ACCIDENTES EN TRANSPORTES PÚBLICOS: ¿POR QUÉ NO SE RESPETA EL PROTOCOLO?


Pocas veces es aplicado como marca la normativa vigente. A pesar del historial trágico, los choferes y los usuarios no suelen acatar las reglas establecidas.

Por Mariano Camilli y Alexis Jait

Los accidentes en transportes públicos se han convertido en los últimos años en una disputa mediática y política en la Argentina. Sin embargo, las malas experiencias no dejaron en claro en la población el protocolo a seguir en caso de emergencias o accidentes. En subtes, trenes y colectivos, las medidas a aplicar se distorcionan y resultan algo confusas.
Enrique Marcart, auxiliar de la estación Pasteur de la línea B de subte, explica: “Los protocolos no siempre son los mismos. Hay muchos factores que entran en juego. Hay situaciones en las que no se pueden aplicar las normas porque la gente no las respeta y se ponen en contra nuestra. En 2013 reventaron más de cinco veces una boletería de esta línea por llevar a cabo los pasos a seguir correctamente”. Y agrega: “Cuando una persona se tira a las vías debemos suspender el servicio por el resto del día y evacuar los vagones. Es imposible hacer eso a la hora pico, y hay órdenes políticas que no dejan que se aplique. A nadie le conviene que no funcione el subte, menos al Gobierno de la Ciudad”. En caso de sufrir un accidente en transporte público se recomienda siempre acudir al SAME (107) y dar aviso inmediato a la Policía Federal (911), aunque las responsabilidades de los encargados varían según el episodio.

Colectivo Línea 39

Muy diferente es la situación en caso de accidente en un colectivo. El chofer es el único responsable ante todos los usuarios y en muchas ocasiones actúa o intenta resolver en el momento un siniestro. El conductor no tiene autorización para trasladar a algún pasajero que presente lesiones. Debe limitarse a registrar la hora del choque, la cantidad de pasajeros heridos y la identificación de los mismos, además de dar aviso al SAME, a la policía y a los bomberos, cuando esto ocurre en Capital Federal. Sin embargo, es muy común que el chofer se desligue de sus responsabilidades y traslade él mismo a los damnificados al hospital o guardia más cercana.
Martín Rodríguez, delegado de la línea 39, cuenta que “no siempre es recomendable ni práctico hacer lo que dicta el reglamento”. Y ejemplifica: “Si uno tiene que frenar de golpe y una persona se corta la cabeza, no se puede esperar a que venga una ambulancia. Es una desinteligencia que nosotros no podamos trasladar a los heridos a algún hospital cercano”. Su relato coincide con el de la mayoría de los colectiveros, que están al tanto de que de no seguir dicho protocolo pasan a ser responsables y afectados legalmente si algo le sucediese a ese pasajero en ese trayecto.
Las situaciones más delicadas y con peores antecedentes se dan en los ferrocarriles. Los protocolos en este medio de transporte varían según el tipo de siniestro. Si el tren choca o impacta contra otra formación y genera un atrapamiento, los trabajadores ferroviarios no pueden intentar rescatar a las personas atrapadas. Deben dar aviso a los bomberos para que realicen dicha tarea. Por su parte, los usuarios no pueden abandonar la formación hasta que llegue el equipo de emergencia. Algo distinto sucede en un posible incendio, dónde los delegados deben hacer uso del matafuegos y a los pasajeros se les pide abandonar el coche de manera ordenada para no lesionar a otra persona.
“En los últimos accidentes ferroviarios del Sarmiento se hizo todo al revés. Nosotros no podemos sacar a las personas de los trenes, no sabemos cómo hacerlo y en nuestro afán de ayudar podemos empeorar la situación. Cuando fue la tragedia de Once se cometieron varios errores. El chofer no cumplió con su deber, al igual que ninguno de los encargados que estaban en la estación”, narra Osvaldo Cerruti, encargado de electricidad de la estación Floresta del ferrocarril Sarmiento.
Son muchas las dicotomías entre la aplicación de un protocolo establecido. Lo cierto es que esta normativa, bien o mal pensada, pocas veces es aplicada por los trabajadores de los transportes públicos y por la población civil.

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