PRECARIZACIÓN LABORAL SIN BARBIJO


El Presidente Alberto Fernández firmó un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que impide los despidos por el plazo de 120 días, aunque el Centro de Economía Política Argentina registró 42.000 “rupturas contractuales” entre marzo y abril.

Por Gisela Patiño

El 23 de marzo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sobre El impacto del aislamiento en el mercado de trabajo. El mismo comprende el período del 15 de marzo al 15 de abril en el cual se relevaron 154 hechos que afectan a 309.672 trabajadores. Según indica el informe, por un lado hubo 12.609 casos de despidos y suspensiones, siendo 5.386 y 7.223 respectivamente. Y en segundo lugar, y en relación al riesgo salarial, se registraron 297.063 casos, que corresponden al atraso de pago de salarios (3.070), reducciones salariales (54.030), suspensiones con descuentos (8.480) y acuerdos entre partes para la reducción salarial (231.483).
El complejo diagnóstico no queda aquí, porque transcurridos los primeros 80 días de aislamiento, más bien el 5 de mayo, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo(CNAT) falló a favor de aquellas personas que se encuentren a prueba. La sentencia dice lo siguiente: La prohibición de despidos del DNU 329/2020 alcanza a los trabajadores en periodo de prueba. Se trata de quienes se encuentran empleados o en relación de dependencia desde hace menos de tres meses. Si bien esto puede significar un triunfo para los trabajadores desde el sector empresario y pymes advierten que esto podría complicar futuras contrataciones. Aunque este fallo afecta de algún modo a los empleadores, también podría perjudicar las futuras contrataciones, ya que no podrán ser echados y es un riesgo que muchas empresas no desean asumir en dicho contexto.

En paralelo, respecto de las pequeñas y medianas empresas (pymes) representadas por la Confederación Empresarial de la República Argentina (CGERA), denuncian que no pueden acreditar los pagos de sus estructuras salariales debido a que los bancos no están cubriendo los cheques emitidos.

“Nos hemos reunido y empezado un diálogo con las autoridades del Banco Central para encontrar soluciones hacia la gran cantidad de cheques devueltos que rondan las 230.000 unidades y que es casi un 50% de los valores que hemos vendido y negociado la PYMES antes de la pandemia”, dijo Marcelo Fernández, presidente de CGERA.

Si bien el Estado salió a respaldar a los trabajadores y las empresas, el sector financiero no da respuesta alguna sobre los fondos en cuestión, rompiendo así la cadena económica. Según comenta el empresario, el reclamo pertenece a las 40 cámaras sectoriales que nuclean a todas las pymes del país, así mismo, añade: “Las entidades financieras que deben asistir a su cliente que durante muchos años les permite ganar dinero y tener capital para poder estar en las leliqs, en las lebacs, en la compra de dólares, manejando nuestros depósitos haciendo lo que ellos saben, el juego financiero”.

LA VERDADERA BANCA

Basados en la Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, el DNU 329/2020 se dictó el 31 de marzo para salvaguardar a las relaciones laborales durante la pandemia. Dentro del mismo, el artículo 2 expresa que se prohíben los despidos sin justa causa, por motivo de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor. Esto significó una reestructuración y negociación del Estado con el sector privado para evitar “ruptura laboral” que contempla a tres sectores que acumulan la mayor cantidad de empleados en negro. El primero más afectado es el sector de servicios con un 58%, segunda la construcción con un 19%, y en tercer lugar, la industria con un 14%.

Desde el Ministerio de Trabajo, dirigido por Claudio Moroni, se atiende la cuestión mediante herramientas como el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo (ATP). Una ayuda económica ofrecida por el Estado a los empleadores para ejecutar el pago de salarios, que en conjunto, los sindicatos y CGERA ya registraron 420 mil trabajadores. El empresario Fernández señaló: “No somos despedidores seriales con lo cual estamos sosteniendo nuestra fuente de trabajo, y mucho más con el aporte del Estado. Una grandeza de los sindicatos es que entendieron que no pueden exigir más allá de lo que hoy podemos pagar, que es un 70% por no producir, por que no están asistiendo a su lugar de trabajo”.

Actualmente, los trabajadores del sistema informal se ven más expuestos a perder su fuente de ingreso, a recibir pagos retrasados, bajas de salario, descuentos sorpresivos, trueque de sueldos por mercadería, entre otras situaciones desfavorables para su economía familiar. En ese sentido, el doctor Christian Ferras, socio fundador de la firma de Abogados M.I.K.F Asociados, expone que desde que se impuso el aislamiento social preventivo y obligatorio el estudio ha adoptado la política de ofrecer una consulta legal de manera gratuita para todes aquelles que lo necesitasen ante la vulnerabilidad y la precarización laboral latente. Por lo que indicaron que más de sesenta personas por semana obtenían un asesoramiento para salvaguardar sus derechos frente a los reiterados incumplimientos.

“Más de la mitad de las consultas refieren a trabajadores del ámbito informal, los cuales no habían percibido su salario de forma completa, sea por descuentos como el presentismo, o por que se les ofrecían prestaciones no dinerarias como comida; en algunos casos directamente no cobraban”, indica el abogado laboralista sobre el tipo de demanda latente por precarización. 

A pesar del panorama crítico por el que transita nuestro país a raíz de la pandemia del coronavirus, el informe del CEPA concluye que no se percibe en el período seleccionado (15 de marzo a 15 de abril) una cantidad numerosa de casos de despidos. Según el relevamiento realizado, ascienden a 5.386 y el 60% se concentra en 4 casos. No obstante, desde el 7 de junio que se oficializó la prórroga del DNU 397/2020 para seguir sosteniendo al sector productivo con un plazo de 60 días más y se anexó el apartado de la prohibición de despidos en periodo de prueba. En efecto, resulta evidente que el decreto 329 ha tenido efecto favorable para la población argentina.


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