QUISIERON ENTERRARNOS PERO NO SABÍAN QUE ÉRAMOS SEMILLA


¿Qué fue el proyecto de ley de UNICABA? ¿Cuándo y cómo se votó? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasará?

Por Daniela Levy Hara

Durante 2018, era costumbre que la Legislatura Porteña amanezca con vallas de contención, fuerzas de seguridad y un clima donde la tensión desbordaba. Pero hace un año, el 22 de noviembre de 2018, el aire marcaba un compás distinto: delineaba el cierre de una disputa que cumplía un año de vida. Adentro, ni  legisladores , como Patricio Del Corro, Lorena Pokoik y Carlos Tomada, pudieron contener las lágrimas que se escapaban de sus ojos y que eran, en realidad, la manera en que sus cuerpos traducían la votación final de un proyecto que pasó por distintas versiones, que causó rechazo, dolor y mucha preocupación. Afuera, una mujer que rondaba los 70 se fundía en un abrazo con una joven que no superaba los treinta. Cada una le secaba las lágrimas a la otra. A su derecha, un niño que rozaba la década de vida consolaba a su mamá, a quien las lágrimas le habían corrido toda la pintura roja que llevaba en la cara. Le acariciaba el pelo y le acomodaba el pañuelo rojo que llevaba en el cuello. No eran la mamá del chico ni la señora de 70 años las únicas atravesadas por la tristeza que inundaba a la Legislatura esa tarde de noviembre: miles de personas estaban unidas bajo un mismo reclamo: “No a la Unicaba”

Hace un año fue aprobado el proyecto de ley que pretende acabar con los 29 institutos de formación docente y, en su lugar, implementar la creación de una nueva universidad, la UNICABA, que absorba sus capacidades. Esteban Zotile, referente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) se refiere a la Unicaba como “un proyecto delineado en función de las pretensiones e intereses del Fondo Monetario Internacional. Un proyecto que cambió el disfraz en más de una oportunidad pero que, plagado de tecnicismos y eufemismos, nunca cambió su verdadera esencia: por un lado, generar un fuerte ajuste económico y, por el otro, imponer en el terreno educativo un ideario que le sea fiel al modelo neoliberal y empresarial que defiende la gestión actual”.

Con mayoría automática, concedida por los 34 legisladores que responden al gobierno de Cambiemos, el 22 de noviembre del año pasado, el oficialismo porteño logró convertir en ley la creación de la primera universidad docente de CABA, en un marco de gases, balas de goma e Infantería presente. El proyecto, presentado en noviembre de 2017, generó un fuerte rechazo ante toda la comunidad educativa. Rechazo que se convirtió en resistencia. Resistencia que se convirtió en la herramienta necesaria para frenar con el avance instantáneo del proyecto y obligar al oficialismo a reescribirlo y plantear ya no la disolución de los profesorados, sino la coexistencia de los mismos con la nueva universidad. Sin embargo, la idea de que los históricos institutos de formación docente coexistan con la nueva universidad no dejó conforme a ningún sector del ámbito educativo, quienes advierten que es “la muerte lenta”, según lo explicaba la ex rectora del Normal 1 y ex vicepresidente del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal (CESGE), Débora Kozak -fallecida en diciembre de 2018-. Kozak, en una entrevista realizada un año atrás, explicó detalladamente el concepto: “La muerte lenta significa la progresión en el desfinanciamiento de nuestras instituciones y la implementación de un sistema manipulado de evaluación externa que les vaya dando excusas para el cierre progresivo de los profesorados”.

¿Cómo empezó a gestarse el proyecto y la resistencia?

El 22 de noviembre de 2017, la gestión a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentó el proyecto sin un debate previo con la comunidad educativa. “En cada institución, los claustros de docentes, estudiantes, graduados y los grupos de jubilados comenzaron a reunirse para plantear el rechazo y pedir a las autoridades que nos recibieran”, declaró Kozak un año atrás y agregó: “Desde el inicio, el Ministerio de Educación eligió anular las instancias de diálogo y debate”. En este sentido, la ex rectora del Normal 1 contó que las únicas oportunidades de comunicación que hubo entre el gobierno y quienes forman parte del ámbito de la educación fueron algunas –pocas- exposiciones de los/las rectores/as, pero en donde nunca hubo discusión entre ambas partes. Siguiendo con la idea que explicaba Kozak, el responsable de la Asociación de Docentes de la Ciudad de Buenos Aires (ADEMyS), Federico Millman, agrega: “Las instancias de debate con el gobierno fueron prácticamente un como sí”. Recuerda que, durante las sesiones, los legisladores fingían tomar nota, pero que al momento de contestar “siempre usaban evasivas, si es que se tomaban el tiempo de responder”. Además, asegura que “no movían en un ápice sus posturas y sus propuestas iniciales”. “Si hay una característica de esta ley es que es una de las muy pocas leyes que el Pro votó en soledad”, cuenta Zotile.

Claudia Calió, rectora del Normal 4 e integrante del CESGE, resume al 2018 como “un año de lucha constante en la calle , en las aulas, en los medios”  que, en lugar de desgastarlos como comunidad educativa, los fortaleció. Además, Calió explicó que la resistencia no tiene sus principios en la oposición a los cambios en sí, sino a este tipo de proyecto político: “Somos conscientes que los cambios son necesarios porque los principios educativos van mutando, ya es su deber acompañar a los contextos sociales, económico, políticos y culturales de nuestra sociedad. Otra cosa es querer realizar una transformación que destruya las altas casa de estudio en donde se forman docentes. Porque pretenden que su enfoque meritocrático y de vaciamiento de contenidos se ponga en marcha: levantaron la  bandera de la jerarquización de la docencia emulando cambios profundos y de mejoras que sólo esconden la desaparición de la educación pública”. 

¿Cuáles son los puntos claves del “nuevo” (aún no aplicado) régimen de formación docente?

A un año de su aprobación, es importante no olvidarnos  cuáles son los puntos más controversiales de la ley, sus objetivos, y la manera en que coexistiría -en teoría- con los profesorados. 

Por un lado, y en términos generales, no hay razón para pensar que la creación de una universidad  docente no es una buena noticia para la comunidad educativa. Pero entonces, ¿por qué generó tal rechazo? Porque, explica Zotile, la ley no pretende jerarquizar la formación docente, sino, por un lado, fundirla en una sola institución –a fin de tener mayor control ideológico sobre la misma- y, por otro lado, reinventar el ciclo de formación de los y las docentes, a través del recambio de rectores y profesores –quienes deberán pasar por instancias evaluatorias-, la eliminación del plan actual de estudios –el cual incluye a la ESI y materias que promueven el pensamiento crítico y la construcción de un ideario pedagógico basado en la igualdad, en la distribución y el trabajo por los derechos- y su reemplazo por otro con un perfil educativo que tiene una inspiración corporativista y economicista, asegura la rectora del Normal 1. En el artículo 3, al comienzo de la ley, el gobierno establece que se reserva el derecho de acreditar –o no- a los profesorados para que puedan seguir existiendo. Entonces, en vez de cerrarlos de un día para el otro, explica la ex presidente del Centro de Estudiantes del Normal 1 e integrante actual de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET), Lucía Pelourson, lo hacen de forma paulatina: derivan el financiamiento a la nueva universidad -en la cual cultivarían estos “idearios pedagógicos”-,  ahogan financieramente a los profesorados y, a la larga, terminan por cerrarlos, debido a falta de recursos. 

Otro punto de suma controversia, explica Pelourson, es la destrucción de los espacios políticos democráticos que caracterizan a los profesorados: “Actualmente, hay 29 institutos de formación docente con sus 29 consejos directivos. Si la Unicaba finalmente se crea, habría un solo espacio de democracia institucional con el que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debería lidiar. La verdad es que se le allana el camino -en términos de las disputas educativas- entre quienes queremos defender y construir la educación pública y quienes la quieren derrumbar”.

Y ahora… ¿qué?Claudia Calió explicaba, unos párrafos atrás, la fortaleza que  la comunidad educativa obtuvo a partir de la aprobación de la ley.  En ese sentido, señala: “Esta aprobación generó un vinculación muy fuerte en los Profesorados. Se generaron muchas discusiones entre nosotros hacia adentro de nuestras comunidades para evaluar las acciones realizadas , pensar otras  e ir construyendo escenarios posibles de acuerdo a lo que el Ministerio de Educaci

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