¿Quiénes fueron los empresarios y políticos que encabezaron la cruzada para que la ley de Etiquetado Frontal tardara más de 360 días en aprobarse?
Después de 11 horas de intenso debate y de sortear obstáculos de todo tipo, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Etiquetado Frontal. Durante 362 días, la discusión acerca de la iniciativa estuvo enroscada en innumerable cantidad de idas y vueltas, dilaciones, amenazas y presiones del conglomerado de 19 empresas que concentra la producción del 80 por ciento de las bebidas y alimentos que consumen los argentinos.
“Hubo un lobby salvaje”, resumió el diputado del Frente de Todos José Luis Ramón. El “cabildeo” incluyó desde el envío de un sugestivo mail de Coca Cola a los senadores con sugerencias de correcciones al texto original con los artículos ya listos para cortar y pegar, hasta el intento del secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Jorge Neme, de llevar una “nueva” propuesta de Etiquetado al Mercosur como una forma de sortear la inclusión de octógonos negros en los envases.
Eter Digital realizó una extensa investigación para desentrañar quiénes son los actores que estuvieron al frente y detrás de esta cruzada para evitar que esta norma, que es hija de los más de 100 proyectos que se presentaron desde 1999, viera la luz.
Blanco sobre negro
Mara García es licenciada en nutrición, docente, investigadora y magíster en salud pública. Coordina el equipo de etiquetado frontal de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición (Fagran). Para ella la discusión del último año y medio dejó al desnudo que a los empresarios de la industria alimenticia solo les interesa defender “sus intereses económicos y particulares por sobre el bien común de la población”.
Una muestra de ello, según su modo de ver, es la enorme cantidad de recursos que han destinado para impedir de todas las maneras posibles que saliera la ley. “Han cooptado medios, profesionales y hasta asociaciones relacionadas a la salud para que abonen argumentos en contra del proyecto”, sentenció la especialista.
Gastón Fernández Jaichenco, integrante de “Consciente Colectivo”, una agrupación que milita por la crisis social, climática y ambiental, coincide en la idea, aunque explica que “el lobby en sí” no se dio “de una manera general” a través de una fuerza política en particular, sino que “los legisladores de las provincias saleras y azucareras, ya sean del oficialismo o la oposición, fueron los que más se mostraron en contra”.
La Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que representa a 35 cámaras sectoriales y a más de 14.500 empresas de alimentos y bebidas, fue la entidad que se puso en la primera línea del frente que se armó en contra de la iniciativa. Su titular, Daniel Funes de Rioja, insistió -cada vez que tuvo la oportunidad de hablar en radio y televisión- que la inclusión de octógonos en los envases es “sumamente perjudicial” para las compañías que tengan que hacerlo. “Está claro que la modalidad tiene por finalidad no informar sino disuadir”, opinó y agregó que se trata de un modelo que “demoniza” a los alimentos y genera “confusión” en los consumidores porque, según sus cálculos, en algunos rubros, más del 90% de la góndola quedaría pintada de negro.
Funes de Rioja es un hombre cercano al Gobierno que hoy preside la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (FIPAA). En una entrevista con Futurock, después de que se cayera la sesión del 5 de octubre por falta de quórum, declaró que el lobby empresarial en la Argentina “existe y no es una mala palabra”, pero aclaró que “existe para informar” y “no para interferir en la vida política”. En esa línea, aseguró que “no hubo llamados” ni “presiones” por parte de las empresas alimenticias para que la iniciativa no sea debatida en el Congreso.
La AmCham, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, es otra de las organizaciones que se manifestó en contra de la aprobación de la ley. Esta Cámara cuenta con 605 empresas asociadas de origen estadounidense, argentino y de otras nacionalidades, pero todas tienen un punto en común: están radicadas en Argentina. Del total, por lo menos 19 tienen que ver con alimentación y bebidas.
“Creemos que el gran obstáculo en el proyecto es que pretende imponer un sistema de advertencia que se transforma en un modelo punitivo, confuso, parcial e inequitativo”, expresó la entidad a través de un comunicado. “El 92% de los alimentos que se comercializan en la Argentina serían discriminados negativamente y sin destacarse los aportes positivos que conllevan, como fibra y demás propiedades que, por ejemplo, resaltan las actuales guías alimentarias disponibles”, apuntó.
Respecto a los plazos que propone la ley para que los productores puedan adaptarse a las regulaciones (de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para las grandes firmas y de 18 en el caso de las pymes y cooperativas, ambos prorrogables) la cámara evaluó: “Es exiguo. Los procesos de transición llegan hasta los dos años”.
Dentro de esta “comunidad de negocios” están Arcor, Coca Cola, Arcos Dorados Argentina (poseedora de Mc Donalds), Cervecería y Maltería Quilmes y Kellogg’s, entre otras. Un gran porcentaje de los productos que comercializan estas compañías se verían alcanzados por las regulaciones planteadas en la Ley de Etiquetado Frontal. Muchas de ellas, según la web de Amcham, aportan directivos y vocales al comité ejecutivo de la Cámara, como Arcos Dorados y Danisco. El director general, Alejandro Díaz, por ejemplo, fue presidente de Pepsico Argentina entre 1990 y 2003.
Coca-Cola y Quilmes (que embotella productos de las marcas de Nestlé, Danone y PepsiCo) también forman parte de otra asociación: la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol. Este conglomerado también puso lo suyo para impedir que el proyecto se convirtiera en ley. Si bien se mostró de acuerdo en “términos generales” con el articulado, envió una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la que manifestó su disconformidad con ciertas regulaciones. “No cuentan con evidencia científica, generan confusión y por lo tanto resultan irrazonables”, opinó.
Al mismo tiempo insistieron que “ninguno de los países vecinos que ya han regulado el tema (Chile, Perú, México y Uruguay) ha incluido una leyenda de advertencia semejante, para edulcorantes o para cafeína”. En México, que desde 2020 tiene una ley similar, es obligatorio que los productos que contengan edulcorantes o cafeína lleven una advertencia en su envase para avisar al consumidor acerca del exceso de estas sustancias.
El poder real
Dentro de los socios de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol se encuentra Arcor, que es presidida por Luis Pagani (un empresario con un patrimonio estimado de 1240 millones de dólares) que vende, entre otras cosas, alimentos de consumo masivo: chocolates, golosinas, helados, galletitas y ultraprocesados. También está la empresa Molinos, que tiene como presidente a Luis Pérez Companc, hijo de Gregorio Pérez Companc, la cuarta persona más rica de Argentina. Este conglomerado posee una infinidad de marcas: Luchetti, Matarazzo, Granja del Sol y Cocinero, entre otras. Casi todas tienen productos que, de aprobarse la ley, tendrían que incluir obligatoriamente el octógono negro en sus envases.
¡Azúcar oculto, al frente!
En Argentina hay 23 ingenios azucareros, de los cuales 15 están en Tucumán. Esta provincia nuclea a los productores más importantes de azúcar del territorio argentino. Según datos de la Secretaría de Salud, produce el 62% del volumen total del país.
Ledesma, la principal productora de azúcar del país (aglutina un 17% del total) y firma líder del Centro, es propiedad de Carlos Pedro Blaquier, uno de los empresarios más ricos de Argentina (490 millones de dólares de patrimonio). El Grupo Ledesma tiene un enorme complejo agroindustrial y negocios en distintos rubros: abarca carne, granos, frutas, jugos, papel, cuadernos, energía, azúcar, alcohol y bioetanol.
Maniobras
En una nota escrita por la periodista Delfina Torres Cabrero para Bocado.lat- una red de periodismo latinoamericano que trabaja sobre temas de territorio y alimentación-, un integrante de una de las cámaras empresariales declaró en estricto off the record que “la ley tiene que armonizarse con la normativa a nivel Mercosur. Si las normas son distintas, las empresas van a revisar la localización de sus plantas e irán a donde haya mejor alcance regional, que es Brasil”.
Con respecto a experiencias similares en otros países de América Latina y a cómo repercutió en el consumo la implementación de este tipo de leyes, Fernández Jaichenco aclaró que “viendo los estudios de cada caso, se comprueba que hay una caída de consumo de los alimentos con etiquetas, pero esto no llevó a las “terribles consecuencias” que anuncian los que están en contra de la ley”. “Las empresas se adaptaron rápidamente a la ley, reemplazando ingredientes para evitar los octógonos”, justificó. Y sobre el posible cierre de pymes comentó: “Depende de muchísimos factores, principalmente la política económica de cada país. Los detractores de la ley dicen que, de implementarse, no va a afectar en nada a lo que compra la gente. Entonces, yo les pregunto: si no afecta en nada, ¿por qué decís que se van a cerrar empresas por esto?”.
Quien llevó esta propuesta al Mercosur fue el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Jorge Neme, que es ex director de una empresa azucarera y representa, junto a otros políticos tucumanos como Juan Manzur y Pablo Yedlin, al sector azucarero de la provincia, que tiene 15 ingenios activos con 500.000 hectáreas plantadas con caña de azúcar.
Neme fue director de la filial argentina de Sucroliq, una empresa dedicada a la producción de jarabe de azúcar para la producción de alimentos. Esta firma finalmente nunca desembarcó en Argentina pero tenía intenciones de instalar una megaplanta en Chascomús. Según él, su posición en contra de la ley “no tiene nada que ver con eso”, sino que considera más importante “que las empresas conserven la posibilidad de crear empleo, de exportar, que de pronto alguien se sienta molesto porque un dulce de leche tiene mucha azúcar o algún chorizo tenga exceso de grasa”.
Dentro del oficialismo, una de las posiciones más cuestionadas con respecto a esta ley fue la de Massa. Luego de que se aprobara el proyecto en Senadores, el fundador del Frente Renovador se reunió con Manzur y con empresarios azucareros en Tucumán y declaró: “Yo voy a estar acompañando el trabajo de los diputados tucumanos. Hay políticas que se piensan en un marco general sin mirar las particularidades”. Los parlamentarios tucumanos habían considerado esta medida como un “perjuicio a la industria azucarera”.
Después de ese encuentro, el proyecto fue girado por el propio Massa a cuatro comisiones (que originalmente eran seis) para que sea discutido una vez más. Obtuvo un dictamen favorable en todas salvo en la comisión de Salud, presidida por Pablo Yedlín (tucumano y hombre de Manzur), que firmó un dictamen en minoría
Manzur, que antes de convertirse en Jefe de Gabinete fue gobernador de Tucumán desde 2015, tiene antecedentes en las disputas entre la industria y el Gobierno. Durante la reforma tributaria en 2017, en la que el gobierno de Mauricio Macri decidió impulsar una suba de impuestos a las bebidas azucaradas de un 4% a un 17%, Manzur salió a respaldar a la industria pidiendo que se revea la reforma, ya que en “científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud”. Por su accionar y el del senador José Alperovich, la Casa Rosada decidió dar marcha atrás con la suba.
Coca-Cola y Quilmes (que embotella productos de las marcas de Nestlé, Danone y PepsiCo) también forman parte de otra asociación: la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol. Este conglomerado también puso lo suyo para impedir que el proyecto se convirtiera en ley. Si bien se mostró de acuerdo en “términos generales” con el articulado, envió una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en la que manifestó su disconformidad con ciertas regulaciones. “No cuentan con evidencia científica, generan confusión y por lo tanto resultan irrazonables”, opinó.
Al mismo tiempo insistieron que “ninguno de los países vecinos que ya han regulado el tema (Chile, Perú, México y Uruguay) ha incluido una leyenda de advertencia semejante, para edulcorantes o para cafeína”. En México, que desde 2020 tiene una ley similar, es obligatorio que los productos que contengan edulcorantes o cafeína lleven una advertencia en su envase para avisar al consumidor acerca del exceso de estas sustancias.
El poder real
Dentro de los socios de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol se encuentra Arcor, que es presidida por Luis Pagani (un empresario con un patrimonio estimado de 1240 millones de dólares) que vende, entre otras cosas, alimentos de consumo masivo: chocolates, golosinas, helados, galletitas y ultraprocesados. También está la empresa Molinos, que tiene como presidente a Luis Pérez Companc, hijo de Gregorio Pérez Companc, la cuarta persona más rica de Argentina. Este conglomerado posee una infinidad de marcas: Luchetti, Matarazzo, Granja del Sol y Cocinero, entre otras. Casi todas tienen productos que, de aprobarse la ley, tendrían que incluir obligatoriamente el octógono negro en sus envases.
Otra de las organizaciones que no concuerda con este proyecto es el Centro de Industria Lechera, presidido por Ercole Felippa, referente del PRO en la provincia de Córdoba. En distintas notas que enviaron desde esta entidad a los presidentes de bloque de la Cámara de Diputados advirtieron que, de aprobarse esta ley, “el 70 % de los quesos” que ellos producen llevaría “sellos por exceso de sodio y exceso de grasas saturadas”, y que eso “hará que en Mercosur los productos lácteos argentinos estén en inferioridad de condiciones respecto de los de otros países”. Según ellos, esto afectaría radicalmente a las exportaciones.
¡Azúcar oculto, al frente!
En Argentina hay 23 ingenios azucareros, de los cuales 15 están en Tucumán. Esta provincia nuclea a los productores más importantes de azúcar del territorio argentino. Según datos de la Secretaría de Salud, produce el 62% del volumen total del país.
El Centro Azucarero Argentino, una asociación que “agrupa casi a la totalidad de la industria productora y comercializadora de azúcar de caña, mayoritariamente concentrada en el Noroeste de la Argentina”, tampoco se mostró conforme con la ley. Jorge Feijóo, su director, fue presidente del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol en Tucumán y ministro de Desarrollo Productivo de la provincia. Feijóo coincide con Funes de Rioja y dice que el Etiquetado “busca demonizar al azúcar, un alimento natural necesario en medida adecuada, pero no rechazado por autoridad competente alguna”.
Ledesma, la principal productora de azúcar del país (aglutina un 17% del total) y firma líder del Centro, es propiedad de Carlos Pedro Blaquier, uno de los empresarios más ricos de Argentina (490 millones de dólares de patrimonio). El Grupo Ledesma tiene un enorme complejo agroindustrial y negocios en distintos rubros: abarca carne, granos, frutas, jugos, papel, cuadernos, energía, azúcar, alcohol y bioetanol.
Maniobras
Una de las circunstancias por la cual se demoró el tratamiento de la ley es que tanto empresas como políticos que operaron en contra buscaron que la discusión escale hasta el Mercosur y que desde ese organismo se apruebe una norma para América Latina. Obviamente la intención es que el bloque tenga en cuenta sus peticiones y exigencias.
En una nota escrita por la periodista Delfina Torres Cabrero para Bocado.lat- una red de periodismo latinoamericano que trabaja sobre temas de territorio y alimentación-, un integrante de una de las cámaras empresariales declaró en estricto off the record que “la ley tiene que armonizarse con la normativa a nivel Mercosur. Si las normas son distintas, las empresas van a revisar la localización de sus plantas e irán a donde haya mejor alcance regional, que es Brasil”.
Con respecto a experiencias similares en otros países de América Latina y a cómo repercutió en el consumo la implementación de este tipo de leyes, Fernández Jaichenco aclaró que “viendo los estudios de cada caso, se comprueba que hay una caída de consumo de los alimentos con etiquetas, pero esto no llevó a las “terribles consecuencias” que anuncian los que están en contra de la ley”. “Las empresas se adaptaron rápidamente a la ley, reemplazando ingredientes para evitar los octógonos”, justificó. Y sobre el posible cierre de pymes comentó: “Depende de muchísimos factores, principalmente la política económica de cada país. Los detractores de la ley dicen que, de implementarse, no va a afectar en nada a lo que compra la gente. Entonces, yo les pregunto: si no afecta en nada, ¿por qué decís que se van a cerrar empresas por esto?”.
Quien llevó esta propuesta al Mercosur fue el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, Jorge Neme, que es ex director de una empresa azucarera y representa, junto a otros políticos tucumanos como Juan Manzur y Pablo Yedlin, al sector azucarero de la provincia, que tiene 15 ingenios activos con 500.000 hectáreas plantadas con caña de azúcar.
Neme fue director de la filial argentina de Sucroliq, una empresa dedicada a la producción de jarabe de azúcar para la producción de alimentos. Esta firma finalmente nunca desembarcó en Argentina pero tenía intenciones de instalar una megaplanta en Chascomús. Según él, su posición en contra de la ley “no tiene nada que ver con eso”, sino que considera más importante “que las empresas conserven la posibilidad de crear empleo, de exportar, que de pronto alguien se sienta molesto porque un dulce de leche tiene mucha azúcar o algún chorizo tenga exceso de grasa”.
Dentro del oficialismo, una de las posiciones más cuestionadas con respecto a esta ley fue la de Massa. Luego de que se aprobara el proyecto en Senadores, el fundador del Frente Renovador se reunió con Manzur y con empresarios azucareros en Tucumán y declaró: “Yo voy a estar acompañando el trabajo de los diputados tucumanos. Hay políticas que se piensan en un marco general sin mirar las particularidades”. Los parlamentarios tucumanos habían considerado esta medida como un “perjuicio a la industria azucarera”.
Después de ese encuentro, el proyecto fue girado por el propio Massa a cuatro comisiones (que originalmente eran seis) para que sea discutido una vez más. Obtuvo un dictamen favorable en todas salvo en la comisión de Salud, presidida por Pablo Yedlín (tucumano y hombre de Manzur), que firmó un dictamen en minoría.
Manzur, que antes de convertirse en Jefe de Gabinete fue gobernador de Tucumán desde 2015, tiene antecedentes en las disputas entre la industria y el Gobierno. Durante la reforma tributaria en 2017, en la que el gobierno de Mauricio Macri decidió impulsar una suba de impuestos a las bebidas azucaradas de un 4% a un 17%, Manzur salió a respaldar a la industria pidiendo que se revea la reforma, ya que en “científicamente no está comprobado que el azúcar genere un daño para la salud”. Por su accionar y el del senador José Alperovich, la Casa Rosada decidió dar marcha atrás con la suba.
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