El caso de una protesta universitaria que terminó criminalizada. Todo comenzó con la toma de una de las sedes de la facultad y las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba denunciaron a 29 estudiantes ante la Justicia Federal.
Por Franca Boccazzi y Valeria Silva
El 21 de agosto de 2019 por la tarde, en Córdoba Capital las calles estuvieron pobladas por centenares de personas que se dirigieron hacia los Tribunales Federales. La bandera que encabezó la marcha llevó el dibujo de un puño cerrado, símbolo universal de resistencia, acompañado por letras rojas y negras que rezaron las siguientes consignas: “No a la criminalización de la protesta, desprocesamiento YA! Defendamos la educación pública”. Un año atrás, estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba habían decidido en una asamblea de 1500 personas tomar una de sus sedes, el pabellón Argentina, en el marco de un plan de lucha para garantizar mejoras en los programas de estudio, exigir derechos y repudiar el recorte del presupuesto universitario. Lo que no sabían, es que un mes después las autoridades de la universidad presentarían una denuncia a la Justicia Federal, que abriría una causa penal incluyendo la imputación de 27 estudiantes que ahora están procesados por “usurpación por despojo”. “La marcha contra los procesamientos fue una movilización hermosa y muy grande, llena de expresiones artísticas y sectores muy diversos. Sin embargo, no salió en ningún medio hegemónico”, rememora Catalina Morandini, una de las estudiantes alcanzada por esta medida judicial. Hoy hay 27 estudiantes que tuvieron que desviar el eje de su vida universitaria para concentrarse en intentar no terminar en prisión por defender la educación pública, y que viven a diario la persecución política por parte de docentes y autoridades de la universidad.
La educación del pueblo no se vende, se defiende
En mayo del 2018 el Ministerio de Educación de la Nación emitió la resolución 1254/18 con la que recortó incumbencias en más de 37 de las carreras que están consideradas de interés público. Ésta fue una medida que encendió la alarma en la comunidad educativa universitaria, que comenzó a manifestarse a lo largo del país.
Este contexto sirvió como motor para que en la Universidad Nacional de Córdoba empezara a emerger un espíritu de lucha singular, promovido por partidos políticos y corrientes de izquierda, pero en su gran mayoría, por estudiantes autoconvocados, algo que no sucedía hacía muchísimo tiempo.
¿Cuáles eran las demandas? El petitorio estaba conformado por 17 puntos, entre los cuales se exigía la creación de comisiones que releven la infraestructura de las facultades, los planes de estudio y la planta docente. Por otra parte, la exigencia de informes que detallen el uso del presupuesto universitario y el aumento de la partida presupuestaria para que más estudiantes pudieran acceder al comedor de la universidad. Además, la “generación de un régimen de alumne embarazade y extensión del régimen de alumne trabajadore en situación de violencia”, y apertura de seminarios optativos de Educación Sexual Integral y de la Interrupción Legal del Embarazo.
Ante la falta de diálogo y negociación del rector de la Casa de Altos Estudios, Hugo Oscar Juri, y el vicerrector, Ramón Pedro Yanzi Ferreira, lo que comenzó con clases públicas, festivales y talleres, derivó en diez facultades tomadas, entre ellas, el pabellón Argentina. “Es una sede administrativa, donde funciona la oficina del rectorado. Hay aulas, algunos laboratorios y áreas económicas. Es un edificio muy emblemático acá”, cuenta Belén Schaab, estudiante de la facultad de Arquitectura de la carrera de Diseño Industrial. A partir de esta decisión, la sede universitaria no sólo conservó su carga de simbólica, sino que allí nació un nuevo valor adicional: se convirtió en sinónimo de lucha y resistencia de un arduo mes de toma en el que el estudiantado que llevó adelante la medida fue amenazado, perseguido y violentado.
Una toma ejemplar plagada de amenazas externas
Si bien es sabido que este tipo de acciones en una institución pueden presentar situaciones complejas, en la toma del pabellón Argentina los estudiantes tuvieron que lidiar con escenas cotidianas que sobrepasan cualquier normalidad. “El sistema de alarmas se activa desde afuera, entonces durante la madrugada activaban las alarmas para que suenen en todo el pabellón y mientras nosotras intentábamos resolver esa situación, venía gente por el frente del edificio queriendo entrar por la fuerza, intentando romper vidrios, puertas y ventanas”, explica Catalina Morandini, estudiante de trabajo social e integrante de la comisión de seguridad durante la toma.
Aparte de lidiar con la presencia de las fuerzas policiales, los estudiantes también tuvieron que acostumbrarse a los Falcon verdes estacionados alrededor del edificio, automóviles predilectos de la última dictadura militar para perseguir y secuestrar personas. Santiago Demarco, estudiante de la Facultad de Derecho y partícipe de la toma del pabellón, es contundente: “A mi y a varios más nos han perseguido. Fue muy fuerte. Incluso tuvimos que corroborar que nuestros teléfonos no estuvieran pinchados porque teníamos la sensación constante de que nos estaban vigilando”. Este accionar estuvo a punto de ser coronado con una brutal represión, ya que el juez federal Hugo Vaca Narvaja, a un mes de la toma, había firmado un oficio a gendarmería con la orden de desalojar el edificio, identificar a los que estuvieran ahí para detenerlos e incomunicarlos. ¿Por qué esto finalmente no sucedió? Gracias a que los estudiantes levantaron la toma ese mismo día.
Otro hecho que quedó marcado a fuego en la memoria de las personas que llevaron adelante la toma fue cuando un grupo de estudiantes, padres, personal docente y no docente, que estaba en contra de la medida, intentó entrar a la fuerza al pabellón. Catalina rememora: “Supuestamente iba a ser una sentada pacífica convocada por la Franja Morada -organización opositora- que después terminó en una especie de asamblea donde votaron levantar la toma de la cual no eran parte”. De un momento a otro, este grupo tomó fuerza y se avalanzó hacia el frente del edificio, intentando romper el cordón de seguridad humano conformado por la comisión encargada para entrar al pabellón. “Empezaron a pegarnos patadas, piñas, a agarrarnos de los pelos y tirarnos gas pimienta. En el medio, hubo una compañera a la que le agarró un ataque de pánico, se cayó al piso, y aprovecharon para arrastrarla de los pelos hasta la entrada del pabellón”, cuenta la estudiante. Santiago define este momento como “el más álgido de toda la toma”.
El inicio del camino judicial
El camino judicial para los estudiantes empezó el 28 de agosto del 2018 durante la toma del pabellón Argentina cuando Ramón Pedro Yanzi Ferreira notificó al Poder Judicial -precisamente ante el Juez Federal- que la institución se encontraba tomada. Según informa una de las abogadas de los alumnos: “Al día siguiente de la notificación, el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y la Fiscal Graciela López de Filoñuk se acercaron al pabellón y hablaron con les estudiantes, vieron el estado del lugar, por lo que el vicerrector justificó que la causa se inició de hecho por los letrados y no por la denuncia”.
Las imputaciones empezaron una vez que la medida de protesta se levantó. Si bien, la medida contó con la participación de más estudiantes, fueron 29 los que que inicialmente estuvieron imputados en la causa bajo el delito de usurpación (art. 181, inc. 1 y 3). “Quienes firmamos la mesa de negociación fuimos las que llevaron al procesamiento”, explicó Belén. Es decir, aquellos jóvenes que firmaron acuerdos escritos cuando se intentó una negociación y una mesa de diálogo son los nombres que la justicia tomó para llevar a cabo las acusaciones. Incluso, fuentes cercanas al proceso judicial afirmaron que hay estudiantes judicializados que no estuvieron en la toma.
Algunas notas periodísticas fueron tomadas como pruebas dentro del expediente. Uno de los integrantes de la defensa de los estudiantes explicó: “La presión mediática fue impresionante, hoy los medios masivos en Córdoba le dicen a la justicia qué hacer y qué no hacer”. También se refirió al rol que tuvo el medio La Voz: “La UNC fue intimada varias veces para que declarara que había daños causados por la toma. Y siempre la respuesta de una universidad fue que no, que no había daños, pero La Voz se hartó de decir, hasta ponía los montos, estimaba los montos de los daños que eran responsabilidad de los estudiantes”.
El procesamiento
Un nuevo capítulo se inició el pasado 26 de junio para algunos de los estudiantes que llevaron a cabo el reclamo. El Juzgado Federal N°3 de esa provincia dictó el auto de procesamiento que consta de 45 páginas en las que el juez, Vaca Narvaja, procesó a 27 estudiantes y desarrolló los puntos claves para considerar la aproximación de los imputados al acto delictivo.
Para desestimar el ejercicio legítimo de derecho a la protesta, el juez citó a Jean Paul Sartre y sostuvo que “la libertad de uno termina donde comienza la de los demás”. Además, determinó que la conducta de los imputados “resultó excesiva, desproporcionada en relación al fin perseguido e incluso se mantuvo en el conflicto cuando había sido ya resuelto”.
En tal sentido, el magistrado también cuestionó la representatividad de los imputados “a todo el universo de estudiantes”. Asimismo, calificó a la medida de excesiva en cuanto al tiempo y por los espacios que ocuparon ya que “no se limitaron a ubicarse pacíficamente en los alrededores o en el hall central, sino que tomaron todas las dependencias y oficinas del pabellón”. Y subrayó: “lo excesivo de la medida se pone aún más de manifiesto si se tiene en cuenta que los estudiantes no se limitaron a tomar los espacios, sino que impidieron por la fuerza el ingreso a todas las dependencias de las autoridades, personal universitario, estudiantes y público en general”.
Por otro lado, la defensoría de los jóvenes ha presentado escritos alegando documentos que demuestran que los estudiantes pedían autorización al rector y al vicerrector para que autorizaran, por ejemplo, el ingreso de ciertas personas al pabellón porque no se ponían en el lugar de poseedor. Tal es así que “elles respetaban esa autoridad y Yanzi había firmado autorizaciones para que algunas personas entraran al lugar. Entonces esa prueba es fundamental para descartar la implicación y ni hablan de esa documental pero sí hablan de las notas de Lobos en el auto de procesamiento”, explica la defensa.
En cuanto a las acciones violentas que expone el Juez Federal, un miembro del cuerpo de abogados de los estudiantes explica que “en la causa jamás se llega a probar y a generar sospechas de actos de violencia o amenazas por parte de les estudiantes, ni a cosas ni a personas. Eso no está comprobado en la causa”. Y, sobre la representatividad, explicó que esta no es un requisito necesario para protestar.
Próximos pasos
Todas las defensas de los estudiantes apelaron el procesamiento del juzgado de primera instancia. Actualmente, la causa está en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba en donde los jueces revisan y deben expedirse sobre la apelaciones presentadas.
Son muchos los defensores de los estudiantes, es por ello que los abogados y abogadas no pueden trabajar colectivamente. Hay procesados que tienen su defensa particular y por otro lado, los que forman parte de distintas organizaciones, que son defendidos por los letrados de aquellas. En lo que sí hay consenso, es en que no hay delito. Es por eso que las apelaciones se refieren a la inexistencia de elementos para configurar la usurpación.
Según la abogada de uno de los procesados, las probabilidades de llegar a una sentencia condenatoria son nulas pero, según ella: “En caso de que pudiera el hecho encajar en el delito de usurpación, tampoco corresponde la sanción porque sanciona una medida. El hecho está justificado en el ejercicio legítimo de un derecho, que es el derecho humano a la protesta social. Entonces no se puede dejar de considerar el hecho bajo todo ese espectro político que motivó a les estudiantes a la toma”.
La vida cuando te procesan
La criminalización de la toma del pabellón Argentina no sólo es una mera instancia legal que los 27 estudiantes procesados deben atravesar. Aparte, significa un antes un y después en sus vidas cotidianas.
Para Santiago la violencia que superó a todas fue la violencia institucional sufrida, que lo llevó a participar en la toma. Cuando quiere explicar el impacto que tuvo el procesamiento en él, recuerda la política de miedo que se ejerció en contra ellos durante la protesta. Aunque haya pasado más de un año, el Falcon verde que se encontraba afuera del pabellón, hoy está en su cabeza.
Desde el plano judicial, recuerda su imputación (que derivó en un procesamiento) como un balde de agua fría. “El estatus de una persona que está procesada de una causa se lleva a todos lados”, dice. Es por ello que actualmente, Santiago y sus compañeros deben cuidarse del lugar en donde están y de la policía. Como lo explica, sus reivindicaciones van en contra de todo eso, pero de pronto estas sensaciones y cuidados “empiezan a hacerse carne en el día a día”.
Belén y Catalina explican que estar imputadas y luego procesadas, hizo que su tiempo y prioridades cambiaran abruptamente. “Esto requiere un montón de energía y cabeza dispuesta a la cuestión legal. De repente, tuvimos que sentarnos a estudiar qué significa estar imputada, cómo podía seguir esto, organizar nuestra defensa… Desde un principio me acuerdo que nos juntamos todos los jueves a leer la causa con les abogades y a pensar estrategias en conjunto”, cuenta Catalina.
La demanda que implica enfrentarse a la Justicia Federal y a la estigmatización de los medios de comunicación hegemónicos, es de tal magnitud, que a medida que pasaron los meses, muchos de los estudiantes imputados tuvieron que dejar sus estudios para trabajar y financiar su defensa. Incluso, algunos de ellos fueron expulsados de su casa por sus familias porque “no querían criminales bajo su techo”.
En el ámbito universitario, viven la persecución en carne propia. Belén afirma: “La verdad es que estás marcada y saben quién sos, así que si te quieren desaprobar sin justificación, lo van a hacer. A mi me ha pasado que este año me desaprobaron parte de la tesis estando en el aula con el mismo rector que nos entregó a la Justicia, se viven momentos así”.
Sin embargo, en este largo camino de lucha, también apareció el apoyo de muchas personas y reforzó el tejido de redes construidas durante las tomas del año pasado. “La apropiación que teníamos del espacio empezó a ser mucho mayor. A medida que transitas la facu empezás a ver caras aliadas y eso te da mayor seguridad”, explica Catalina. A su vez, todos coinciden en que, a pesar de ver el objetivo claro de la Justicia Federal y la universidad, de criminalizar la protesta para que sirva de ejemplo al estudiantado y de esta manera adoctrinarlo, sucedió completamente lo opuesto. Belén cuenta que “los debates en un montón de espacios ya no son los mismos, subió muchísimo el nivel de participación de los estudiantes, que hoy en día, debaten muy activamente sobre cuestiones políticas”. Y, por si queda alguna duda de esto, Santiago es capaz de despejarla afirmando: “Nuestras convicciones y reivindicaciones no han cambiado, y vamos a seguir luchando por eso”.
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