Ahora la política es totalmente diferente.”
Según el Ministerio de Desarrollo Productivo, cerca del 13% del PBI está dado por las compras públicas y las empresas privadas nacionales representan el 65% de los proveedores. Eso significa que el poder de compra del Estado representa una potencial herramienta estratégica para el desarrollo de esas empresas, en particular las de sectores estratégicos e innovadores.
Luego de extensos debates en las comisiones de Industria y Presupuesto y Hacienda, que conducen los diputados oficialistas Marcelo Casaretto y Carlos Heller, se logró llegar a dictamen de mayoría y se espera que el proyecto entre al recinto para comenzar a debatirse en congreso durante el mes de junio. La convocatoria a debate fue amplia y contó, además de legisladores oficialistas y opositores, con un amplio espectro de los sectores productivos del país; representantes de distintos gremios y de cámaras empresarias. Finalmente, se logró un dictamen de mayoría con 40 adhesiones mientras que la oposición presentó uno propio con 38 firmas.
“La leyes de compre nacional son herramientas de política industrial que permiten aprovechar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva de la industria nacional y promover el desarrollo de proveedores locales. Además, prioriza a los proveedores nacionales en las compras públicas y promueve procesos de transferencia tecnológica a favor de las empresas locales.”, explica Casaretto.
Si bien llegó a tener dictamen de mayoría, el texto original sufrió una modificación importante: la oposición cuestionó con fuerza la incorporación del PAMI, la obra social de los jubilados y pensionados, que le hubiera permitido a los laboratorios argentinos competir con un precio de 15% por encima que las multinacionales, que proveen la mayoría de las vacunas y medicamentos. El jefe del bloque radical Mario Negri sostuvo que incluir al PAMI sería favorecer al lobby de los laboratorios nacionales. El oficialismo priorizó la firma de un dictamen y cedió. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Casaretto debió anunciar que la ley mantendría a la obra social fuera del sistema de preferencias de empresas locales en las licitaciones públicas.
Aún así, el Diputado oficialista defiende y promociona el proyecto con entusiasmo. Sostiene que: “se crearán 30 mil puestos de trabajo, y promoverán inversiones y transferencias de tecnología hacia los sectores de la economía nacional con mayores capacidades tecnológicas y productivas. También se podrá estimular y regular el rol de las compras públicas en la innovación y en el agregado de valor en sectores estratégicos.”
Las empresas extranjeras no quedarían necesariamente exentas de ciertos beneficios en las licitaciones públicas. Podrían gozar de hasta un 12% de preferencia si están integradas por capitales nacionales. También habría un 3% de beneficio para las compañías con composición mayoritaria de mujeres.
Otra novedad respecto de la legislación vigente es que introduce un capítulo sobre “Compras para la innovación y Promoción de la Investigación, Desarrollo e Innovación”. Fernando Peirano, presidente de la Agencia de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Ciencia y Tecnología se refirió a este aspecto en el debate de comisión: “El Estado representa gran parte de la demanda de bienes sofisticados. Hay que nutrir la góndola de soluciones para cumplir con bienes públicos para políticas públicas de productos y servicios que nacen de la ciencia y tecnología. Es responsabilidad del estado promocionar esas ideas y transformarlas en proyectos y en productos finales.”
Entre los sectores productivos parece haber entusiasmo en que la ley salga a la luz. En comisión hablaron a favor representantes del movimiento obrero organizado (CGT, UOM, UOCRA) así como de las distintas cámaras empresarias de industrias como metalurgia, aeronáutica, electrónica y naval. Ningún sector hizo oír su desaprobación de la idea.
Frente a críticas de la oposición de que la Ley implica comprar más caro, Casaretto responde: “Se pagaría, posiblemente, algún precio adicional en una licitación a una empresa argentina que paga los impuestos acá, tiene empleos acá y emplea a trabajadores que también pagan sus impuestos acá.”
Además, el Diputado del Frente de Todos invitó a “analizar lo que pasa en otras partes del mundo. Las principales potencias económicas mundiales (Estados Unidos, Japón, Alemania) siempre tuvieron políticas proteccionistas. Esos países entendieron que sus industrias tenían que tener una protección adicional para que el país sea una potencia industrial. Ese es nuestro criterio.”
Tal como mencionó el diputado del Frente de Todos, la iniciativa rige, en particular, en países industrializados o con intenciones de serlo. El presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó, a principios del año pasado, un decreto llamado Buy American (Compre Americano) para impulsar la compra de bienes y servicios de origen norteamericano con el fin de sacar a flote medianas y pequeñas empresas y recuperar empleos perdidos durante la pandemia del Covid-19.
México incluye, en su Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, un capítulo dedicado a licitaciones públicas donde se prioriza la participación de su industria nacional. En Brasil, por su parte, sigue vigente la ley 12.349/2010, “Plano Brasil”, que otorga a la industria nacional un margen de preferencia del 25% en las licitaciones de productos manufacturados y servicios nacionales. Finalmente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva lanzó: “Compra Lo Nuestro por Colombia”, una campaña para facilitar la conexión entre compañías locales que quieran proveer o comprar bienes, servicios y materias primas, durante la emergencia generada por el COVID-19.
Está por verse si la salida del Ministerio de Desarrollo Productivo de Matias Kulfas y su reemplazo por Daniel Scioli afectará la ubicación del proyecto en la lista prioridades del gobierno. Marcelo Casaretto es optimista de que, a pesar de la oposición, se convertirá en ley más temprano que tarde. Pero va por más. Recientemente anunció en redes sociales, para acompañar un crecimiento del 25% en producción y exportaciones de la industria automotriz, el pronto lanzamiento de un proyecto de Ley de promoción de industria automotriz y otro de Ley de electromovilidad (movilidad sustentable): sustituir motores de combustión interna que funcionan a derivados del petróleo por motores eléctricos o híbridos.
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