“La excepción es corrupta, y además genera mucha injusticia. No se hacen las obras de infraestructura que hacen falta y alguien se transforma en rico vendiendo sus terrenos, a un precio increíble porque consiguió un permiso para construir una torre, y el vecino lo sufre porque pierde privacidad, la posibilidad de estacionamiento, servicios”, decía Jorge Macri en su campaña por la intendencia de Vicente López en noviembre de 2011. Era un día soleado y se encontraba frente a la Parroquia del Huerto de los Olivos, rodeado de militantes y gente que llevaba gorras amarillas que lo acompañaba. Un mes después, el primo del actual presidente de Argentina, se convertía en el intendente del partido por el PRO. En su gestión de diciembre de 2011 a 2015, aprobó 282 excepciones al Código de Ordenamiento Urbano (COU) para construcciones edilicias.
“Son todas normas que se aprueban sin participación ciudadana, en parte porque favorecen al empresario y perjudican a los habitantes del municipio”, dice Carlos Roberto, ex concejal del municipio por el partido socialista, y uno de los pocos que se opuso a las excepciones al COU durante la primera gestión de Macri. Roberto explica que se votan todas juntas en pocas sesiones del Concejo Deliberante a fin de año y sin debate previo para que sean aprobadas con rapidez. Los planos se presentan en la Secretaría de Planeamiento y Urbanismo, y si no cumplen con la norma, se hace un proyecto de ordenanza que revisa la Comisión de Obras Públicas. Allí el PRO tiene mayoría y es donde dan el visto bueno. Las que incumplen rompen con los parámetros de los índices de Factor de Ocupación del Suelo (FOS) y Total (FOT), el retiro de frente y de fondo, la densidad, la altura permitida o el uso en la zona. “Al momento de la votación no hay una audiencia pública y uno tiene que estar al tanto de lo que se está votando. Si no uno nunca se entera”, expresa el ex concejal.
“Macri dijo que eso era corrupción. Parece que le gusto la corrupción y la agravó mucho más. Ahora van por todo” – Norberto Antelo, vocal por el GEN.
Macri asumió en diciembre del año pasado su segundo mandato en la intendencia de Vicente López, tras ganarle en las elecciones al ex intendente, Enrique “el japonés” García del Frente Para la Victoria, con más del 54 por ciento de los votos. Y la modalidad de las excepciones al COU no son algo propio de la gestión del jefe comunal del PRO. Esta modalidad empezó a hacerse recurrente durante el último período de la intendencia de García, quien estuvo al frente del municipio durante 24 años. “Este problema no es algo nuevo. Con él también pasaba. A fines de 2004 hubo una sesión maratónica y en diciembre se terminaron votando grandes excepciones”, cuenta Roberto. Pero por más que Macri haya dicho que iba a parar con esta metodología, el problema se agravó. Otro de los vocales que votaba en contra es Norberto Antelo del GEN: “Macri dijo que eso era corrupción. Parece que le gusto la corrupción y la agravó mucho más. Ahora van por todo”.
El 29 de abril último la comuna adhirió a la declaración del gobierno bonaerense de la emergencia en materia de infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos. El artículo dos del decreto sostiene que “se autoriza a todos los ministerios, secretarías, y entidades autárquicas, en el marco de sus competencias, a ejecutar las obras y contratar la provisión de bienes y servicios que las mismas requieran, cualquiera sea la modalidad de contratación, incluidos los convenios de colaboración con organismos de la Provincia o de la Nación, municipios, consorcios de gestión y desarrollo y cooperativas”. Por este motivo los vecinos sostienen que les da la posibilidad de realizar las cosas con más rapidez y efectividad. Además, en enero último se presentó un proyecto para modificar el puerto de Olivos, que según el propio Macri busca “transformar un lugar emblemático que estaba descuidado, en un punto de encuentro para disfrutar con familiares y amigos”. Con fuerza de ley le entregan superpoderes para poder gestionar en esa zona.
Irregularidades a la orden
La calle Talcahuano termina en la parte trasera del predio de Tecnópolis, en la localidad de Villa Martelli. A dos cuadras, al 257, hay un edificio de Vasana S.A. al que le aprobaron reformas por excepción. Según el expediente 933/15, incumple con el FOS, el FOT, invade retiro de fondo y de frente. Más hacia el este, en el bajo, desde las oficinas del edificio de Pribokaar S.A. se puede ver el río. En el año 2014, a la empresa le dieron el permiso para construir superando el número de plantas y la densidad. También hay otros tipos de faltas como por ejemplo se puede leer en la resolución 994/15, en la que no se aclara quién es el propietario del inmueble. Antelo sostiene que las excepciones conforman un sistema dentro del municipio: “Sería muy tonto pensar que una excepción te la dejen gratis. Las excepciones que se rechazan, vuelven a presentarse dos o tres veces más y terminan pasando. Todos llegan a un acuerdo y salen ganando.” Al final de cada ordenanza, donde aparecen las firmas de todos los concejales que están de acuerdo, la lapicera de Antelo no está en ninguna. Otro de los concejales que se opone a las firmas es Joaquín Noya, actual legislador del Frente Para la Victoria en el partido, quien no quiso dar declaraciones acerca de las excepciones ya que dice que “no es un tema de agenda y que se esté tratando”.
El Concejo Deliberante de Vicente López que se encuentra sobre la Avenida Maipú al 2502 no tiene más de cuatro pisos de altura. Allí se encuentra el despacho de Antonio Rendón Russo, el actual presidente de la Comisión de Obras Públicas. Rodeado de imágenes de la artista Frida Kahlo y de la revolución mexicana, explica cuáles son sus motivos al aprobar una excepción: “Cuando se toma una decisión a mucha gente le gusta y a muchos otros no. Nosotros siempre tenemos en cuenta lo social y lo que quiere el vecino, por eso siempre consultamos antes de votar una excepción”. Sin embargo, una de las grandes quejas de los habitantes cercanos a los lugares de las obras es que nunca se habla con ellos para ver si están de acuerdo con lo que se va a hacer, además de que no hay audiencia pública para la toma de decisiones en esta área.
Hay veces que en las leyes municipales lo que se pide es la aprobación de planos de subsistencia. Estos se refieren a las obras que ya estaban en construcción e incumplieron alguna norma, en muchos casos la altura permitida, y se aprueban igualmente. “Varios edificios son de subsistencia. Primero presentan un plano que está bien, construyen de más y luego les votan la excepción. Hay varios ejemplos, como el inmueble de La Palmera, la obra de en frente del Banco Provincia sobre Yrigoyen o la de Las Heras al 2100”, cuenta Roberto, mientras que Antelo dice que “cuando aparece algo así, todos se callan la boca, nadie dice nada y la cosa sigue”. En los casos de las normas donde se pide aprobar planos de subsistencia, se remarca que son de carácter provisorio, revocable e intransferible, que estará inscripto en el “Registro condicional de planos” y llevará una leyenda adicional conforme a un texto legal, que explica que los planos tendrán que ser notificados a la municipalidad en tanto sean modificados para encuadrarla dentro de los parámetros fijados por la Ley Provincial N° 8912, del uso del suelo y sus modificaciones. Pero excede las del código municipal.
Otra de las particularidades que aparecen en la redacción de algunas ordenanzas es que se les exige a aquellos que solicitan la excepción que colaboren con el municipio donando, en varios casos, grama bahiana, especies de árboles o insumos para espacios públicos del partido, y que deberán ser entregados a la Secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad. “Cada uno ve la realidad desde su punto de vista. Algunos ven que se benefician y otros que se perjudican. Por eso siempre contemplamos primero al vecino, el 70 por ciento de las solicitudes de excepciones las rechazamos”, dice Russo sentado detrás de su escritorio, y agrega que están buscando una identidad cultural al partido, debido a que para ellos todavía no la encuentra. Otra cosa con la que desacuerda con los que viven en el municipio.
Megaexcepciones para megaconstrucciones
A pocos metros de la General Paz y el Río de la Plata, se encuentran las construcciones de Al Río S.A. Allí, a través de excepciones votadas en la intendencia de García, autorizaron a construir los complejos de más de 80 metros de altura. Pero, según Roberto, de 2011 en adelante el Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo comunal le siguieron dando beneficios no solo en cuanto a los pisos que puede construir, sino también en cuanto a la ocupación del suelo. “Además, de la Avenida Libertador hacia el este, es donde más irregularidades hay y lo que llamamos megaexcepciones”, dice el ex vocal.
Todos los sábados, sobre el paseo costero Raúl Alfonsín y la calle Melo, la asamblea Unidos Por el Río se reúne para explicarle a la gente del partido que es lo que ocurre. También, llevan distintas especies de plantas y las entierran en las playas de los arroyos que se forman sobre la costa. Carlos Gurvich es uno de los miembros de la agrupación que se creó para denunciar que con el avance inmobiliario y de construcción sobre el río se quería crear una autopista hasta la localidad de Martínez. Lograron frenarlo y que la calle que ahora atraviesa el bajo de Vicente López sea peatonal los fines de semana.
“Desde Avenida Del Libertador hacia el Este es donde hay más irregularidades. Son las megaexcepciones” – Carlos Roberto, exconcejal municipal.
“En la Ley Provincial dice que tiene que haber 10 metros cuadrados de espacio verde por persona, y según nuestros relevamientos en el municipio solo contamos con 0,81”, explica Gurvich mientras termina de acomodar la tierra y se fija si el tronco quedó firme. Y agrega que en los complejos habitacionales Al Río también se está rompiendo con esto. Después hace silencio y sonríe mientras otra persona aclara que ahí dejan un ceibo ya que la resaca que trae la corriente lo va a regar naturalmente.
Si uno viaja con el ferrocarril Belgrano Norte, puede ver como son los inmuebles y la altura que tienen. También se ve que se encuentra pegado al supermercado Carrefour y a un predio que todavía se encuentra sin edificios. Todas estas tierras pertenecen al grupo Ribera Desarrollo, que es de Carlos De Narváez, hermano del ex diputado de la nación. “Las siete hectáreas que no están construidas, el municipio se las entregó en concesión por cuarenta años al grupo. Allí quieren hacer un shopping y al lado ya están realizando una subestación eléctrica”, afirma Gurvich y además aclara que la corporación le paga un canon a la comuna. Sin embargo, nunca existió una licitación para esos terrenos.
La identidad barrial
Pablo Quarrachino tiene 52 años y vive con su esposa y sus tres hijas en la localidad de Florida. Un día estaba caminando por la avenida San Martín al 2800, a la vuelta de su casa y se encontró con que estaban levantando una torre. No le gustó, pero menos le gustó cuando se enteró que a través de una excepción, al edificio le iban a hacer más altura de lo que en la zona estaba permitido. Ahí empezó su lucha y se creó Vecinos En Red Florida Este (VERFE), de la cual es encargado. “La excepción por más pequeña que sea puede perjudicar al vecino. Por eso hay que consensuar con él previamente aunque no le moleste”, dice el hombre.
VERFE se reúne cada dos jueves en la Parroquia Santo Tomás Moro, en una pequeña biblioteca. Sobre una mesa rodeada de libros viejos guardados en armarios o tirados en el suelo, se despliegan papeles, imágenes y planos. A veces las sillas están ocupadas y algunos se quedan parados; otras veces son solo dos. Pero están, para debatir y ver que se les puede ocurrir de nuevo. Repasan las ordenanzas y debaten sobre la calidad de vida. Todos se ponen de acuerdo en algo: ellos eligieron vivir en el partido y particularmente en Florida por la identidad del barrio. Las casas bajas, cierta tranquilidad, conocer al vecino. Por eso ahora buscan la manera de combatir las infracciones a la norma. “Las excepciones se realizan para que la municipalidad pueda otorgarla cuando las constructoras tienen la posibilidad de recibirla”, expresa Quarrachino.
“No al atropello edilicio, en defensa del medio ambiente y nuestra identidad barrial”, dice una bandera que cuelga sobre la casa de la esquina de Ayacucho y San Martín. Como algunos sábados, Quarrachino y la agrupación invitan a las personas que pasan caminando a leer y firmar el proyecto que presentaron ante el Concejo Deliberante. Algunos paran el auto en la esquina y se bajan para ver de qué se trata. Es el expediente 906/15 que entregaron el 19 de octubre del año pasado a la Comisión de Obras Públicas para que sea tratado. Es un requerimiento para que el municipio elabore un nuevo plan urbano en el cual las decisiones sean consensuadas con el público.
En los vistos del proyecto se explica, además de cómo afecta a la calidad de vida vecinal, el daño ambiental que provocan las excepciones, como por ejemplo el “considerable aumento energético de toda la zona” y “perjuicio en el suministro de servicios básicos de gas, agua potable y cloacas”. Quarrachino, quien participó en la redacción, dice que es un problema que cada vez que piden una ordenanza en beneficio de un inmueble, lo que presentan es un informe técnico particular de cómo afectaría a la zona, pero no integral de cuantos edificios ya fueron construidos.
En febrero de este año enviaron un pronto despacho para la resolución del expediente que aún no ha sido tratado. Pero los vecinos intentan que eso no los detenga. Quarrachino consiguió el mail personal del intendente y envió por correo con copia a varias personas afines a su lucha, el requerimiento de frenar con las excepciones al COU. Con una sonrisa, el hombre cuenta que su iniciativa tuvo más de 50 reenviados, aunque ninguna respuesta. Cómo todavía no hubo respuesta de Macri a lo que dijo hace ya más de cuatro años, cuando expresó ante los medios de comunicación que había que parar de manera urgente con todo lo que son excepciones. “Es un compromiso que he asumido hace tiempo y se lo manifiesto a todos los vecinos”, había sentenciado. Ellos siguen esperando.
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