¿Quiénes se ocupan de que los jóvenes conozcan sus derechos ante la arbitrariedad policial y cómo lo hacen?
A Ezequiel lo paró la policía a una cuadra de su casa. Iba a clase particular de matemática. “Yo vivo en un barrio que es considerado cheto”, dice y agrega que al oficial le llamó la atención que llevara puesta la capucha del buzo encima de la gorra. Lo primero que le dijo fue: “Vos no sos de acá ¿Qué andas haciendo? “ Le revisó la mochila, lo cacheó, no le creía que la plata que tenía en el bolsillo era para pagarle a la profesora, tomó sus datos, le preguntó por qué su familia no lo llevaba en auto. Ezequiel respondió todo lo que le preguntaron y le pidió al oficial que lo acompañara hasta su casa para comprobar que no mentía. Lo dejaron seguir, previo consejo de que se sacara la gorrita para que no le vuelva a pasar. La policía se quedó con todos los datos de un chico de 14 años.
En otros sectores de la ciudad esta práctica suele ser el comienzo de un acoso sistematizado. Luciana Pasquaré es docente, coordinó el Programa Envión de la provincia de Bs.As y actualmente integra del Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria. “Al contrario del conurbano, donde la violencia policial es más visible, en Bahía Blanca está totalmente naturalizada y por lo tanto silenciada, los pibes sufren esa violencia todo el tiempo”, dice. Luego cuenta una secuencia que se repite: la policía los para en la calle, les pide los documentos, los provoca con comentarios, los chicos se resisten, los llevan a la comisaría, llaman a las madres para que los busquen, vuelven al barrio sin saber si tienen una causa abierta.
Para los adolescentes es un problema real, los angustia, los enoja y es necesario que tengan herramientas para resolverlo. Pero ¿Quiénes se encargan de que los jóvenes conozcan sus derechos ante la arbitrariedad policial?
El titular de la Jefatura Regional de Educación Nro. 22, Claudio Martini, explica que es un tema incluido en la materia Construcción de la Ciudadanía, porque forma parte de los diseños curriculares y de los trabajos por proyectos del Ciclo Básico Común de la provincia de Buenos Aires. La realidad indica que no todas las escuelas lo trabajan. Depende del enfoque que los docentes le den a la materia.
El aula como territorio de escucha y promoción de derechos
Sonó el timbre en la Escuela de Enseñanza Media Nro. 3 y de a poco los y las alumnas vuelven al aula. Tienen entre 14 y 15 años. Florencia Suardíaz es “la profe” de Construcción de la Ciudadanía que camina el salón, los invita a colocar los bancos en U. Hoy conversan sobre estereotipos sociales y accionar policial. Florencia les habla en plural, se incluye: “La ropa que usamos, la casa en la que vivimos, el barrio que habitamos ¿Definen quienes somos? ¿Qué miramos de los demás, cómo construimos su identidad? ¿Y los demás cómo nos ven?” Se levantan las primeras manos. Aparece el relato de experiencias personales, preguntas y posturas diferentes. El debate abre un espacio para llegar a la definición de estigmatización y avanzar sobre lo que la policía puede o no puede hacer y cómo desenvolverse en esa situación. De manera colectiva desatan los nudos que la normalización de la violencia supo ajustar para sostenerse en el tiempo.
La Justicia va a la escuela es un programa organizado por el Instituto de Estudios Judiciales y el Colegio de Magistrados de la Prov.de Bs.As. Se acerca a los colegios para explicar qué es y cómo funciona la justicia en problemáticas puntuales. Ernestina Ruiz, abogada y prosecretaria del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 de Bahía Blanca, es quien coordina las charlas y las lleva adelante con diferentes integrantes del poder judicial que participan de manera voluntaria. Ruiz comenta que la violencia institucional es uno de los temas que más interesa y preocupa a los chicos. “Trabajamos sobre sus derechos porque es necesario que los hagan valer con seguridad y sobre las mejores maneras de resolver las situaciones conflictivas cuando los paran en la calle recalcando que tiene que ser con prudencia y respeto, sin responder a ningún tipo de provocación”, explica.
La abogada resalta que es imprescindible que los jóvenes conozcan mecanismos de diálogo efectivos para relacionarse con la policía y con la justicia. Que sepan, por ejemplo, que pueden registrar las situaciones con sus teléfonos, preguntar cuál es la razón por la que los paran y recurrir a la Fiscalía si sus derechos son vulnerados. “Que entiendan que para el policía que actúa fuera de la ley hay sanción”, afirma.
Las organizaciones y los agentes escolares y judiciales coinciden en que hay que trabajar el problema de la violencia institucional en clave de prevención. Es una situación en la que los jóvenes presentan un alto grado de vulnerabilidad y la violencia puede escalar en cuestión de segundos. La tarea de formar en derechos requiere de un delicado equilibrio para empoderar sin poner en riesgo a los chicos.
El Estado, a través del Ministerio de Educación, sistematiza los lineamientos generales pero la problemática de violencia institucional no es un contenido obligatorio, el currículum solo da la oportunidad de abordarlo. Los adolescentes dependen entonces de la voluntad de los adultos con los que se vinculan en el ámbito escolar. Del interés y el compromiso que los docentes tengan por ayudarlos a aprehender las destrezas suficientes para intentar desactivar las violencias que sufren. Así la responsabilidad de protección y cuidado queda siempre del lado más frágil.
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