Luis Lozano, a cargo de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Procuración General de la Nación, debatió con estudiantes de ETER sobre las problemáticas de las nuevas tendencias informativas de internet y la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho a comunicar.
Por Claudio Felipe Leon Placencia
“Ser dueño de Cablevisión es lo mismo que ser dueño de Claro o Personal”, explicó Luis Lozano al referirse a los problemas que conlleva el DNU que modificó las leyes de medios y telecomunicaciones y las autoridades de aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Añadió que los cableros dejaron de tener la obligación de emitir con un canal propio, de pasar el canal de la localidad donde prestan servicio como también las señales de otros, volviendo a un esquema similar al que se tenía a finales de los años 90.
Lozano enfatizó cómo el Gobierno actual está llevando los temas de comunicación hacia una vieja doctrina del mercado de ideas donde no existe el concepto del valor de la verdad y predomina la opinión de los más pudientes. Esto significa que el Estado no hace nada y se para en un lugar de liberalización de las comunicaciones aunque él indica que no sería tan así.
“El Estado está, el Estado regula. Todos los días esa regulación se plasma en decretos y medidas que se publican en el Boletín Oficial, pero lo hace en favor de los más poderosos”, agregó.
“Las conexiones de acceso a la red distan mucho de ser plurales y equitativas”, recalcó Lozano sobre las nuevas comunicaciones en internet. Definió que para el acceso a la tecnología es necesario el derecho a la comunicación por las vías digitales y por otro lado, no alcanza con tener solo conectividad sino es latente tener una alfabetización digital que nos permita usar las redes, abrir un blog o filmar un video.
“La llegada del capital extranjero para tener medios en Argentina es algo que sigue existiendo. Para Turner, Telefe
en términos de negocios no significa nada. Hay un interés político, estratégico. Lo mismo pasa con el fútbol”, expresó Lozano. Aseguró que a pesar de que nuestra ley establece un límite de 30% para la propiedad extranjera en medios, aún existe un tratado de promoción firmado a principio de los 90’s -aún no se derogó ni tampoco revisó- y que todavía permite que ciertas inversiones que pasan por los Estados Unidos entren a la Argentina como si fuesen inversiones nacionales.
A su vez, contó que la comisión Interamericana abrió un reclamo a los tres meses del inicio del Gobierno de Mauricio Macri para cuestionar dicho decreto y otras medidas en retroceso. La audiencia se hizo en Washington en marzo de 2016 y estuvo prevista de varios llamados de atención de los organismos que impulsaron la ley. Entre ellos, las distintas universidades, los sindicatos de comunicación y las organizaciones sociales.
Por último, especificó que los contenidos digitales a demanda como Netflix o Youtube aún están por fuera de la ley y son un debate que se está dando en todo el mundo por los servicios llamados Over the top (OTT). Estos plantean una nueva manera de consumo por catálogo y en Europa se está ensayando la forma de regularlos. Lozano también consideró que le gustaría que haya una ley que obligue a estas plataformas a garantizar una cuota y pasar contenido de producciones locales. “Estos temas no están en agenda. Cada vez más gente dejó de tener televisión y ve Netflix. Cuando lo abre, no hay nada nuestro y es difícil entender cómo llegan los contenidos argentinos ahí. Hay mucho para hacer por ese lado”, finalizó.
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