La lucha que la comunidad isleña de Tigre y San Fernando lleva hace décadas es cada vez más urgente: tener acceso a un sistema público y subsidiado de transporte como los ciudadanos de tierra firme.
Por Franca Boccazzi
“¿Te imaginás viajando en un colectivo de hace 100 años? Bueno, así es como viajamos nosotros todos los días”, cuenta Rubén Sejenovich, habitante del Delta. A tan solo 32 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, las islas de Tigre son uno de los mayores atractivos turísticos para los porteños que deciden tomar un descanso de la furia de la ciudad. Quien haya ido, seguramente recuerda una de las postales más entrañables: la luz del sol bañando la madera añeja y resplandeciente de las lanchas colectivas, que aguardan flotando en el agua con sus ventanas abiertas a que el marinero cargue los equipajes en su techo, y el patrón zarpe con los viajantes acomodados en los asientos de cuero. Esta experiencia puede resultar pintoresca para los turistas que visitan el humedal esporádicamente, sin embargo, para los isleños es una pesadilla diaria, porque deben viajar en embarcaciones con falta de mantenimiento, exponerse a posibles accidentes, acomodarse a frecuencias irregulares y afrontar tarifazos. Además, representa un símbolo de abandono por parte de las empresas de transporte fluvial que mantienen la misma flota desde 1920 y de un Estado que, al día de hoy, excluye a este colectivo náutico de la Ley de Subsidio al Transporte Público.
Un sistema colapsado
El Delta del Paraná cuenta con 14 mil kilómetros cuadrados de islas, y en las que son del territorio bonaerense, habitan de manera estable por lo menos 5600 personas que dependen del servicio de lancha colectiva para ir a sus trabajos, a un hospital, estudiar o trasladarse a distintas actividades como lo hace cualquier persona en tierra firme con los colectivos, trenes y subtes. Es decir, es un servicio básico que no puede faltar.
Entre las empresas Interisleña, El Jilguero y Líneas Delta, el sistema tiene alrededor de 100 lanchas y todas fueron construidas entre 1920 y 1940. La madera que destaca por su atractiva estética artesanal, en realidad, es material ignífugo y obsoleto poco recomendado para la seguridad de los pasajeros y los trabajadores. Las chimeneas se incendian por falta de mantenimiento; los motores rusos y checoslovacos apenas funcionan con la ayuda de las bombas de achique que evitan el hundimiento de las embarcaciones, y la contaminación sonora se hace sentir por el mal funcionamiento general. Aparte, se trata de vehículos que consumen una enorme cantidad de combustible en comparación de los más modernos.
Rubén es integrante de Unidad Isleña, un colectivo conformado por vecinos y vecinas del Delta, pertenecientes a las secciones de Tigre y San Fernando, que hace más de 12 años reclaman por el derecho que les corresponde, y denuncian la desidia tanto de las empresas como del Estado para con la comunidad. Él expresa de manera clara: “Nosotros decimos que Dios es isleño. La ‘Tragedia de Once’ la venimos vaticinando hace mucho tiempo acá. Y la risa, mientras tus hijos viajan, no es de alegría precisamente sino de nervios, por miedo a que ocurra un accidente”. Su voz se torna firme cuando explica que la comunidad isleña exige, de manera inmediata, la renovación total de la flota, y enfatiza que aunque para el gobierno provincial implicaría “un gasto insignificante”, la respuesta siempre es la misma: “No dan los números”.
Prefectura Naval brilla por su ausencia y eso lo saben todos. María Eugenia Fernández Romero, otra integrante de Unidad Isleña, cuenta que “si se pusieran a hacer las inspecciones con todas las de la ley, solamente deberían quedar cinco (lanchas) habilitadas”. Los isleños y turistas viajan inseguros no solo por la falta de regulación del transporte público, sino porque no hay quien dirija el tránsito, ni quien exija el uso de chalecos salvavidas, ni accione inmediatamente al momento de tener que salvar una vida o evitar un accidente.
Un ejemplo que refleja esta situación es el de la abogada Daniela Arnolfo, que en febrero pasado había salido a remar en kayak desde el club L´Avirón y murió luego de haber quedado debajo de la hélice de una lancha colectiva que daba marcha atrás para amarrar. Fue una joven isleña de 21 años quien tuvo que tirarse al río para rescatar a la mujer, que quedó internada unos días hasta que falleció. ¿Es una tragedia que se podría haber evitado? La respuesta es sí. Si el club hubiese controlado que la persona saliera con chaleco salvavidas, y si el ruido del motor no hubiese tapado los gritos de la víctima para apagarlo de inmediato (la contaminación sonora de la cual todos hablan), la historia sería otra.
El secretario de la seccional San Fernando del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), Hernán De Corte, es contundente: “Los clubes tienen muchas responsabilidades de las que no se hacen cargo”. A su vez, ningún ente estatal se encarga exigirle a los clubes que hagan cumplir las normas mínimas de seguridad.
¿Cuál es el principal eslabón de la cadena?
El trasfondo del mayor conflicto viene desde hace más de una década: la Ley de Subsidio de Transporte Público, aprobada en 2002, tiene en cuenta sólo los transportes terrestres. Eugenia cuenta que la ausencia del subsidio siempre se compensó a través del contrato escolar. “Antes había un subsidio al combustible pero con los años se fue recortando hasta llegar a valores insignificantes”. Sí, la entrada principal de dinero que las tres empresas de transporte fluvial reciben del Estado es por los contratos que mantienen con el Ministerio de Educación para llevar a la escuela a 1100 niños isleños. Además, reciben una compensación económica que se basa en la estructura de costos de los colectivos terrestres, una cifra muchísimo menor al gasto que generan las lanchas, fundamentalmente, por dos motivos: al ser embarcaciones viejas, el consumo de combustible es mucho más elevado, y el mantenimiento de un vehículo fluvial, más costoso. La consecuencia de esta desidia la pagan los usuarios y los trabajadores. “Los horarios y los servicios no están adecuados a la vida del Delta, el sistema de transporte público fluvial está detonado y hay que arrancar de cero. Para eso tiene que haber voluntad política y hace más de 30 años la estamos buscando”, explica la integrante de Unidad Isleña.
En este contexto, las empresas de transporte fluvial optan por hacer una “optimización” del servicio, que para los habitantes del Delta y los trabajadores de las lanchas, se traduce nada más ni nada menos que en la reducción de frecuencias y recorridos. Hernán De Corte cuenta cómo funciona la lógica que aplican: “Ellos brindan son un servicio de transporte de pasajeros, entonces por decreto están obligados a tener un itinerario fijo. Por lo tanto, la excusa es ‘vos no me estás subsidiando como dice este decreto, entonces no me podés obligar a tener un horario’. Así es que, cuando no se sienten muy observados, recortan los servicios”.
Concretamente, si una persona antes debía esperar la lancha una hora, ahora se convierten en dos y hasta tres. ¿Qué quedaría de la salud mental de los usuarios de colectivos y subtes que se impacientan cuando esperan 20 minutos, si tuvieran que hacerlo tres horas? Hernán agrega que, aparte, la reducción de recorridos va de la mano con la reducción de trabajadores, y remata acertadamente: “Siempre somos la variable de ajuste de sus pérdidas”.
Yendo al plano social, el horario de la última lancha colectiva es a las 21. Hace muchos años que ya lleva reglamentada una salida nocturna adicional a las 23 y sin embargo nunca se puso en funcionamiento. Por lo tanto, muchos jóvenes isleños afrontan grandes dificultades para trabajar y estudiar, y la población en general se ve limitada a llevar una vida que no le permite salir al teatro, ir al cine, o hacer cualquier actividad en un horario posterior a las 20.
Por otra parte, la lucha de los vecinos y vecinas con manifestaciones y medidas de fuerza como cortes de río, había logrado congelar el precio del boleto para residentes durante dos años. Sin embargo, esa racha terminó en junio cuando se abalanzó un tarifazo del 30 por ciento para residentes y del 118 por ciento para no residentes. Con esta medida, el viaje de ida y vuelta para el turista dentro de la primera sección, ronda los 270 pesos. Es decir que una familia de cuatro integrantes gastaría 1080 pesos; y para la segunda sección, que es la más alejada, el valor asciende a 990, por lo que esta misma familia debería invertir 3960 pesos para disfrutar de la experiencia natural que la comunidad flotante tiene para ofrecer.
Los isleños saben mejor que nadie lo que esto representa: la muerte de la economía regional y la industria turística. El tono de voz de Rubén refleja la frustración que genera tener que explicar lo obvio y que aún así la gestión de María Eugenia Vidal lo ignore: “Muchísimo de nuestro trabajo es pintarle el muellecito y hacerle arreglitos al señor que tiene la casa de fin de semana, que a su vez la prepara para sus hijos y sus nietos. Y si a los hijos y los nietos les sale 5000 pesos ir a visitarlo, van a ir una vez al año. Entonces, ¿qué pintamos? ¿qué arreglamos?¿a quién le cortamos el pasto?”.
La vida de los isleños se ve afectada en todos sus aspectos por el abandono generalizado. La ausencia del Estado no es casual, más bien forma parte del complejo entramado en el que algunos sectores empresarios tienen sus ojos posados en este paraíso natural, como una tierra prometida, para llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios, y a los que, según cuenta Rubén: “No les sirve que nosotros seamos habitantes de la isla”.
La unión hace la fuerza
A pesar de este panorama desalentador, con el correr de los años y con la aparición de la conducción actual del SOMU, los isleños comprendieron que la lucha da mejores resultados si es en conjunto. Y que en definitiva, tanto los usuarios como los trabajadores sufren la falta de políticas públicas y arbitrariedad de las empresas con el sistema de transporte.
De Corte rememora: “Al principio, con Unidad Isleña, éramos enemigos íntimos porque hacíamos paro y les sacábamos el único transporte que tienen. Pero después se entendió que no hacíamos paro porque sí, sino porque los pibes estaban en negro, cobraban dos mangos, no se cumplía el convenio, era un desastre. A su vez, nosotros también entendimos la importancia de reclamar por el subsidio. Por eso hicimos una mesa de unidad, nos metimos en la discusión, apoyamos y hoy por hoy levantamos la misma bandera”.
Esa bandera que hoy flamea gracias a la unión de la comunidad del Delta, es la que exige, entre los puntos más importantes, la obligatoriedad del subsidio para la red de transporte, renovación del total de la flota, el congelamiento del precio de los pasajes, capacitación de género para el personal y la creación de una escuela secundaria de marinería, con el objetivo de que los menores de edad no dejen de estudiar para trabajar en las lanchas, como sucede.
Ahora mismo, Unidad Isleña (con el apoyo del SOMU) tiene en proceso de elaboración un proyecto de ley que presentará ante el posible futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en donde plantearán todo lo mencionado anteriormente. Porque los isleños del Delta saben que muchas veces toca remar contra viento y marea, que lo último que se abandona es la lucha, y que lo último que se pierde es la esperanza.
El panorama de los trabajadores
Los empleados náuticos también son víctimas del abandono que hay en la red de transporte, en donde, además, tanto Hernán como Rubén destacan que la corrupción sindical invadió el SOMU durante muchísimos años. De Corte forma parte de la conducción que logró ganar las elecciones en diciembre de 2017 y, a partir de ese momento, se pusieron como principal objetivo denunciar el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo. Así es que a través de los paros y negociaciones con las empresas, lograron los primeros avances. “En una de las empresas más grandes había 27 tipos en negro que ahora están en blanco, y por ende, sindicalizados”, expone el dirigente.
A pesar de esto, y de haber acordado paritarias que actualizaron los salarios ínfimos que tenían los empleados, la situación es complicada. Sin ir más lejos, la empresa Líneas Delta presentó un plan preventivo de crisis y actualmente paga los sueldos con retrasos de más de 10 días. Hernán explica que “si te sentás con las empresas y hacés números, es verdad que ellos hoy están siendo muy afectados por la crisis y la falta de subsidios. A veces, es difícil discutir paritarias con ellos cuando tenés atrás a un gobierno que no te deja aumentar las tarifas y a su vez, si las aumentás, estás matando al pasajero. Por eso la única manera de solucionar esto es con un subsidio del Gobierno nacional y provincial”.
Excelente nota que nos informa, a quienes vivimos en CABA, el drama diario de familias, que, como tantos otros problemas, es invisibilizado. Buenísima.