Aun en contra de la opinión pública el Gobierno de la Ciudad participa en la pulseada privatizadora que pretende ganar el espacio público de la costa porteña.
La Ciudad de Buenos Aires está ubicada a orillas del Río de la Plata. Ese que debe su nombre a sus aguas color gris, que brillan cuando el sol les pega de lleno y reflejan cielos rosas cuando atardece. La avenida de la costanera bordea al río y recorre de norte a sur. Se escucha a veces decir que Buenos Aires es la ciudad que le da la espalda al río. ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Miles son los porteños que cuando sale el sol y, con la excusa de un fin de semana largo, salen corriendo (figurativamente, vamos a decir salen andando) en dirección a “la costa”. Ese lugar en el que sí se puede estar en el agua y mirar hacia un horizonte plano. Ese lugar donde sí hay playa, que no queda acá, porque acá en Buenos Aires, no hay playa. ¿Y por qué?
“La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya entre 15 y 20 m2 de espacio verde por habitante. Según el Gobierno de la Ciudad, hay 6 m2 por persona aunque hay especialistas que afirman que son sólo 4”.
La superficie de la ciudad porteña es de 203 km2, compuestos por 48 barrios. Habitan 3 millones de personas, más o menos 15.000 habitantes por km2. La Organización Mundial de la Salud recomienda que haya entre 15 y 20 m2 de espacio verde por habitante. Según el Gobierno de la Ciudad, hay 6 m2 por persona aunque hay especialistas que afirman que son sólo 4. Esta cifra distorsionada es atribuida a que el oficialismo considera canteros o macetas como espacios verdes. En los hechos, Buenos Aires ocupa el segundo lugar en la lista de América Latina en el ranking de la peor relación habitante/m2 de espacio verde. Más allá de la especificidad del número, 4 o 6 se alejan bastante de lo estipulado como algo “sano” para los parámetros de la OMS. Quizás esto tenga relación directa con ese dicho de la ciudad que ignora al río a sus espaldas. Hablar de una estipulación de m2 por persona, es resultado directo del desarrollo urbano. Puede ser la muestra de cuánto el ser humano se alejó de la naturaleza, esa de la que forma parte, a tal punto que hay que definir cuánto merece una persona disfrutar de un espacio que tenga pasto o árboles y no cemento.
En este contexto es que se vienen discutiendo algunos proyectos que tienen que ver con la construcción de edificios a orillas del río. El año pasado, por ejemplo, cuando terminó la concesión a los privados en el predio de Costa Salguero, el Gobierno de la Ciudad intentó llevar adelante un acuerdo de negocios inmobiliarios para vender esos terrenos y permitir la construcción de viviendas de lujo. Esto fue declarado como inconstitucional por la justicia, luego de movilizaciones, bicicleteadas y festivales en el lugar. Aunque el gobierno sigue insistiendo con este acuerdo, el conflicto demostró algo: no tenemos salida directa al río. Hay boliches y restaurantes, pero algo es seguro y es que este acceso no es gratuito ni inclusivo.
Este año otro proyecto provocó la molestia de las organizaciones sociales y ambientales: el acuerdo con la empresa constructora IRSA para la construcción de viviendas de hasta 98 metros de altura en la Costanera Sur, para expandir Puerto Madero. Este proyecto estaría ubicado en la ex Villa Olímpica del Club Atlético Boca Juniors, al lado de la reserva ecológica. Fue anunciado como parte del nuevo “Plan de desarrollo urbano sostenible”, donde el gobierno explica que se construirían “viviendas, locales comerciales y gastronómicos, y diferentes espacios de recreación”. En este anuncio, además de insistir sobre la privatización de Costa Salguero, se informó que IRSA cedería 47 de las 71 hectáreas a cambio de poder construir sus torres. Esas 71 hectáreas equivalen a lo que ocuparían más de setenta manzanas. El código urbanístico dice que en los emprendimientos que superan 1,5 hectáreas (un poco más de una manzana), la empresa está obligada a ceder el 50% del total del predio. Es decir que la Ciudad estaría beneficiada en una pequeña parte. Además, se modificó el proyecto para poder construir más de la altura permitida y darle otros usos de los que estaba estipulado.
El proyecto Costa Urbana que pretende construir el grupo IRSA y el Gobierno de la Ciudad.
Imagen: Fundación Abdala
“Desde el Frente de Todos, rechazamos este convenio urbanístico, pedimos que se respete el uso original que tenían estas tierras que era para destino deportivo y reclamamos que se escuche a los vecinos y vecinas de la ciudad y particularmente de la comuna 4 que no fueron siquiera consultados para este proyecto“, declaró Lucía Cámpora, legisladora porteña del Frente de Todxs. La empresa IRSA es dueña de muchos shoppings del país como Alto Palermo, Paseo Alcorta, Abasto, además de hoteles y terrenos como Ciudad Palmera en Caballito. Adquirieron las tierras de la costanera sur hace 24 años por 50 millones de dólares. Actualmente el m2 en Puerto Madero ronda los 6 mil dólares, por lo que un departamento de 80m2, saldría casi 500.000 dólares.
La historia de la adquisición se remonta a 1964, cuando el Congreso Nacional aprobó donar 40 hectáreas de la costanera al Club Atlético Boca Juniors para la construcción de una ciudad deportiva. En 1990 Carlos Menem, por entonces Presidente de la Nación, amplió por decreto la donación y quedaron las 71,6 hectáreas que ahora están en disputa. Tres años después, en 1993, se vendió el predio a la empresa Santa María del Plata para construir efectivamente esa villa olímpica. Sin embargo eso no sucedió y finalmente IRSA compró las tierras en 1997.
La audiencia pública no vinculante duró 14 jornadas donde el 98% de los 2.593 inscriptxs se manifestó en contra del proyecto.
El pasado 8 de noviembre terminaron las audiencias públicas en donde participaron organizaciones sociales, ambientales, vecinos del barrio Rodrigo Bueno, aledaño a las tierras y vecinos y vecinas de la comuna 4 en general. Thania es una vecina que vive en el barrio, a metros apenas de donde quieren comenzar la construcción. “Son maquinarias que van a entrar para armar 40/45 pisos. Imaginense todo lo que vamos a pasar nosotros cuando entren aquí al barrio a demoler las casas, se nos parten las paredes, todo. Nos va a hacer mucho daño al barrio —explicó Thania— Es la lucha que estamos teniendo, una lucha de nunca acabar”. La audiencia pública no vinculante duró 14 jornadas donde el 98% de los 2.593 inscriptxs se manifestó en contra del proyecto. La cuestión de la vivienda fue uno de los ejes del debate, ya que el déficit habitacional aumenta año a año, por lo que la construcción de torres de lujo no es una política inclusiva, ni soluciona el problema de la gente.
A pesar de ser una de las ciudades más caras para alquilar, el número de inquilinos aumenta cada vez más, y no precisamente por una mejora en los salarios. Según Inquilinos Agrupados, la asociación que está a su vez organizada con inquilinos de todo el país, desde el 2001 hasta ahora se vio un aumento de la inquilinización. El 22% en ese entonces y ahora más del 40%, es decir que aproximadamente 1 millón de personas alquilan. A su vez en estos últimos años se construyeron 150 mil viviendas, un crecimiento inmobiliario muy grande. Cabe preguntarse para quién son esas viviendas, si una parte muy grande de la población alquila. Podrían pensarse estos números como una muestra de concentración de la propiedad. Lucas Grimson, joven militante del Frente Patria Grande, participó de la audiencia pública y opinó: “Este tipo de proyectos como el de la costanera sur, norte y otros similares que viene impulsando el Gobierno de la Ciudad, claramente perjudican a la juventud por varias cuestiones. Creo que dando vuelta las prioridades de estos proyectos podríamos ser beneficiades o más tenides en cuenta, si por ejemplo se privilegia la construcción de espacios públicos, espacios verdes o para promover el deporte. Nos afecta especialmente a les pibis porque todas estas zonas que quieren ser destinadas a construir torres y barrios privados, podrían en vez de eso destinarse a construir viviendas que permitan enfrentar la crisis habitacional que atravesamos en nuestra ciudad”.
Según una investigación de la Mesa de Estudio de viviendas vacías, 11,3% de las casas están sin gente, ociosas.
La pandemia agravó la situación de muchas personas en cuanto a la vivienda por la crisis económica en general. En estas últimas semanas Federico Fagioli del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para la protección de las personas y familias en situación de calle. Según una investigación de la Mesa de Estudio de viviendas vacías, 11,3% de las casas están sin gente, ociosas. El estudio se realizó en Puerto Madero, Palermo y Recoleta y el resultado fue que una de cada 10 casas está vacía. Este podría ser un hilo del que tirar para pensar la problemática de la crisis habitacional.
Por otro lado, el problema de los espacios verdes y, sobre todo, del cuidado del ambiente resonó en la Legislatura. Vivimos años de movilización ambiental sobre todo por parte del sector de la juventud, preocupadxs por el futuro del planeta. La creación de organizaciones como Jóvenes por el Clima es síntoma de esto. Los fuegos en las provincias de Córdoba, Río Negro, San Luis, la bajada histórica del Río Paraná, la contaminación de los suelos y los ríos y el desequilibrio de los ecosistemas en general es un reclamo constante hacia los gobiernos y las empresas. El proyecto que se busca aprobar desde la Legislatura porteña va a estar construido sobre un humedal, por lo que podría agravar la situación ambiental. “Es importante mantener los humedales naturales en buen estado porque actúan como descontaminante natural de lo que nosotros generamos y funcionan como reguladores térmicos. El humedal tiende a disminuir las temperaturas altas porque contiene mucha agua, en contraposición de lo que es el cemento que la eleva constantemente”, explicó Gastón Anzalone, Analista e Ingeniero Ambiental. Además, argumentó que la construcción afectaría a las especies autóctonas de flora y fauna en la costanera.
Más allá de la expresión ciudadana en contra de este proyecto, queda una votación por delante, la otra media sanción que corresponde a aprobar o rechazar la construcción. El Gobierno de la Ciudad busca que esta sesión se lleve adelante para aprobar un combo de negocios inmobiliarios: las torres de la costanera norte, el nuevo Puerto Madero de IRSA y la legalización de otro tipo de construcciones urbanísticas.
En este tipo de decisiones, no solamente las que están vinculadas a los negocios inmobiliarios a orillas del río, es que se jugarán algunas cuestiones: qué ciudad se quiere y qué priorizan los porteños y porteñas.
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