Por Nahuel Dytkowski
Los Talleres Protegidos, aquellos lugares de inclusión e inserción laboral donde personas con discapacidad acceden a un empleo remunerado, no reciben los recursos que le corresponden por ley. Actualmente se encuentran aún más invisibilizados por un estado que no da respuestas.
Según el INDEC, en Argentina hay alrededor de 2.176.123 personas adultas afectadas con alguna discapacidad y se estima que el 75% de aquellas que están en edad para trabajar se encuentra desocupada. Aquí es cuando entran en acción los Talleres Protegidos de Producción, pero la realidad es que estas personas obtienen apenas el 12% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, que se ubica desde el 1 de mayo de 2024 en $234.315.
¿Cuál es la realidad de los Talleres Protegidos?
“¿Quién trabaja por tan poco al mes, por una jornada de cuatro horas al día y con las tareas que realizan?”, pregunta Jaqueline Sánchez, coordinadora general de la Asociación Padres y Amigos del Discapacitado (APAD), un Taller Protegido que funciona desde 1998 en la localidad bonaerense de Merlo. Actualmente trabajan 45 personas con discapacidad. Allí se dedican a la producción de bolsas de polietileno, panificados, ensamble de piezas plásticas, servicios de lunch, catering y pizza party.
Por su parte, Zulema Susana Cano es tesorera y una de las fundadoras del Taller Protegido “Los Horneritos”, ubicado en Esteban Echevarria, al sur del Conurbano Bonaerense. En diálogo con Eter Digital, cuenta que la situación económica actual del país es un agravante y se ve reflejado en los salarios de los “chicos”.
“Ahora estamos trabajando con una fábrica que nos trae todos los componentes y ellos arman las canillas, carga y descarga de lavarropas. Con esto nos reinventamos”, relata y menciona que tuvieron que adaptarse a las circunstancias. Antes hacían escobillones, cepillos y bolsas de muy buena calidad, pero hoy les representa demasiado gasto.
A esta problemática se le suma la dificultad a la hora de “reinventarse”, como relata Zulema, ya que las actividades que se hacen dentro de los talleres deben ser aptas para que los trabajadores con discapacidades puedan realizarlas.
La Federación Nacional de Talleres Protegidos de la República Argentina (FENATAP), agrupación sin fines de lucro que reúne a más de 8.000 trabajadores con discapacidad psicomotriz o psicosocial, anunció a principio de año que buscarían que el Gobierno Nacional solucione estas problemáticas. La respuesta oficial fue que se mantendría el Programa de Asistencia a Trabajadores de Talleres Protegidos, el cual se activó ante el incumplimiento de la Ley N° 26.816.
Sin embargo, el pago no solo es “insignificante”, como menciona en la denuncia, si no que se retrasa varios días, en una país con una inflación que desactualiza los precios enseguida y el salario se devalúa constantemente.
“Los chicos cobran por su trabajo, pero ahora no nos están mandando el dinero que corresponde”, advierte la fundadora de “Los Horneritos”. Además, agrega que tuvieron que implementar un “sistema de socios”, en donde las personas se pueden suscribir con una tarjeta y abonar mensualmente una cuota porque les resulta “imposible sortear los gastos”.
¿Qué dice la Ley sobre los talleres protegidos?
“Se denomina Taller Protegido Especial para el Empleo (TPEE) a aquel que tenga por objetivo brindar a sus miembros un trabajo especial que les permita adquirir y mantener las competencias para el ejercicio de un empleo de acuerdo a las demandas de los mercados, laborales, locales y sus posibilidades funcionales”, define en uno de sus párrafos la Ley N° 26.816, sancionada en 2012 y reglamentada en 2015.
Los talleres tienen como principal objetivo mejorar el acceso al empleo de las personas con algún tipo de discapacidad y promocionar su desarrollo laboral. Además, deben favorecer la obtención, conservación y progreso en un trabajo.
En el último registro de 2020, se contabilizaron 173 Talleres Protegidos que tienen convenio con la Provincia de Buenos Aires. En general, estos espacios se sostienen mediante el monto que reciben en concepto de beca por cada persona con discapacidad que incorporan a su matrícula, abonada por el gobierno bonaerense. Según los últimos registros de 2023, el valor se halla en $28.000 más las donaciones de terceros y la comercialización de los bienes o servicios que producen.
El salario no es el único problema
Otra preocupación que se les suma a muchos padres, madres y trabajadores se relaciona con los derechos laborales que les corresponden y que muchas veces no se cumplen, como también el temor constante a la hora de jubilarse cuando llega la edad.
“Ojalá se puedan jubilar. Mi hijo está en la educación especial desde los 7 años, ahora tiene 53”, ejemplifica la madre de uno de los operarios que asiste al Taller Protegido “Los Horneritos”.
Al respecto, Laura Pelagatti Rey, secretaria general de la Asociación Laboral Para Adultos Con Discapacidad Intelectual (ALPAD), cuenta que se debe establecer un régimen especial de seguridad social para que los trabajadores puedan acceder a coberturas de vejez, enfermedad, cargas familiares y riesgos de trabajo.Al ser una ley nacional la que los ampara, cada jurisdicción deben adherir y diseñar su propia implementación, además de prever el presupuesto necesario. Sin embargo, nada de esto está sucediendo.
Frente a tal situación, trabajadores y padres de talleres protegidos reclaman: “Pedimos un poco más de empatía por parte del Estado, sobre todo con este sector de la población que de por sí es más vulnerable”.
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