ABUSO INFANTIL: LABERINTOS JUDICIALES, VÍCTIMAS SILENCIADAS Y PEDÓFILOS LIBRES


“Ella dice la verdad”. Eso fue lo primero en que pensó Feliciana Bilat cuando su nena le contó lo que le había hecho su papá. A Nicolás Balerdi lo absolvieron después de haber violado a su hija de 4 años, pero Feliciana seguirá dando pelea. Como tantas otras mamás se embarcó en una tortura judicial, en un proceso lleno de fallas. Una investigación de las organizaciones Hamartia y La Simón Bolívar sobre 40 expedientes judiciales de causas de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el 95 por ciento de los pedófilos fueron sobreseídos o absueltos.

Como la de Feliciana, esas historias quedaron a la espera de justicia. Las organizaciones hablan de complicidad judicial, sentencias que se parecen entre sí y copy-paste de los argumentos de la defensa en los expedientes. Para ellos, la mirada esquiva empieza desde el momento cero, cuando los policías y fiscales dudan de los dichos de los niños. “Los propios defensores públicos advierten la posibilidad de que las acusaciones contra el abusador se vuelvan en contra de quien denuncia”, escribieron en el documento.

Feliciana y su hija fueron avanzando casilleros con obstáculos. En la mitad del camino, la menor atravesó tres pericias: Psicológica, psiquiátrica y Cámara Gesell. Ninguna sirvió para que su papá vaya a la cárcel. Sólo con la médica psiquiatra las dos se sintieron apenas contenidas. En Cámara Gesell, a la niña le dieron muñecas y aquel juego inocente evidenció las situaciones de abuso sexual. Pero la perito no se arriesgó demasiado, dijo que no era suficiente prueba.

Ahora Feliciana evita las amenazas de su ex pareja, llama a concentrar en Tribunales, pega carteles con letras rojas donde puede y ruega que la cámara de casación de lugar al pedido nulidad del fallo y de la sentencia. “Pensé que en seis meses ya estarían todas las pruebas recolectadas y en un par más Balerdi tendría una condena justa”, dijo. Su denuncia ya cumplió más de seis años.

Una teoría falsa, la excusa perfecta

El psiquiatra estadounidense Richard Gardner inventó el Síndrome de Alienación Parental hace 31 años. El término explica que los hijos señalan a sus padres porque sus madres les llenan la cabeza. La justificación está en que los niños “fabulan” por culpa de un desorden psicopatológico y que las mujeres lo hacen sólo porque odian a los hombres. La investigación de las organizaciones choca contra esta teoría: el 90 por ciento de los casos de abuso se dan dentro del ámbito familiar y más de la mitad de los acusados son los progenitores.

En 1992, Gardner profundizó esta teoría en el libro True and false accusations of Child Sex Abuse. “La pedofilia es una práctica generalizada y aceptada entre literalmente billones de personas. El niño tiene que ser ayudado a apreciar que en nuestra sociedad tenemos una actitud exageradamente punitiva y moralista sobre los encuentros sexuales con un adulto”, escribió. El psiquiatra también defendía la idea de que los niños fueran iniciados sexualmente por sus padres.

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Hace tiempo se comprobó que el síndrome no tiene apoyatura científica. Sin embargo, la Justicia sigue dándole validez. En más de las tres cuartas partes de los expedientes analizados se evidencia que la decisión de dejar libre al abusador se fundamenta con la teoría. Así fue en el caso de Feliciana. Ella denunció discriminación y valoración arbitraria de las pruebas por parte de los jueces.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°17, a cargo de Alejandro Noceti Achaval, Juan Giudice Bravo y Pablo Vega, no mencionó estrictamente la teoría de Gardner, pero utilizó sinónimos que referían a ella. En el fallo había frases como: “Esas palabras no son las de un niño de esa edad”, “el discurso puede haber sido construido desde el entorno”, “no se advierte fabulación, pero tampoco se puede otorgar credibilidad”.

La terapia del SAP puede significar la revinculación forzada con los incestuosos o la amenaza a las madres de quitarles la tenencia. Para el psiquiatra Enrique Stola, el síndrome aún funciona en los tribunales porque refiere a una “construcción ideológica”, a un modelo de familia unida y católica difícil de corromper.

Stola arremetió contra la teoría de Gardner: la considera un instrumento de violencia en el poder judicial. En una nota en Página/12 criticó “Borrando a papá”, el documental que denuncia la obstrucción de vínculos entre padres e hijos después de “divorcios conflictivos”. “A los jueces no les importa que los padres violen a sus hijos con tal de que los críen”, agregó.

El proceso debido

Hay un tratado y una ley que no pueden pasarse por alto en estos casos: la Convención Internacional por los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, y la ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. “Tienen derecho a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante”, explicita el artículo 9 de esta última.

El juez federal Carlos Rozanski relacionó el incumplimiento de las leyes con la falta de mirada de género. “No hay déficit legal, ni hacen falta herramientas para que haya justicia. Están desde hace mucho tiempo en nuestra constitución”, dijo. Para Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), la solución está a la vista: “el Estado tiene que asumir las particularidades de estos casos y capacitar a los operadores de justicia para que traten a las víctimas como corresponde”.

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Los psicólogos sostienen que el inicio de la reparación de los daños comienza con la credibilidad, dándole voz a las palabras de los niños. El primer paso después de la confesión es el acompañamiento y la seguridad de que no volverán a pasar por lo mismo. “La falta de escucha deja una profunda herida de abandono. Hay que desarraigar de ellos la responsabilidad que sienten de lo que les pasó”, concluyó Stola.

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