A principios de octubre se presentó por segunda vez en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de reparación histórica para personas de la comunidad trans y travesti que fueran víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género. Específicamente la pensión está destinada a aquellas personas que hayan sido detenidas ilegalmente bajo la vigencia de los edictos policiales que las Fuerzas de Seguridad federales utilizaban como justificativo para la detención y tortura.
El proyecto, si bien está restringido a estos casos comprobables por los edictos policiales, abre las puertas a que las afectadas en democracia también desanden ese camino hacia la investigación de sus casos a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Iñaki Regueiro, miembro de ABOSEX (Abogadxs por los Derechos Sexuales), explica que las afectadas podrán solicitar la documentación en las oficinas de la Secretaría de Derechos Humanos y las pruebas serán evaluadas y determinadas por esa dependencia. Si la violencia se ejerció posteriormente a la vigencia de los edictos, el Estado deberá abrir un expediente administrativo y requerirá las pruebas pertinentes que prueben el daño denunciado.
“El beneficio es simbólico para la comunidad”, cuenta Diana Conti, diputada del Frente para la Victoria y quien encabeza la iniciativa impulsada originalmente por las activistas Lohana Berkins, Diana Sacayán y Marlene Wayar junto a diversas agrupaciones y colectivos LGBTIQ. “Funciona como lección para que la Policía de todo el país, que sigue siendo represiva con la comunidad aún en democracia, entienda que la diversidad de género debe ser respetada”, aclara Conti. Y explica que el monto de la pensión no significa un gran gasto público ya que será de alrededor de $10.000, equivalente al sueldo mínimo de un empleado estatal y quienes lo reciban serán muy pocas, puesto que “no son más de 300 las sobrevivientes”, detalla la legisladora.
Para las instituciones del Estado, durante la última dictadura hasta la derogación de los edictos en 1995, ser trans o travesti constituía, de por sí, una contravención. Es decir, un delito. En los hechos, implicó la persecución, el encierro en cárceles, el castigo y la imposición de penas sin juicio previo ni posibilidad de defensa. En el artículo 2° de aquel reglamento, que otorgaba a la Policía la capacidad de juzgar, se puede leer la pena de reclusión de 30 días de arresto a “los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” (inciso F) y a “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieran al acto carnal” (inciso H). De acuerdo a los fundamentos del proyecto de ley: “La historia de los edictos policiales es la historia de las políticas de persecución social orientadas a la normalización de grupos”.
Marlene Wayar, activista trans y directora de “El Teje”, el primer periódico travesti de Latinoamérica, recuerda a sus compañeras asesinadas por la violencia policial de aquellos años en un video con más de 22 mil visitas desde la fanpage de Facebook de “Reconocer es Reparar”, la campaña que impulsa el debate en la sociedad: “Sandra Saravia, en Córdoba, un día entró a la Comisaría 2da. Yo escuchaba gritos y los tumbos de cuando un cuerpo golpea contra el piso o las paredes”, recuerda Marlene. “Le estaban pegando un par de botones”, explica, porque no quería decir el nombre con el que figuraba entonces en su DNI. “Se escuchaban a los botones que decían: ‘Dale, puto, ¿cómo te llamas?’ ‘Sandra Saravia, Sandra Saravia’. ‘¡Dale, puto, decí tu nombre!’ ‘Sandra Saravia, Sandra Saravia, Sandra Saravia’”, cuenta que repetía con insistencia su compañera que no renunciaba a su identidad.
Para Wayar, el proyecto sirve para dar cuenta de los crímenes cometidos por las fuerzas del Estado para con una comunidad en particular que es estigmatizada y empujada por la sociedad a la prostitución para sobrevivir: “Después esa misma sociedad que te somete a eso, te castiga por eso”.
La poca cantidad de destinatarias de la pensión se debe a la corta vida de las mujeres trans que se ven afectadas sobre todo por el HIV, principal enfermedad de riesgo a partir del ejercicio de la prostitución, una, sino la única, salida laboral con la que cuentan para sobrevivir en el sistema. Según la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (ATTTA) y la Fundación Huésped, la expectativa de vida de las trans no es más de 35 años. Por esto, también podrán recibir el beneficio los hijos, cónyuges y convivientes de las fallecidas, para que su memoria no se pierda y tengan, al fin, un poco de justicia.
El caso de los varones trans es distinto, según explica Gian Franco Rosales, Coordinador Nacional de ATTTA: “No tenemos casos registrados de hombres trans que hayan sido violentados de la misma manera que las mujeres. Al menos no tan violentamente al punto del asesinato. La situación de varones y mujeres es diferente por el machismo. Si bien nos atraviesa la discriminación y no poder acceder a ciertos derechos, somos más aceptados y respetados. Porque no está tan mal visto que una mujer quiera ser un hombre pero sí que un hombre quiera ser una mujer.”
Este proyecto de ley tiene un antecedente: la Ley 26.913 de reparación a ex presos políticos. Además lleva consigo como argumento los “Principios de Yogyakarta”, una normativa internacional que establece estándares básicos de protección de derechos humanos para evitar los abusos a las peronas gays, lesbianas, transexuales, bisexuales e intersexuales.
Gabriela Spinelli de Abosex, sostiene que la propuesta “tiene consistencia jurídica, dado los precedentes mencionados y una consistencia política importante”, porque después de la Ley de Matrimonio y la de Identidad de Género, este tipo de normas sigue devolviendo derechos básicos fundamentales a una comunidad harto vulnerada. Por su parte, Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y firmante del proyecto, recalca: “Esa violencia institucional aún sigue vigente, como lo vemos hoy mismo en la provincia de Tucumán, donde el mismo tribunal que condenó a la joven Belén a 8 años de prisión por un aborto espontáneo, acaba de dejar en libertad a los 7 policías acusados de abusar sexualmente de Celeste, una joven trans que fue secuestrada y sometida a las peores vejaciones en noviembre de 2013”.
El proyecto espera ser tratado en los próximos meses en la comisión de Seguridad Interior.
Disfraces de los edictos
Los Edictos policiales se aplicaron, con distintos nombres, desde la época del Virrey Vértiz. Se condenaba a los que no tenían trabajo, a los “vagos”, al destierro en las Islas Malvinas.
Como consecuencia de la reforma de la Constitución Nacional de 1994 y de constituirse la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 1996 fueron derogados por la Asamblea porteña por inconstitucionales, a pesar de la oposición del Presidente Carlos Menem y del intendente Fernando De la Rúa. La Policía Federal era quien los dictaba y los aplicaba.
Las fuerzas de seguridad jugaban los roles de policías, legisladores y jueces. A partir de entonces las detenciones deben de realizarse con la intervención de un juez.
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