Tres sacerdotes emitieron un comunicado donde hablan de un “ecocidio” en Santiago del Estero. Denunciaron que los incendios forestales fueron algo programado y ejecutado desde una agricultura industrial que no busca producir alimento sino dinero. Hacen un llamado a la conciencia de todos. “Quemar una provincia resulta impune”, manifestaron.
Los incendios que se produjeron en octubre en la provincia de Santiago del Estero denuncian los vecinos que fueron, en su gran mayoría, intencionales. El primero fue a la hora de la siesta, el martes 26 de octubre en la localidad de La Isleta, en el departamento de La Banda. La Ruta Nacional 34 estaba totalmente intransitable. El humo iba cubriendo el cielo celeste y por detrás de las casas, se veía una nube negra y densa que avanzaba implacable. Algunos vecinos corrían cargando baldes con agua desde el camión de bomberos en su desesperación por neutralizar los secos pastizales que ardían en el monte.
Marina Torrez, vecina de Garza, sollozaba: “Están pidiendo ayuda también por los animalitos quemados”.
El 4 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley 27.604 acerca del Manejo del Fuego que protege los ecosistemas de los incendios accidentales o intencionales y prohíbe la venta de terrenos quemados por el término de sesenta años, sobre vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados y en humedales, así como en áreas rurales debidamente reconocidas, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies dañadas.
A pesar de esto en la provincia se desataron varios focos ígneos en parajes de los departamentos de Sarmiento y San Martín. El padre Sergio Rafaelli, párroco de la localidad de Pozo Hondo, adhiere a la teoría de la intencionalidad y afirma que es llamativo que haya muchos incendios en el mismo día y a la misma hora. “A esta altura de las circunstancias llamarlo ‘incendios forestales’ es un eufemismo para esconder su verdadero rostro: un ‘ecocidio’. Algo ejecutado y programado desde una agricultura industrial que no busca producir alimentos, sino dinero”, expresó para Exclusiva, una radio local.
Para él, en esa zona el tema es el agronegocio, así como en otras provincias es el fracking y en otras la megaminería. Enfatiza que hay que tener una mirada crítica con este modelo extractivista y las consecuencias que trae: maltrato para nuestros hermanos campesinos. “Ver chicos y mamás llorando porque perdieron lo poco que tenían, su ranchito”.
La avidez monetaria va de la mano de una actividad económica que necesita tierras para cambiarle el uso al suelo y que pone en riesgo la vida de las familias y comunidades campesinas, además de la biodiversidad de la flora y fauna del monte nativo. La quema de pastizales es únicamente para sostener el negocio de los commodities sojeros y de los dueños de grandes extensiones de tierras cultivables. Las agresiones se repiten con desalojos de las comunidades indígenas de sus tierras. Fumigaciones con glifosato que enferma gravemente a los pobladores y la explotación laboral son moneda corriente en la provincia.
“La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave” (Papa Francisco, Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares, Bolivia, 2015).
Por otro lado, los organismos oficiales desde los medios hegemónicos relativizan el problema. “Se están realizando procedimientos para identificar los motivos como viento del norte, pastos secos y altas temperaturas”, declaró el titular del área de Bosques de la provincia, Néstor Arriola, quien además señaló que muchos de los focos se producen por la quema de basura.
El año pasado se produjeron gravísimos focos en un máximo de 14 provincias, con el triste resultado de más de un millón de hectáreas quemadas. Los incendios intencionales arrasaron con un área, doce veces equivalente a la superficie de la capital federal. Eyal Weintraub, integrante de Jóvenes por el Clima, opina que apoyarse únicamente en el modelo agroexportador para levantar la economía significa aumentar la cantidad de hectáreas de soja y valora como positiva la sanción de la Ley de Manejo del Fuego.
Maristella Swampa, socióloga e investigadora argentina, coordinadora del Grupo de estudios Críticos e interdisciplinarios sobre la Problemática Energética, afirma que el modelo extractivista, ligado al concepto de desarrollo y crecimiento, parece haber demostrado ser una mecánica de despojo. La alternativa es una cultura económica sustentada en una pedagogía que identifique la naturaleza como un sujeto de derecho. El objetivo de la economía no es la reproducción del capital sino el sostenimiento de la vida.
La conclusión es determinante: la mano humana interviene sin ninguna duda en la generación del fuego que luego se propaga sin freno por efecto de la sequía, algo que se repite inexorablemente año tras año y que no parece tener un final. Las infracciones y acciones punitivas son como pretender apagar un incendio con un vaso de agua. La ley fue aprobada hace casi un año y desde hace meses que está vigente, pero parece que para muchos las normas no importan, la impunidad sigue intacta y goza de excelente salud.
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