Sin embargo, Daniel Gollán no lo ve así. Gollán es médico y ex ministro de Salud durante el último año del mandato de Cristina Fernández de Kirchner: “Lo que produce la CUS es una restricción a la capacidad, de cualquier ciudadano, de usar el sistema público de salud, cuando a prima facie no existía”. Y argumenta que es “la primera segregación institucionalizada de que hay un límite para lo que el Estado va a dar”.
Néstor Pérez Baliño también es médico y actual secretario de Promoción de Programas Sanitarios y Salud Comunitaria del Ministerio de Salud de la Nación. Baliño describe esta nueva cobertura como “una mejora en la accesibilidad al sistema de salud, más equitativa porque le da al beneficiario el mismo acceso al medicamento y a la atención que una persona con cobertura de obra social”.
Baliño se refiere a los 15 millones de personas, el 30 % de la población argentina, que acceden a la salud por medio de los hospitales públicos por no estar dentro de las cobertura formales y que pagan los gastos de atención ambulatoria de su bolsillo. Según el funcionario oficialista, “con la CUS el beneficiario contará con una credencial inteligente donde se guardará la ficha clínica del paciente y estará vinculada a los registros de la ANSES, donde se podrá identificar a los pacientes que no tengan cobertura y de esta manera se otorgará los medicamentos subvencionados al 100%”. El decreto establece que las personas que tengan cobertura contarán con el mismo beneficio pero se facturará el insumo a su obra social a través de la Superintendencia de Servicios de Salud. En el mismo sentido, el presidente Mauricio Macri, al momento del anuncio, se refirió como una “deuda histórica” a la falta de pago de las obras sociales al sistema público cuando una persona con cobertura asiste a los centros estatales.
El plan del Gobierno estipula la repartición de una masa de casi 30.000 millones de pesos que provienen del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para abordar la CUS. Este fondo surge del 15% de los aportes para obras sociales de todos los empleados del país y tiene programas para compensar a las obras sociales con empleados de menores ingresos y financiar tratamientos de alta complejidad, entre otras prestaciones. De esta manera, a partir del decreto se destinarán 8.000 millones de pesos para fortalecer los hospitales públicos y ayudarlos a preparar el lanzamiento y el desarrollo de la Cobertura Universal de Salud; 2.704 millones de pesos serán para pagar la deuda histórica que tiene la Superintendencia de Servicios de Salud con las obras sociales por tratamientos médicos de alto costo ya brindados; y 4.500 millones de pesos serán para un Fondo de Emergencia y Asistencia para brindar apoyo económico a obras sociales ante situaciones de epidemias, implementar campañas de prevención de enfermedades y adquirir o reparar centros de salud propios.
Gollán interpreta esta repartición como ilegal: “A nuestro modo de ver, estos recursos son ilegales porque este fondo está regulado por dos leyes nacionales y son intangibles; son para las obras sociales de los trabajadores, y no se lo puede utilizar para otro fin”. Además, el ex funcionario kirchnerista explica que “los 8.000 millones que quieren utilizar para poner en marcha esta cobertura representa 37 pesos por persona en un año, por lo que no tiene sentido”. Distinto opina Pérez Baliño, quien argumenta “que ese dinero es para fortalecer el sistema público en los primeros niveles de atención de salud mejorando, entre otras cosas, el equipamiento”. “El 80% de los problemas de salud se solucionan en la atención primaria sin necesidad de acudir a un hospital”, detalla Pérez Baliño.
Una de las medidas que contempla la nueva cobertura es asignarle un médico de cabecera al beneficiario y proveer un centro de referencia periférico, que según Pérez Baliño “alienta a que los pacientes se acerquen al sistema de salud para hacerse controles”. “El paciente que está una obra social o una prepaga sabe que con su credencial puede ir a hacerse chequeos. No así, las personas que van al hospital público, ya que van solo cuando se sienten mal, no van a hacerse prevención. Entonces ahora cuando se les da un centro de salud y un médico de cabecera, cercano a su domicilio, el paciente empieza a usar más y mejor el sistema”, concluye el funcionario.
La Cobertura Universal de Salud busca consolidar 4 objetivos fundamental para replantear el sistema de salud puertas adentro. Uno de ellos es integrar el sistema y fortalecer los hospitales públicos sin modificar el acceso de los beneficiarios, en tanto que busca redirigir la manera de obtener el financiamiento de la salud. Asimismo busca cambiar la manera de financiar la atención a las personas con discapacidad; se pagarán las prestaciones desde el Fondo Solidario de Redistribución sin intervención de las obras sociales. También, la readecuación de la distribución del FSR intenta alcanzar una equidad para los afiliados de las obras sociales que tienen menores salarios. Por último, la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud complementará la gestión hospitalaria con tecnologías que faciliten y homogenicen los centros salud de todo el país.
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