En el Centro Cultural Caras y Caretas se celebró el jueves pasado la vigésima edición anual del informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a cargo de un panel de expertos que expuso las principales problemáticas sociales de la actualidad argentina y latinoamericana.
Por Mariano Cervini
El informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), fue presentado en el auditorio del Centro Cultural Caras y Caretas el jueves pasado en el barrio de Congreso. Editado por la editorial Siglo XXI con el título “Derechos Humanos en Argentina: Informe 2016” se entregó a todos los asistentes de manera gratuita este informe de 325 páginas que brinda un panorama sobre la situación actual de los derechos humanos en el país y latinoamerica.
La presentación estuvo encabezada por Gastón Chillier, director ejecutivo del organismo, y Horacio Verbitsky, su presidente. Ambos fueron acompañados por tres panelistas: Narce Santibañez, del centro Pro Derechos Humanos de México, Juan Gabriel Tokatlian, Director de ciencias políticas y relaciones internacionales de la USAL, Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoria del Pueblo (Provincia de Bs. As.) y Daniel Catalano, Secretario General de ATE capital.
Chillier declaró su preocupación por el nulo avance en la causa por el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, que fue relevada en el primer informe, y celebró los avances por las causas del Plan Cóndor y la “Causa Mathov”. “La primera prueba por primera vez que existió una asociación ilícita entre los gobiernos de las últimas dictaduras latinoamericanas para desaparecer personas de manera sistemática; la segunda condenó por primera vez a un funcionario de gobierno (Enrique Mathov, ex Secretario de Seguridad del gobierno de Fernando de la Rúa), por tener responsabilidad directa por las muertes de civiles en la represión policial del año 2001”, explicó.
Los expositores disertaron sobre temas de actualidad en que los derechos humanos se ven vulnerados.
La situación de los Derechos Humanos en México
La investigadora del Centro Pro DDHH de México, Narce Santibáñez denunció las múltiples violaciones a los derechos humanos que la población está sufriendo en su país debido al narcotráfico y la connivencia narco con las fuerzas políticas y de seguridad. “En México estamos viviendo una guerra. Según un relevamiento de nuestro centro, somos el tercer país más violento del mundo, detrás de Irak y Siria” dijo y agregó: “aumentan todos los días las desapariciones, torturas y ejecuciones de civiles; las fuerzas armadas tienen vía libre para hacer una razzia”, dijo y relevó como ejemplos el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa y los 22 civiles ejecutados por cuatro militares en Tlatlaya. Santibáñez reclamó que “los argentinos le hagan sentir Ayotzinapa” al presidente mexicano Enrique Peña Nieto, de visita en el país en julio próximo.
Narcotráfico y política en Argentina
El sociólogo Juan Tokatlián, hizo un análisis sobre drogas y política en la región. “América Latina es bicéfala en la materia: en el plano internacional denuncia pero cada país hace muy poco de sus fronteras para adentro”, aseguró. También elevó críticas al gobierno del presidente Mauricio Macri. “Las políticas que se vienen implementando son torpes y no ayudan en nada a cambiar la situación”, dijo y puso como ejemplos el Decreto 228, que autoriza a las Fuerzas Armadas a derribar aviones en el espacio aéreo argentino, (“nadie ha detenido el narcotráfico derribando aviones y el principal problema argentino no es aéreo sino territorial”) y el 656 que vuelve secreto el presupuesto de la Agencia Federal de Inteligencia, ex SIDE, con el pretexto de luchar contra el narcotráfico y el terrorismo. “El gobierno le vuelve a abrir la puerta a los Estados Unidos, la DEA, el FBI, con sus supuestas políticas de protección que no hacen más que inmiscuirse en los asuntos de Estado de un país soberano”, remarcó.
Ni una menos: un fenómeno que crece
“La convocatoria Ni Una Menos fue un punto de inflexión en la lucha contra la violencia de género”, dice Laurana Malacalza, coordinadora del Observatorio Contra la Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y resaltó los logros a nivel social que trajo aparejados la movilización. “Ni Una Menos es un reclamo que excede a las políticas de seguridad y exige un abordaje de políticas públicas integrales: la creación de un registro oficial de femicidios y generar un sistema unificado de denuncias por violencia de género”. De acuerdo con el informe del CELS, el 75 por ciento de las causas de denuncias por violencia de género se archivan. Malacalza considera urgente la actuación del Estado en políticas públicas inclusivas, “no solo para las mujeres, sino para los colectivos trans y travestis que sufren el abuso y la discriminación social”.
Los trabajadores, reprimidos y con menos derechos
El Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, denunció las políticas contra los trabajadores de parte del gobierno nacional. Nombró el caso de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milago Sala, detenida en Jujuy por un acampe, como un atropello al derecho a la protesta social. En este plano, citó el reciente fallo de la Corte Suprema que resolvió que solo los gremios tienen el derecho de promover huelgas y que los grupos informales de trabajadores no pueden promover medidas de fuerza. “Es una ataque brutal del gobierno a la clase trabajadora; tampoco nos olvidamos de los más de 11 mil trabajadores del estado despedidos”, dijo y recordó: “los empleados que echaron no eran ñoquis como ellos dicen; el gobierno actual quiere formar un ejército de más de 15 millones de desocupados; este gobierno ataca al trabajo”, sentenció.
Verbistsky: un cierre con críticas al gobierno nacional.
El periodista Horacio Verbitsky cerró el panel con una exposición que resumió los años de trabajo del CELS con fuertes críticas al macrismo. Recordó a su compañero Rodolfo Walsh, quien había denunciado “la miseria planificada de millones”, en referencia a las políticas de exclusión social de la dictadura cívico-militar que “ahora vuelven a aplicarse en un contexto democrático”. También denunció los despidos, la política de endeudamiento, la represión deliberada a los sectores sociales vulnerables, como graves violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país.
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