LA CONQUISTA DE RODRÍGUEZ

General Rodríguez es una localidad de más de 80 mil habitantes ubicada a 56 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Su centro la muestra como un típico pueblo del interior que tiene su eje en la estación de tren y una plaza principal. Sin embargo, luego de recorrer unos kilómetros, el verde del campo domina el paisaje y se puede ver como la zona se asemeja cada vez más a un territorio feudal que a uno moderno: desde hace ya varios años, polistas, empresarios y figuras de la política realizan la compra de enormes terrenos a precios muy inferiores a su valor real e incluso toman lotes y calles, algo que perjudica a los habitantes del área.

La lucha de la oposición en el  Honorable Concejo Deliberante

Por Susana Acuña, Sergio González

Miriam Benítez vive en el barrio Vista Linda desde hace 30 años, y en éste último tiempo, su casa quedó rodeada por caballerizas y alambres de púas. Ella cuenta que los polistas cierran las calles públicas y las anexan a sus terrenos, y que esto los dificulta para movilizarse, ya que no tienen manera de pasar directamente hacia la Ruta Provincial 28. “Hace poco cerraron la calle con una tranquera y le pusieron candado, después nos dieron una llave para que podamos pasar. Pero con los vecinos hicimos una denuncia, vino gente del municipio junto con la policía, sacaron el portón y se lo llevaron”, comenta Benítez, muy indignada y agrega sobre la avanzada en estos barrios: “Me ofrecieron un cambio de vivienda y después 8 mil pesos, pero como tengo animales decidí no irme. Además con esa plata no hago nada, no me alcanza para comprar otra casa. Hace dos meses enviudé y vivo sola con mi suegra, a la que tengo que cuidar, y trabajo a sólo dos cuadras, en la casa de un polista, donde hago tareas domésticas y con eso puedo vivir, ya que no tengo una pensión”.

Basta con mirar alrededor de su humilde casa, con gallinas sueltas que entran y salen de su tranquera, y luego voltear hacia la calle de tierra justo enfrente para observar las diferencias: de un lado del camino, un pequeño terreno con pastizales altos y una pobreza que indigna y del otro, un campo de polo que parece no tener fin, con un césped similar a una alfombra y una casa con un lujo digno de los tiempos de las “vacas gordas” y cámaras de seguridad en las entradas a cada predio.

Al recorrer la zona, el GPS desconoce el camino que se está tomando, pero sí reconoce los enormes terrenos que pertenecen a los polistas y sus ostentosas estancias y clubes: Pueblo Polo, Haras La Quebrada, Club Polo One y La Ellerstina, entre otras. Pero para un viajero, se hace difícil transitar por allí sin ser oriundo del lugar, ya que hasta los remiseros, que siempre saben donde y como ir, confunden las entradas a estos lugares con calles por donde se puede circular, ya que el único cartel indicado en kilómetros solo dice “Precaución: Máxima 30 km/h”.

Sobre la calle Belgrano viven Miriam Amarilla y su esposo, Ramón Saucedo, vecinos del barrio también desde hace 30 años. Ellos relatan que desde que se empezó a tomar la zona, los polistas cierran las calles y las usan como propias, alegando que lo hacen porque tienen muchos animales y temen que se les escapen o alguien se los robe. “No tienen derecho a hacer esto, para mi que hay plata de por medio. Lo peor de todo es que nosotros no podemos hacer nada al respecto, porque después nos mandan a la Policía y nos traen problemas”, dice Miriam, apoyada sobre la vieja tranquera que da a la entrada de su hogar. “Ellos bloquean el paso de algunas calles por la noche y  lo cierran con alambrados que ponen. Hay una sola salida que da al centro de  Gral. Rodríguez, y se nos dificulta mucho transitar. Además por los pastizales altos, cuando llueve los chicos no pueden ir a la escuela, porque no pueden pasar por acá, y si tenemos una emergencia, la ambulancia tarda mucho, ya que no puede entrar, los bomberos se pierden y los remises directamente no vienen”, manifiesta, mientras su hijo entra con un caballo traído de tiro a su casa.

“Acá enfrente hace poco vino gente nueva, se comenzó a hacer una casa, y se alambró todo. Pero no sabemos quiénes son los responsables. Hicimos la denuncia, vino el patrullero a verificar y los oficiales nos dijeron que eran los dueños del terreno, pero ¿cómo saben ellos que esas personas son realmente los propietarios? Por lo visto parece que están arreglados con la municipalidad”, agrega Ramón enojado, y recuerda que esa zona le pertenecía a un viejo amigo que falleció hace tiempo.

Esta familia vive rodeada por un alambrado colocado tras la construcción de un establo a unos metros de su casa, e inclusive intentaron tomar parte de sus terrenos: “Nos han ofrecido plata para irnos, pero siempre les dijimos que no, sin importar el monto que estaban dispuestos a darnos. Hace más de 30 años que vivimos acá, no queremos dejar el barrio”, relata Amarilla, para luego contar con mucha tristeza y resignación: “Hay un plano general en el que figura que este campo de acá al lado estaba destinado para una plaza y un destacamento policial, pero lo único que hay es un galpón enorme. Cuando hace mucho calor, se siente un olor tremendo por los chanchos que carnean ahí. No podemos ni almorzar esos días. Hemos levantado firmas con la directora del colegio de la zona para que hicieran aunque sea esa plaza para los chicos, pero por lo visto las notas quedan archivadas, o nos las lee nadie. Parece que para el intendente, el fondo de Vista Linda no existe”.  Luego su marido reconoce que una vez se escucharon los reclamos de los vecinos, pero al parecer todo fue en vano: “La gente del municipio vino a abrir una calle, pero pasaron 15 días y la volvieron a cerrar  de vuelta”, remarca Saucedo frustrado ante la falta de respuesta de las autoridades.

Con solamente darle un vistazo al mapa catastral de la zona y compararlo con su fotografía satelital, se ve claramente cómo las cuadras fueron unificadas en una sola parcela, y hasta se distingue el antiguo rastro de las calles que ahora se encuentran bloqueadas.

Al salir de este barrio, por la calle Martín Güemes, el paisaje no cambia demasiado: de un lado del camino y  a lo largo de unos 10 kilómetros, por una calle que conduce directamente a la ruta 28, se ven amplios campos de polo y jinetes montados practicando este deporte, del otra lado se observan terrenos llenos de pastizales altos. Llama la atención una franja de varias hectáreas que se extiende a lo largo de buena parte del recorrido y que se encuentra tapada por una pared de concreto de más de 3 metros de altura, que cubre gran parte de los árboles y obstruye completamente la vista al interior del campo, como si sus dueños tuvieran algo que ocultar.

Los habitantes de esta sección de Rodríguez también realizaron varias denuncias por el cierre de las calles públicas y la apropiación indiscriminada de terrenos. El Municipio parecía haber tomado cartas en el asunto, ya que en agosto de 2010 se firmó el decreto 1.054, mediante el cual se les encomendó a las Secretarías de Planificación de Obra, Economía e Inspección General la actuación de un “exhaustivo y pormenorizado relevamiento” para determinar si los reclamos de los vecinos sobre los caminos bloqueados eran ciertos, y en el caso de constatarse dichos hechos, dar un plazo de 10 días hábiles a los responsables para rectificar la situación y habilitar el paso.

Sin embargo transcurrieron ya más de dos años de esta directiva, y al día de la fecha son pocos los casos en los que efectivamente se abrieron estas vías de paso. Uno de los empleados que trabaja para Inspección General, Nelson Torchia, explica cuál es el procedimiento en este tipo de situaciones: “Nosotros acá tomamos la denuncia y también damos algún tipo de guía legal. Las calles están sujetas al dominio público, no están a la venta ni están en el mercado. Sólo se las puede ceder si el Consejo Deliberante lo resuelve por mayoría, pero siempre es por algún motivo en especial. La venta es imposible, ya que las calles son para uso de todos, y la libre circulación es un derecho constitucional”.

También aclara que el reclamo lo puede iniciar cualquier persona, no solamente el propietario de un terreno o vecino del lugar. De todas maneras, Torchia expresa: “A veces la gente tiene miedo de hacer la denuncia, por temor a perder su trabajo, ya que algunos dependen de los polistas para subsistir. Además hay que tener en cuenta que si se invirtió mucho dinero en esos lugares, hay que investigar que tipo de trámite se realizó. Me genera muchas dudas cuando se construye algo en plena vía pública, sin la autorización de nadie. Alguien tuvo que asesorarlos sino como lo hicieron.  Sin embargo, ante esta situación, cualquier persona  puede desobstruir la calle si se encuentra cerrada, ya que el que está en falta es el que la corta, no el que la libera”.

De esta manera, la falta de respuesta de las autoridades provocó la reacción de algunos sectores de la oposición a la gestión del Intendente Juan Pablo Anghileri, representante del Frente Para la Victoria (FPV). Héctor Gómez es concejal por la UCR, y trabajó en este tema desde hace ya cuatro años, y todavía continúa peleando con el bloque para lograr que se solucione este conflicto. “Lo que hacen los polistas es posesión de manzanas,  cierran las calles a la circulación para unificar todo. Cuando el municipio toma conocimiento de una calle usurpada debe proceder por sí solo. El trazado, apertura, rectificación de calles y caminos es una atribución del  Honorable Concejo Deliberante, por lo tanto cuando vemos que una vía está cerrada, inmediatamente pedimos un pedido de informe para ver si existe algún acto administrativo por parte del Departamento Ejecutivo que autorice el cierre de esa arteria. Y en el caso de que exista deben enviarnos copias fotostáticas, las causas de por qué se encuentran cerradas y qué medidas piensan tomar. Pero no nos responden nunca. Cuando ven que hacemos saltar el problema, nunca hacen nada para poder abrir esas calles”, cuenta Gómez bastante ofuscado ante la indiferencia en estos casos, para luego agregar: “Lo que pasa es que ellos tienen un arreglo con el Ejecutivo, que cobra unos mangos”. Gracias a su trabajo en el HCD de Rodríguez, se lograron habilitar nuevamente tres caminos que habían sido usurpados por el Club Country “Las Lajas”

Pero más allá de estas soluciones aisladas para resolver el conflicto, casi nada se está haciendo para liberar efectivamente esas vías. Sobre esto puntualiza Eduardo Rodríguez, que trabajó junto a su colega radical en este caso particular, quien por su parte representa al bloque del Frente Amplio Progresista (FAP): “La apertura fue aprobada. Pero el municipio no nos da las armas que necesitamos para abrir esas calles. Se toman su tiempo para responder, y lo aprueban sin ningún plazo de resolución, en contra de lo que dice el decreto 1.054 que ellos mismos aprobaron. En cuatro años no pudimos solucionar esto porque el gobierno no esta dispuesto a hacer lo que corresponde. Cuesta mucho desde la banca de la oposición, ya que el oficialismo rechaza casi todo lo que nosotros presentamos, a pesar de que hay cada vez más concejales que trabajamos para los vecinos”.

El otro punto cuestionable de estos manejos oscuros es el de la tasación de los terrenos públicos que los polistas adquieren, los cuales en su mayoría, son comprados a un valor muy inferior a su cotización actual. El concejal Gómez explica que los precios los fija una inmobiliaria de la zona, o se usa la tasación que hace el Banco de la Provincia de Buenos Aires como referencia. “En el caso que se acepte la tasación del Banco se le aumenta automáticamente en un 10% para ponerlo como base. Por lo general también se pide una evaluación al Colegio de Martilleros y a partir de ahí se toma la más conveniente. Esto se aplica tanto para terrenos públicos como para la cesión de calles”, sostiene el funcionario.

Del mismo modo, el martillero público Darío Figueredo trató este tema en profundidad y denunció al Colegio de Abogados de Morón por obstruir un camino con una tranquera y restringir el acceso general. “Lo que hacen los polistas es comprar lotes a bajo precio y después lo revenden a 20 mil pesos más de lo que vale porque le arreglan el pastizal, lo cercan y le ponen iluminación”. “La municipalidad puede ceder calles y terrenos fiscales a través de un escribano público y por determinados metros, luego pide una tasación a las inmobiliarias de cuánto puede valer el metro cuadrado, y se pasa el valor de la superficie. Puede haber un convenio, una cesión por determinado tiempo donde se cobra un honorario, pero no se pueden vender calles de ninguna manera” explica en detalle Figueredo y luego señala que existen espacios públicos considerados como “reservas fiscales” que se dejan individualmente en una zona de campo de varias hectáreas, por si hay que hacer una sala periférica, un destacamento, una escuela, una plaza o cualquier otro inmueble público.

En cuanto al marco legal de las cesiones, el articulo 28 del Decreto Nº 9533 expone lo siguiente: “La concesión de uso, o cualquier otra modalidad administrativa que acuerde la tenencia de bienes del dominio privado del Estado, se regirá por las siguientes disposiciones: El término de la tenencia no podrá exceder de cinco (5) años. Toda ocupación ilegítima, sin perjuicio de otras acciones que correspondan al Estado, queda comprendida en las disposiciones de esta Ley”. Esta disposición es aplicable tanto en el caso de inmuebles, como así también terrenos y calles pertenecientes al Estado y al Municipio.  A pesar de tener el apoyo judicial, ante la posesión ilegitima de bienes de dominio público, la corrupción y los negociados entre los polistas, empresarios y el poder de turno es una constante y a esto se suma la inacción de los organismos de control que no ejecutan su trabajo como corresponde, entonces resulta que cada vez más tierras y caminos son cedidos y vendidos de forma onerosa particulares, mientras que los habitantes pobres de la zona, que apenas tienen una pequeña parcela donde vivir, sufren las consecuencias de esta “conquista” progresiva que se esta llevando a cabo en el Partido de General Rodríguez. Al cierre de esta nota, no se obtuvieron respuestas oficiales al respecto del tema por parte del intendente Anghileri ni del subsecretario de Planificación de Obras, el Arquitecto Gabriel Vergara, principal responsable del área.

La lucha de la oposición en el  Honorable Concejo Deliberante

Varios proyectos fueron presentados desde la sanción del decreto 1054 del 2010, por parte de los concejales de la oposición, ante los sucesivos reclamos de los vecinos de los barrios de General Rodríguez, respecto del cierre de calles de manera clandestina, unilateral, ilegitima y arbitraria por parte de terceros.

“Llevo tres años peleando para poder liberar tres calles tomadas por el country Club Las Lajas, donde se construyó una cancha de golf.  Hace poco conseguí que se rechazara un recurso de revocatoria impuesto por el administrador del Consorcio.  Y además logré por medio de un decreto la apertura de esas calles ubicadas sobre Puerto España, Puerto Cazador y Puerto Doce, ocupadas desde hacia largo tiempo por el club”, contó el concejal del partido radical Héctor Gómez.

Según el funcionario hubo un pedido de revocatoria por parte de Carlos Daniel Ridilenir, (administrador del country), quien expuso: “Toda decisión administrativa final que lesione un derecho o interés legitimo o transgresión de normas legales, es impugnable según la Ordenanza General 267/80”. Sin embargo, el HCD  ante la interposición respondió que “no hay derecho ni interés legítimo que habilite a un particular al cierre de una calle de dominio publico, ni siquiera ante la eventual circunstancia de que las mismas no se hubieran encontrado trazadas ni zanjeadas”.

Por consiguiente, el cuerpo consideró que “no hay perjuicio ni derecho que afecte al recurrente (Ridilenir). Las consecuencias derivadas de la ocupación irregular de espacios públicos no pueden ser imputadas más que al propio ocupante, que sabe en todo momento sobre la precariedad de su hecho ilegítimo. Y por estos motivos, decidieron que no correspondía suspender la norma pautada”.

Gómez aseguró que la resolución tomada por el HCD determinó: “Rechazase el recurso de revocatorio interpuesto por el Sr. Carlos Daniel Ridilenir, en su carácter de administrador del Consorcio de copropietario del Country Club Las Lajas, contra el decreto N° 659/13, en los términos de los Artículos 86,89 y Ordenanza 267/80.”

Por su parte el concejal Eduardo Rodríguez señaló que “ante una eventual toma de calles, se hace un pedido de informe para ver si las calles o terrenos le pertenecen o no al municipio, y por lo general no tenemos respuesta del área de Agrimensura Catastral porque tarda demasiado en mandar el informe técnico detallado”.

El legislador del Frente Amplio Progresista dijo que hace poco presentó un proyecto a partir de una denuncia publicada en el semanario El Vecinal titulada: “Polémica por la ocupación de dos manzanas por parte del Colegio de Abogados de Morón”.  En la nota se manifestaba un litigio por posesión de tierras entre el Colegio de Abogados y dos particulares que acreditaban la titularidad de los terrenos, pero además se comprobó que  había una cuadra cortada  con un portón sobre la calle Laguna Larga, algo que nunca fue autorizado oficialmente por el Departamento Legislativo, y que impide el paso vehicular y peatonal.  A esto se sumo la existencia de una garita de seguridad en dicho predio.  En este contexto el concejal  habló de otra irregularidad  en una manzana lindera que según los informes catastrales,  se observó la apropiación de una “reserva fiscal”, en la que se construyó un galpón donde  comercializa la venta de pallets para uso privado.

Tras lo expuesto, el HCD dispuso mediante el decreto N° 683: “Adóptense medidas de control extremas sobre las ocupaciones ilegales de calles y espacios  públicos designados como reserva fiscal”.  “Un lugar que figura como reserva fiscal, debe ser asignada por el municipio para la construcción de una sala de atención para la salud, una plaza o un destacamento policial y nunca para un emprendimiento comercial como hemos podido corroborar”, afirmó el concejal.