En la semana del parto respetado y en plena emergencia sanitaria, gran parte de los puntos que establece la ley 2.929 entran en contradicción con las medidas de prevención de los diferentes centros de salud y hospitales. Las organizaciones contra la violencia obstétrica denuncian que el cumplimiento de la ley “está siendo selectivo”.
Por Daniela Levy Hara
“En este contexto de pandemia, que recrudece todo tipo de violencia institucional, la violencia obstétrica no queda por fuera”, dice Rocío Otero, abogada de Dando a Luz, una asociación civil que tiene como objetivo “difundir las buenas prácticas y los derechos a no padecer intervenciones innecesarias para el nacimientos de sus hijxs”. María Pichot, preparadora para el Parto y la Maternidad y cofundadora de la asociación, amplía: “Actualmente, no hay ninguna sanción para las instituciones que incurran y reiteren la violencia obstétrica”. Y apunta, directamente, a la pandemia. María explica que el problema está íntimamente ligado a la sobre atención que exige COVID 19 por parte del sistema sanitario. “La asistencia hospitalaria se centraliza, y los esfuerzos también”, agrega.
En esta línea, Mirta Merino, licenciada en Obstetricia e integrante de la misma organización, refuerza: “Todo está puesto en función del COVID 19 sin pensar que puede aumentar la mortalidad de otras patologías. Se da el cierre y la falta de accesibilidad a controles clínicos y a estudios, sin pensar que el embarazo, si bien es un hecho fisiológico, necesita de ciertos controles porque dentro de toda la población de mujeres embarazadas hay un 15% que puede presentar complicaciones y algunas de ellas pueden ser graves, por lo que se necesitan los controles médicos y los estudios”.
Este fue el caso de Anabela Gutiérrez, de 36 años, quien transita su primer embarazo: la cuarentena se decretó durante el último trimestre de su embarazo y, cuenta, su obstetra canceló todos sus estudios por orden de la clínica en donde trabaja. Sus controles fueron virtuales, mediante videollamada. Cuando tuvo que realizar una ecografía necesaria, buscó hospitales y no consiguió ninguno en donde pudiera hacerla. Entonces, acudió a una clínica privada. “Por suerte conseguí un lugar en donde hacer la ecografía, pero fue de manera particular y, por supuesto, tuve que pagar mucho dinero”.
El Ministerio de Salud de la Nación publicó, semanas después del comienzo de la cuarentena, una serie de recomendaciones sobre las medidas generales a tomar en relación a los embarazos y al “acompañamiento de la persona gestante”. Sin embargo, Mirta opina que no es sencillo cumplir con los controles espaciados, recomendados por el Ministerio de Salud. “A las mujeres les cuesta mucho trasladarse, a veces son interferidas por los distintos controles policiales, que están más violentos. Salvo que porten panza, a veces la pasan mal o no pueden salir con sus hijes porque no tienen con quién dejarlos”. Además, explica que las instituciones que no reúnen condiciones de seguridad para el aislamiento y que no cuentan con los recursos necesarios para la protección han decidido dejar afuera al acompañante, ya sea en el parto o en la internación posparto, aún cuando las recomendaciones del Ministerio de Salud recalcan “la importancia de preservar prácticas que garanticen el derecho acompañamiento durante el embarazo, nacimiento y el puerperio”.
La ley 2.929
Vigente desde 2004, la ley apunta a velar por los derechos de las mujeres que están en situación de parto y establece, en el segundo artículo, que las personas embarazadas tienen derecho al acceso a la información sobre las intervenciones que le realicen y sobre el crecimiento de su bebé. Sin embargo, Giselle Bustamante, que transita las últimas semanas de su embarazo durante la cuarenta, cuenta que cuando comenzó el aislamiento social en el país, su obstetra le dijo que no podía saber cómo sería el momento del parto. ”Nadie puede asegurar nada”, le dijo su médica. “No sé lo que va a pasar cuando tenga que parir. Es todo incierto, sobre la marcha”, explica Giselle.
Otro derecho que establece la ley es el de la persona embarazada “a estar acompañada, por una alguien de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto”. Por esta razón, desde Dando a Luz a luz apuntan a una tensión entre lo que la ley establece y las prevenciones que el sistema médico implementa actualmente. “Se antepone el peligro al contagio y el temor a la muerte al derecho de estar acompañada. Es como si los derechos básicos hubieran cedido”, explica Rocío.
En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el COVID-19 puede convertirse en una barrera para cumplir con la recomendación de “un acompañante a elección durante el trabajo de parto”. El Ministerio de Salud explicó, a través de una publicación en su sitio web, que esta barrera “es aún más difícil de soslayar dado que el recurso humano e insumos necesarios constituyen el primer eslabón de esta cadena de medidas a tomar. En este momento es difícil garantizar el derecho absoluto al acompañamiento”. En el comunicado, figuran las medidas generales propuestas por el Ministerio,las cuales proponen a las instituciones sanitarias a elaborar pautas internas que apunten “no solo a la atención calificada, sino también respetuosa y centrada en la persona gestante, acorde a las normativas nacionales vigentes”. De esta manera, el gobierno nacional determinó el establecimiento de una política institucional en lineamiento con lo establecido por la ley 25.929.
No obstante, Marina Ardans, ginecóloga especializada en tocología, resume el contraste entre las disposiciones del gobierno y el accionar sanitario: “Lo que viene pasando es que la gran mayoría de las instituciones, sobre todo del ámbito privado, no vienen respetando las recomendaciones del Ministerio. Realizan tanto inducciones como cesáreas programadas sin causa alguna. Además, están limitando el acompañamiento durante el parto, la cesárea y hasta en la internación”. Marina explica que esta situación parte de protocolos institucionales que no tienen asiento en las normas nacionales ni en la ley 25.929.
También desmiente un rumor que circuló durante las últimas semanas: el contexto y la pandemia no afectan al crecimiento del feto, pero sí afecta subjetivamente la manera en que la persona y su familia transitan el embarazo, el parto y el puerperio. Es decir, tiene consecuencias anímicas. “Quienes formamos parte del sistema médico -particularmente, las personas especializadas en tocología- notamos mayores temores y mucha ansiedad, no sólo porque la distancia que hay entre las personas embarazadas y el sistema de salud, sino porque además van surgiendo cambios inesperados con respecto a la atención que van a recibir esas personas al momento del nacimiento”, grafica Marina
En este contexto, la figura de la dula o acompañante, contemplada en la norma, también se vuelve fundamental. Florencia Aimaretti La Torre, quien está formándose para serlo, frente a las dificultades de parir en medio del aislamiento social, motiva a las personas embarazadas a confiar en su cuerpo. “Es clave escuchar las señales que el cuerpo da. Más allá de la formación de les expertes, la única que sabe parir es la mujer y les úniques que saben nacer son les bebés”, concluye.
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