La esquina de Croto, peaje ubicado en la intersección de las rutas provinciales 11 y 63 es conocida como la rotonda del cementerio de autos, todos ellos protagonistas de distintos accidentes y todos ellos exhibidos al costado de la ruta. Son más de 30, 40 los autos que se encuentran destrozados.Uno de los principales motivos por los cuales existen tantos accidentes en la Ruta 11 es por estado de las rutas y autovías. La construcción de la segunda calzada que debe unir las localidades de General Conesa y San Clemente tenía un plazo de realización de cinco años según el prospecto de la empresa que detalla el plan de obra que llevará a cabo desde su asunción. En palabras del mismo documento, el trabajo tenía previsto terminarse, en su primera etapa, como plazo máximo el 30 de junio de 2016, pero aún no fue iniciada.
Como explica Fabián Pons, presidente de OVILAM (Observatorio de seguridad vial), “es peligroso que no estén las obras realizadas porque son tramos con mucha circulación, mucha gente que retoma la ruta, hay accesos a balnearios, hay mucho movimiento nocturno, en tramos que van de ciudad a ciudad”. Opina que la solución no es la creación de una autovía, es necesaria una autopista y haya accesos a los balnearios más importantes.
Los accidentes se suman mes a mes; con ellos crece el número de muertos y heridos por inseguridad vial pero no las estadísticas. Porque no existen. Tampoco las medidas estatales, porque por años los gobiernos han hecho oídos sordos a lo que ocurre y en ninguno de los casos se tomaron medidas para construir la segunda calzada de la Ruta Provincial N° 11, en el tramo de General Conesa (Km. 250) hasta San Clemente (Km. 308),que, desde el 2011 es responsabilidad de Autovía del Mar SA (AUMAR).
Cinco años así…
La empresa Autovía del Mar ganó la concesión para la construcción de la segunda calzada en 2011 a través de una licitación y el contrato es válido hasta 2041. La empresa Covisur, a la que le pertenecía la concesión anteriormente, fue apartada por supuesto “previo incumplimiento de la obra”, aunque varias noticias publicadas de aquel momento señalan al gobierno de Daniel Scioli como el responsable de haber querido separar esa concesión para beneficiar a AUMAR, propiedad de los poderosos y millonarios Benito Roggio e Hijos S.A., Helport S.A. y Esuco S.A. Pero esto es sólo un fuerte rumor en el ambiente de negocios de los caminos, algo que la mayoría de las fuentes consultadas para esta investigación sospechan en off pero que ninguna se atreve a confirmar con nombre y apellido.
AUMAR tiene a su cargo también el mantenimiento de las rutas Nº 2, 11, 63, 56 y 74. Son un total de 647 kilómetros y las refacciones de los caminos de las otras rutas tampoco están hechos como deberían o, al menos finalizadas. Por ejemplo, en el caso de la ruta 56 camino a Pinamar, que comprende 62 kilómetros que van desde el empalme con la 11 (en General Conesa) y el cruce con la 74 (cerca de General Madariaga), no hay doble vía como en las autopistas, hay tramos con banquinas en malas condiciones y, en general, el asfalto tiene gran cantidad de pozos que son tapados provisoriamente en cada inicio de temporada pero no repavimentados.
“Desde el inicio de la concesión, sobre la ruta 56 se han realizado tareas de bacheo, conservación, repavimentación en algunos sectores específicos, y sellado de fisuras, para mantener la calzada en adecuadas condiciones de transitabilidad”, dijeron a Clarín fuentes de la empresa meses atrás pero no hablaron de obras con resultados a largo plazo.
Esto genera tantas dudas como enojos. Autovía del Mar, la empresa que por 30 años tiene la concesión de la RP N° 11, en cinco no hizo ni siquiera la primera etapa de una doble calzada pero sí aumentó los peajes. ¿Por qué tuvo libertad para poder hacer eso? ¿Por qué el estado no se encargó de que el contrato se cumpla?
Un encargado de construcción de caminos, que pidió no rebelar su identidad, explicó que a veces, que una empresa a cargo de llevar a cabo una obra no cumpla con su función, y que el gobierno que debe regular que esto suceda no intervenga se convierte en un acuerdo tácito producto de una negociación silenciosa. La empresa asume el compromiso y con él, los costos. De su ganancia, en este caso por los peajes, se hará cargo de los gastos pero una vez transcurrido el tiempo comunica al gobierno que los números no le dan, entonces pide plata. El gobierno se niega porque no es lo pactado. La empresa justifica que para poder cumplir sólo tienen un camino: aumentar los precios. Tarifazo. El gobierno pide que eso no suceda para no generar fiebre social y prefiere fingir que no está sucediendo nada e ir corriendo plazos. Esa es la principal hipótesis por la que se sospecha que AUMAR pudo pasar, hasta el momento, cinco años sin cumplir lo pactado. ¿Qué es más caro: el precio de un peaje o la vida de una persona? Pese a esto, aumentos hubo, pero de alguna manera u otra, siempre acompañaron el ritmo de la inflación.
En términos del director de autopistas: “Cuando se licitan determinadas concesiones se contemplan los ajustes de tarifa. El gobierno anterior no realizó este ajuste, lo que implicó que autovía no tenga una recaudación mayor y a cambio, la empresa dejó o nunca comenzó a realizar las obras. No aumentan el precio del peaje pero dejan de hacer la obra. Es un acuerdo entre el gobierno y el concesionario y como ciudadanos no nos enteramos, es como un canje”.
La obra en cuestión forma parte del primer tramo de obras a realizarse en los primeros cinco años del contrato: “De acuerdo a lo solicitado en la documentación de la licitación, las empresas participantes realizaron sus ofrecimientos realizando un Plan de Obras, que para el caso de la actual concesionaria, Autovía del Mar SA, la obra mencionada resultó planificada en su oferta para los años 4 y 5 desde la toma de posesión (01/07/2011)”, sostiene el documento. En otro pasaje, se especifica que “por lo tanto, para la obra en cuestión la fecha de inicio estimada es el 1 de julio de 2014, debiendo concluirse antes del 30 de junio de 2016”.
Dime lo que dice el prospecto, y te diré qué debes hacer
La obra en cuestión forma parte de la etapa N° 1 a realizarse dentro del plazo de uno a cinco años. El prospecto indica: “Construcción de la segunda calzada de la RP N° 11 en el tramo General Conesa (Km. 250) – San Clemente del Tuyú (Km. 308), rectificación de curvas e intersecciones, obras de iluminación inicial lo cual incluye la reparación de columnas e instalación de nuevas en todo el Sistema de acuerdo a las necesidades y la ejecución de áreas de servicios”, y detalla: “MONTO DE LAS OBRAS DE LA ETAPA I (a valores de Oferta a junio de 2013): $ 1.681.568.326,64 – Incluye IVA – El monto de las Obras que se encuentra cumplido a marzo de 2014 asciende a la suma de $ 418.799.225. (Incluye IVA)”.
El contrato de concesión de obra pública entre AUMAR y la Provincia de Buenos Aires, representada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires se celebró el 30 de junio de 2011, y con fecha 1 de julio inició sus actividades.
En este documento, uno de los tips de acuerdo enuncia: “Construcción de segunda calzada de la Ruta Provincial Nº 11 General Conesa-San Clemente del Tuyú”. Es decir, si nos regimos por la palabra oficial de la empresa, hasta el 1 de julio de 2016 Autovía del Mar tiene tiempo para desarrollar la tantas veces prometida obra, sin embargo no está, al menos, iniciada.
Vidal VS. Scioli
La actual gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal en su campaña electoral mantuvo como promesa: “En el primer año el gobierno nacional le dará 13 mil millones de pesos para hacer obras, como la Autovía La Costa-Tordillo. Trabajaremos sobre muchas rutas que hoy necesitan obras”, sin embargo, a seis meses de asumir, el gobierno actual está analizando la posibilidad de rescindir el contrato que el ex gobernador de la provincia, Daniel Scioli, firmó con la empresa AUMAR.
Además, a través de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, aprobó, por su parte, el pedido de la diputada nacional por el Frente Renovador, Marcela Passo y el diputado provincial Javier Faraoni para que se informe sobre las obras que debían haberse realizado o deben realizarse en la Ruta 11. Los informes deberán indicar fecha de inicio de las obra y tiempo estimado de realización.
La situación parece una caza de brujas. Vidal tomó el tema como eje de campaña; Scioli se atuvo a los plazos y así, el tiempo fue pasando hasta acabar su mandato, y mientras, los intendentes de la región se pelearon y atacaron por pedirse entre ellos mayor o menor presión a sus superiores.
Así, varias veces la ex intendenta de General Lavalle por el Frente Renovador, Marcela Passo, junto con el actual jefe comunal por Cambiemos, José Rodríguez Ponte, le pidieron al del Partido de La Costa, Juan Pablo de Jesús (Frente para la Victoria) que ayude a meter presión desde su cercanía con las arcas de los ex gobiernos provincial y nacional. Ahora que cambió el gobierno, la situación se invierte.
Finalmente, a mediados del mes de julio de 2016, la actual gobernadora decidió intervenir en el contrato para estatizar las rutas que estaban a cargo de la empresa AUMAR, entre ellas la 11, según informaron fuentes oficiales para esta investigación. La concesión pasaría a manos de Aubasa, que ya tiene a su cargo la Autopista Buenos Aires – La Plata. Las negociaciones siguen en curso entre los dueños de AUMAR y las autoridades de la provincia, ya que, se debe rescindir el contrato que le otorgaba a AUMAR la concesión de las obras de las rutas 2 y 11 por 30 años. Por el momento se acordó que la empresa realice para la provincia las obras que debía hacer en las rutas y de ese modo no habría ningún resarcimiento económico.
El problema a la legislatura
La ex intendenta de General Lavalle, y actual diputada por el Frente Renovador, Marcela Passo, presentó junto al diputado del mismo bloque Javier Faroni, un pedido de informe sobre la no construcción de la doble calzada.
“La obra tendría que haber sido concluida en el 2014. La empresa, Autovía del Mar, tiene una concesión que dura 30 años. En el pliego está indicado que la doble mano que va entre Tordillo y San Clemente del Tuyú tenía que estar concluida en 2016. No hicieron absolutamente nada. Esto debía construirse sin fondos de la provincia. Debía hacerlo el concesionario porque para eso cobran peaje. De hecho aumentaron varias veces porque el ministerio de Infraestructura lo autorizó (Alejando Arlia, se desempeñó en ese cargo durante la gestión Scioli.)”, dijo Passo, indignada con la situación.
“Les autorizaron el aumento pero no les hicieron cumplir las condiciones contractuales. En una oportunidad le envié una carta al ex gobernador Daniel Scioli pidiendo que rescinda el contrato con Autovía del Mar o que le haga concluir las obras. La realidad es que no hicieron las inversiones con las que se comprometieron. Espero que ya que Scioli no lo hizo, Vidal se haga cargo del asunto”, disparó y recordó que “Arlía en el verano 2015 manifestó en La Costa que en marzo de ese año empezaba la construcción de la doble calzada y admitió que deberían haber empezado antes y que no habían podido empezar porque no habían podido acceder a financiamiento, lo que es mentira porque sale del peaje. Además de la indignación que me genera que hay una concesión que no está ni estuvo controlada por el gobierno provincial como corresponde, aporta a invisibilizar de alguna forma la responsabilidad del estado provincial sobre estas cosas y cargar sobre los hombros de los municipios todos los problemas”, aseguró.
En este sentido, con la lupa puesta en los municipios, explicó que “cada vez que hay un accidente son las ambulancias municipales con el médico municipal las que salen a socorrer a los accidentados; son los bomberos voluntarios de General Lavalle los que salen a la ruta a hacer su trabajo; son los insumos hospitalarios municipales los que están al servicio de cada uno de esos accidentes donde en varias ocasiones nos ha ocurrido que está tan atascada la ruta que la ambulancia tarda en llegar y en volver. Eso implica una ambulancia menos en la ciudad. Genera mucha indignación, mucha bronca, sobre todo viendo que pese a todos los mecanismos a los que uno acudió para que de alguna forma el ex gobernador despierte frente a esto, se mueren de risa en nuestra cara y no reaccionan. Siempre dije ‘creo que Scioli no va a hacer la autovía, y no la hizo’”.
Este enojo de Passo, y su ascenso en la política de intendenta a diputada la llevaron a dar un paso más en la batalla, y en el pedido de informe que presentó junto a Faroni solicitan que el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires “por escrito y en carácter urgente”, le informe a la Honorable Cámara “sobre los siguientes puntos vinculados al estado de las obras de construcción de la segunda calzada de la Ruta Provincial N° 11 en el tramo comprendido entre General Conesa y San Clemente del Tuyú”. El documento detalla los puntos a informarse: el plan de obras, la fecha de inicio de las mismas, las medidas que se hayan llevado a cabo para mejorar las condiciones de seguridad en el tramo correspondiente, los motivos por los cuales no se ha dado inicio a la ejecución de la obra, el tiempo estimado de construcción. También exigen que se dé a conocer, si es que existieron, los pagos del gobierno de la provincia a la concesionaria y si existe un plan alternativo en el caso de que venzan los plazos estipulados en el prospecto.
La solicitud se fundamenta en la gran cantidad de accidentes que ocurren en los 583 kilómetros que abarca la ruta mencionada, y específicamente en los que ocurren en el tramo en cuestión, denominado “Corredor Vial Integrado del Atlántico”.
Este avance del problema a un recinto es posible, según Passo, por el cambio de mandato. En esta línea disparó contra Juan Pablo de Jesús, quien fue su par cuando ambos eran intendentes. “Tuve apoyo de Juan Pablo de Jesús pero no de una manera tan contundente como tendría que haber sido. Los gobiernos oficialistas de la región que han tenido más acceso al gobernador Scioli no deben haber planteado el problema con la contundencia que amerita, si no les hubiese prestado atención. Lo que hay que pensar en términos positivos es que debemos mantener que este gobierno asuma con responsabilidad esta cuestión y ejecute las cosas como corresponde. Desde la cámara trabajo para que eso suceda. Represento a la provincia y comprendo con especial magnitud y sentimiento lo que ocurre en mi región”, afirmó la diputada.
La versión de Autovía del Mar: “existe “flexibilidad en los plazos estipulados”
Tan amables como esquivos, desde AUMAR, no es fácil que hablen del tema a la prensa. El Licenciado Joaquín Lobos, relaciones públicas de la concesionaria, se comprometió a averiguar el porqué se llegó hasta acá sin la obra hecha pero “por mail”, en tanto que por ahora sólo se atrevió a comentar que existe “flexibilidad en los plazos estipulados en el contrato”.
“Estos contratos a largo plazo que comprenden varias obras y que tienen una fecha de finalización se ven afectados por contingencias del tiempo y se van modificando. Cada tres años se hace una revisión de contrato y se ajustan las fechas. Los tiempos son estimativos. Después hay distintos puntos como la tarifa y los cambios que después no te permiten hacerlo”, dijo y con respecto a la financiación de las obras concesionadas en 2011 aclaró que los fondos son de la empresa Autovía del Mar y que éste contrato específico no está subvencionado por el gobierno actual ni el anterior. “Todos los contratos de las Rutas Nacionales son distintos, no son comparables las tarifas tampoco”, agregó.
Finalmente la promesa de Lobos de ampliar la respuesta por mail no se cumplió.
Al respecto el presidente de OVILAM citado anteriormente, Fabián Pons, contradice la palabra de Lobos. “Cuando se licita se lo hace con todas las condiciones, con fecha con todo, es mentira lo que dice Autovía”, afirma Pons.
Caras conocidas en… Panamá Papers
Roggio, uno de los dueños de Autovía del Mar SA, apareció en la investigación globlal de Panamá Papers. Las empresas constituidas en Panamá serían cuatro: Benito Roggio Panamá S.A., Larida Internacional Corp., Brindsid Corp. y Medine Corp.
Según declaró el empresario, la única que se encuentra activa es Benito Roggio Panama S.A. fundada en 2010 y declarada ante la Comisión Nacional de Valores. Las otras tres se encontrarían inactivas y “fueron pasaso previas a la conformación de la empresa actual”. Según la investigación, las tres empresas estarían a cargo de familiares de Roggio.
“La construcción de una doble mano podría haber evitado el accidente”
El abogado de Juan Carlos Choque Tito, José Equiza, en la defensa del juicio civil por daños y perjuicios cita como tercero en garantía a la provincia de Buenos Aires a la cual pertenece la Ruta 11, y a la concesionaria de esa ruta, antes Ruta Atlántica, ahora Autovía del Mar. “El lugar en el que ocurre el accidente es una zona de curvas y contracurvas donde directamente no hay banquinas, vas de la ruta al asfalto. En el accidente tres de las ruedas quedaron sobre el asfalto y la otras sobre el pasto cuando en realidad deberían haber quedado sobre la banquina. Había una diferencia de niveles lo que produjo una desaceleración brusca de una rueda con respecto de las otras del mismo vehículo. Hemos planteado el mal estado de la ruta, la falta de banquinas. La construcción de una doble mano lo podría haber evitado”, explica el abogado. Sin embargo, la concesionaria y el gobierno de la provincia se quitaron todo tipo de responsabilidad y adjudicaron la causa del accidente únicamente al conductor.
En cuanto a la postergación del inicio de la obra de la segunda calzada de la Ruta 11 en el tramo de General Conesa (Km. 250) hasta San Clemente (Km. 308), Equiza opina: “La obra no se hace por una cuestión de costos. Desde la época de Solá que la obra es promesa de campaña de los candidatos a gobernadores pero el estado de la ruta no es una prioridad para la provincia”.
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